Una acusación pide la suspensión de actividades del PP seis meses por los ‘ordenadores de Bárcenas’
La organización Observatori Desc, que ejerce la acción popular en el caso de los ordenadores de Bárcenas, pide en su escrito de acusación que el Partido Popular sea condenado al triple del perjuicio causado por un delito de daños informáticos, la suspensión de actividades durante seis meses y la prohibición de recibir donaciones privadas por espacio de cinco años.
El artículo 33 del Código Penal habla de las “penas aplicables a las personas jurídicas”, entre ellas la multa por cuotas o proporcional y la “suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder los cinco años”. La acusación de Izquierda Unida solicita una multa de más de 10 millones de euros por dos delitos de daños informáticos.
Asimismo, Observatori Desc pide que la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, sea condenada a dos años de cárcel por un delito de daños informáticos en concurso ideal con otro de encubrimiento y la inhabilitación para la ocupación o profesión de gerencia de partidos políticos por espacio de 6 años.
En la causa también aparece imputado el director de los servicios jurídicos del PP, Alberto Durán, por los mismos delitos que Navarro. Para él, Observatori Desc solicita una pena de un año y once meses de cárcel, así como la inhabilitación para ejercer la abogacía que se prolongaría durante 6 años.
En el caso de José Manuel Moreno, jefe de informática en el partido, la citada acusación popular solicita un año y 10 meses de cárcel más seis años de inhabilitación que le impida ejercer “como responsable o encargado de servicios relacionados con la informática”.
La asociación Observatori Desc, que igualmente ejerce la acción popular en el caso denominado los ‘papeles de Bárcenas’, también solicita la declaración de varios testigos en el juicio, entre ellos la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
La número dos del PP declaró como testigo en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la financiación irregular del partido. Fue precisamente en el marco de esa causa que se conoció la destrucción de los ordenadores utilizados por Bárcenas y en los que, según el extesorero, había documentación de la caja b de la formación.
Observatori Desc pide que durante la vista oral se proyecten las declaraciones en fase de instrucción de varios testigos, entre ellos Luis Bárcenas. El extesorero ordenó sorpresivamente a su defensa la semana pasada que abandonara la acusación particular que ejercía alegando motivos económicos. Las acusaciones sospechan que el movimiento es fruto de algún pacto.
Durante la fase de instrucción, Bárcenas declaró que los discos duros contenían información relevante de la caja b y relató cómo se le impidió recogerlos de la sede del PP una vez fue despedido. La jueza dio credibilidad al testimonio del tesorero en su auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento en los delitos castigados con menos de nueve años de cárcel.
El Partido Popular ha recusado a la jueza del caso, Rosa María Freire, porque considera que es próxima al PSOE. Para llegar a esta conclusión afirma que un vocal del CGPJ, Álvaro Cuesta, antiguo dirigente socialista, defendió en una reunión de la comisión permanente del Poder Judicial que ella acumulaba más méritos. El segundo argumento es que acudió a la comisión de Justicia del Congreso para hablar de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que durante su comparecencia se opuso a una medida contra la que se pronunciaron la totalidad de las asociaciones de jueces. La Audiencia Provincial decidirá sobre la recusación.
