Los errores y retrasos judiciales libran del banquillo al conspiranoico Santiago Royuela
El conspiranoico Santiago Royuela no se sentará en el banquillo por amenazar a un exdiputado del PP en Catalunya. La Audiencia Provincial de Barcelona ha archivado la causa abierta contra él apuntando a errores y retrasos judiciales en la gestión del caso que han llevado a la prescripción, pero con fallos en la investigación como un factor determinante para que no haya juicio. Sergio Santamaría, abogado y exparlamentario del Partido Popular, planteó un incidente de nulidad, pero el tribunal barcelonés lo ha rechazado y ha acordado el archivo definitivo. Royuela sigue investigado junto a su padre y el exjuez Fernando Presencia en una causa en la Audiencia Nacional.
Santiago Royuela es uno de los rostros más reconocidos de la conspiranoia digital española. Junto con su padre, el subastero Alberto Royuela, es uno de los grandes difusores del conocido como 'Expediente Royuela': el conjunto de documentos y teorías conspirativas sobre un supuesto entramado criminal afincado en España responsable de decenas de asesinatos de Estado y que también tendría cuentas en el extranjero. Unas teorías carentes de cualquier tipo de prueba que primero tuvieron como objetivo al fiscal José María Mena y que fueron evolucionando hasta apuntar a políticos, periodistas, jueces y fiscales.
Los Royuela no tienen pruebas de nada de lo que dicen, pero sí tienen un pasado estrechamente conectado con la extrema derecha. El patriarca Alberto Royuela fue líder de la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco. Su hijo Santiago tiene varias condenas en su historial: una por intentar atentar con un explosivo casero contra el cantante Fermín Muguruza y otra por formar parte de una mafia vinculada a los Casuals, escisión de los radicales violentos blaugranas Boixos Nois.
El caso de Sergio Santamaría, diputado por Girona del PP en el Parlament de Catalunya, fue similar a muchos otros que tuvieron la mala suerte de llamar la atención de estos dos conspiranoicos de extrema derecha. Fue en 2022 cuando Santiago Royuela afirmó en uno de sus vídeos que tenía 1,2 millones de euros escondidos en el extranjero junto con otros políticos catalanes de diversos partidos, no solo del PP. El difusor del 'Expediente Royuela', en un movimiento inédito hasta la fecha en su historial de bulos, reculó brevemente y dijo que sus “topos” se habían equivocado al informarle sobre Santamaría. Pero un mes después volvió a la carga con más vídeos, más bulos e incluso audios amenazantes enviados directamente al teléfono del abogado y exdiputado del PP catalán.
Las amenazas eran explícitas. “Si me cuentas la verdad a lo mejor ayudarás a España, sé dónde te has podido llevar el dinero, agentes del CNI no se equivocan, voy a ir detrás de ti”, le llegó a decir en varios audios. Santamaría acudió a los tribunales y Royuela finalmente declaró como imputado ante un juzgado de Barcelona. Esa información sobre la falsa cuenta bancaria del político en el extranjero le llegó a través de un colaborador, Juan Martínez Grasa, que a su vez lo había sacado del Centro Nacional de Inteligencia, y este a su vez de los 'Pandora Papers'. Remató su declaración judicial intentando exculparse de las amenazas: “Yo también estaba consumiendo hachís, perdí la cabeza, sé que le llamé, pero no recuerdo nada”.
La magistrada de instrucción decidió procesar a Royuela, pero ahora ha sido la sección tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona la que ha tumbado ese procesamiento y ha archivado el caso. En primer lugar, por unos retrasos judiciales que llevan hasta la Audiencia Nacional y el juez Manuel García-Castellón. En segundo lugar, porque la instructora del caso ni siquiera incluyó el contenido de las amenazas en su auto de procesamiento. Retrasos y errores judiciales que ahora se traducen en la impunidad del caso contra uno de los hijos de Royuela, defendido en este procedimiento por una de sus hermanas.
De García-Castellón al juzgado de Barcelona
El mayor problema judicial de Santiago Royuela, su padre y sus colaboradores no está en un juzgado de Barcelona sino en la Audiencia Nacional. Un juez investiga si los Royuela, su colaborador Juan Martínez Grasa y el exjuez Fernando Presencia, expulsado de la judicatura tras varias condenas por prevaricar, formaron una organización criminal para lucrarse con sus denuncias tan masivas como falsas. El instructor, después de varios años, acaba de prorrogar de nuevo la instrucción.
El tribunal central investiga si el exmagistrado y los Royuela se aliaron para difundir este tipo de bulos de forma masiva contra políticos, magistrados, fiscales y periodistas. Lo que el subastero y su hijo llevaban haciendo desde hacía años, pero con el añadido de pedir dinero a sus seguidores a través de la asociación de Presencia, llamada ACODAP, para financiar sus acciones judiciales. Los investigadores indagan sobre si Presencia y los Royuela desviaron miles de euros de sus simpatizantes.
La existencia de esa causa está directamente relacionada con el archivo de las diligencias en Barcelona por el hostigamiento a Sergio Santamaría. El exdiputado del PP presentó su primera denuncia dentro de plazo contra Royuela en el juzgado de la Audiencia Nacional que entonces ocupaba Manuel García-Castellón al entender que formaba parte de la misma actividad criminal de bulos y extorsión. El magistrado, hoy ya jubilado, inadmitió esa querella y Santamaría tuvo que acudir a los juzgados ordinarios de Barcelona para que, meses después, se abriera una investigación. Pero en ese tiempo, condicionado por la tramitación fallida ante la Audiencia Nacional, el caso caducó.
Un error judicial de la magistrada de Barcelona que finalmente instruyó el caso se suma a esta prescripción. En su auto de procesamiento ahora anulado, reprocha la Audiencia Provincial de Barcelona, ni siquiera reflejó el contenido concreto de las amenazas que Royuela envió por escrito y por mensaje de voz a Sergio Santamaría. “Dice literalmente que tenían contenido amenazante, pero no dice cuál era dicho contenido”, explica asombrado el tribunal barcelonés.