García Ortiz recurre los 80.000 euros en costas que debe pagar al abogado de la pareja de Ayuso por “desproporcionados”
Álvaro García Ortiz ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de fijar en 79.942,70 euros los honorarios del abogado del empresario Alberto González Amador que debe abonar en virtud de su condena. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa del ex fiscal general del Estado argumenta que la cifra es “manifiestamente desproporcionada” y propone reducirla a 4.240 euros.
Alega, entre otras cuestiones, que incluye costas de la fase en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde no estaba imputado o actuaciones referidas a la fiscal Pilar Rodríguez, que no se llegó siquiera a sentar en el banquillo. A su juicio, la cifra es “absolutamente incompatible con los reiterados criterios de proporcionalidad, moderación y razonabilidad exigidos de forma constante por el Tribunal Supremo para la inclusión de honorarios en una tasación de costas”.
El Supremo asumió íntegramente los 64.778,78 euros en costas que habían sido reclamados por el letrado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a los que añadió el IVA. Además, García Ortiz tendrá que pagar 1.560,38 euros a la procuradora. La cifra finalmente acordada cuadruplica la condena que impuso el Supremo a García Ortiz entre la multa y la indemnización después de declarar probado que él o alguien de “su entorno” filtraron a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista.
La Sala de lo Penal, con dos magistradas en contra, condenó al ex fiscal general del Estado al responsabilizarle de la filtración. La condena fue a dos años de inhabilitación para ejercer como líder de la Fiscalía, a los que se sumaron dos sanciones económicas: una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros a González Amador por las consecuencias de la filtración. Son cifras que están por debajo de los 300.000 euros de resarcimiento que había pedido la pareja de Ayuso y también de la multa de 108.000 euros solicitada.
Respecto a las costas, el Alto Tribunal sí acogió los argumentos del letrado de González Amador, que alegó el “innegable” esfuerzo realizado debido a la complejidad de un caso que, además, fue muy mediático. Así, argumentó que el procedimiento fue difícil porque tuvo que enfrentarse no solo a la defensa del acusado, sino a la maquinaria del Estado, dado que la Fiscalía, al no acusar a García Ortiz, no adoptó una posición “neutral” y, además, fue defendido por la Abogacía del Estado.
La defensa de García Ortiz considera que la cifra de 79.942,70 euros es incompatible con la complejidad real del procedimiento y con la cuantía de la responsabilidad civil, fijada en 10.000 euros. Afirma, además, que la mayoría de las diligencias solicitadas por la acusación particular fueron rechazadas, carecieron de utilidad real o se refieren a actuaciones ajenas a la defensa del ex fiscal general. Y recuerda que el “contexto institucional” y la presencia en medios son elementos extrajurídicos que no aumentan la carga de trabajo legal y no pueden usarse para inflar la factura.
Por otro lado, el ex fiscal general reclama que el Ilustre Colegio Abogados de Madrid no pueda realizar un informe sobre las costas. Argumenta su “falta de idoneidad” para pronunciarse sobre ello. La entidad profesional fue la primera en presentar una querella contra la Fiscalía por este asunto y, después, ejerció la acusación popular. Llegó a pedir una condena de cuatro años de cárcel para García Ortiz.