El PSOE se abona a la teoría de la campaña orquestada para afrontar el aluvión de causas judiciales
Shock, abatimiento y reacción a la ofensiva. El PSOE sigue a rajatabla el guion que tantas veces le funcionó en la gestión de crisis y que ahora vuelve a poner en liza en mitad de un terremoto político. El impacto de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y de la entrada de la UCO en la sede de Ferraz para requerir documentación de una presunta trama de chantajes y presiones a investigadores, ha dejado sin resuello durante días a un partido sepultado por causas judiciales de todo tipo. Pero el toque de corneta ha vuelto a sonar en la Moncloa, desde donde Pedro Sánchez desoye cualquier petición de fin de mandato y llama a los suyos a pasar al ataque para combatir la idea de un Gobierno afligido.
La estrategia salta a la vista solo con escuchar las declaraciones públicas en los últimos días de ministros y dirigentes socialistas. “Con todo el respeto, pero cuanto mayor me hago, más me cuesta creer en las coincidencias”, dijo Óscar López al respecto de las decisiones judiciales. Una teoría a la que se sumó también Salvador Illa. “Respeto la justicia, pero sé distinguir lo que es casualidad de lo que no lo es”, dijo el president de la Generalitat, que presume ante todo de ser un hombre templado.
El menos sutil, como de costumbre, fue Óscar Puente, que criticó “los intentos de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticas”, en referencia a las filtraciones de causas a medios de comunicación. Puente señaló que “en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada y determinadas acciones para derribar un gobierno”. Y apostilló, sobre la acción de los tribunales: “Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. Díganme qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de un asunto de hace una pila de años (la ‘Kitchen’) justo con el comienzo del juicio del hermano del señor Sánchez. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando: que hay un Gobierno al que se quiere derribar con métodos nada democráticos. Y eso es innegable”.
Lo que hace Puente es poner voz a un convencimiento bien enraizado en la sala de máquinas de la Moncloa: que el descrédito de la Justicia ante la opinión pública, ahora azuzado desde la política pero abonado durante años por méritos propios con causas groseras en su forma y en su fondo, es terreno fértil para la movilización del electorado progresista. Incluso en las peores circunstancias, como las que ahora atraviesa Pedro Sánchez.
Esa tesis se puso a punto tras la imputación de Begoña Gómez y durante los cinco días de reflexión que se tomó el presidente. Justo el momento, por cierto, en que la Audiencia Nacional fecha los primeros movimientos coordinados de Santos Cerdán con Leire Díez para enredar en causas judiciales abiertas contra el PSOE o contra el entorno familiar del propio Sánchez.
Con un proceder estrambótico y una instrucción contraria tanto a dictámenes policiales como a la propia opinión de otras instancias judiciales en varias ocasiones, la causa dirigida por el juez Juan Carlos Peinado contra la pareja del presidente resulta decisiva en esa estrategia de Moncloa. Primero, porque es la que mayor afectación personal de cuantas se hayan llevado a cabo ha tenido en la figura de Pedro Sánchez. Y segundo, porque su falta de consistencia y su apariencia de arbitrariedad ponen en bandeja a los socialistas sostener que se trata de una ofensiva meramente política, impulsada desde lo jurídico. Una causa fácilmente etiquetable como injusta después de que en dos años de investigación no se haya aportado indicio delictivo alguno. Y que no solo sirve para facilitar el cierre de filas en torno al presidente, sino incluso como paradigma para cualquier tipo de investigación.
Sin diferenciación alguna del fondo, la forma o incluso la reputación y trayectoria del juez instructor, el ‘efecto Peinado’ resulta ya útil para acogerse automáticamente al comodín de la campaña orquestada ante cualquier sobresalto que llegue desde los tribunales. Da igual que sea una presunta trama de comisiones ilegales y tráfico de influencias o una operación para entorpecer el trabajo a policías y fiscales porque la tesis de la ofensiva para derribar al Gobierno ya lo impregna todo y se ha convertido casi en un automatismo. “El que pueda hacer que haga elevado a su máxima expresión”, se apresuró a apuntar el PSOE en cuanto se conoció la imputación de Zapatero en una evidente insinuación de ‘lawfare’.
Lo que defienden en las filas socialistas es que, si esa teoría ha calado en una parte de la opinión pública que ahora ve en los casos del expresidente y de Leire Díez más de lo mismo, es porque la propia acción de la Justicia ha contribuido a ello con ejemplos como el del fiscal general del Estado, el hermano del presidente o el mencionado de Begoña Gómez. Casos que siguen un patrón idéntico: denuncia del grupo ultraderechista Manos Limpias, escándalo mediático e instrucción judicial, cuanto menos, controvertida.
Y es en ese contexto en el que muchos se explican en el PSOE, aunque no lo justifiquen, aquella operación estrambótica que presuntamente emprendió Santos Cerdán como secretario de Organización: poner a sueldo del partido a personajes estrafalarios como Leire Díez o contar con gente como el empresario Pérez Dolset para entorpecer, si no frustrar, causas judiciales con supuestos chantajes y presiones a fiscales y policías. Para esa especie de operativo Cerdán se reunió en Ferraz 22 veces con Díez, según el auto del juez Pedraz. Lo que dice la Moncloa es que Pedro Sánchez ni lo supo, ni mucho menos lo instigó.
El pulso por la amnistía
Ya sea por interés político o por convencimiento, lo cierto es que cuesta encontrar a alguien en el Gobierno que no sostenga que esa cascada de reveses judiciales tiene que ver con un pulso poco disimulado del poder Legislativo al Ejecutivo. Y que se hizo patente desde el principio justo de una legislatura que vio la luz al calor de la ley de amnistía al procés de Catalunya. Sin que esa ley, que exigía Puigdemont para que los diputados de Junts permitieran la investidura de Pedro Sánchez, estuviera siquiera en tramitación parlamentaria se produjo una imagen insólita: jueces y magistrados de toda España manifestándose togados a las puertas de los juzgados.
No fue el único desafío lanzado desde la judicatura. En otro gesto inaudito, el Consejo General del Poder Judicial emitió una durísima declaración institucional también antes de empezar a tramitarse la amnistía. En ese comunicado, el CGPJ llegaba a acusar al Gobierno directamente de provocar la “abolición del Estado de derecho” en España con el impulso a la medida de gracia. Desde el poder Legislativo que representa el Congreso de los Diputados se acabó por aprobar definitivamente una ley a la que los tribunales, por ahora, no han permitido acogerse a Carles Puigdemont. Y desde cuyo impulso nada volvió a ser igual en la relación entre poderes del estado.
Lo que le reprochan muchos socios de izquierda a Pedro Sánchez es que solo haya sido capaz de identificar comportamientos anómalos en la Justicia cuando le han afectado a él personal o políticamente. Y recuerdan casos de procedimientos insostenibles que se prolongaron en el tiempo sin base sólida para ello, como el de la financiación de Podemos o el pago de sobresueldos en ese partido, que acabaron archivados.
Ahora, en paralelo al juicio a su hermano por un presunto enchufe cuando Sánchez no era siquiera presidente, y del procesamiento a su pareja por una cátedra con la que no obtuvo ingresos opacos, según la propia UCO, caen en cascada casos de una naturaleza radicalmente diferente: la inminente sentencia a José Luis Ábalos por el supuesto cobro de comisiones ilegales, la investigación a Zapatero por un presunto tráfico de influencias con empresarios de dudosa reputación y el caso de Leire Díez. Sobre este último Sánchez dará explicaciones en el Congreso obligado por sus socios, aunque ya adelantan en su equipo que el presidente está lejos de bajar los brazos. Y avisan a la derecha: “Si quieren hablar de cloacas, vamos a hablar de cloacas”.