Miguel Blesa dirigió una sociedad registrada en las Islas Vírgenes, según los papeles de Panamá
Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid, tuvo el control de una sociedad creada en un paraíso fiscal por el bufete panameño Mossack Fonseca, según El Confidencial. La última entrega de los papeles de Panamá arroja el nombre de Blesa, colocado por José María Aznar al frente de Caja Madrid. La empresa se llamaba Danforth Investment y había sido creada en 1989 para tener su sede en las Islas Vírgenes Británicas.
En esa época, Blesa trabajaba en Madrid como asesor fiscal y por tanto conocía perfectamente la legislación española en esos asuntos y las repercusiones de contar con una sociedad localizada en un paraíso fiscal.
Gracias a sus poderes sobre Danforth Investment, Blesa creó en 1992 Danforth Ibérica, empresa que tiene en la actualidad un capital social de más de 700.000 euros. Blesa figuró como administrador de esa empresa durante solo un año, ya que fue sustituido por José María Montoto Cañas, que había sido en las elecciones generales de 1986 candidato por Córdoba de Alianza Popular en el número 3 de la lista.
Según desvela El Confidencial, en 1991 las inversiones de la firma ópaca de Danforth, registrada en las Islas Vírgenes, compró el 45% del capital social de la sociedad española Construcciones Aeronavales SA (CANSA) por unos 315.000 euros. Los consejeros eran entonces José María Montoto, Pedro Rodriguez Pla y la empresa armamentística EINSA. Esta firma, según se desprende de los correos de Blesa destapados por eldiario.es, utilizó a Blesa como intermediario con Aznar para la venta de armamento a Libia y Argelia con la que el expresidente obtuvo jugosas comisiones.
El 'historial' de Blesa
Miguel Blesa llegó al frente de Caja Madrid en 1996, seis meses después de que José María Aznar ganara las elecciones. De su gestión en la caja madrileña actualmente se encuentra imputado en numerosas causas. Entre ellas por ser uno de los artífices de las tarjetas 'Black'. El caso de las tarjetas black arrancó con una exclusiva de eldiario.es dentro de la investigación sobre los correos de Blesa: un artículo publicado el 13 de diciembre de 2013. La noticia provocó una investigación interna en Bankia, donde la actual dirección del banco nacionalizado descubrió todo tipo de irregularidades en estos sobresueldos opacos. En febrero de 2014, Bankia elaboró un informe que trasladó al FROB, que a su vez lo envió a la Fiscalía Anticorrupción.
En el marco de la investigación por la compra del Banco de Florida, el juez Elpidio Silva envió en dos ocasiones a Blesa a la cárcel. La primera, eludible con el pago de una fianza de 2,5 millones de euros. La segunda, de manera incondicional. Solo salió de la cárcel cuando la Audiencia de Madrid anuló toda la instrucción de Silva por considerarla plagada de irregularidades, quince días después. Posteriormente, fue condenado a 17 años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso con otros dos contra la libertad individual.
Además, el pasado 30 de marzo la Audiencia Nacional abrió otra causa contra Blesa. El juez José de la Mata admitía a trámite una querella contra los responsables de Caja Madrid por inflar los precios de los pisos para conceder hipotecas en la antesala y los primeros años de la crisis económica. El magistrado investiga al expresidente de la entidad, Miguel Blesa, entre una veintena de exdirectivos acusados de estafa, administración desleal, asociación ilícita, con independencia de otros delitos que puedan surgir durante la instrucción.
La querella que ahora se va a investigar relata las conductas acontecidas en Caja Madrid entre 2003 y 2009, en el período anterior al estallido de la crisis y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, en relación con lo que los querellantes califican de “práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieron haberse concedido”.
Los papeles de Panamá
El pasado domingo 3 de abril, laSexta y El Confidencial difundieron en España las primeras informaciones de los denominados 'Los Papeles de Panamá', una investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) a raíz de unas filtraciones de sociedades de personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales. El material lo componen más de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado como uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades 'offshore'.
Un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de comunicación de 76 países ha trabajado durante un año para analizarlos y arrojar luz sobre el secretismo que impera en la creación de sociedades opacas en paraísos fiscales de todo el mundo.
Estos archivos contienen infinidad de nombres relevantes, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Dentro de nuestras fronteras nos encontramos con nombres como los de la tía del rey Felipe VI, Pilar de Borbón; la mujer del Comisario de Energía, y exministro español, Miguel Arias Cañete, Micaela Domecq; los hermanos Almodóvar, Pedro y Agustín; el actor Imanol Arias y el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Lluís Núñez.
A nivel internacional aparecen vinculados a este tipo de sociedades el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri; el primer ministro británico, David Cameron; la dirigente del Frente Nacional francés, Marine Le Pen; el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson; el jefe de los negocios del rey de Marruecos, Mounir Majidi; y, entre otros, futbolistas estrella como Leo Messi, Michel Platini, Gabriel Heinze y Iván Zamorano.
Una de las consecuencias más destacada de la publicación de los papeles ha sido el enorme estallido social que pidió la dimisión del primer ministro islandés, que solo tardó 45 horas en renunciar por la información publicada.
En Reino Unido, David Cameron ha admitido fallos al abordar su implicación en 'Los Papeles de Panamá' y ha confirmado este sábado que publicará su declaración de Hacienda tras admitir que tuvo acciones en un fondo de inversión en un paraíso fiscal, lo que ha generado críticas de la oposición laborista.
Panamá dejó de tener la consideración de paraíso fiscal para España tras la firma de un convenio para evitar la doble imposición entre ambos países el 7 de octubre de 2010. El acuerdo, que entró en vigor en 2011, se interpretó como una cesión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para allanar las multimillonarias adjudicaciones en ese país a constructoras españolas, en especial Sacyr, responsable de la ampliación del Canal.
