La Fiscalía eleva la petición de cárcel a seis acusados del caso Emperador
La Fiscalía Anticorrupción ha elevado la petición de penas de cárcel para seis de los acusados que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional en la pieza separada del 'caso Emperador', que afecta a cinco agentes de la Policía Nacional, a un policía municipal de Fuenlabrada (Madrid) y al exjefe de prensa del Ayuntamiento madrileño de Coslada por colaborar presuntamente en la trama del cerebro de la red de blanqueo de capitales que lideraba el empresario chino Gao Ping.
El fiscal José Grinda ha rebajado los hechos que se le imputaban a Yongping Wu Liu, alias 'Miguel El Calvo', presunto colaborador de Gao Ping, al entender que la causa contra el policía Miguel Ángel Gordo fue sobreseída antes de comenzar por los mismos delitos. No obstante, la petición de prisión se ha mantenido en nueve años, la máxima que pide el Ministerio Público, por revelación y cohecho, que pasa a ser propio, y dos delitos de tráfico de influencias.
Al Policía Municipal Mario José Selas -para quien se pedían inicialmente siete años de cárcel-, al cambiarse el tipo de cohecho que se le imputa de impropio a propio, pide que sea penado con nueve años de prisión. En cuanto a otros dos acusados, la Fiscalía aumenta dos años de prisión las penas solicitadas, por el mismo motivo, a los policías nacionales Blas Donoso y Óscar Francisco García Frade -pedía para cada uno de ellos cinco años de cárcel- por delitos de revelación de secretos y cohecho propio.
Lo mismo ocurre para el comisario Ángel Luis Olmedo Ovejero , para que el que ahora piden cinco años de cárcel. Otro de los afectados de esta modificación es el exjefe de prensa del Ayuntamiento de Coslada y asesor del alcalde Pablo García Lozano, que también se enfrenta, a partir de ahora, a cinco años de prisión por cohecho propio y tráfico de influencias.
Con respecto al comisario Manuel Patricio Rodríguez San Román --para quien se pedían inicialmente cinco años de cárcel--, sólo ve afectada su pena en un año más, ya que se le imputa también un delito de tráfico de influencias. Por último, el inspector Federico Sánchez Frutos, es el único acusado al que no se le modifica el delito y, por tanto, se mantiene la petición de un año de cárcel y suspensión de empleo durante tres por cohecho.
Críticas al juez Fernando Andreu
El fiscal ha arremetido duramente contra el juez Fernando Andreu por desacreditar la investigación de Asuntos Internos de la Policía a los seis agentes a los que se está juzgando por dar información a la red china de blanqueo de dinero liderada por Gao Ping a cambio de regalos.
“En una situación como la que vivimos en España en que se lucha contra la corrupción no se puede decir que Asuntos Internos lo haga todo mal” le ha recriminado Grinda al juez instructor en su informe definitivo de conclusiones en el juicio a estos seis policías, que se celebra hasta mañana en la Audiencia Nacional.
A lo largo de su informe, Grinda ha calificado de “un error muy serio del juez de instructor” que hablara de infracción en la investigación de Asuntos Internos cuando interrogó a uno de los agentes que elaboró el informe y le manifestó su extrañeza por que hubiera accedido a las intervenciones telefónicas estando secreta la causa.
“Es inaudito que el juez no supiera” que en esa fecha había levantado ya el secreto de esas intervenciones, ha manifestado Grinda, al lamentar que con esa afirmación llevó a equívoco a las partes y a las defensas, que en el juicio han invocado la nulidad de las actuaciones apoyándose en ese “error” de Andreu.
Le ha reprochado además al juez que en el auto en el que archivó esta causa -que la Audiencia Nacional ordenó reabrir- sostuviera que la investigación policial era prospectiva y culpara de ello a la Fiscalía.
A este respecto ha señalado que ese posible favor a policías por parte de la red mafiosa no fue “ni siquiera un hallazgo casual sino que forma parte de la actividad criminal” de la red de Gao Ping y ha recordado que la ley permite y “exige” a la Fiscalía seguir haciendo las diligencias oportunas y aportarlas a las actuaciones en cualquier fase del procedimiento.
“No se puede admitir que se diga que interpretamos torticeramente, nos podemos equivocar, pero eso es incriminar y eso es lo que ha pasado en este procedimiento”, ha denunciado Grinda.
