El Supremo rechaza la petición de Vox de impedir votar el 29N también a los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Vox y Iustitia Europa de ampliar la suspensión del voto de miles de nacionalizados por la ley de nieto también a sus hijos. Los jueces no descartan por completo que en otras circunstancias hubieran suspendido también el voto de estas 190.000 personas, que se añaden a los 163.000 con el voto ya suspendido, pero explican que no sería factible cumplir con esa cautelar: “Nos encontramos a tres semanas de la celebración de las elecciones generales. La Sala tiene serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva de las medidas cautelares solicitadas que ahora pudieran adoptarse”.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo decidió hace ahora mes y medio estimar una petición de Vox y Iustitia Europa y suspendió de forma cautelar el derecho a voto de más de 163.000 personas nacionalizadas por la conocida como 'ley de nietos', al entender que solo podrían votar el próximo 29 de noviembre los que efectivamente hayan acreditado ante las autoridades que descienden de una persona exiliada durante la Guerra Civil o el régimen franquista. A fecha 28 de octubre, según los datos que maneja el Supremo a través de la Abogacía del Estado, solo 901 personas lo habían podido hacer.
El siguiente movimiento de estos dos partidos políticos fue ampliar la petición de suspensión cautelar a los descendientes de estos nacionalizados, que según el Supremo afecta a todavía más gente: 189.678 personas. Los jueces argumentan que sería factible suspender también su voto, ya que si se cuestiona el derecho de los padres “en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos”, pero argumentan razones prácticas para no hacerlo: las elecciones son apenas en 20 días.
“Iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente, entendemos que resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral”, justifica el Supremo. Uno de los jueces, Antonio Jesús Fonseca Herrero, sí apostaba por suspender también el voto de estas casi 190.000 personas: “La ampliación de las medidas cautelares debió ser aceptada y que las nuevas medidas pueden y deben hacerse efectivas en tiempo y forma”.