No es en España, donde la Fiscalía ultima el cierre de las tres investigaciones abiertas contra él; y tampoco en Suiza, donde la causa abierta por blanqueo afecta únicamente, al menos por el momento, a sus supuestos testaferros. El rey Juan Carlos I libra en el Reino Unido la que puede ser su batalla jurídica más comprometida. Un juez británico, Matthew Nicklin, deberá decidir próximamente si el ex jefe del Estado conserva su inmunidad para no ser juzgado en ese país por la demanda por presuntas amenazas para que no sacara a la luz documentación que pudiera “incriminarlo” que presentó contra él en diciembre de 2020 la empresaria alemana Corinna Larsen, con la que el monarca emérito mantuvo durante años una relación extramatrimonial.
La cuestión de la inmunidad o no del emérito es clave porque determinará si esa demanda puede ser examinada por la Justicia inglesa. De ahí que este asunto centrara la vista preliminar celebrada esta semana en el Tribunal Superior de Londres, donde reside Larsen y decidió iniciar acciones legales contra el monarca por haberse producido en el Reino Unido parte de los hechos denunciados. Según la empresaria, Juan Carlos I inició “un patrón de conducta equivalente al acoso” a partir de 2012, a raíz de la ruptura total de sus relaciones, y se mantuvo hasta la fecha de presentación de la demanda. Es decir, se habría extendido desde el periodo en el que era inviolable para las leyes españolas hasta después de perder ese privilegio constitucional con su abdicación en 2014.
En su demanda, que en su momento adelantó Financial Times y a la que ha tenido acceso elDiario.es, Larsen detalla que ese supuesto acoso incluyó amenazas y difamaciones, así como “vigilancia” tanto “encubierta” como “visible” por parte de agentes del rey emérito y de los servicios secretos españoles. Todo ello, según su versión, con la intención de que reanudaran su relación o le devolviera o volviera a poner a su “disposición para su uso” los 100 millones de dólares (64,8 millones de euros al cambio de entonces) que le había transferido a Larsen en 2012 a través de una de sus sociedades instrumentales en Bahamas. Ese dinero, procedente del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, centra la investigación por blanqueo abierta en Suiza contra los supuestos testaferros del monarca, investigados por la recepción de esos fondos y la creación de una estructura para ocultarlos.
En su escrito, la empresaria describe supuestos actos de difamación, hostigamiento, acoso y vigilancia. Entre ellos, un presunto asalto a su casa y su despacho profesional en Mónaco por parte de una empresa de seguridad mientras ella estaba de viaje, una amenaza de muerte cuando estaba en su habitación en el Hotel Connaught de Londres o “disparos y daños” a las cámaras de seguridad de su palacete de Shropshire (Reino Unido). De esos hechos, que en parte detalló al comisario José Villarejo en una de las conversaciones que éste grabó sin su consentimiento, responsabiliza a los servicios de inteligencia españoles, que, según su versión, habrían actuado por orden del emérito.
La empresaria alemana sostiene que esas actuaciones le causaron “angustia y ansiedad” y reclama, en consecuencia, una compensación económica no cuantificada y una orden de alejamiento de al menos 150 metros contra Juan Carlos I. La defensa del rey emérito, por su parte, siempre ha negado que Juan Carlos I o “el Estado español” haya cometido “cualquier presunta irregularidad”. Y ha buscado que esa demanda sea rechazada de plano basándose en un supuesto derecho a la inmunidad estatal. Es lo que intentó su abogado en esta causa, el prestigioso Daniel Bethlehem, en la vista preliminar del pasado martes 7 de diciembre y que recoge el escrito con el grueso de su argumentación trasladado a las partes y al tribunal y al que ha tenido acceso elDiario.es.
El asesor legal se afanó en alegar que las cortes inglesas no tienen jurisdicción sobre la demanda y que el emérito goza de inmunidad en virtud de la State Inmunity Act (Ley de Inmunidad de los Estados) del Reino Unido, de 1978. En su artículo veinte, esa norma establece que pueden beneficiarse de la inmunidad, que se aplica tanto a actos públicos como a privados, “el soberano u otro jefe del Estado” y los “miembros” de la familia del rey actual que formen parte de su “hogar”.
Ahí es donde Bethlehem ve un doble argumento para amarrar el privilegio de Juan Carlos I. Por un lado, al interpretar que el término “soberano” es equivalente al de “rey emérito” que sigue ostentando Juan Carlos I a pesar de no ser jefe del Estado. “Tiene derecho a utilizar el título de ‘rey’, ser llamado ‘su majestad’ y recibir honores militares análogos a los del heredero”, afirma. Y, por otro, al subrayar que es “evidente” que sigue manteniendo su condición de “miembro de la familia de Felipe VI”, junto a la reina Letizia, las infantas y la reina emérita Sofía de Grecia. En este sentido, la defensa del monarca recuerda que tras su abdicación sus hijas, las infantas Elena y Cristina, fueron excluidas de la familia real y quedaron como miembros de la familia del rey. Dejaron también de recibir la asignación en gastos de representación que su padre fijaba en cada ejercicio.
Este razonamiento fue rebatido por el abogado de Larsen, James Lewis, tanto en la vista preliminar como en el escrito que su equipo jurídico presentó días antes al tribunal y a las partes y al que ha tenido acceso este periódico. En ese documento, los abogados de la empresaria sostienen que es obvio que Juan Carlos I no es “un soberano u otro jefe de Estado”, pues renunció a ese estatus cuando abdicó y se retiró de la vida pública el 2 de junio de 2019. Afirman, en este sentido, que la única persona con derecho a inmunidad de acuerdo a la ley británica es su hijo Felipe VI.
Respecto a su pertenencia a la familia real, sostienen que la inmunidad personal solo se puede extender a “familiares dependientes”. A su juicio, no es este el caso de Juan Carlos I, que en marzo de 2020 dejó de recibir su asignación de los Presupuestos Generales del Estado y que en agosto de ese año se trasladó a vivir a Emiratos Árabes Unidos. Ambos movimientos formaron parte del intento de la Casa Real por aplacar los escándalos sobre el origen de parte de la fortuna de quien fuera jefe del Estado, que han cristalizado en hasta tres investigaciones por presunto fraude fiscal y blanqueo por parte de la Fiscalía del Supremo, tribunal ante el que está aforado tras perder el blindaje de la inviolabilidad.
De hecho, su defensa sostiene que, desde su abdicación en 2014, el único tribunal que puede enjuiciar a Juan Carlos I es el Supremo y que es allí donde debería acudir cualquier demandante. “Esto no coloca a Su Majestad por encima de la ley, sino que solo reconoce que, dada su posición constitucional, está debidamente sujeto a la jurisdicción del Tribunal Supremo de España, y solo al Tribunal Supremo de España”, afirma el argumentario firmado por Bethlehem y la profesora Philippa Webb.
Investigaciones en España y Suiza
La situación del monarca en el Reino Unido contrasta con la de España, donde la Fiscalía del Tribunal Supremo ultima los detalles del escrito con el que dará carpetazo a la triple investigación que ha desarrollado sobre su fortuna. En apenas unos meses los investigadores han pasado de remitir comisiones rogatorias a Suiza –para pedir documentación a las autoridades de aquel país– donde se describía al anterior monarca como un comisionista internacional y se sospechaba de delitos fiscales y corrupción, a entender que todo ha quedado sepultado por su inviolabilidad, por la caducidad de algunos delitos que se investigaban y sobre todo por los pagos de cinco millones de euros que hizo a Hacienda para regularizar el dinero oculto al fisco.
Esas regularizaciones voluntarias, realizadas tras conocer que estaba siendo investigado, suponen el reconocimiento por parte del monarca de la evasión de impuestos al fisco español, pero son la vía también para dar cerrojazo a dos de las líneas de investigación abiertas contra él. La más reciente de las pesquisas abiertas, de noviembre de 2020, se centra en la existencia de un 'trust' [un grupo de empresas unidas para monopolizar el mercado y controlar los precios] que movió 10 millones de euros a una cuenta en la isla de Jersey en la que Juan Carlos I figura como beneficiario. Esas diligencias tienen su origen en un “informe de inteligencia” del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero negro y la que da la alerta sobre movimientos sospechosos de capitales.
Esta no era la primera vez que en el Sepblac, departamento que depende del Ministerio de Economía, saltaban las alarmas en relación al rey emérito. Otro aviso de esta unidad está en el origen de otra investigación, revelada por elDiario.es, sobre los gastos que Juan Carlos I y otros familiares hicieron en 2016, 2017 y 2018 con tarjetas opacas que se nutrían de fondos no declarados a Hacienda. Se trata de gastos posteriores a su abdicación y a que perdiera la protección constitucional que le hacía inimputable por todos los posibles delitos cometidos durante los casi cuarenta años que estuvo en el trono. No obstante, esta investigación también está abocada al archivo al entender la Fiscalía que con el abono a Hacienda de los 678.393,72 euros que había dejado de pagar en impuestos al usar tarjetas opacas queda exonerado.
Abocada al archivo al tratarse de unos presuntos delitos previos a su abdicación también está la más antigua de las pesquisas sobre el monarca, relativas a los 65 millones de euros que recibió de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, transfirió a Larsen. Estos hechos también centran otra investigación abierta en el verano de 2018 por el fiscal suizo Yves Bertossa tras hacerse públicos unos audios en los que Larsen atribuye al rey el cobro de comisiones por el AVE a la Meca y el uso de testaferros para esconder una supuesta fortuna en Suiza y un terreno en Marrakech.
Pero en esa causa, al menos por el momento, no está siendo investigado el monarca. En el radar del fiscal suizo están Larsen, el gestor de fondos Arturo Fasana, señalado en distintas causas judiciales como presunto testaferro en Suiza de grandes fortunas; y Dante Canonica, abogado experto en estructuras opacas que fue el creador y secretario de la fundación Lucum, la sociedad bajo la que se camufló la donación millonaria de Arabia Saudí a Juan Carlos I. Para el monarca, el horizonte judicial más aciago puede estar en Reino Unido.