El freno judicial al uso del Puerto deja en 'shock' al Gobierno y bloquea el realojo inminente de inmigrantes en Ceuta
Otro golpe de la justicia a la acción del Ejecutivo. A solo unas horas de que arrancara el delicadísimo operativo para trasladar a un millar de migrantes desde la playa de El Trampolín a las nuevas plazas de acogida temporal en el Puerto, todo saltó por los aires. La Audiencia Nacional ordenó paralizar momentáneamente el campamento en atención al recurso contencioso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en el que solicitaban esa medida cautelarísima -sin escuchar al Ejecutivo- y pedían dejar en suspenso la habilitación de ese espacio. Y lo hizo este miércoles por la tarde, casi a la misma hora en que concluían los trabajos de acondicionamiento de las carpas y con el Gobierno volcado en el inminente dispositivo de acogida.
La noticia, de hecho, cayó como una bomba en el seno del Gobierno y pilló por sorpresa al conjunto de equipos ministeriales implicados en el operativo y también a la propia Moncloa. “El Gobierno no puede ocultar su perplejidad ante una decisión que frena una solución operativa inmediata sobre el terreno. La medida paraliza un operativo logístico que estaba listo para ejecutarse de forma inminente, que iba a permitir alojar en total a 1.700 personas, diseñado con criterios estrictamente humanitarios y de orden público”.
El plan del Ejecutivo era que los primeros migrantes procedentes de El Trampolín pudieran ser acogidos en las carpas del Puerto de manera inminente, seguramente ya este mismo jueves después de que finalizaran los últimos trabajos de preparación, con la instalación de una bomba de agua a última hora de este miércoles. Pero la decisión judicial desbarató esos planes y paralizaron los trabajos que estaban en marcha de todos los equipos ministeriales implicados.
“Los terrenos del Puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo. El Ejecutivo es plenamente consciente de que esta crisis es compleja, pero la complejidad no puede traducirse en inacción o parálisis institucional. Sacar a estos migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad, garantizándoles condiciones dignas de acogida en infraestructuras adecuadas. Es la principal demanda de los ceutíes y del Gobierno de Ceuta”, trasladó a última hora del día la Moncloa en un comunicado.
Lo que apuntan los magistrados de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional es que, hasta que el Ministerio de Transportes no le entregue el expediente sobre la creación de ese asentamiento, para lo que le da hasta “las 12 del día de hoy” (por el miércoles), deja en suspenso la orden ministerial que habilitaba ese espacio. Y lo que exige ahora el Gobierno es que esa acción de la justicia no condene a Ceuta a la parálisis. “Ceuta no puede esperar. Desde el Gobierno pedimos agilidad y deseamos que se actúe de forma inmediata para aportar soluciones a esta situación sobrevenida”.
En un sector del Gobierno, ya abiertamente enfrentado al Poder Judicial por el reciente bloqueo también del derecho al voto que recoge la conocida como ley de nietos, el paso de la Audiencia Nacional es recibido como “un ataque más” de la judicatura a la acción política del Ejecutivo.
Choque con la ciudad autónoma
La polémica por el emplazamiento del Puerto de Ceuta para la instalación de plazas de acogida viene de largo. Ante la urgencia de habilitar espacios en la ciudad autónoma para sacar de las calles a miles de migrantes y poder empezar sus procedimientos administrativos de asilo o expulsión, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, decidió el pasado 5 de septiembre decidió tomar el control de la autoridad portuaria para sortear los impedimentos del Gobierno del PP de Juan Jesús Vivas.
En una orden firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado, Transportes autorizó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar carpas para acoger a más de un millar de personas migrantes a pesar de la oposición de la Autoridad Portuaria, dependiente del gobierno autónomo ceutí. Una orden que permitía continuar con los trabajos de instalación de carpas temporales frenada anteriormente por responsables del puerto de Ceuta. Y además, se autorizaba a la Secretaría de Estado de Migraciones a la utilización temporal de esta superficie de 16.000 metros cuadrados.
La decisión unilateral de Transportes llegó pocas horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votase en contra de ceder unos terrenos que habían sido pactados previamente entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y el Juan Jesús Vivas. Pero entonces llegó la denuncia del Sindicato Unificado de Policía que ha desembocado en la paralización cautelar de ese emplazamiento. Una decisión de la Audiencia Nacional que, por el momento, desbarata por completo los planes del Ejecutivo de sacar a más de mil personas de la playa del Trampolín en las próximas horas.
A última hora de este miércoles, todos los equipos ministeriales implicados en el operativo continuaban a la espera de novedades desde la Audiencia Nacional para volver a reactivar “de manera inmediata” un plan, por ahora, frustrado.