El presidente polaco avanza que ratificará las polémicas leyes de reforma judicial

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, avanzó hoy que, frente a lo que sucedió en julio, ratificará dos polémicas leyes de reforma del sistema judicial, pese a las críticas tanto en el país como en la Unión Europea (UE) por la politización de la judicatura.

El portavoz del presidente polaco, Krzysztof Lapinski, aseguró que estas dos leyes, aprobadas este mes por el Parlamento, cumplen con los requerimientos exigidos para su ratificación, a diferencia de los proyectos votados en julio, con lo que este último paso legal podría tener lugar en los próximos días.

La Comisión de Venecia, un organismo legal que asesora al Consejo de Europa, ha advertido de que las reformas son “una grave amenaza” a la estructura judicial polaca, y los principales partidos de la oposición denuncian que las leyes aprobadas violan la Constitución.

El pasado 8 de diciembre el Parlamento polaco aprobó dos proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo para cambiar el funcionamiento del Tribunal Supremo y el proceso para nombrar al Consejo Nacional de la Judicatura, el organismo que designa a los jueces.

Los textos se basan de las propuestas de Duda, que pese a formar parte del partido que gobierna con mayoría absoluta en Polonia, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), había bloqueado su entrada en vigor ante las críticas y las masivas protestas en la calle.

Según Lapinski, pese a las enmiendas a su propuesta las nuevas leyes mantienen “el espíritu” de la reforma diseñada por el presidente.

Uno de los apartados más polémicos de esta reforma contempla la reducción de la edad obligatoria de jubilación para los jueces del Tribunal Supremo, que pasa de 70 a 65 años, lo que obliga a parte de los 87 magistrados en activo a dimitir a menos que el presidente del país les exima de manera individual de esa exigencia.

Por su parte, la reforma del Consejo Nacional de la Judicatura da al Parlamento, donde el PiS cuenta con mayoría absoluta, el poder de elegir a 15 de los 25 magistrados de este órgano, que hasta ahora venían siendo elegidos por otros jueces.

La reforma judicial es la continuación de la ley que ha reformado el funcionamiento del Tribunal Constitucional y de los medios de comunicación públicos, a la vez que crece el hostigamiento a los medios independientes, incluyendo la multa impuesta a la cadena de televisión TVN por su cobertura de las protestas antigubernamentales del año pasado.

Una vez completada la reforma judicial, el PiS pretende reformar el sistema electoral, después de que el Parlamento ya haya dado luz verde a un proyecto de ley que otorga al Gobierno un mayor control sobre los organismos de supervisión electoral.