La Fiscalía Anticorrupción ha confirmado su petición de absolución para los tres acusados en el primer juicio por el presunto acoso a la doctora Elisa Pinto que ha concluido este martes en la Audiencia Nacional. El fiscal, Jorge Andújar, ha expresado en su informe final que las anotaciones en la agenda del comisario Villarejo “no desprenden la energía probatoria suficiente” para que se hubiera celebrado el juicio y nunca para una sentencia condenatoria al policía jubilado, su socio Rafael Redondo y el empresario acusado de contratarle, Javier López Madrid.
Contra los tres, la acusación popular –que ejerce la abogada de Pinto– solicita una condena por cohecho activo (pagar) en el caso de López Madrid (6 años de cárcel) y de cohecho pasivo (recibir la dádiva) para Villarejo (6 años) y Rafael Redondo (4 años). El fiscal ha dicho que las anotaciones en la bitácora del policía, entre ellas en la que escribe “10 a cuenta” en una anotación sobre López Madrid, no están respaldadas por ningún otro hecho de la investigación, como sí ocurre en otras piezas de la macrocausa que lleva el nombre de la Policía y que responden a otros encargos de particulares recibidos cuando estaba en activo. “Son una serie de anotaciones de agenda que han de ser valoradas como elementos aislados”, ha trasladado Andújar.
El representante del Ministerio Público ha concluido que durante la vista no ha quedado “acreditado el pago, la dádiva” y que ha ocurrido lo mismo con la existencia de “un contrato o una hoja de encargo”, como ocurre en otros dosieres elaborados por el comisario desde su agencia de detectives.
La postura contraria ha sido defendida por la letrada Ana Blanco, que ejerce la acusación popular después de que la Sala de Apelación transformase la situación de Elisa Pinto a esa desde la de acusación particular que ejerció durante la instrucción. Blanco ha defendido la consistencia de las notas elaboradas por el Policía, e incautadas durante su detención en noviembre de 2017, en las que informa del caso de acoso y recoge que a “K”, por López Madrid, la letra que utilizaba para referirse a sus clientes, hay que llamarle desde el número “operativo”, el terminal de la Dirección General de la Policía que tenía Villarejo.
Frente a esto, el abogado defensor de Javier López Madrid, el letrado Álvaro Remón ha defendido que “no hay una sola anotación [en la causa]” que aluda a un solo cometido del señor Villarejo para el señor López Madrid“. En cualquier caso, ha explicado Remón, López Madrid nunca supo que Villarejo era policía cuando se lo presentó un amigo común, el presidente de Societe Generale, Donato González, quien se refirió a él como un ”ex comisario“.
Tampoco hubo, ha añadido el abogado de la defensa, “ignorancia debida”, ya que López Madrid conoció a Villarejo en su oficina de Torre Picasso, en el corazón financiero de Madrid, y así era difícil que dedujera que era un policía en activo si nadie se lo dijo. “Lo que hace el señor Villarejo es anotar lo que el señor López Madrid le va contando: llamadas, llamadas, llamadas…”, ha asegurado el abogado sobre la supuesta inexistencia de un servicio del policía para el empresario.
La acusación popular y las defensas han presentado una interpretación opuesta de lo que significa la grabación incautada a Villarejo y registrada en enero de 2017, cuatro años después de la presunta contratación y cuando el comisario ya se ha jubilado. “Cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito…. Ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un embolado y ni me has llamado para decirme (…) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios”, recoge el audio.
Para la acusación es una prueba clara de que uno y otro mantuvieron una relación de encargo, pero para las defensas es la alusión a “daños y perjuicios” lo que descarta que el comisario hubiera trabajado para el empreario. “Daños y perjuicios no se piden a quien se ha firmado con él un contrato”, ha dicho el abogado de López Madrid. La misma interpretación ha compartido el abogado de Villarejo: “No hubo ningún pago y lo que hubo fue un problema para el señor Villarejo”.
El letrado del policía, Antonio García Cabrera, ha acusado a la abogada de Pinto de realizar “una interpretación subjetiva de toda la prueba practicada erigiéndose en una mente pensante que valoraba lo que al parecer el señor Villarejo escribía”. Ha defendido que el policía registraba sus encargos en la agencia de detectives “con transferencia bancaria y su correspondiente factura”, a diferencia de lo que ocurre con el trabajo para López Madrid.
El abogado de Rafael Redondo ha defendido que su cliente está acusado por haber acompañado a López Madrid a la consulta de la doctora Pinto “y decir tres frases”.