No hay espacio para el diálogo pero tampoco para saludos institucionales. Hace tiempo que la política española ha perdido la costumbre de guardar las formas. En el Parlamento, en las tribunas públicas y hasta en los actos institucionales. En este 47 cumpleaños de la Constitución, a diferencia de en anteriores, ya ni siquiera se habla de la necesaria reforma de la Carta Magna, sino de quién es responsable de dinamitarla. Y eso que el texto sigue intacto, aunque buena falta le harían unos cuantos retoques. Cualquier modificación de calado se antoja imposible ante la falta de entendimiento entre los dos partidos necesarios para ello.
Si Sánchez y Feijóo ni siquiera se saludan en los actos protocolarios, como pasó este sábado en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso, nadie los imagina sentados alrededor de una mesa de despacho revisando la arquitectura institucional del país. Pedir al presidente del Gobierno que interlocute con alguien que anhela meterle en la cárcel, le acusa de transitar por derroteros antidemocráticos y le considera integrante de una “mafia” que quiere acabar con España es pedir peras al olmo.
En los planes de Feijóo tampoco está un apretón de manos con su adversario, sino inaugurar “una etapa reconstituye” para acabar con una “época decadente”. Y en los de Sánchez, hacer todo lo que esté en su mano para defender el actual artículo 43 de la Carta Magna para “hacer realidad una sanidad pública, gratuita, universal y equitativa” que es con la que los gobiernos del PP quieren acabar para “favorecer a sus empresas afines” con el objetivo de “llenar su cuenta de resultados”.
El aspirante a ocupar La Moncloa tendrá que esperar porque el actual inquilino no está por la labor de salir de ella mientras la Constitución, que es el marco que establece los periodos legislativos, se lo permita. Tenga o no presupuestos para 2026 y haya o no reconciliación con Junts, algo que en el Gobierno, pese a los desplantes de los de Puigdemont, tampoco descartan aunque hoy estén cegados todos los cauces de diálogo. Feijóo tendrá que conformarse con hacer de Extremadura —primera parada del nuevo ciclo electoral— un laboratorio de las generales que el presidente no tiene, a priori, intención de convocar hasta 2027. Y las encuestas lo que dicen es que para que el PP, que en ningún caso obtendría la mayoría absoluta, pueda volver a gobernar la Junta necesitará otra vez a Vox, una ultraderecha más fuerte que en 2023. Con más diputados. Con más proyección nacional. Y con más ganas de elevar el precio de sus votos.
Feijóo está inexorablemente atado a Vox. Y no sólo en Extremadura, también en la Comunidad Valenciana, donde ha sido imprescindible para que el sucesor de Carlos Mazón fuera investido presidente de la Generalitat. Y lo mismo en Aragón, donde su presidente, Jorge Azcón, se ha dado una semana de plazo para alcanzar un acuerdo sobre el proyecto de presupuestos con los ultras y, en caso contrario, disolverá las Cortes y convocará elecciones que, probablemente, se celebrarán en febrero. Luego, vendrán en marzo las de Castilla y León y, en junio, Andalucía.
A Pedro Sánchez le parece que esta dinámica de anticipar elecciones, como ha hecho Guardiola en Extremadura y Azcón hará probablemente en Aragón, solo “añade inestabilidad”, según confesó este sábado en conversación informal con los periodistas durante el aniversario de la Constitución en el que se conocieron las intenciones del presidente aragonés. Inestabilidad y, en su caso, cambios obligados en el Gobierno, ya que la candidata socialista en aquella comunidad es la ministra de Educación, Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien, como algunos otros nombramientos que hizo el presidente para el Consejo de Ministros, respondió a la lógica de situar en rampa de salida a futuros líderes autonómicos.
La decisión insólita de contar con hasta cinco ministros —María Jesús Montero, Óscar López, Ángel Víctor Torres, Diana Morant y Pilar Alegría— que compaginan la actividad del Gobierno con la de aspirantes a presidir ejecutivos regionales obligará a Sánchez a ir haciendo cambios en su gabinete a medida que se acerquen las elecciones en sus respectivos territorios. La primera en salir del Consejo de Ministros será Alegría, que lo hará en cuanto Azcón convoque los comicios. La todavía ministra portavoz arrancará la campaña llevando tras de sí la carga de la fotografía de su almuerzo con Salazar, que publicó Artículo 14, y reactivó la indignación de sus víctimas, que ese mismo día comprobaron que sus denuncias habían desaparecido del canal antiacoso.
No está en la cabeza del presidente hacer una crisis estructural del Gobierno, sino solo los cambios quirúrgicos a los que le obligue el calendario electoral. “Estoy satisfecho con mi gabinete. No pienso en cambios profundos, sino en ir paso a paso y en cambios puntuales”, repite Sánchez cada vez que se le pregunta al respecto. En 2026 tendrá también que salir del Gobierno la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, cuando Moreno Bonilla convoque las andaluzas. Y más tarde, Diana Morant para asumir el cartel electoral del PSOE en la Comunidad Valenciana; Óscar López, el de Madrid y Ángel Víctor Torres, el de Canarias, aunque estos tres últimos podrán seguir en el gabinete hasta 2027, si no hay anticipo en estas regiones.
Todo indica que a Alegría le quedan escasas semanas para estar en el Gobierno, pero el presidente aún no ha decidido quién asumirá su cartera y tampoco quien hará las funciones de portavoz, aunque las hipótesis que se manejan en el gabinete destacan que vaya a ser otro ministro o ministra que vaya a competir por alguna presidencia autonómica. Salvo que Sánchez piense en alguien que hoy no esté en el gabinete, las opciones son escasas si piensa que la sucesión debe recaer de nuevo en una mujer. La sucesión natural, apuntan otras fuentes, podría ser el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que también lo es de Presidencia y Relaciones con las Cortes, pero el nombre de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, tampoco es descartable.
El asunto no es, en todo caso, en este momento, prioritario para un Pedro Sánchez, para quien el “caso Salazar” le ha abierto una nueva vía de agua dentro y fuera del PSOE, tras la publicación por elDiario.es de la desaparición de dos denuncias por acoso sexual contra su ex asesor. El presidente, que ha asumido “en primera persona” la responsabilidad por el escándalo que ha supuesto la inacción de la dirección federal tras las denuncias de dos mujeres que trabajaron para Salazar, sabe bien que este es un asunto que va directo al corazón del electorado femenino, donde la credibilidad del PSOE ya estaba bajo mínimos desde que se conocieron los audios de Ábalos y Koldo en los que hablaban de las mujeres como si fueran ganado y dejaban entrever la contratación de servicios de prostitución.
El PSOE, según ha podido saber elDiario.es tiene previsto reforzar con apoyo jurídico especializado en feminismo a la comisión antiacoso que permitió que, durante cinco meses, quedasen en un limbo las denuncias contra Salazar. Y, aunque el presidente del Gobierno no quiso este sábado echar tierra sobre sus integrantes, cuyos nombres no han trascendido, sí admitió errores en su funcionamiento, que achacó a la falta de personal en la recién creada Oficina contra el Acoso.
Sánchez rechazó que desde Ferraz se trasladen esas denuncias anónimas a la Fiscalía porque, en su opinión, pondría a las mujeres en el disparadero, pero sí avanzó que el expediente se culminará y quiso dejar claro que todavía están dentro del plazo marcado en el protocolo interno del PSOE, que da seis meses para resolver el caso ante una denuncia. Lo que sí negó el presidente es haber tenido nunca conocimiento de las actitudes de su ex asesor y también que en la actualidad mantenga relación alguna con Salazar.
Sánchez, igual que hiciera María Jesús Montero también en conversación con los periodistas, reconoció la falta de diligencia del partido y los errores en la actuación, pero negó de plano que desde el PSOE o La Moncloa se esté protegiendo a Salazar. Uno y otro lamentaron que los críticos internos hayan aprovechado el desatino par ajustar cuentas con la dirección federal. “No hemos estado a la altura y no hemos sido diligentes, lo reconozco, pero lo que no acepto es que me digan que yo he encubierto a alguien. ¿Proteger a un tipo así? No. No me voy a quedar yo con ese mochuelo”, añadió la también líder de los socialistas andaluces.