Una cincuentena de entidades en defensa de la memoria democrática han firmado un manifiesto contra la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque “en democracia no se puede condenar a ningún ciudadano sin pruebas”.
Las entidades califican de “insólito” que el desarrollo de la sentencia se conociera casi tres semanas después del fallo y lamentan la fecha en la que se conoció su condena, el 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. “Resulta llamativo que una fecha revestida de una especial significación emocional y simbólica en la memoria democrática de este país haya sido la elegida por el Tribunal para informar a la ciudadanía de la condena impuesta al principal valedor de los derechos fundamentales de los españoles y las españolas”, sostienen.
Las organizaciones firmantes, entre las que están la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía y Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo, critican la “inapropiada elección del Tribunal” por su “falta de sensibilidad democrática” en medio de un escenario “de creciente polarización política y de sospechas de lawfare”. Y añaden: “La perplejidad no abandona a quienes intentamos entender con imparcialidad un caso que comenzó con un bulo filtrado a los medios de comunicación desde el gabinete de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid para tapar una verdad incómoda y vergonzosa que apuntaba a la pareja de esta”.
Asimismo, coinciden con la opinión de las dos magistradas que han emitido los dos únicos votos en contra de la condena de los siete integrantes que componen el Tribunal Supremo y consideran que no hay “una sola prueba que demuestre, sin equívocos ni especulaciones, la participación directa del fiscal general”. También critican el “estupor” que produce la escasa relevancia que dio el Supremo a las testificales de los periodistas, entre ellos de elDiario.es, que declararon conocer la fuente que filtró el correo del abogado de Alberto González Amador antes de que llegara a manos del fiscal general.
“Como parte de esa ciudadanía sentimos que se ha abierto una grieta que hace peligrar la credibilidad de unas instituciones democráticas que tanto sufrimiento han costado alcanzar. Necesitamos jueces que apliquen las leyes para resolver conflictos, proteger los derechos de todos y todas y que garanticen el cumplimiento de la Constitución, no para crear en la ciudadanía inseguridades, dudas y debates sobre la independencia y el papel del Poder Judicial, haciendo tambalear el Estado de derecho. La presunción de inocencia y la necesidad de aportar pruebas irrefutables antes de condenar a cualquier persona, garantizando la justicia y protegiendo los derechos individuales, son principios fundamentales de cualquier Estado de derecho democrático”, añaden.