Urdangarin retoma los contactos con su exsocio para buscar un pacto con la Fiscalía

El duque consorte de Palma, Iñaki Urdangarin, y Diego Torres, el que fuera su socio en el Instituto Nóos, el principal instrumento utilizado por ambos para saquear cerca de nueve millones de euros a administraciones autonómicas en manos del PP, han decidido superar sus diferencias para concertar un cambio de estrategia procesal, según han confirmado a eldiario.es diversas fuentes judiciales y jurídicas de Barcelona.

De momento, el abogado de Urdangarín, Mario Pascual Vives, y el de Torres, Manuel González Peeters, han contactado con algunos prestigiosos penalistas de Barcelona, especialmente conocidos por haber alcanzado pactos recientes con la Fiscalía Anticorrupción por cantidades muy superiores a las que se imputan de momento al duque de Palma y a su ex socio. El objetivo es devolver buena parte del dinero evadido al Fisco a cambio de penas menores que no conlleven ingreso en prisión.

En teoría, Nóos era una supuesta fundación sin ánimo de lucro que logró contratos multimillonarios de las Administraciones del PP de Jaume Matas en Baleares y de Francisco Camps en Valencia, y de cuyas arcas han desaparecido cerca de nueve millones de euros que han acabado en cuentas españolas y, especialmente, en paraísos fiscales como Luxemburgo o Andorra.

En este último principado, el juez Castro ha localizado una cuenta propiedad de Urdangarin y de su esposa que recibió 400.000 euros de las cuentas de Nóos. El carácter nominal de entidad sin ánimo de lucro de Nóos es precisamente el único delito que tendría que perdonar la Fiscalía, porque parece evidente que los socios de la fundación sí pretendían beneficiarse de sus actividades.

Como el caso Nóos se ha segregado del caso Palma Arena por malversación contra el ex presidente balear Jaume Matas, los únicos imputados son Urdangarin, Torres y su equipo. Ningún político debe responder de la causa, de manera que no se les puede imputar ni un delito de malversación, exclusivo de funcionarios y cargos electos, ni de apropiación indebida, porque ambos eran socios al 50% y se beneficiaron en igual medida de los fondos de Nóos.

El juez Castro estima que Urdangarin, Torres y sus respectivas esposas, así como los miembros de su entorno, pudieron desviar a sus cuentas más de tres millones de euros. En el caso del matrimonio Urdangarin, la sociedad en cuestión es Aizóon, que comparten ambos cónyuges al 50%. Por esa razón cabe la posibilidad que la infanta sea declarada responsable civil en el procedimiento, aunque nunca ha sido imputada, a diferencia de la esposa de Diego Torres, Ana María Tejero.

Esa diferencia de trato, semanas después del mensaje de fin de año del rey en el que reivindicaba la igualdad de los ciudadanos ante la ley, fue el principal motivo de la ruptura entre Urdangarin y Torres.

El cambio de estrategia procesal de Urdangarin ha dado un vuelco a la situación. De entrada, diversos juristas consultados insisten en que el único indicio delictivo es el de fraude a la Administración. Están ya prescritos los delitos fiscales supuestamente cometidos antes de 2006, cuando Urdangarin abandonó Nóos para viajar a Estados Unidos como directivo de Telefónica. Los demás son anteriores a 2010 y, por lo tanto, susceptibles de ser regularizados al amparo de la amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro.

El hecho de que Urdangarín no fuera imputado en la causa hasta marzo de 2012 ha levantado no pocas suspicacias. En aquel momento existía la convicción de que las actividades del duque de Palma en Nóos habían cesado en 2006, de manera que cualquier delito fiscal cometido antyes de su marcha a Estados Unidos ya habían prescrito.

El hecho de que Urdangarin recurriera a los servicios del abogado Mario Pascual Vives, quien dijo que su relación procedía exclusivamente de que eran compañeros de tenis, parecía significar que el duque de Palma no contaba con el apoyo de la Corona ni siquiera a la hora de elegir abogado. Nadie reparó en que Pascual pertenece a un bufete estrechamente vinculado a La Caixa, al Barça y al grupo de amigos de Josep Piqué, ex ministro de Aznar, presidente de Vueling y hombre con un profundo ascendente sobre Mariano Rajoy.

Diego Torres, imputado como Urdangarin por el juez Castro de Palma, ha contribuido a que cada vez se cuestione más la actitud del monarca. Las negociaciones entre ambos responsables del Instituto Nóos han derivado en lo que la defensa de Urdangarin ha llegado a calificar de chantaje: la exigencia de cantidades de dinero que han ido disminuyendo por González Peeters, a cambio de no hacer públicos 200 correos electrónicos que acreditarían la implicación en las conductas supuestamente delictivas de la infanta Cristina y del propio monarca.

Desde entonces, las presiones sobre el defensor de Torres no han cesado. El abogado asegura en privado que está siendo vigilado por el CNI. Su comportamiento paranoico parece certificar que González Peeters está convencido de lo que dice. De entrada, suele acudir a las reuniones sin móvil y exige a su interlocutor que quite la batería del suyo.

El abogado temía que su cliente acabe cargando con toda la responsabilidad y por eso se puso en contacto con la Fiscalía para intentar alcanzar un acuerdo de conformidad. Un acuerdo que, en todo caso, exigía que Urdangarin también lo suscribiera. Ante las reticencias de Mario Pascual y del propio Urdangarin, la defensa de Torres puso en marcha la estrategia de presiones sobre Urdangarin. Ahora las cosas han cambiado. Urdangarin ha sido despedido de Telefónica apenas unos meses después de renovar su contrato. Ni siquiera Isidro Fainé, presidente de La Caixa y vicepresidente de la compañía de telecomunicaciones presida por César Alierta, ha podido defenderle.

Burguesía catalana

El aspecto de sabio despistado de Pascual Vives es muy engañoso. Detrás del letrado está el bufete Brugueras, García-Bragado, Molinero & Asociados, escasamente mediático, pero muy influyente en Barcelona. Entre los socios que dan nombre a ese despacho está Juan Ignacio Brugueras, presidente de la Caixa dels Advocats de Barcelona, ahora absorbida por la antigua Multicaja, transformada en Bantierra, donde es vicepresidente segundo. Fue vicepresidente del FC Barcelona en la época de Maradona, tesorero en la última Junta de Joan Gaspart y se quedó a las puertas de ser 'síndic del soci' con el presidente accidental Reyna. Sigue ostentando el puesto ejecutivo en la Caixa dels Advocats, que es la entidad que percibe el dinero de la Consejería de Justicia de la Generalitat para el pago del turno de oficio a los abogados.

Alejandro García-Bragado Dalmau es también abogado del Estado en excedencia y secretario y asesor de Aguas de Barcelona, Inmobiliaria Colonial. Y sobre todo: secretario del Consejo y asesor jurídico de Caixa de Ahorros y Pensiones de Barcelona, transformada ahora en Caixabank, y patrono de la Fundación La Caixa, donde trabaja la infanta Cristina. César Molinero Santamaría es profesor de derecho en la UAB y en su día redactor de La Vanguardia. Además es sobrino del que fue teniente de alcalde de Barcelona con el PSC desde Pasqual Maragall a Jordi Hereu, pasando por Joan Clos, Alejandro García-Bragado.

Lo cierto es que Diego Torres, además de poseer una serie de correos electrónicos que vinculan directamente no solo a la infanta Cristina si no a su mismo padre, también tiene otros correos que demostrarían la connivencia de una institución financiera en la gestión de las cuentas en el extranjero de la infanta y de Urdangarin. La vinculación de la familia real con dicha entidad de depósitos tiene una larga tradición. No es casual que el despacho elegido para la defensa de Urdangarin sea el del secretario del Consejo y asesor jurídico de Caixabank. La misión del bufete, pues, es triple: defender al duque de Palma; evitar por cualquier medio que ni la infanta Cristina pueda ser imputada o el rey quede salpicado por sus ayudas a su hija Cristina y a su yerno.

Además, en el despacho está representada la flor y nata tanto de la clase política como de la burguesía catalanas, como Federico Calabuig Alcalá del Olmo, actualmente en excedencia. En el año 2009, ocupaba el 227 en el escalafón del cuerpo de Abogados del Estado. Su hermano Juan Ignacio es magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona.

Josep Piqué se incorporó al Gobierno de José María Aznar como independiente en 1996, desde el puesto de presidente del Círculo de Economía de Barcelona, uno de los foros empresariales más influyentes de España y al que sigue vinculado. Ocupó la cartera de Industria. Fue el propio Mariano Rajoy quien le convenció de que se afiliara al PP y liderara el partido en Cataluña. Piqué aceptó y no tardó en ascender. Primero se convirtió en portavoz del Gobierno y, cuando Aznar obtuvo la mayoría absoluta en 2000, fue nombrado ministro de Exteriores.

Sigue teniendo gran ascendiente sobre Rajoy y sobre el sector más moderado del PP hasta el punto de que sonó como posible ministro de Economía tras las elecciones de noviembre, pero Rajoy tuvo que hacer una doble concesión: una a los mercados, con el nombramiento de Luis de Guindos, ex Lehman Brothers, y uno al aznarismo con la designación de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda.

La relación de Piqué con La Caixa, por cierto, siempre ha sido excelente. De hecho, se formó en su departamento de estudios. Aunque hubo algunos roces cuando intentó hacerse con la presidencia de la entidad tras salir del Gobierno, sigue manteniendo una fluida relación con los directivos del ahora banco.