El Salvador se resiste a reconocer el desplazamiento forzado por violencia

El Gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, se “resiste” a reconocer el desplazamiento forzado generado por la violencia que afecta, principalmente, a las poblaciones vulnerables, señalaron este miércoles un grupo de activistas.

La Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y otros sectores han exigido al Gobierno, desde la administración de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), que reconozca oficialmente el fenómeno, generado principalmente por las pandillas.

Bianka Rodríguez, directora de la Asociación Comunicando y Capacitando Trans (COMCAVIS-TRANS), dijo a periodistas que “la resistencia para reconocer el desplazamiento forzado aún persiste y el Ejecutivo de Bukele se suma a ella”.

Rodríguez indicó que “lo grave de no reconocer este fenómeno es la falta de atención para las víctimas, lo que lleva a preocupantes violaciones a derechos humanos”.

“Persiste las escasez de capacidades para implementar políticas de atención y protección a población desplazada a causa de la violencia por la falta de protocolos de atención estandarizados que permitan promover la protección y asistencia a las víctimas”, apuntó.

La activista también expresó su preocupación por la “poca apertura” a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil por parte del Ejecutivo de Bukele para buscar soluciones a este fenómeno a 100 días del nuevo Gobierno.

“La poco apertura para los espacios de coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos con Bukele y con las instituciones públicas del Gobierno es preocupante”, manifestó.

Por lo anterior, la referida mesa instó al mandatario salvadoreño a “abrir espacios para la participación de diversos sectores que atienden casos de desplazamiento forzado para crear mecanismos de protección a las víctimas y de abordaje integral a la situación”.

Dicha organización presentó recientemente un informe que da cuenta del acompañamiento de al menos 483 casos de desplazamiento forzado con más de 1.000 víctimas, con el que buscan “caracterizar a poblaciones particularmente vulnerables”, como mujeres, niños y comunidad LGTBI.

La violencia criminal que vive El Salvador obligó a más de 235.700 personas a desplazarse forzosamente durante el 2018, según una encuesta nacional la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) que fue apoyada por la organización de derechos humanos centroamericana Cristosal.

El estudio señala que el 5,2 % de la población adulta del país tuvo que “cambiar su lugar de vivienda” para protegerse “de una amenaza o hecho de violencia”.

Este porcentaje es similar al registrado durante 2017 por un estudio similar de la UCA y superior al 4,9 % computado en 2016.

El único órgano de Estado que reconoce formalmente el fenómeno es la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dado que la Sala de lo Constitucional amparó en julio de 2018 a una familia desplazada y ordenó al Congreso emitir una ley para su atención.

Los jueces declararon en el fallo que el Gobierno, la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial incumplieron sus atribuciones “por la falta de reconocimiento del fenómeno del desplazamiento forzado y de las dimensiones de la violencia que afecta a los territorios controlados por las pandillas”.