La Fiscalía se queda sola pidiendo el archivo del caso espías antes del juicio
La Fiscalía de Madrid lleva hasta el final su tesis de que no hay indicios de espionaje político en el seno del Gobierno de Esperanza Aguirre. Así consta en el escrito que el Ministerio Público divulgó este jueves y que contrasta con la postura del resto de acusaciones, ejercidas por la Comunidad de Madrid, gobernada hoy por Cristina Cifuentes, y los socialistas madrileños. La primera aprecia un delito de malversación que afecta a sus arcas y reclama multas para los imputados. La acusación popular del PSM va más allá y, por el mismo delito, solicita condenas de hasta cuatro años de cárcel.
El Ministerio Público ha sido clave en el empantanamiento del caso durante siete años de instrucción. Propuso el cierre de la causa en las tres ocasiones que así lo acordó la jueza Carmen Valcarce, la misma que lanzó piropos a Francisco Granados el día que fue a declarar como testigo y en la que el PP ha conseguido que recaiga temporalmente el caso del borrado de los discos duros de Bárcenas.
La Fiscalía también se opuso a la reapertra del caso cuando así lo solicitó la acusación popular, que ejercen los socialistas madrileños, a los que siempre volvía a dar la razón la Audiencia Provincial.
El lunes trascendió que la Comunidad de Madrid, la administración que sufrió la presunta malversación de caudales públicos, admite que hubo espionaje en su seno y pide en su escrito condenas con multas para los imputados. El escrito va firmado por los letrados de la Comunidad de Madrid, ahora gobernada por Cristina Cifuentes.
Los socialistas madrileños aprovechan su escrito de acusación para elevar la petición de responsabilidades hasta los cuatro años que piden para el que fuera director de Seguridad de la Comunidad de Madrid en el momento de los hechos, Sergio Gamón, antiguo jefe de escoltas de Esperanza Aguirre. Y aprovechan para preguntarse “quién o quienes pudieran ser la X de este entramado”.
Por su parte, la Fiscalía insiste en su tesis. “Las diligencias de instrucción no han acreditado que los investigados hayan destinado a usos ajenos a la función pública, caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones y, en concreto, que los vehículos o teléfonos puestos a su disposición hayan sido utilizados en los concretos y presuntos seguimientos objeto de las actuaciones”, dice en su petición de archivo, previa previsible apertura de juicio oral.
Siete acusados
Los socialistas atribuyen la malversación, además de a Gamón a sus subordinados Miguel Castaño Álvarez, para el que piden tres años; y a los agentes José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez, Antonio Coronado Martínez, Marcos Peña Díaz y José Miguel Pinto Serrano. Para estos últimos, el PSM pide una condena de dos años de cárcel.
A todos ellos considera, con mayor o menos responsabilidad, implicados en el espionaje a varios responsables del PP madrileño en los meses de marzo, abril y mayo, la primavera en la que se libró una batalla encarnizada por el control del partido a nivel nacional, tras la segunda derrota de Mariano Rajoy en unas elecciones generales.
“La simple operación aritmética de sumar las nóminas que percibieron, más las llamadas telefónicas que se hicieron y el combustible que repostaron para los vehículos públicos para los que hacían los seguimientos determina la existencia de los elementos del tipo de malversación”, recoge su escrito de acusación, al que ha tenido acceso eldiario.es. Por todo ello, además, la acusación pide que se les condene a indemnizar a la Comunidad de Madrid con 162.153 euros de forma conjunta y solidaria como responsables civiles.
Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid coinciden con los socialistas en detectar un delito de malversación de fondos públicos aunque rebaja la petición de condenas a multas de seis a doce meses, a razón de entre 10 y 50 euros al día.
En su escrito, el PSM relata cómo aquella primavera de 2008, durante los preparativos del Congreso del PP que se celebraría en Valencia, “algunas personas, por ahora sin identificar, idearon la creación de una estructura cuyo objeto era conocer de sus oponenetes políticos las actividades movimientos y personas con quiénes se relacionaban”. Los objetivos de los seguimientos fueron Alfredo Prada, Manuel Cobo y Carmen Rodríguez Flores. Todos ellos tenían algo en común, dice la acusación: “Eran rivales políticos de Esperanza Aguirre, como es de conocimiento general”.
