Familiares de los jóvenes de Alsasua encausados, por la agresión que en octubre sufrieron de madrugada en un bar dos guardias civiles y sus parejas, consideran que este proceso es un “castigo-venganza”.
Pasados 140 días de los hechos, con tres de los acusados en prisión preventiva, sus familias afirman en una carta abierta remitida a los medios de comunicación que están siendo sometidos a un “castigo-venganza decidido en instancias ajenas” a su pueblo y por personas “desconocedoras de la realidad del día a día”.
Y añaden que estas personas, “movidas por diferentes intereses”, han “manipulado unos hechos con una investigación inicial ordinaria, transformándola en otra situación extraordinaria y muy grave”, ya que se acusa a los procesados de un delito de terrorismo.
“Nos sentimos manipuladas, indefensas y dolidas” y “especialmente enfadadas” al no haber sido admitidos sus recursos y “observar la discriminación jurídica” que sufren “con respecto a otras personas poderosas”, precisan.
Y al respecto subrayan que seguirán manteniendo “bien alto que éste caso no es terrorismo, que lo están utilizando con otros objetivos” y que los tres jóvenes presos deberían estar en Alsasua “y no en una lejana cárcel padeciendo un régimen especial de castigo, con su vida cortada y condicionada”.
Esperan por eso escuchar opiniones que contribuyan al “sentido común”, apelan a los partidos para que “actúen con valentía” sin “justificar su debilidad” en el “respeto a la separación de poderes del supuesto Estado de derecho”, y agradecen “el respaldo, la solidaridad y el apoyo” recibidos, que les “refuerza” en sus ideas y en el convencimiento de que no son “un caso único ni mucho menos”.