El caso Rato seguirá en manos de un juez interino hasta después de las generales
La identidad del juez que puede sentar a Rodrigo Rato en el banquillo seguirá siendo una incógnita hasta después de las elecciones generales del 20 de diciembre. El empecinamiento del magistrado Antonio Serrano-Arnal por desprenderse del caso ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que deberá resolver si el juez de Madrid debe seguir adelante con la instrucción o esta debe ser asumida por la Audiencia Nacional. Distintas fuentes jurídicas pronostican que el conflicto de competencia negativa planteado por Serrano-Arnal no será resuelto antes de tres meses.
Desde el Juzgado número 31 de Madrid se lanza el mensaje de que el caso no está parado, independientemente de que se desconozca quién va a dirigirlo en el futuro. Como ejemplo se ponen las citaciones realizadas por el juez Serrano-Arnal en los últimos días. Pero todos los imputados que han desfilado ante el juez en calidad de imputados en las últimas semanas lo fueron después de haber sido citados e interrogados por la Guardia Civil, que puso en conocimiento del juez su labor estrictamente policial.
Así ha ocurrido con la citación de Rodrigo Rato, prevista para el próximo martes. Fue la Unidad Central Operativa (UCO) quien tomó la iniciativa de llamarlo el pasado miércoles, a raíz del testimonio incriminatorio de Alberto Portuondo, el empresario que permanece en prisión desde agosto y que declaró ante el juez Serrano-Arnal que pagaba 40.000 euros al mes a Rato por darle consejos. Rato declaró durante cuatro horas, negó haber recibido comisiones a cambio de mediar en contratos de Bankia con empresas de publicidad y dejó un buen número de interrogantes sin resolver.
Según informaron a eldiario.es fuentes de la investigación, los cuatro imputados que también declararon ante el juez el pasado jueves, vinculados a las empresas de los pagos a Rato, habían sido interrogados por la UCO en secreto el pasado mes de agosto. De este modo, el juez va consolidando los pasos que da la Guardia Civil, días o semanas después de que esta adopte la iniciativa.
Fuentes próximas al caso consideran que Rato habría sido detenido la semana pasada, por segunda vez en cinco meses, si el juez hubiera enviado otras señales de determinación durante la instrucción. Finalmente, los investigadores arrestaron a la secretaria de Rato, Teresa Arellano Carpintero, y al empresario Miguel Ángel Montero, que habría actuado como testaferro. Contra ambos existen menos indicios que contra el supuesto cabecilla de la trama de blanqueo, fraude y corrupción entre particulares, Rodrigo Rato Figaredo, confirman fuentes del caso.
El conflicto de competencia negativa planteado por Serrano-Arnal recaerá, por reparto, en una sección de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Hasta que los jueces del Alto Tribunal resuelvan, el instructor sigue siendo el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.
La Guardia Civil entró en el caso Rato a petición de la Fiscalía Anticorrupción, después de la polémica actuación del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda, durante el arresto del exvicepresidente de Gobierno. En principio, su Unidad Central Operativa (UCO) solo debía ocuparse del blanqueo de capitales, pero con el paso de las semanas, y la información de la ONIF en su poder, ha tomado la bandera del caso.
Aun así, la UCO aguarda que resuelva la incógnita sobre el juez al que deberá rendir cuentas y que deberá respaldar su actuación en el futuro para impulsar la investigación en el extranjero y empezar a remitir las comisiones rogatorias internacionales que logren profundizar en el posible delito de blanqueo, precisaron otras fuentes del caso. Mientras, y con los datos incluidos en el segundo informe de la ONIF sobre las actividades de Rato, la UCO ha ampliado su investigación hasta conseguir indicios que han permitido imputar a Rato y los otros ocho imputados por un delito de corrupción entre particulares, que se suma a los de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Récord de investigadores
El caso Rato va camino de batir un récord de actores implicados en su investigación. Su origen está en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que detectó incompatibilidades entre la declaración de Rato en la amnistía fiscal de 2012 y en la declaración del ejercicio siguiente. En ese momento, el exvicepresidente pasó a ser sospechoso de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
El 21 de enero de 2015, cuatro funcionarios de la ONIF se reunieron con el fiscal del caso Bankia, Alejandro Luzón, para exponerle los indicios contra Rato. “El fiscal manifestó que los hechos no tenían cabida en el caso Bankia y que él no tenía base para investigar el patrimonio de Rato, ya que la fianza que le impusieron había sido cubierta, por lo que no tenía sentido plantearse un posible delito de alzamiento de bienes”, escribieron posteriormente los funcionarios en un escrito que publicó El País.
En ese momento, Rato había satisfecho la fianza de 3 millones impuesta por el juez Fernando Andreu dentro de la pieza separada de las tarjetas 'black', con un aval del Banco de Sabadell. Aún restaban dos meses para que otra de 800 millones fuera impuesta a los seis imputados del caso Bankia, cantidad que luego fue rebajada a poco más de 34 millones. Siempre según la versión de Hacienda, las informaciones periodísticas acerca de la investigación a Rato precipitaron su decisión de dirigirse a la Fiscalía de Madrid.
Con los datos de Hacienda, el Ministerio Público fue al juzgado de guardia y se desató la operación contra el exvicepresidente del Gobierno, incluido su arresto y la fotografía de un funcionario de Vigilancia Aduanera poniendo su mano en la cabeza de Rato al introducirlo en el coche. Entonces Anticorrupción reaccionó y tuvo que mediar la Fiscalía General del Estado, que entregó el caso a Anticorrupción por su “especial trascendencia social, mediática y jurídica”. Esta, a su vez, solicitó la incorporación de la Guardia Civil a las investigaciones.
A los pocos días de que el caso Rato cayera por reparto en el Juzgado de Serrano-Arnal, este se inhibió en favor de la Audiencia Nacional por la posible conexión con el caso Bankia. Anticorrupción, como ya había hecho frente a Hacienda, se opuso. Se produjo entonces la primera intervención de Fernando Andreu, que rechazó la competencia por no estar acreditado el enajenamiento de bienes para no pagar la fianza.
El juez Serrano-Arnal no citó a Rato hasta el mes de julio. El exvicepresidente se negó a declarar hasta conocer toda la documentación incorporada al caso y el magistrado lo dejó en libertad sin imponerle medidas cautelares. Por otra parte, accedió a establecer una fianza de 18 millones de euros al exdirector del FMI para desbloquear sus cuentas. El impago de esa fianza ha provocado que el juzgado empiece recientemente a embargar a Rato, incluida su pensión del FMI.
Pero el juez tuvo una segunda oportunidad en verano para desprenderse del caso. Anticorrupción cambió de parecer sobre la competencia cuando conoció un segundo informe de la ONIF que apuntaba al blanqueo de capitales en el extranjero. Serrano-Arnal se inhibió por segunda vez y el decanato de la Audiencia Nacional envió a reparto el caso que, por casualidad, recayó de nuevo en Andreu. Este dictó un auto la pasada semana en el que asegura que el blanqueo de capitales se produjo principalmente en España, por lo que la competencia debía seguir en el juzgado de Madrid. A Serrano-Arnal no le han convencido esos argumentos e insiste en que el caso debe ir a la Audiencia Nacional.
