El ideario político aprobado por el XXI Congreso Nacional del PP incluye en su redacción final que se garantizará “que las Administraciones de los territorios con cooficialidad se dirijan a los ciudadanos en la lengua oficial o en la cooficial, a elección del ciudadano”. Es decir que, tal y como establecen las leyes actualmente en Catalunya, Galicia o Euskadi, los funcionarios deberán conocer todos los idiomas oficiales allá donde haya más de uno. De hecho, el Estatut de Catalunya establece una redacción muy parecida en su artículo 6.
Esta frase no estaba incluida en el borrador de la ponencia política, por lo que ha sido fruto de las negociaciones que se han producido, a puerta cerrada, a partir de las enmiendas planteadas por los compromisarios. El PP ha retirado el concepto de “bilingüismo cordial” abanderado históricamente por Alberto Núñez Feijóo para introducir “el derecho constitucional de recibir enseñanza en español en todas las etapas del sistema educativo y en toda la nación, desde el respeto a las lenguas cooficiales de cada una de las comunidades y en cumplimiento de las sentencias judiciales”.
El PP sí mantiene la idea de prohibir el uso de lenguas cooficiales en el Congreso, tal y como se ha establecido en esta legislatura, y añade a este veto “los órganos de máximo nivel político de cooperación entre el Gobierno nacional y las Comunidades Autónomas. Es decir, las conferencias de presidentes. En la última, Ayuso se llevó todo el protagonismo al levantarse e irse de la reunión cuando Imanol Pradales habló en euskera. No entró hasta que Salvador Illa terminó su alocución en catalán.
Por Aitor Riveiro