El Partido Popular, que mantiene bloqueada la renovación del Poder Judicial desde 2018, ha anunciado este martes que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma para reducir la mayoría para renovar el CGPJ y limitar sus funciones con el mandato caducado registrada esta misma mañana por el PSOE y Unidas Podemos. También ha anunciado un recurso al respecto la extrema derecha de Vox, mientras las asociaciones judiciales conservadoras han criticado con dureza la pretensión de los partidos que conforman el Gobierno de coalición. Y el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado que la reforma es una “tropelía del PSOE” y que se sumará a algunos de los recursos planteados por PP y Vox. “Es una infamia: el PSOE quiere politizar más el CGPJ dando la institución a la mayoría Frankenstein”, ha señalado el dirigente de Ciudadanos.
Desde las filas populares se ha llegado a acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “querer imponer una dictadura” a través de la citada reforma para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Actualmente el máximo órgano de los jueces mantiene la estructura acordada por socialistas y populares en 2013, donde son mayoría los magistrados constitucionales, y cuyo mandato caducó hace dos años. Desde entonces, PP se niega a acordar con el PSOE una nueva reforma, y aduce ahora que su negativa responde a su rechazo a que en la negociación participe Unidas Podemos.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, se ha referido a Sánchez con las siguientes palabras: “Quiere imponer una dictadura, solo un dictador considera que las únicas mayorías viables son las que él tiene”.
La propuesta conjunta de los partidos que sustentan a la coalición, conocida este lunes, supone que una parte de los veinte vocales que componen el Poder Judicial puedan salir elegidos por mayoría absoluta (176 diputados) y no necesiten el apoyo de los tres quintos (210) del Congreso y el Senado, como en la actualidad. Además, la propuesta de socialistas y grupo confederal pretende limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato ha caducado. La intención es que el órgano de gobierno de los jueces no pueda designar plazas en audiencias provinciales o tribunales superiores como está haciendo ahora el organismo presidido por Carlos Lesmes, que lleva en funciones dos años.
En su comparecencia, Gamarra ha considerado que lo que busca esa iniciativa es “romper las reglas de la democracia para pasar a un Estado autoritario”. Preguntada directamente por si considera que Sánchez es un dictador, la portavoz del PP ha reconocido que el presidente del Gobierno “ha sido elegido democráticamente”, pero ha añadido que “sus conductas sí que lo son, y los mecanismos que está impulsando sí que lo son”. “Cuando se busca anular el papel de la oposición se dan conductas autoritarias y dictatoriales”.
Apenas unos minutos antes de que comenzara la rueda de prensa de Gamarra, el presidente del PP, Pablo Casado, rechazaba de plano la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos. A través de un mensaje en Twitter, Casado ha asegurado que con su propuesta “Sánchez pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado”, en alusión a Pablo Iglesias.
El PP, que bloquea la renovación del Poder Judicial desde hace dos años, acudirá a los tribunales en el caso de que la reforma sea aprobada en el Congreso. “No lo permitiremos: si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos”, ha advertido el líder popular.
El Gobierno responde a Casado pidiéndole que “arrime el hombro”
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha expresado por su parte su convencimiento de que la reforma contará con las garantías jurídicas necesarias para ser avaladas por los tribunales y ha pedido al principal líder de la oposición que “arrime el hombro” y abandone las “extravagancias”. “Me parece una sinrazón que diga que se niega a cumplir con el mandato constitucional y cuando determinados grupos políticos buscan una fórmula, están trabajando una situación de consenso, anuncie sin conocerlo un recurso ante el Tribunal Constitucional”, ha reprochado Montero, informa Irene Castro.
“Señor Casado, si lo que pretende es que se cumpla la Constitución, no ponga recursos porque algunos intentan desbloquear, desbloquee usted”, le ha interpelado la portavoz, que ha considerado que es “muy fácil” salir de esta situación sentándose “a pactar las cuestiones que se tienen que renovar y no bloquear con su veto lo que tendría que haber ocurrido hace dos años”.
La propuesta de reforma también ha sido recibida con críticas por tres de las cuatro asociaciones de judiciales, que la ven inconstitucional. Sólo la progresista Jueces y Juezas para la Democracia la considera una alternativa ante la actual situación de bloqueo. Manuel Almenar, portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la ha calificado en declaraciones a Europa Press de “abiertamente inconstitucional” porque infringe lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que fija las mayorías cualificadas necesarias en Las Cortes.
Este magistrado sostiene que la vía de la proposición de ley también “plantea serias dudas de inconstitucionalidad” porque al evitar el cauce del proyecto de ley se eluden trámites preceptivos como son los informes del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado o del Consejo de Estado. “Tenemos la certeza de que es inconstitucional y mostramos nuestro absoluto rechazo”, ha apuntado, para luego vaticinar que generará una reacción por parte de organismos europeos.
Un “despropósito” para parte de la judicatura
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Jorge Fernández Vaquero ha sido tajante también al apuntar que la reforma de esta ley orgánica es un “despropósito” y va “en sentido contrario a las recomendaciones que se hacen desde Europa para fortalecer el Estado de Derecho”. Desde la minoritaria Foro Judicial Independiente (FJI) insisten, por su parte, en que lo que se debe hacer es cumplir con las recomendaciones del Consejo de Europa, que lleva años afeado a España la politización del sistema de elección de los rangos más altos del poder judicial.
En Jueces y Juezas para la Democracia defienden que aunque lo más adecuado sería renovar el CGPJ con la ley actual, ven “lógico” que el Gobierno tenga un plan alternativo para desbloquear la situación en caso de que no haya acuerdo con el PP. Así, lo ha señalado su portavoz, Ascensión Martín, quien ha insistido en que ambos grupos políticos deberían ponerse de acuerdo antes de acometer la reforma. “No es deseable que haya ninguna reforma legal porque el país debe emplearse en la pandemia, pero si llega enero y se niegan a renovar, deberá actuar”, ha apuntado.