El exdirectivo Pablo Abejas pide archivar el caso y acusa al juez de “forzar” la ley

El exdirectivo de Caja Madrid y ex director general de Economía de la Comunidad de Madrid Pablo Abejas ha acusado al juez Fernando Andreu de “forzar” el Código Penal y hacer un revoltijo en el caso de las tarjetas opacas, movido por “reproches mediáticos”, y ha pedido su archivo por prescripción.

En su recurso contra el auto en que se le imputa junto a otros 81 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid en enero, el que fuera presidente de la Comisión de Control de la entidad apela a la indefensión que le ha generado el hecho de que no se le haya trasladado la denuncia de Anticorrupción que dio origen a esta pieza separada del “caso Bankia”.

Según su escrito, al que ha tenido acceso hoy Efe, esto le ha impedido preparar convenientemente su estrategia de defensa, por lo que reclama la nulidad del auto.

Así, afea al juez Andreu que no haya distinguido entre diferentes tipos de visas, entregadas a consejeros y directivos “en un totum revolutum” que solo ha generado “confusión”.

Considera incierto y contrario a la realidad que mantenga que se emitieron al margen del circuito ordinario o que no existió soporte contractual basándose para ello en la prueba pericial de los dos técnicos del Banco de España para el “caso Bankia”, del que tampoco se le ha dado traslado.

Más aún cuando en su auto hace referencia a los consejos de administración en los que tuvieron origen estas tarjetas, en concreto el del 24 de mayo de 1988, y sus posteriores modificaciones el 20 de junio de 1994 y el 30 de octubre de 1995.

El propio juez, arguye Abejas, es quien “recoge y confirma los acuerdos y decisiones que dieron lugar a la emisión de tarjetas” en su auto.

Abejas cree que el “voluntarismo inculpatorio” de la pericial conduce a error al magistrado, que en su “empeño por dotar de carácter penal” a unos hechos que se limitarían a un fraude fiscal, los ha extendido a otros tipos delictivos sin indicios “consolidados”.

A su juicio, no se le puede imputar un delito de administración desleal porque nunca fue administrador de hecho o de derecho ni socio de Caja Madrid, ni de apropiación indebida, pues al entregarle una visa la entidad le estaba facultando que dispusiera de dinero “sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía, y mucho menos entregarlo o devolverlo, sin otra limitación que el saldo que libremente se fijó mensualmente”.

“No se puede forzar el Código Penal para introducir unas actuaciones que, en reproches mediáticos, clamores populares, opiniones personales o cualquier otro objetivo, no se correspondan estrictamente con la delimitación del derecho penal”, subraya Abejas.

Abejas expone que los hechos han prescrito, pues han pasado más de 10 años desde que se aprobó la emisión de las tarjetas en 1988.

Añade que la Audiencia Nacional no es competente para investigarlos, ya que de los 246.700 euros que gastó en seis años no puede desprenderse una cuantía “presuntamente defraudada como significativa, impactante o de enorme envergadura para afectar” a la economía nacional.

El exjefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda José María Buenaventura se ha sumado a la tesis de la prescripción, en su caso porque han pasado más de siete años desde el último movimiento con su visa, a la que cargó 63.000 euros, cuando el plazo para el delito de apropiación indebida es de cinco si no es continuado.

Con ellos ya son tres los imputados que han pedido archivar el caso por prescripción, después de que la semana pasada lo hiciera la exconsejera de Jazztel Elena Gil García.