El PP se mueve entre el lamento y la justificación ante los no pocos ataques sufridos por miembros del Gobierno desde que este tomara posesión, en enero de 2020. Se condenan los hechos para inmediatamente justificar lo ocurrido y advertir de que la cosa puede ir a peor. Así ocurrió después de que el pasado 12 de octubre, Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica García y Fátima Hamed fueron agredidas por un pequeño grupo de manifestantes antes de comenzar el acto Otras Políticas que se celebró en Valencia. “O cambian de rumbo, o no van a poder salir a la calle”, fue la respuesta que llegó desde el PP por boca de su secretario general, Teodoro García Egea. Una frase muy similar al “esperen a que la gente salga a la calle, que lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma” que espetó Isabel Díaz Ayuso en mayo de 2020.
El último ejemplo ha sido el de Lorca (Murcia). El pasado lunes un grupo de personas asaltó el Ayuntamiento e hirió a cuatro policías en su acción. La reacción del PP de la localidad fue señalar al Gobierno: “Hoy el campo ha estallado contra los continuos ataques del PSOE”. Por si quedaba duda sobre la frase del presidente del partido en la localidad, Francisco Gil, el PP lorquino lo dejó por escrito en su página web. “Se les ha arrastrado a una situación límite”, apuntó Gil en la tarde del asalto. “El campo ha reaccionado”, continuó. Solo al final, de forma inconcreta, dijo rechazar “cualquier altercado que se haya producido”.
El mensaje del líder lorquino fue lanzado por la cuenta de Twitter del partido, pero el mensaje fue posteriormente borrado, aunque todavía puede verse en la caché de Google, junto al texto que lo acompañaba: “No se puede jugar con el pan y la desesperación de miles de familias”.
Un orden inverso al elegido por el presidente murciano, Fernando López Miras, quien no dejó tampoco pasar la ocasión para justificar a los protagonistas del asalto violento al edificio municipal. “Junto a la condena de estos actos, pido diálogo y consenso antes de tomar decisiones que comprometan el futuro de tantas familias”, dijo en Twitter.
Ha sido la tónica de las últimas horas: denunciar, de forma más o menos velada o vehemente, los hechos violentos, pero justificarlos y elevarlo más allá del ámbito local hasta el Gobierno central. “Los ganaderos tienen un problema porque tienen un Gobierno absolutamente lamentable con un señor que está insultando a la calidad de la carne española”, decía la expresidenta del Congreso Ana Pastor.
De Núñez de Balboa al acoso a la pareja Iglesias-Montero
El lanzamiento de huevos contra Díaz, Colau y demás era algo que al PP no le pasa, según su número dos. “Nadie nos tira huevos por la calle”, dijo García Egea, quien apuntó que la agresión “es un síntoma del agotamiento de Gobierno”. La frase de García Egea, recordaba a otra que espetó la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, unos meses antes, durante el primer confinamiento en 2020: “Esperen a que la gente salga a la calle que lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma”.
Ayuso hizo tal aseveración durante una sesión de control en la Asamblea de Madrid y después de que se produjeran diferentes manifestaciones ilegales en uno de los barrios más ricos del distrito más acaudalado de la capital. La presidenta madrileña justificó las protestas, con destrozos del mobiliario urbano incluidos, por los “ataques” que supuestamente había perpetrado el Gobierno contra “los vecinos, que se van a arruinar”. Entre los motivos que dio Ayuso para el enfado vecinal, las dudas sobre si se iban a permitir o no las rebajas de verano.
Por esa época, mayo de 2020, ya había comenzado el acoso diario al por entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en su casa. Durante meses, un grupo de ultras se concentró diariamente frente a la vivienda donde vive la pareja con sus tres hijos, profiriendo insultos continuos a los residentes y a quienes les visitaban.
Tal y como anticipó Ayuso, y diría Egea meses más tarde, este acoso limitó de forma considerable la libertad de movimiento de Iglesias y Montero, así como la de sus hijos, y no cesó hasta que el ex secretario general de Podemos dimitió de todos sus cargos tras las elecciones del 4 de mayo. Antes, uno de los cabecillas de las marchas ante la casa fue pillado in fraganti en el interior de la vivienda, hechos por los que está pendiente de juicio.
En otros casos sí ha habido una condena por parte de la alta dirección del partido. Lo hizo Pablo Casado cuando Iglesias, además del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, recibieron sendas cartas amenazantes, con balas en su interior. Pero dentro de su partido hubo quien puso en duda la veracidad de las misivas. “¿Alguien se cree que llegue a un ministro un sobre con cuatro balas de diez centímetros?”, dijo un diputado provincial alicantino Alejandro Morant.
La que era por entonces rival de Iglesias en las urnas, Isabel Díaz Ayuso, dijo condenar “cualquier amenaza, como siempre”. Fue el alcalde de Madrid y portavoz nacional el encargado entonces de nivelar la balanza: “Lo de Iglesias es un ejercicio de hipocresía y cinismo porque no puede pedir que lo condenemos y cuando son de su ideología, emite justificaciones”. Una afirmación que bien podría aplicarse a lo que ha ocurrido en Lorca en los últimos días.