El jurista Eneko Goenaga Egibar, del PNV, es el nuevo director gerente de Musikene, el centro superior de enseñanzas musicales vasco y que está adscrito al Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno autonómico, dirigido por Juan Ignacio Pérez Iglesias. El nombramiento ha sido comunicado a la plantilla en las últimas horas coincidiendo con la jubilación de Juan Mari Juaristi, también del PNV, según ha podido saber este periódico.

Goenaga era el responsable de los servicios jurídicos de Educación hasta mayo. Es un puesto al que accedió con Jokin Bildarratz como consejero y en el que le mantuvo Begoña Pedrosa en esta legislatura. Sin embargo, en el Consejo de Gobierno del 13 de ese mes se acordó su cese como alto cargo con el rango de director. No se informó a los medios de comunicación de la decisión y solamente trascendió días después cuando apareció en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el nombramiento como sustituto de Martín Gartziandia, como recogió este periódico. En su momento, fuentes del área de Educación indicaron que dejaba la Administración por razones de “conciliación”.

Se da la circunstancia de que el cese se produjo a las 24 horas de que el BOPV publicara una convocatoria para cubrir la vacante de la gerencia de Musikene. Se trataba de unas bases aprobadas unos días antes, el 6 de mayo. Éste es el proceso que se ha resuelto ahora, aunque tampoco se ha publicitado. De hecho, en el catálogo de altos cargos de la Administración vasca sigue figurando el nombre de Juaristi. Fuentes internas insisten en que ha habido varias candidaturas y que el proceso se ha completado “con todo rigor”.

Goenaga, antes de trabajar para la Administración, fue abogado penalista en el bufete de Cuatrecasas dentro del equipo de Joanes Labayen. En aquellos años le correspondió formar parte de la defensa del principal acusado en la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi, Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava. Después, tuvo una breve estancia en la constructora Amenabar. Durante sus años en Educación, el momento más polémico fue cuando Bildarratz contrató como asesor externo con un contrato directo a Labayen para resolver el conflicto con las adjudicatarias del transporte escolar cuando su bufete tenía intereses en una de ellas, Autobuses Urpa.

“Hoy es mi último día en Musikene. Me jubilo. A partir de mañana las tareas de director gerente corresponderán a mi sustituto, Eneko Goenaga”, explicaba el saliente Juaristi por carta a su equipo, según fuentes de Musikene. En su escrito asegura que el centro es “grande” por la calidad de su “profesorado” y del resto del personal. Agrega que “siempre” ha notado el “apoyo y protección” del Gobierno vasco. Llevaba en el cargo desde 2016. Juaristi, también conocido en el PNV como 'Zeler', fue presidente del partido en Gipuzkoa en el breve interregno entre 2000 y 2004 dentro de las casi cuatro décadas de control de Joseba Egibar y, en los últimos años, ha participado en movimientos críticos.

La convocatoria para cubrir la vacante indicaba que los aspirantes habían de aportar su currículum. Además de acreditar una titulación universitaria, se exigía “tener experiencia acreditada en tareas de administración y de gestión económica y/o de recursos humanos” y un PL3 de euskera (el nivel EGA, el C1 en el marco europeo). Como “mérito”, se apuntaba a que se daría “una consideración superior” a la experiencia que tuviera “relación con las áreas de conocimiento y actividades del mundo de la cultura”. Goenaga fue miembro del patronato de Musikene como alto cargo de Educación, ya que hasta la pasada legislatura el centro estaba adscrito a esta cartera.

Musikene maneja un presupuesto de 12,34 millones de euros anuales, según los datos de la ley vigente en 2025 y refrendada en diciembre por el Parlamento. Los dos altos cargos -además del gerente hay una directora general y académica, que es Miren Iñarga desde 2014- suponen un coste total de 169.353 euros anuales.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha relevado al director de Régimen Jurídico fichado por su predecesor, Jokin Bildarratz. Según publica el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), aunque no se informó de ello públicamente en el último Consejo de Gobierno, termina por motivos de conciliación familiar su etapa en el Gobierno Eneko Goenaga -a quien se le agradecen los servicios prestados- y asume esas funciones Martín Gartziandia, que fue Síndico (defensor del vecino, un puesto similar al del Ararteko) en Vitoria, así como secretario municipal en una etapa más reciente.

Bildarratz fichó a Goenaga en 2022. Este jurista, sobrino del histórico dirigente del PNV guipuzcoano Joseba Egibar, aunque había estado en la constructora Amenabar, procedía del bufete Cuatrecasas. Allí, de la mano de Gonzalo Susaeta, formó parte del equipo de abogados de Alfredo de Miguel en el juicio por corrupción que se desarrolló en 2018 y que acabó con este exdirigente del PNV alavés encarcelado.

En su etapa en el Gobierno, el momento más polémico llegó con la contratación como asesor jurídico externo precisamente del director de Cuatrecasas en Euskadi, Joanes Labayen, para resolver la crisis abierta con la contrata de autobuses escolares en el curso 2023/2024. La oposición cuestionó al Gobierno no solamente por la incorporación de Labayen mediante un contrato directo -cuya responsabilidad asumió en primera persona el propio consejero- sino porque Labayen era a la vez asesor de una de las empresas adjudicatarias, Autocares Urpa.

Gartziandia, de su lado, llega como un jurista reconocido en Vitoria en sus diversas funciones, la primera más pública (atendiendo las quejas vecinales y proponiendo medidas) y la segunda más de control de legalidad interna. Colaboró con los dos últimos alcaldes, Gorka Urtaran del PNV y Maider Etxebarria, del PSE-EE. Su despedida municipal en 2024 concitó apoyos plurales y el apunte de que el “rigor” es una de sus señas de identidad.

Costó 5.400 euros (más IVA) y, en las últimas dos semanas, ha sido objeto de un gran polémica política. Es el informe para resolver la crisis en el sector del transporte escolar de los colegios públicos en el inicio del curso académico encargado por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, a Joanes Labayen, abogado y socio-director del despacho Cuatrecasas en Euskadi, muy próximo al PNV y, al tiempo, miembro del consejo de administración de una de las empresas que hacen esas rutas, Autocares URPA. La oposición, que ha planteado desde la dimisión del consejero (Ciudadanos) hasta una comisión de investigación (PP y Elkarrekin Podemos-IU), ha alertado de un conflicto de intereses que Bildarratz -arropado ya decididamente por el lehendakari, Iñigo Urkullu- y el propio asesor rechazan. Las otras empresas de transporte han llegado a afirmar que el Gobierno dio a su competencia influencia para mejorar su posición en el mercado.

Pero, ¿cómo es el documento? El trabajo consta de 21 páginas, incluida la carátula. No tiene ninguna fecha de referencia. “Donostia-San Sebastián, a de 2023”, se lee en la portada. Labayen lo firma junto a una compañera de despacho, Nerea Arana, y se identifica como “abogado del Estado”. En el índice se proponen tres partes: “Antecedentes y consulta”, “Resolución” y “Conclusión”. Ninguna de ellas aparece bien numerada y, de hecho, se promete que el último de los apartados llegará en la inexistente página 198. El informe se presenta como “información confidencial” pero recoge una cláusula en que Cuatrecasas puede autorizar su difusión. El consejero Bildarratz lo ha entregado al Parlamento esta semana.

En cuanto a su contenido como tal, en el que se escriben los nombres de Bizkaia y Gipuzkoa en castellano y hay erratas de redacción, el punto 2.7 apunta que los contratos del transporte escolar han sido objeto de hasta 27 recursos durante su tramitación. Sin embargo, se afirma que el bufete “no accedido” a esa documentación para emitir el dictamen, aunque es pública. El punto 2.25 directamente no está rellenado y aparece con texto falso. “SSSS”, es lo que consta. El 2.26 y el 2.27 están también cortados y mal formateados. El punto de conclusiones está vacío. Eso sí, en un momento anterior, el asesor le propone a Bildarratz lo siguiente: “Si ha de elegirse entre respetar la ortodoxia en la contratación administrativa y asegurar el ejercicio de un derecho fundamental, no cabe duda de que debe optarse por la segunda”.

El consejero de Educación, que ha asumido en primera persona la decisión de fichar como asesor externo a Labayen, afirmó que eligió a Cuatrecasas “por su capacidad, solvencia y acreditada experiencia”. Se buscaba una “segunda opinión jurídica” de “refuerzo” del trabajo de los letrados propios. Su asesor jurídico interno, Eneko Goenaga, por cierto, procede del equipo de Cuatrecasas. Indicó también que ese informe “sirvió de base” para una resolución que permitiera ordenar la continuidad forzosa del servicio de autobuses toda vez que apenas el 17% de las líneas habían sido asignadas tras el concurso por el plante de las compañías, fundamentalmente en Bizkaia y en Álava. Admitió que tiene “erratas de formato” y que una prueba de la voluntad de transparencia es el hecho de haber aportado el informe “en bruto”, con esos fallos. Indicó que “se emite el 30 de agosto”.

Aunque el Gobierno de Urkullu quiso por zanjado este asunto con las explicaciones de Bildarratz y la presentación del informe, la oposición no ha soltado la pieza. Para el PP, es un “ejemplo de soberbia institucional”. Carlos Iturgaiz afeó a Educación haber señalado de irregularidades a la parte de las empresas de Bizkaia y Álava que se plantaron al inicio del curso cuando el problema estaba en Gipuzkoa. Ironizó que el PNV del territorio tiene que pasar a llamarse “Gipuzko Bus Batzar” en vez de “Gipuzko Buru Batzar” y que con los nacionalistas siempre son los del partido los “primeros”, en las vacunaciones, en las oposiciones o en las adjudicaciones.

Ciudadanos manifestó que no se puede llamar “completa” a unas explicaciones con este informe “sin fecha ni conclusiones”. “Parece venir de un estudiante de primero de derecho”, abundó Vox. Elkarrekin Podemos-IU y otros grupos han afeado a Educación que entregara el informe sin margen para su lectura y análisis detallado y poder hacer otro tipo de preguntas a Bildarratz. Esta coalición ha acordado con el PP la solicitud de una comisión de investigación sobre el asunto que es previsible que sea votada a finales de octubre o primeros de noviembre. Sin embargo, es poco previsible que prospere ya que el Ejecutivo en el Parlamento tiene mayoría absoluta y el PSE-EE no ha mostrado ninguna fisura con el PNV en esta materia.

El contrato con Cuatrecasas, a pesar de haber sido ejecutado en agosto y finiquitado ya, sigue sin aparecer en los portales de transparencia del Gobierno vasco. El propio lehendakari ha manifestado que “el Gobierno Vasco no tiene ningún tipo de vinculación con la empresa Cuatrecasas”. “El Gobierno vasco ha contratado a la empresa Cuatrecasas sus servicios en materia jurídica con carácter muy puntual para responder a necesidades muy específicas”, señaló. Concretó que han sido cuatro las contrataciones con el bufete de todas las áreas del Ejecutivo y recalcó que se elige a la empresa y no a Labayen. Este letrado es el marido de la presidenta del Parlamento Vasco.

El “tengo plena confianza en ti, Jokin” que pronunció el lehendakari, Iñigo Urkullu, el pasado viernes marcó un antes y un después en la polémica política en torno a la contratación del abogado Joanes Labayen como asesor externo del Departamento de Educación, algo decidido en primera persona por el consejero Bildarratz, ante el conflicto abierto con las empresas del transporte escolar. Labayen, que es socio-director del bufete Cuatrecasas en Euskadi y muy próximo al PNV, es igualmente miembro del consejo de administración de una de las compañías adjudicatarias de las rutas escolares, Autocares URPA (11% de cuota en Gipuzkoa y 3% en el conjunto de Euskadi), y facturó a la Administración 5.400 euros más IVA por su asesoramiento. Cuando trascendió, crecieron las voces sobre un posible conflicto de intereses. Las otras empresas del sector llegaron a decir que el Gobierno, que amagó con llevarlas a la Fiscalía por irregularidades, había dado a su competencia la oportunidad de tumbarlas de un plumazo.

Bildarratz, que este miércoles ha dedicado varias horas en el Parlamento a dar explicaciones y a responder a algunas preguntas, parece despejar su futuro político tras dos semanas muy intensas. Abrumando con datos y relatos cronológicos y rodeado de casi todo su equipo -aunque no había facilitado la documentación del asunto con antelación para que sus contrarios se prepararan mejor-, ha solventado la sesión y superado el trámite. En estos días, habían llegado desde peticiones de dimisión, que ya no tendrá eco, hasta una comisión de investigación planteada por parte de la oposición (Elkarrekin Podemos-IU y PP) que es evidente que no alcanzará mayoría en el Parlamento ante la postura del PSE-EE , el socio de Gobierno, de ni siquiera hacer preguntas al PNV por este asunto. Se prevé que se pueda votar a finales de octubre o primeros de noviembre, pero salvo sorpresa política mayúscula no prosperará.

Internamente, en el PNV y en el propio Ejecutivo había quienes, desde el convencimiento de que Bildarratz y Labayen habían operado en la legalidad absoluta, consideraban que se podían haber mejorado las cosas desde el punto de vista “estético”. Entre ellos estaba el propio Andoni Ortuzar, presidente del partido. En la Cámara, el titular de Educación incluso ha descartado que haya ese tipo de problemas con bastante vehemencia. Todo es legal, todo es ético y, como mucho, puede haber una “confusión” que ahora, debidamente explicada, debería llevar a todo el mundo a entender que la decisión de fichar a Labayen fue no solamente adecuada sino oportuna para minimizar el impacto del plante de las empresas de Bizkaia y de Álava, que finalmente dejó sin servicio a unos 7.500 escolares de la red pública durante los primeros siete días lectivos.

Bildarratz ha insistido en que la situación del contrato de las rutas escolares es poco menos que caótica. Ya el curso pasado hubo que operar con una prórroga pactada de madrugada la víspera del arranque del curso escolar y los pliegos de la licitación han recibido hasta 27 recursos en los últimos meses. Según sus datos, de 138 rutas en Álava solamente en 14 había empresas dispuestas a poner autobuses. En Bizkaia era aún peor, 1 de 190. En Gipuzkoa la situación ha sido más pacífica con 65 de 139. Una vez finalizado el proceso de contratación con apenas un 31% de un servicio “esencial” garantizado fue cuando se buscó la “capacidad, solvencia y acreditada experiencia” de Labayen para armar una orden ejecutiva que garantizara las rutas desde el primer día cubriendo el “coste real” más un 6% de “beneficio”.

El titular de Educación, que hizo él mismo las gestiones, recabó “una segunda opinión jurídica”, un asesoramiento “puntual” que en nada tiene que ver con su posición en URPA. Las propuestas del abogado externo en nada afectaban a URPA porque sí había participado en el concurso y estaba dispuesta a cumplir el contrato, según Educación. Esto es, no se veía concernida por la orden ejecutiva que se iba a implementar. Bildarratz, además, se ha quejado de que han florecido muchas “mentiras” sobre el dinero que recibe esta empresa del Gobierno o sobre el papel real de Labayen en ella. De hecho, ha subrayado que URPA pidió 34 rutas y que acabó gestionando 15, de las cuales 12 porque no había otra alternativo. Y, con rotundidad, ha descartado que Labayen fuera el instigador del amago de llevar a las empresas díscolas de Bizkaia y de Álava a los tribunales.

¿En qué consistió ese movimiento? En plena negociación previa al arranque de curso y con una amenaza cierta de plante, el propio Bildarratz aseguró tener datos de que las compañías podían estar incurriendo en “prácticas colusorias”. Resumidamente, se estimó que se habían puesto de acuerdo para manipular el contrato y para buscar maximizar sus beneficios, en detrimento del interés público. Nunca cristalizó la denuncia a la Fiscalía -se llegó a admitir que el “nuevo clima” abierto tras un acuerdo transitorio para este curso lo hacía inoportuno- pero sí se llegó a abrir un expediente de Competencia. Se da la circunstancia de que existió un precedente en Gipuzkoa de cártel en el transporte en general y en las rutas escolares en particular y que URPA fue una de las empresas implicadas. Labayen fue el abogado que la defendió en los tribunales, aunque sin éxito.

Educación aún no ha publicado el contrato con Labayen en sus portales de transparencia. Pero Bildarratz ha indicado que fue una adjudicación directa (lo que se denomina técnicamente “contrato menor”). No tuvo precio de inicio, solamente unos honorarios en función de las horas. Se ha liquidado en “5.400 euros más IVA” su participación en una reunión en nombre del Gobierno como apoyo a los altos cargos políticos -enfrente su hermano era uno de los dos representantes de URPA- y un informe. Ese documento ha sido entregado a la oposición, que ha criticado que no tenga ni fecha ni apartado de conclusiones. Bildarratz ha admitido que presenta unas “erratas” de “formato” a pesar de alabar la “capacidad” de Cuatrecasas.

Ciudadanos y PP, que ahora ya intervienen por separado en el Parlamento, han coincidido en denunciar que Cuatrecasas en Euskadi es “el despacho del PNV”. El asesor jurídico interno de Bildarratz, de hecho, procede del equipo de Labayen. Es Eneko Goenaga, quien a su vez es sobrino del presidente del partido en Gipuzkoa, Joseba Egibar, como Labayen es marido de la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria. En su momento lideraron la defensa del exdirigente alavés Alfredo de Miguel, investigado y ahora condenado por corrupción. El consejero ha recordado que en Cuatrecasas también está Soraya Sáenz de Santamaría, la exvicepresidenta del Gobierno con el PP para despejar esa supuesta relación política. Ha negado, además, que hayan contratado a este bufete en más ocasiones durante la legislatura. De hecho, ha revelado que mantiene otra asesoría con Garrigues, que es el despacho que asiste a las empresas de Bizkaia y de Álava en el conflicto del transporte escolar.

En cuanto al resto de grupos de la oposición, Ikoitz Arrese de EH Bildu ha recalcado que no es un tema menor porque, objetivamente, esta crisis dejó sin servicio a un volumen relevante de estudiantes en el inicio del curso. Ha afeado también al Gobierno que en los últimos años no haya apoyado propuestas sobre transparencia y contra la corrupción. En el caso de Elkarrekin Podemos-IU, el consejero ha mantenido un encontronazo con la portavoz, Isabel González, ya que ha acusado a la coalición de izquierdas de “denostar” a la escuela pública. “Defendemos una posición ideológica con orgullo, que es la de lo público”, se ha revuelto González.

La Euskadi política, en sus tertulias y corrillos, debate en los últimos días sobre la figura de Joanes Labayen, el prestigioso socio–director del bufete Cuatrecasas en Donostia, adonde llegó como abogado del Estado. Labayen forma parte del consejo de administración de una de las compañías que realiza las rutas de transporte escolar de la red pública, Autocares URPA, que tiene una cuota del 11% en Gipuzkoa y del 3% en el conjunto de Euskadi. Al tiempo, ha sido contratado como asesor externo por parte del Gobierno vasco, en una decisión personalísima del consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que la ha asumido en primera persona. La controversia surge porque ambas partes viven un conflicto larvado durante años y que ha explotado en el arranque de este curso académico. Hay quien ve en Labayen un claro conflicto de intereses, que es juez y parte. Un ejemplo: Labayen, en 2017, demandó al Gobierno vasco en nombre de URPA después de que se probara que esta empresa había formado parte de un cártel para manipular adjudicaciones públicas y beneficiarse. En concreto, URPA participó en 14 reuniones para pergeñar irregularidades en el transporte escolar. Hay voces, también internas en el Ejecutivo, que empiezan a admitir que al margen de la legalidad más estricta se trata de un asunto poco estético que puede golpear al Gobierno de Iñigo Urkullu en el tramo final de una legislatura en la que el PNV no niega que sufra un desgaste. La oposición ya ha empezado a exprimir esta oportunidad.

1 – La contratación de Cuatrecasas

La adjudicación a Cuatrecasas fue directa, lo que técnicamente se conoce como “contrato menor”. Necesariamente, no superará los 15.000 euros sin IVA. De lo contrario, no habría podido hacerse así. De hecho, este mismo bufete fue contratado por EiTB por 14.900 euros en fechas recientes, a principios de septiembre. Es una forma de proceder legal que bordea los topes que permiten no convocar un concurso abierto donde otras empresas pueden optar a prestar el servicio. Todavía hoy no está publicada la información sobre este expediente en el portal de transparencia del Gobierno vasco, aunque fue decidida en agosto. Bildarratz, en el Parlamento y en una entrevista en Radio Euskadi, ha explicado sin tapujos que lo gestionó él, en primera persona. Ha mencionado el “prestigio” de Cuatrecasas para ello. Eso sí, también son muchos los lazos de esa oficina con el PNV. Labayen es el marido de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. El responsable jurídico interno de Bildarratz, Eneko Goenaga, procede de Cuatrecasas, del equipo de Labayen, y es sobrino del presidente del partido en Gipuzkoa, Joseba Egibar. Este despacho fue el que lideró –sin éxito– la defensa de Alfredo de Miguel en el juicio por corrupción. Uno de los letrados de su equipo jurídico era precisamente Goenaga. Este periódico ha tratado de contactar -sin éxito- con representantes del bufete en Euskadi.

2 – Labayen en Urpa, ¿cuál es su papel real?

¿Es Labayen dueño o accionista de URPA? No. ¿Forma parte del consejo de administración? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que el grupo Transitia, del que era asesor jurídico, compró esta compañía de transporte guipuzcoana. Tiene en una las mismas funciones que en la otra. ¿Y cuál es su función? Es secretario del consejo. ¿Recibe URPA contratos del Gobierno vasco? Sí. Gestiona un 11% de las rutas de Gipuzkoa y un 3% del total. ¿Lo ha dejado Labayen tras ser contratado como asesor del Gobierno para resolver el litigio del transporte escolar? No. ¿Es eso un conflicto de intereses? Las partes implicadas señalan que no hay problema, aunque el 22 de agosto hubo una reunión en la que Labayen estaba sentado en el lado de la mesa del Ejecutivo y que, en el otro, había dos representantes de su empresa, de URPA. ¿Conocía estas circunstancias Educación? Bildarratz ha dicho que sí, que lo habló con Labayen, y que concluyeron que no había problema.

3 – El precedente: Labayen contra Educación

La doble función de Labayen en el sector del transporte escolar acarrea llamativos precedentes. El 10 de abril de 2019 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) desestimó casi en su totalidad un recurso en el que consta como “demandante” el letrado “don Joanes Labayen Andonagegui” en nombre de Autocares URPA y como “demadado” el Gobierno vasco. En concreto, Labayen pleiteó contra quien ahora asesora como consecuencia de una resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia, que es un órgano administrativo autonómico, en la que se probó que esta empresa –y varias otras– habían conformado un cártel para repartirse los contratos de transporte en Gipuzkoa, incluidos los lotes de los colegios de la escuela pública. Aunque había pruebas de que dentro de la asociación Avitrans se habían pactado precios y se habían adoptado otras decisiones para manipular contratos públicos, Labayen sostenía que “el hecho de que [Autocares URPA] haya resultado adjudicataria de diversos itinerarios de transporte escolar público en las comarcas de Buruntzaldea y Tolosaldea no acredita su participación en un acuerdo de reparto de mercado”. La empresa, según su abogado, “no obtuvo ningún beneficio [ilícito] ni aspiró a obtenerlo”.

Confluyen en este punto dos elementos. El primero es que el Gobierno vasco y sus asesores jurídicos, precisamente, adujeron que muchos de los problemas en los contratos de transporte escolar del inicio de este curso podrían estar motivados por un nuevo cártel. En aquella ocasión, los hechos probados se dieron en Gipuzkoa, donde se produjeron irregularidades durante décadas. El segundo es que, en aquel pleito, los letrados que entonces defendían los intereses del Ejecutivo tuvieron que recordar que las irregularidades fueron “continuadas” y que todas las empresas, también la de Labayen, fueron conocedoras de ellas y se beneficiaron. En concreto, URPA estuvo en 31 reuniones de fijación de tarifas infladas, en 22 de reparto de mercado y en 14 de manipulación de la adjudicación de rutas de transporte escolar. El Superior constató las irregularidades aunque admitió que la multa que tenía que pagar la empresa, de unos 9.000, no estaba bien motivada.

El socio-director de Cuatrecasas en Euskadi, Joanes Labayen, informó directamente al responsable de Educación, Jokin Bildarratz, de que tenía interés y participación en la empresa de autobuses Autocares URPA cuando el consejero, en primera persona, le llamó para contratarle como asesor jurídico externo para resolver el conflicto entre la Administración y las compañías adjudicatarias de las rutas de transporte escolar de la red pública. URPA es precisamente una de las mercantiles que ofrece el servicio, en concreto 15 rutas en Gipuzkoa. Labayen, de estar a un lado de la mesa, saltó al otro en cuestión de semanas y, además, en un momento particularmente complejo.

En una entrevista en Radio Euskadi, Bildarratz ha revelado que procedió a la contratación directa y personal de Labayen, que además es marido de la presidenta del Parlamento Vasco, su compañera en el PNV Bakartxo Tejeria, y excolega de bufete de su asesor jurídico interno, Eneko Goenaga, porque, acto seguido, él mismo le dijo que esa circunstancia mercantil no le suponía ningún conflicto de intereses. “Me lo transmite el propio responsable cuando yo me pongo en contacto. 'Que sepa, consejero, que estoy aquí [en URPA], pero que no tengo ninguna incompatibilidad'. Y nosotros no vemos ningún tipo de incompatibilidad”. No ha mencionado que se hiciera ningún otro contraste interno previo.

¿Cuál es la secuencia de hechos? Euskadi saca a licitación -para resolver en agosto- las 467 rutas de la escuela pública, que aglutina al 50% de los estudiantes. Muchas de ellas quedan desiertas y la Administración ofrece a las adjudicatarias del año anterior una prórroga “en las mismas condiciones”. Finalmente, ante los huecos aún existentes, explora una orden ejecutiva para contratarlas a la fuerza pagando el coste real más un plus del 6% en concepto de “beneficio industrial” previsto en la legislación. Es en este proceso donde entra Cuatrecasas. En medio, el curso arranca con un plante de siete días de las prestatarias de las rutas alavesas y vizcaínas, lo que obligará a costear ahora unas compensaciones por desplazamientos en coche, en transporte público o caminando. En Gipuzkoa, aparentemente, todo transcurrió con normalidad.

Ha dicho Bildarratz de Cuatrecasas que es “una empresa referente” en el país y que, en todo caso, se llegó a ella después de que URPA recibiera las rutas que le correspondían. “Y que me digan en qué se ha visto beneficiada esta empresa. [Tiene] El 3,2% de las rutas. Concursó a 30 y se llevó 15 [...]. Además, de las 15 [que ejecutará] en 12 es la única que se ha presentado. Toda esta situación me está sorprendiendo un poco”, ha indicado el titular de Educación, que ya ha solicitado comparecer en el Parlamento Vasco para detallar todos estos puntos que, para la oposición, son un “escándalo”.

Los colegios públicos de Álava y de Bizkaia estuvieron los siete primeros días lectivos sin autobuses y ha habido que articular unas ayudas extraordinarias para compensar los viajes en coche, en transporte público o caminando. El conflicto entre el Departamento de Educación y las empresas privadas que gestionan las rutas se venía larvando desde julio pero estalló en puertas del arranque del curso cuando el consejero, Jokin Bildarratz, amagó con denunciar ante la Fiscalía que las contratistas habían conformado un cártel para manipular las adjudicaciones como antes había pasado con el servicio de catering de los comedores escolares. Sin embargo, aquella querella nunca se formalizó y la pelota ha vuelto ahora al tejado del Gobierno.

Educación ha contratado a un bufete externo para asesorarse en este contencioso con las empresas de autobuses. La licitación no aparece en el perfil del contratante. Se trata del bufete Cuatrecasas, el despacho del que procede el director de los servicios jurídicos del Departamento, que es un alto cargo, Eneko Goenaga. Técnicamente, este letrado pasó dos años en una tercera compañía (Amenabar) antes de dar el salto a la Administración, lo que evitaría un conflicto de intereses a la luz del régimen de incompatibilidades, pero la Comisión de Ética ya apercibió a otro alto cargo, el socialista Iván Pedreira, por no haber informado de su pasado en una empresa contratada por su Departamento incluso pasado ese tiempo.

'El Correo' ha publicado, además, que el letrado aportado por Cuatrecasas es Joanes Labayen. Abogado del Estado de gran prestigio, es el socio-director del bufete en Euskadi. Pero, además, es consejero en decenas de empresas. Una de ellas es Autobuses URPA, una de las adjudicatarias del servicio de transporte escolar. En concreto, se llevó 15 de las 65 rutas de Gipuzkoa, valoradas en unos 4 millones de euros. Gipuzkoa era el territorio donde la crisis parecía menos enconada. En algunos de los lotes se presentó contra Autobuses Aldalur, con quien mantiene algunos lazos societarios. Es algo que sucedía en el cártel de comedores, donde 'competían' entre sí varias marcas del mismo grupo empresarial o relacionadas. Fuentes de Educación recalcan que no hay causa-efecto e indican que Labayen fue contratado como asesor externo después de que se cerrara el concurso y destierran de plano la imagen de que un asesor haya podido teledirigir contratos a su empresa.

Labayen es el marido de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. Y Goenaga, su excompañero, es sobrino del portavoz del PNV en la Cámara y presidente en Gipuzkoa, Joseba Egibar. Cuatrecasas, con Goenaga en el equipo, fue el bufete que defendió hasta fechas muy recientes a Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava condenado a doce años de cárcel por corrupción y que ya cumple la pena en Zaballa desde julio.

La oposición ha aprovechado la sesión de control al Gobierno en el Parlamento Vasco para denunciar el “escándalo”. “Se tachó a las empresas por conformar un cártel. Esto es un escándalo mayúsculo. Cuando se privatizan los servicios que cubren derechos, los derechos no están garantizados. Lo único que queda garantizado es el sistema de redes clientelares”, ha señalado Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU. “Tremendo escándalo. Compromiso con la transparencia 'a posteriori'. Cuando se les pilla, como siempre”, ha añadido Carlos Iturgaiz del PP. Y es que el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, ha apelado precisamente a ello, a la “transparencia”. “Que se aclare con la máxima celeridad”, ha apuntado igualmente. Igualmente, EH Bildu ha considerado “muy grave” lo ocurrido si se confirman todos los extremos y ha recordado que los problemas también se han dado en otros ámbitos como los comedores, en palabras de Ikoitz Arrese.

“Yo mismo elegí a Cuatrecasas”

Por otro lado, el consejero Bildarratz -también en el Parlamento y de nuevo a preguntas de la oposición- ha admitido que fue una decisión personal la de fichar por su “prestigio” a Cuatrecasas. “Yo mismo solicito a Cuatrecasas un contraste jurídico. Su participación no tiene nada que ver ni con la licitación ni a URPA ni al resto de empresas”, ha señalado en la Cámara. Nada ha dicho sobre la relación de su jefe de los servicios jurídicos con esa empresa pero sí ha insistido en que esa contratación fue ya posterior a la adjudicación de las líneas. Y ha mostrado como dato de que no recibió URPA ningún trato de favor que de 15 rutas en 12 era la única oferta posible para prestar el servicio. “No hay la más mínima relación entre la adjudicación de rutas y la contratación posterior de un bufete de abogados”. Bildarratz, en todo caso, tendrá que volver al Parlamento, a la comisión de Educación, a ofrecer más explicaciones.

Mientras la Euskadi política debate si dará tiempo o no a aprobar la ley de Educación presentada en abril en lo que queda de legislatura, si los partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, acordarán finalmente sus diferencias sobre los modelos lingüísticos o si la oposición se sumará o no al pacto, la realidad jurídica es que la vieja ley de 1993 ha sido ya reformada por la puerta de atrás. Lo fue el 11 de julio y mediante un decreto legislativo de la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi. Se ha hecho, además, contra el criterio del consejero del ramo, Jokin Bildarratz. Ambos son del mismo ala del gabinete de coalición, la del PNV. El equipo del titular de Educación, sin embargo, ha considerado esta decisión como “totalmente inoportuna” en el actual contexto. Aunque el Ejecutivo no le ha dado publicidad a este asunto en ningún momento, Educación considera que esta medida podría generar “confusión” en un área muy “sensible”.

Para comprender el galimatías jurídico, hay que viajar a 2022. En la primavera, el Parlamento aprobó una ley denominada de “procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general”. Este texto apareció en julio en los boletines y entró en vigor. En una disposición final, esa norma faculta al Gobierno de Iñigo Urkullu a reformar por decreto, es decir, sin pasar por la Cámara, media docena de leyes de las décadas de 1980 y 1990. ¿El motivo? Para mejorar su redacción en euskera. Entre ellas, aparecen la ley educativa de 1993, oficialmente “ley de la escuela pública vasca”. Y da para ello el plazo de un año.

Así, mientras el consejero de Educación ha trabajado toda la legislatura para negociar con la oposición, alumbrar una propuesta articulada que enviar a la Cámara y recabar todos los informes internos pertinentes, su colega Garamendi logró por la vía rápida completar en un muy corto plazo, concretamente del 10 de mayo al 11 de julio, aprobar una reforma de la ley. Llama la atención que la Comisión Jurídica Asesora (COJUA), que tardó meses en expresar su dictamen sobre la reforma educativa y que condicionó el calendario de Bildarratz hasta el punto de generarle tres retrasos, resolviera en apenas 72 horas la petición de Garamendi. La explicación es que la ley de 2022 le daba el plazo de doce meses para acometer todos los cambios terminológicos y que sí o sí el asunto tenía que quedar ventilado en julio o no podría hacerse.

Los cambios que se han introducido los explica en una memoria el denominado IZO, que es el servicio oficial de traducción de la Administración vasca. Este organismo depende de Garamendi. Se han realizado exactamente 33 modificaciones que van desde cambiar minúsculas por mayúsculas, poner comas, añadir una 'a' orgánica cuando toca, cambiar palabras en desuso por otras más modernas (“titulua” por “idazpurua”, por ejemplo) o poner correctamente el nombre oficial de la comunidad autónoma. “Desde la aprobación de dicha ley en el año 1993, se han producido importantes avances en el euskera técnico y jurídico, que ha dado lugar a la obsolescencia terminológica del lenguaje utilizado en la versión en euskera de dicha ley. Ello hace necesario dotar a dicha versión en euskera de una estructura gramatical y lingüística que resulte acorde con la evolución de dicha lengua, de forma que se garantice la equivalencia de las dos versiones lingüísticas de la norma y se eviten los problemas de inseguridad jurídica que, como consecuencia de la inadecuación lingüística, pudieran generarse”, argumenta la consejera Garamendi.

Sin embargo, el responsable jurídico del equipo de Bildarratz, el letrado Eneko Goenaga Egibar, firmó un duro informe contra esta decisión. “El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno está tramitando el proyecto de decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca. Dentro del proceso de tramitación, se ha puesto en conocimiento de esta Dirección de Régimen Jurídico y de Servicios, para que se realicen las alegaciones que se estimen oportunas. Si bien somos conocedores que la elaboración y tramitación del proyecto de decreto legislativo se realiza en cumplimiento de la vía ofrecida por la disposición final segunda de la ley 6/2022, de 30 de mayo, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General en la que contiene una delegación legislativa al Gobierno vasco para que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de dicha Ley apruebe normas con rango de ley que procedan a actualizar, clarificar, regularizar y armonizar la versión en euskera de varias leyes, entre las cuales se encuentra la que nos ocupa; por parte de esta dirección debemos compartir una reflexión sobre la idoneidad de la tramitación del citado decreto legislativo en este momento”, arranca Goenaga Egibar.

Y sigue: “Como bien conocen, el pasado 25 de abril de 2023, el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de Ley Vasca de Educación, que precisamente viene a derogar la ley 1/1993, de 19 de febrero, cuyo contenido se pretende refundir en el decreto legislativo en tramitación. Dicho proyecto de ley se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria previéndose, si todo prosigue por los cauces seguidos hasta la fecha, su aprobación en unos pocos meses. Siendo ello así, tanto desde un punto de vista de técnica y producción normativa, oportunidad y eficiencia de los recursos de la Administración, así como desde el punto de vista de la evidente confusión que la casi consecutiva aprobación de un decreto legislativo con objetivo de refundir un texto legal y la posterior e inmediata aprobación de una ley que la deroga, podría generar en el sector, máxime tratándose de una materia tan sensible como la educativa, entendemos que resulta totalmente inoportuna la tramitación del decreto legislativo, en este momento. A mayores, se debe señalar que el corpus lingüístico de la norma a refundir está ya actualizado en su práctica totalidad, y si a tal efecto existiera algún aspecto a actualizar, el proyecto de ley en tramitación, completará tal actualización”. 

La COJUA tomó en consideración estas críticas, pero aceptó dar luz verde a la tramitación de la reforma. “Hay que tener presente que el nuevo texto es únicamente el resultado de actualizar y homogeneizar la terminología y el lenguaje técnico empleado en la versión en euskera, pero sin crear realmente Derecho”, defiende el organismo asesor. Eso sí, remarcaba que el Parlamento en 2022 permitió hacer estos ajustes, sin que ello fuese una función de obligado cumplimiento si se entendía que había otros criterios de “oportunidad” que lo desaconsejaran. Finalmente, Garamendi elevó al Consejo de Gobierno del 11 de julio esta reforma y la de las otras leyes con euskera obsoleto.

Por ejemplo, se han acometido 71 retoques en la ley que regula el establecimiento de Eusko Abendaren Ereserkia como el himno oficial vasco. Entre los cambios realizados está llamar “Juan Carlos” al anterior jefe del Estado y no “Juan Karlos” (y “Carlos” Garaikoetxea al primer lehendakari) o ponerle la tilde a Adolfo “Suárez”. Se aprobaron también ajustes para la ley que hace de Vitoria “sede de las instituciones comunes” de la comunidad autónoma, en la de creación de Mondragon Unibertsitatea o en la de régimen jurídico del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). Lo llamativo es que también se reformó por decreto otra norma educativa, la de “cuerpos docentes de la enseñanza no universitaria” con un informe negativo de Bildarratz. De nuevo Goenaga Egibar emitió un dictamen en el que consideraba absurdo traducir mejor un texto cuando lo necesario era reformar el contenido de varios artículos para adecuarlos a los tiempos. “El proceso de elaboración de un texto refundido implica la revisión y actualización de la normativa existente, de forma que el texto refundido refleje la normativa vigente en el momento de su elaboración. De esta forma, se evita la obsolescencia y la fragmentación de la normativa, lo que contribuye a su eficacia y aplicabilidad. A la vista de ello, no tendría sentido desde el punto de vista de la técnica y producción normativa, oportunidad y eficiencia de los recursos de la Administración, el proceder a la aprobación de un texto refundido que [en] caso de no recoger dichas actualizaciones normativas nacería obsoleto”, señalaba Educación.

La investigación y resolución del considerado mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel', se ha prolongado durante más de una década. En concreto, de 2009 a 2023. La primera sentencia de la Audiencia Provincial de Álava se dio a conocer el 17 de diciembre de 2019 y ahora ha llegado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que dota de firmeza a las condenas si bien los acusados tienen derecho a seguir pleiteando ante el Constitucional o incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si insisten en su tesis de la vulneración de derechos fundamentales. Así ha evolucionado este caso desde su origen.

2 de diciembre de 2009.

La empresaria y abogada Ainhoa Alberdi denuncia la trama de corrupción en la Fiscalía de Álava. Asegura que Alfredo de Miguel le solicitó una comisión de 100.000 euros por un contrato en el parque tecnológico de Miñano. También que habían presionado a su padre por el mismo motivo y que De MIguel iba acompañado de otro dirigente del PNV de Álava, Aitor Tellería. Aportó unas grabaciones en las que se escuchaba a su socio, Jon Iñaki Echaburu, que además de empresario estaba afiliado al PNV, hablar de las mordidas como algo “dentro de lo normal”.

15 de marzo de 2010.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, denuncia ante el juzgado a ocho personas, incluidos los dirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.

17 de marzo de 2010.

La Ertzaintza, por orden del juez Roberto Ramos, arresta a Alfredo de Miguel, a Aitor Tellería, a Koldo Ochandiano, a sus tres esposas, a Alfonso Arriola -gerente de Miñano- y también a Echaburu. Se registran varias viviendas y los detenidos prestan declaración en el juzgado para quedar en libertad con diversos cargos de corrupción. Florece ya que el trío y sus esposas tenían una empresa sin apenas actividad y con sede social en un 'txoko', Kataia Consulting.

18 de marzo de 2010.

Alfredo de Miguel dimite como diputado alavés de Urbanismo (Administración Local y Equilibrio Territorial). El diputado general, Xabier Agirre (PNV), reclama “tolerancia cero” contra la corrupción.

28 de abril de 2010.

‘El Mundo’ publica que Kataia Consulting se benefició de contratos irregulares del área de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por Xabier Sánchez Robles.

14 de mayo de 2010.

El juez Roberto Ramos levanta el secreto sobre el sumario del ‘caso De Miguel’. A la nómina de imputados se han sumado ya Iñaki San Juan, Julián Sánchez Alegría o Gurutz Larrañaga, estos dos últimos altos cargos del Gobierno de Juan José Ibarretxe.

30 de mayo de 2010.

‘El Correo’ revela detalles de la recalificación urbanística que Alfredo de Miguel impulsó en la localidad alavesa de Zambrana. Se trataba de un macroproyecto y las empresas del político habían cobrado de los promotores catalanes elevadas sumas de dinero.

6 de junio de 2010.

El juez Roberto Ramos imputa a Xabier Sánchez Robles por los contratos irregulares de Juventud, que además de a Kataia Consulting han beneficiado a otras dos firmas asociadas, Errexal y Ortzi Muga.

20 de junio de 2010.

‘El Mundo’ desvela la apertura de una investigación paralela secreta vinculada al registro del domicilio de Aitor Tellería. Se analizaba si conformó, junto con dos ertzainas de la Unidad de Información y Análisis de la Policía vasca, una trama de espionaje.

17 de septiembre de 2010.

‘El Mundo’ publica que el juez Roberto Ramos investiga operaciones en los municipios de Lapuebla de Labarca y Zigoitia. Luego se conoció que la trama de Alfredo de Miguel había recaudado una comisión del 4% por contratos adjudicados en esos dos ayuntamientos del PNV.

26 de octubre de 2010.

Las Juntas Generales constituyen una comisión de investigación en torno a la operación de Zambrana. La presidirá Javier Ruiz de Arbulo (PP).

29 de octubre de 2010.

El Parlamento Vasco constituye una comisión de investigación en torno al ‘caso De Miguel’ conjunta con el ‘caso Tellería’ y con el ‘caso Zubiaurre’, que no guarda ninguna relación con estas dos causas. La presidirá Juanjo Agirrezabala. Es de EA, socio del PNV en Álava.

14 de enero de 2011.

Se levanta el secreto de sumario del ‘caso Tellería’.

22 de enero de 2011.

Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano pactan con el PNV entregar su carné de afiliados casi diez meses después de su detención por corrupción.

9 de abril de 2011.

‘El Mundo’ publica que el constructor Prudencio Hierro corrió a cargo de la reforma de una casa de Alfredo de Miguel en Gorliz (Bizkaia).

18 de abril de 2011.

Alfredo de Miguel comparece en la comisión de investigación del Parlamento Vasco. Lee un escrito y no admite preguntas de los partidos políticos. Concede una rueda de prensa sin preguntas y recibe el calor de varias decenas de militantes del PNV, que le jalean en la puerta. El portavoz del partido en la Cámara, Joseba Egibar, le recibe con un efusivo abrazo.

16 de julio de 2011.

‘El País’ y ‘El Mundo’ publican un informe de la Ertzaintza que concluye que Alfredo de Miguel dirigió una trama de cobro de comisiones.

17 de julio de 2011.

La causa suma tres nuevos imputados: la hermana de Alfredo de Miguel (Aintzane de Miguel, contable de las empresas del político), el constructor Hierro y el intermediario de Zambrana, Josu Arruti.

18 de octubre de 2011.

Segunda declaración judicial de Alfredo de Miguel, que se prolonga por espacio de ocho horas.

30 de octubre de 2011.

La hermana de Alfredo de Miguel solicita que se anulen pruebas clave del caso ya que antes de ser imputada compareció como testigo, con obligación de decir la verdad y sin posibilidad de comparecer con abogado.

28 de mayo de 2012.

El juez Roberto Ramos imputa a Josu Montés, de Ortzi Muga.

11 de marzo de 2013.

Arranca el juicio del ‘caso Tellería’. Alfredo de Miguel, testigo, sigue parte de la vista sentado en la bancada de los periodistas.

27 de marzo de 2013.

La Audiencia Provincial de Álava sobresee por falta de pruebas el ‘caso Tellería’. El PNV se felicita por la decisión y critica la campaña de acoso contra el partido.

22 de marzo de 2014.

El juez Roberto Ramos imputa al matrimonio de Estíbaliz Arruti y Gorka Errasti, vinculados a Sidepur y a Zambrana ya que son familia del muñidor de aquel plan, Arruti.

16 de mayo de 2014.

‘El Mundo’ publica que la operación de Zambrana estaba valorada en 65 millones de euros.

18 de junio de 2014.

Comparece como imputada en el juzgado la que fuera alcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, que reconoce que Alfredo de Miguel impulsó la operación urbanística.

10 de marzo de 2015.

El juez Roberto Ramos da por cerrada la investigación del ‘caso De Miguel’ y constata graves delitos tras la trama de empresas controlada por el político.

2 de junio de 2015.

El juez Roberto Ramos abandona el juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria tras haber completado el ‘caso De Miguel’.

11 de marzo de 2016.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, hace pública la petición de condenas para los 26 imputados en el ‘caso De Miguel’. La solicitud para Alfredo de Miguel es ejemplarizante: 54 años de cárcel por 21 delitos de corrupción.

8 de enero de 2018.

Arranca el juicio del 'caso De Miguel' con unas primeras sesiones dedicadas a la resolución de cuestiones previas de índole procedimental y jurídica. 

19 de febrero de 2018.

Se inicia la fase de comparecencias del juicio con la intervención de 38 agentes de la Ertzaintza que participaron en la investigación. Los abogados de los acusados les acusan de “manipular” pruebas y de no haber preservado la cadena de custodia de las evidencias.

5 de marzo de 2018.

Ainhoa Alberdi comparece en el juicio sin posibilidad de que se difunda su imagen en los medios de comunicación. Ratifica punto por punto su denuncia y da nuevos detalles sobre el precio que ha pagado por sacar a la luz este caso de corrupción. Se enfrenta a los abogados de los acusados, que tratan de desacreditarla. La asociación Adi! contra la corrupción convoca una pequeña concentración ciudadana para arroparla.

7 de marzo de 2018.

El padre de la denunciante y su socia confirman la denuncia de Ainhoa Alberdi ante la Audiencia Provincial de Álava.

8 de abril de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica la posible falsificación de sellos oficiales del Departamento de Cultura por parte de la defensa de Xabier Sánchez Robles para justificar las contrataciones aparentemente irregulares del área de Juventud del Gobierno vasco con las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga.

16 de abril de 2018.

La Fiscalía encarga un informe al Gobierno que constata que no hay constancia en los archivos del registro de la Administración de los documentos supuestamente sellados que se han presentado como pruebas en el juicio. El tribunal no acepta su incorporación al rollo penal a estas alturas del procedimiento.

25 de abril de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que no sólo hay sospechas de que los sellos de los informes presentados como prueba son falsos, sino que los propios textos están plagiados en al menos tres casos.

8 de mayo de 2018.

Un testigo confirma que el constructor y contratista Prudencio Hierro costeó la reforma de la vivienda particular de la esposa de Alfredo de Miguel en Górliz. Mientras, la defensa del político insiste en que la Ertzaintza manipuló pruebas para demostrarlo.

16 de mayo de 2018.

La Fiscalía señala que la exalcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, tenía “interés económico directo” en la recalificación porque su familia era propietaria de algunas de las parcelas afectas.

22 de mayo de 2018.

Histórica huelga de jueces y fiscales en España. En Vitoria, el paro detiene el juicio del ‘caso De Miguel’.

30 de mayo de 2018.

Comparece en el juicio Nicolás Guerrero, empresario catalán, y denuncia que el proyecto de Zambrana estaba “manchado” y que se pagaron cantidades millonarias por servicios no prestados a las empresas de Josu Arruti y De Miguel.

10 de julio de 2018.

Comparece en el juicio Ignacio Ugartetxe, expresidente del Athletic y exconsejero delegado de Urazca. Quien fuera imputado en el ‘caso Bárcenas’ por supuestas ‘donaciones’ al PP a cambio de contratos, responde sobre una supuesta comisión de 800.000 euros que preveía recaudar la trama de De Miguel por la segunda fase del proyecto de Zambrana.

11 de julio de 2018.

Comparece Víctor Benedito, un experto económico contratado por la defensa de Alfredo de Miguel que asegura que la actividad de Kataia Consulting era absolutamente normal y que el político llevaba una vida sin lujos. “No tenía un Porsche”, manifiesta. Sin embargo, empleó el dinero pagado por los catalanes de Zambrana en comprarse un Saab.

14 de agosto de 2018.

EH Bildu denuncia la participación de un imputado en el ‘caso De Miguel’, Sergio Fernández Oleaga (Stoa), en el nuevo intento de ampliación del parque tecnológico de Miñano planteada en 2018.

14 de septiembre de 2018.

‘El Correo’ publica que la Fiscalía y los principales acusados negocian un acuerdo que supondría una confesión a cambio de una reducción de las condenas solicitadas por la acusación. 

17 de septiembre de 2018.

La Fiscalía y los abogados de los imputados coinciden en pactar una suspensión del juicio del ‘caso De Miguel’ para cerrar el acuerdo. Se fija como nueva fecha el 1 de octubre. Será el fiscal Manuel Pedreira el que lidere las conversaciones con los letrados.

1 de octubre de 2018.

La Fiscalía y las defensas vuelven a reclamar una suspensión del juicio. El tribunal acota los tiempos y fija como límite el 15 de octubre. Ese día tendrá que declarar sí o sí Alfredo de Miguel.

11 de octubre de 2018.

Tras haber avanzado en las negociaciones hasta el punto de estar dispuesto a declararse culpable, Alfredo de Miguel rompe a última hora las conversaciones con la Fiscalía. Con él, sus más cercanos también se echan para atrás. Otro grupo de imputados, ocho en total, sí se muestra dispuesto a confesar a cambio de una rebaja de condena.

15 de octubre de 2018.

El fiscal Josu Izaguirre confirma que habrá confesiones que probarán la corrupción. Entretanto, arrancan dos días declaración de Alfredo de Miguel, que retoma su estrategia de negarlo todo.

17 de octubre de 2018.

Continúan las declaraciones de los imputados. La mujer de De Miguel, Ainhoa Bilbao, imita a la infanta y asegura que ella ni conocía ni tenía ningún papel en la gestión de Kataia Consulting. Las esposas de Aitor Tellería y Koldo Ochandiano siguen la misma línea.

19 de octubre de 2018.

El constructor Prudencio Hierro y la hermana de Alfredo de Miguel, Aintzane, se suman al grupo de ocho y cierran acuerdos con la Fiscalía para mejorar su condena a cambio de confesar.

22 de octubre de 2018.

Hierro admite que se hizo cargo de la factura de las obras de la casa de De Miguel en Gorliz porque “siempre ayuda” haber hecho un favor a un cargo público. Aintzane de Miguel, en cambio, rompe a última hora el acuerdo, que le habría supuesto la absolución, y se niega a colaborar con la Fiscalía. 

23 de octubre de 2018.

El presidente del tribunal del ‘caso De Miguel’, Jaime Tapia, advierte a los acusados de que no responder a las preguntas de la Fiscalía es una estrategia de “riesgo”. Salvo Prudencio Hierro, todos se habían acogido a su derecho a no hacerlo.

24 de octubre de 2018.

Sin “nada que ocultar”, el exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, es el primero en responder a preguntas de la Fiscalía. Asegura no haber tenido ninguna responsabilidad en los contratos irregulares de Juventud.

31 de octubre de 2018.

En una larga declaración en la que también contestó a la Fiscalía, Xabier Sánchez Robles acusa al Gobierno del PSE-EE de ocultar los contratos irregulares a las empresas de De Miguel para incriminarle.

5 de noviembre de 2018.

Llegan las confesiones. Josu Arruti, amigo de De Miguel, no sucumbe a las presiones y explica las comisiones pagadas por Construcciones Riera en torno a la operación de Zambrana.

6 de noviembre de 2018.

Los gestores de Riera, especialmente Francesc Fernández Joval, confirman el pago de comisiones en Zambrana.

7 de noviembre de 2018.

Tras las incriminaciones, la primera maniobra de la defensa de Alfredo de Miguel es volver a atacar a la denunciante, Ainhoa Alberdi.

14 de noviembre de 2018.

La Fiscalía presenta su escrito de conclusiones definitivas. De Miguel se enfrenta a casi 30 años de cárcel y a una sanción económica de 1,2 millones de euros. Arruti, Fernández Joval y todos los que habían colaborado y confesado o quedarán absueltos o evitarán la entrada en prisión.

16 de noviembre de 2018.

La familia Arruti, tras confesar y sin esperar a que acabe el juicio, devuelve 130.000 euros más intereses por los delitos fiscales en torno a los movimientos relacionados con Zambrana.

25 de noviembre de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que De Miguel utilizaba la sede del PNV para despachar asuntos de Kataia Consulting y que otros miembros del partido conocían de su existencia.

26 de noviembre de 2018.

El fiscal, Josu Izaguirre, inicia su alegato de conclusiones en el juicio denunciando la existencia de una trama con prácticas mafiosos más propias de Sicilia: “De Miguel era un padrino y en este país, sin uno de ellos, no tienes un contrato”.

28 de noviembre de 2018.

Los abogados del Gobierno vasco y de la Diputación de Bizkaia, instituciones del PNV, se suman a la Fiscalía y admiten la existencia de irregularidades en el ‘caso De Miguel’.

1 de diciembre de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que Alfredo de Miguel conseguía contratos en la Dirección de Juventud de Xabier Sánchez Robles en 16 minutos y 38 segundos.

3 de diciembre de 2018.

Arrancan tres días de conclusiones del abogado de Txitxo, Gonzalo Susaeta. Compara la investigación con Cuarto Milenio, denuncia graves anomalías y niega que haya pruebas de corrupción. Ataca también a Josu Arruti y asegura que, en estos años, De Miguel y su familia han recibido amenazas. Acaba el discurso entre lágrimas.

5 de diciembre de 2018.

La defensa de Koldo Ochandiano insiste en reclamar la nulidad del cuaderno con notas de comisiones y dinero negro, una de las pruebas fundamentales del sumario.

10 de diciembre de 2018.

El abogado de Jon Iñaki Echaburu, Mikel Zuloaga, anuncia una querella contra el fiscal, Josu Izaguirre, por haber “humillado” a los acusados y haber sobrepasado los límites del Estado de Derecho.

18 de diciembre de 2018.

Javier Beramendi, letrado de Sánchez Robles, defiende la validez de las pruebas presentadas e insiste en que el Gobierno ha ocultado deliberadamente documentos que exonerarían a su cliente.

19 de diciembre de 2018.

Se acaba el juicio. El abogado de Tellería, Jesús Villegas, cuestiona por última vez a la denunciante, Ainhoa Alberdi. De Miguel, Tellería y Ochandiano, así como sus mujeres, cierran el proceso reiterando su inocencia pero, a la vez, pidiendo perdón. El 'caso De Miguel' queda visto para sentencia.

1 de marzo de 2019.

Alfredo de Miguel acude a la capilla ardiente de Xabier Arzalluz, histórico dirigente del PNV. Es su primera aparición pública tras el final del juicio.

17 de marzo de 2019.

Se publica 'El padrino: Anatomía del caso De Miguel', un libro sobre la investigación, en el noveno aniversario de que el caso se conociera públicamente.

19 de agosto de 2019.

elDiario.es/Euskadi publica que Koldo Ochandiano ha regresado a su puesto de contable del parque tecnológico de Miñano, el mismo que ocupaba cuando se originó este caso de corrupción.

2 de diciembre de 2019.

Se cumplen diez años de la denuncia de Ainhoa Alberdi que dio origen la investigación del caso. Ya se conoce que el 17 de diciembre se hará pública la esperada sentencia.

17 de diciembre de 2019.

El tribunal hace pública la sentencia. Alfredo de Miguel ha sido condenado a penas que suman más de 13 años de cárcel por cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental o prevaricación. A ello se suman más de 200.000 euros en multa e inhabilitación para empleos y cargos públicos. Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, asimismo, han sido condenados por delitos similares a altas penas que les supondrán un cumplimiento máximo de penas de alrededor de 6 años de cárcel.

20 de diciembre de 2019.

La Fiscalía solicita el ingreso en prisión de los condenados con penas más elevadas aunque la sentencia no sea firme y quepa recurso ante el Supremo. La sala desestima esa petición aunque sí impone medidas cautelares, como la imposibilidad de salir de España.

19 de febrero de 2020.

El director de la fundación Hazi, una sociedad pública del Gobierno Vasco, ocultó al Parlamento que Alfredo de Miguel, colocado allí, tenía un salario de 52.000 euros. Sí admitió que mientras estaba siendo investigado por corrupción había disfrutado de tres ascensos.

5 de marzo de 2020.

El Ayuntamiento de Vitoria da luz verde a dos contratos por valor de 150.000 euros a Stoa, la empresa de uno de los condenados, Fernández Oleaga.

15 de junio de 2020.

La Fiscalía del Supremo no acepta el criterio de los fiscales de Álava y pedirá la confirmación de la sentencia ante los recursos de los imputados pero no que se eleven las penas.

10 de marzo de 2021.

El PNV ficha para el Gobierno vasco al presidente del tribunal que condenó a De Miguel, el magistrado Jaime Tapia. Será asesor para la nueva competencia cedida por el Estado, Prisiones.

5 de junio de 2022.

elDiario.es/Euskadi informa de que el condenado Iñaki San Juan sigue manteniendo activa la empresa Errexal con otro nombre y que recibe contratos del Ayuntamiento en el que concejal, Leioa. Además, en algunos casos lo hace de manera indirecta, a través de terceros.

2 de enero de 2023.

elDiario.es/Euskadi publica que Alfredo de Miguel consta como “gerente” de una entidad pesquera llamada Itsas Garapen Elkartea y que depende de la sociedad pública en la que trabaja, Hazi. Como tal, ha participado a pesar de su condena por corrupción como representante en viajes oficiales, foros interautonómicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e incluso en recogidas de premios. El Gobierno niega que De Miguel ejerza labores de responsabilidad o representación a pesar de las fotografías que acreditan sus intervenciones.

10 de enero de 2023.

El Tribunal Supremo hace pública la sentencia definitiva y ratifica en gran medida las condenas por corrupción. En el caso de De Miguel, la pena queda en más de doce años de prisión, nueve de cumplimiento efectivo. “Prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión”, se puede leer en la resolución, de casi 400 folios. Queda absuelto Julián Sánchez Alegría.

11 de enero de 2023.

Se suceden las reacciones ante la sentencia y la noticia copa -con algunas excepciones- las portadas de la prensa vasca. El PNV recupera la denominación 'caso Miñano' y elude referirse a De Miguel. Insiste en que los hechos eran fruto de comportamientos individuales y no de partido. El Gobierno vasco habla ahora de la “impecable” investigación de la Ertzaintza. Aitor Tellería y Koldo Ochandiano presentan problemas de salud, lo que podría condicionar su ingreso en prisión.

23 de enero de 2023.

En un foro organizado por 'Deia', el lehendakari, Iñigo Urkullu, afirma que la Fiscalía intentó investigar al PNV para vincularlo con la corrupción de De Miguel, cuando tal actuación no consta en el sumario de la causa. “Se pretendió por parte de la Fiscalía y se rechazó por parte de la Audiencia Provincial de Álava, exonerando al propio PNV. Tengo la satisfacción de que el nombre orgánico del PNV está impoluto”, fueron las palabras de Urkullu.

24 de enero de 2023.

elDiario.es/Euskadi adelanta que el “entorno” de De Miguel estudia la posibilidad de solicitar un indulto para el expolítico. Las fuentes consultadas indican que el movimiento no parte ni de la defensa ni de la familia y se quiere desvincular también de cualquier connotación política, pero busca librar al ex 'número dos' del PNV de nueve años de prisión efectiva.

27 de enero de 2023.

Seis excargos del PNV implicados en el 'caso De Miguel' abonan a partes iguales una cantidad próxima a los 145.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el Gobierno vasco por el fraude en Juventud, lo que no agota el alcance de los hechos probados.

30 de enero de 2023.

La defensa de Iñaki San Juan ha presentado un incidente de aclaración ante el propio Tribunal Supremo para que se le aplique en el cálculo de sus penas la misma fórmula que su exsocio Josu Montés (que ahora ha cambiado su nombre a Josu Azkarraga). De ese modo, ninguno de los delitos individuales pasaría de los dos años y se podría solicitar la suspensión de la entrada en prisión. Este 'recurso' impide que la sentencia sea firme y que se ejecuten las penas.

5 de febrero de 2023.

Ainhoa Alberdi, denunciante del 'caso De Miguel', recibió una inspección fiscal tres días antes de que, en 2018, tuviera que ratificar su testimonio en el juicio que se celebraba en Vitoria.

7 de febrero de 2023.

elDiario.es/Euskadi publica la nómina de De Miguel en Itsas Garapen Elkartea (Hazi). Cobra 57.400 euros, una cantidad que ha ido subiendo mientras era investigado e incluso tras la primera condena. Además, ocupa un puesto de “coordinador” y tiene la máxima categoría entre los empleados de Hazi, la A. Los datos habían sido solicitados en el Parlamento Vasco por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

2 de marzo de 2023.

Por la mañana, la sociedad de aguas del Ayuntamiento de Vitoria, Amvisa, acuerda mantener los contratos con la empresa Stoa a pesar de la sentencia que acredita que su gestor, Sergio Fernández Oleaga, haya abonado comisiones a la trama de De Miguel. Fernández Oleaga ha cambiado el nombre de la firma y ha cedido la representación a otra persona. Por la tarde, el Tribunal Supremo resuelve el incidente de aclaración y aplica a Iñaki San Juan un cálculo más ventajoso de las penas para que le pueda ser suspendida la entrada en la cárcel. Su empresa Errexal, en todo caso, sí quedará disuelta en cuanto el fallo se haga firme.

7 de marzo de 2023.

La candidata del PNV en Vitoria, Beatriz Artolazabal, entiende que la sentencia no lastrará su campaña y cree “amortizada” esta causa. En el Parlamento, el partido presenta a De Miguel como “víctima” por la tardanza de la Justicia en completar el periplo judicial del macrosumario.

8 de marzo de 2023.

El diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, asegura en las Juntas Generales que los inspectores forales actuaron con “mucha objetividad” cuando iniciaron una investigación a Ainhoa Alberdi, la denunciante del caso. No se dan detalles porque no se pueden discutir públicamente los términos concretos de un expediente tributario al ser confidenciales, alega Bizkaia.

15 de marzo de 2023.

El Tribunal Supremo notifica a la Audiencia Provincial de Álava la sentencia definitiva del 'caso De Miguel' tras haber resuelto el punto sobre Iñaki San Juan. El trámite se ha alargado durante 13 días.

16 de marzo de 2023.

La Audiencia Provincial de Álava decreta la “firmeza” de las condenas del 'caso De Miguel'. Da diez días a De Miguel, Tellería, Ochandiano y Sánchez Robles para ingresar en prisión y el mismo plazo al resto de condenados, catorce en total, para pedir la suspensión. El Gobierno vasco da por “hecho” el despido de De Miguel de su puesto de Hazi, así como el de Ochandiano, que seguía en el parque tecnológico de Miñano.

17 de marzo de 2023.

Se cumplen trece años de la detención de Alfredo de Miguel. En el Parlamento, el lehendakari, Iñigo Urkullu, indica que el PNV en el Gobierno ha adoptado “decisiones contundentes y de manera inmediata” en relación a los condenados.

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha fichado a Eneko Goenaga Egibar (Andoain, 1989) como nuevo director de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de Educación. Aunque había estado en la constructora Amenabar en la última época, procede del bufete Cuatrecasas y participó como uno de los abogados de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava, en el juicio que se celebró en 2018. El bufete está dirigido en Euskadi por Joanes Labayen, abogado del Estado y casado con la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y Goenaga es sobrino del presidente del PNV en Gipuzkoa y portavoz parlamentario, Joseba Egibar.

Se da la circunstancia de que también el juez que presidió el juicio, Jaime Tapia, ha sido fichado como alto cargo del Ejecutivo. En su caso, es asesor para la puesta en marcha del modelo vasco de Prisiones, una competencia asumida en octubre de 2021. En cuanto al caso, ahora mismo está pendiente de que el Supremo resuelva los recursos presentados, entre ellos el de Cuatrecasas, contra las duras condenas en primera instancia. El alto tribunal está ya deliberando.

Landaida, fuera de Emakunde

Este nombramiento ha sido confirmado tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrada este martes. El Ejecutivo también ha anunciado el cese de Izaskun Landaida al frente de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. Landaida llevaba una década al frente de este organismo, inicialmente dependiente directamente de Presidencia y ahora dentro del organigrama del nuevo Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dirigido por Beatriz Artolazabal. Ese tránsito no estuvo exento de críticas. Miren Elgarresta Larrabide (Zumarraga, 1965) se hace cargo de Emakunde. Era hasta ahora la directora general de Igualdad en la Diputación de Gipuzkoa.

Precisamente el tránsito contrario, de la cartera de Artolazabal a Presidencia, hace la Dirección de Juventud. Como ya explicó este periódico, Urkullu quiere dar prioridad a estas políticas y las asumirá en primera persona dentro de la estructura de Transición Social y Agenda 2030, dirigida por Jonan Fernández. Sin embargo, el cambio implica un nuevo nombramiento, el de Miren Saratxaga de la Isla (Amurrio, 1983), que sustituye a Agurtzane Llano, de baja por “problemas personales”. “Me gustaría poner en valor el trabajo de ambas”, ha señalado Artolazabal. Sobre Emakunde, ha destacado el “alto consenso” que suscitó la nueva ley de igualdad, recientemente salida del Parlamento. “Llegados al ecuador de la legislatura, con Elgarresta damos inicio a una nueva etapa”, se ha limitado a apuntar la consejera sobre la salida de Landaida. Ya en respuesta a preguntas de los periodistas, ha insistido en que “ha hecho un gran trabajo” pero ha indicado que “era necesario impulsar un cambio”. “Necesitamos un perfil diferente. Ni mejor ni peor. Que nos ayude a poner en marcha todos esos retos de la ley”, ha apostillada.

Artolazabal ha defendido la aparente contradicción de mover Juventud a Presidencia cuando en su momento se defendió como adecuado sacar de ahí Igualdad. “Los valores de la igualdad ya están instaurados”, ha señalado mientras Juventud ha de ser algo más que “ocio y tiempo libre” para pasar a ser una política “transversal” y liderada por el propio lehendakari, con políticas de empleo o vivienda. “Desde Lehendakaritza se va a coordinar mejor”, ha indicado la consejera.

Landaida, por su parte, se ha despedido con una carta en redes sociales. “Admiro Emakunde desde que tengo conciencia feminista”, arranca la misiva, en la que también señala que queda camino para la igualdad entre mujeres y hombres. “Suerte, Miren, recibe el testigo de este tesoro”, remata Landaida, quien asegura haber llorado, reído y trabajado de manera constante en esta década.

Se acabó. 3.304 días después de que la joven abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi acudió a la oficina del fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, para denunciar que el 'número dos' del PNV de Álava y diputado de Urbanismo, Alfredo de Miguel, le había exigido “pasar por caja” por un contrato que unos años atrás había recibido 'a dedo' su empresa en el parque tecnológico de Miñano, el conocido como 'caso De Miguel' ha quedado visto para sentencia esta semana. Ha sido casi un año de juicio desde que el 8 de enero la Audiencia Provincial de Álava iniciara el que ha sido el mayor proceso judicial conocido tanto en Vitoria como en el conjunto de Euskadi.

Toda la cobertura del 'caso De Miguel': https://www.eldiario.es/temas/caso_de_miguel/

Ha sido un año intenso. Se han celebrado casi 70 sesiones -la más larga, un día de mayo, acabó casi a las 22.00 horas- y el juicio ha sobrevivido a una histórica huelga de jueces y fiscales en toda España y a un gran apagón en Vitoria. 26 acusados y un centenar de testigos han tratado de dar luz a un sumario de más de 25.000 páginas y abundante material informático. Miembros de las acusaciones, de las defensas y del propio grupo de acusados han sufrido por igual tras este 2018 los rigores de la salud.

Para simplificar el trabajo, el juicio se subdividió en 12 bloques, tantos como negocios sospechosos se engloban en una investigación en la que aparecieron incluso más indicios de corrupción que nunca su pudieron comprobar, como negocios de De Miguel en la Costa del Sol a través de la sociedad Diru Kapital, su intento de montar un negocio de importación/exportación en Argentina o una peculiar (por el tono de enfado) grabación entre el político y un compañero de partido sobre “dinero”. Ha sido una queja frecuente de los abogados de los acusados -algunos de ellos con largas trayectorias y mucha experiencia, aunque también ha habido uno de oficio- lo injusto de que no se hicieran piezas separadas para agilizar la tramitación de asuntos tan dispares como contratos 'a dedo' salidos desde la Dirección de Juventud del Gobierno vasco o la recalificación urbanística en Zambrana.

Un Saab, joyas y viajes

El fiscal Izaguirre, en cambio, ha defendido desde el principio la existencia de una “trama” y que en todos y cada uno de los bloques se repetía un patrón, la mano del influyente De Miguel, a quien todos conocen como Txitxo y que en 2010, cuando fue detenido por corrupción, apuntaba con menos de 40 años a convertirse en referente absoluto del PNV alavés. Es más, cuando de esta investigación surgieron otros asuntos paralelos sí se abrieron piezas separadas. En 2013, por ejemplo, se juzgó al también dirigente nacionalista Aitor Tellería, al que se acusó de haber colaborado con ertzainas de los servicios de información para espiar a rivales políticos y otras personalidades. La sentencia dio verosimilitud a las acusaciones pero decidió absolver a Tellería y a los dos policías implicados por falta de pruebas.

El juicio no se salió del guion hasta las vacaciones del verano. Salvo los matices de la defensa del exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, el resto de acusados actuaron de la mano y sin fisuras con dos grandes argumentos, defensa cerrada de la inocencia de sus clientes y total ausencia de pruebas y, además, durísimas críticas a la Fiscalía, al juez que investigó el caso, Roberto Ramos, y a los agentes de la Ertzaintza que le auxiliaron. El plan seguía adelante todavía a finales de julio, cuando los letrados se reunieron en un 'txoko' de Vitoria antes del parón estival.

Significativamente, el último testigo que había comparecido en julio era un experto economista contratado por De Miguel, Víctor Benedito, quien remarcó que De Miguel no se había enriquecido en los años investigados, 2005-2010, especialmente en el período a partir de 2007, cuando Txitxo fue nombrado en la Diputación. Kataia Consulting ha sido la empresa principal de este caso. Se trata de una mercantil creada por De Miguel, Tellería y un tercer dirigente 'jeltzale', Koldo Ochandiano (que guardaba un cuaderno con notas manuscritas sobre comisiones y dinero negro), pero que estaba a nombre de las esposas de los tres. Alberdi había señalado esa empresa sin apenas actividad como el lugar donde tenía que pagar los 100.000 euros que le pedía Txitxo, a cuyo círculo de confianza pertenecía como otros acusados. Ni ella ha negado que, de no ser la denunciante, podría haber sido otra de las imputadas. Según Benedito, era una “micropyme” la mar de normal. No mencionó que tras haber recibido sus primeros ingresos -aparentemente ya ilícitos- constan salidas de dinero para la compra de un Saab, para viajes a Extremadura o Benidorm, para balnearios, pubs y sidrerías e, incluso, hasta 6.000 euros en joyas.

De Miguel realizaba gestiones de Kataia Consulting desde la sede del PNV de Álava mientras lideraba la compra de un nuevo edificio para el partido en el centro de Vitoria. También controlaba otras sociedades como Eskalmelo, Marratik, Diru Kapital o Ezkibel y, a través de su hermana, llevaba la contabilidad de firmas como Ortzi Muga o Errexal. “Tampoco eran tantas actividades”, se excusó el propio Txitxo en el juicio cuando quedó de manifiesto su intensísima agenda.

Con De Miguel ha acabado en el banquillo un grupo de amigos que se conoció en EGI, las juventudes del PNV, como reveló Josu Montés en su declaración. El partido siempre ha tratado de desvincularse del 'caso De Miguel' y nunca se ha investigado su financiación, pero Izaguirre siempre ha remarcado que la trama se valió de su posición política para lucrarse.

De Miguel negoció de espaldas a Arruti...

La declaración de De Miguel estaba programada para el 17 de septiembre. Había sido casi una década de negar todas las acusaciones hasta la saciedad. Sin embargo, pocos días antes se iniciaron contactos entre su abogado, Gonzalo Susaeta, y el ministerio fiscal. Aunque de cara al exterior en el juicio estaba saliendo todo a pedir de boca, de puertas para adentro alguien tomó la decisión de que sería conveniente explorar la posibilidad de buscar una rebaja de condena. Las conversaciones fructificaron y el político estuvo dispuesto a admitir varios delitos, incluido que la denuncia de Alberdi era cierta y que en la recalificación de Zambrana, donde más dinero se movió, cobró comisiones ilegales. Ante la complejidad de los movimientos en torno a esta operación, se pactó la conveniencia de fijar en 161.000 euros la cuantía de los ingresos ilícitos. A cambio, la Fiscalía no acusaría a su mujer, Ainhoa Bilbao. Su condena quedaría en unos 48 meses de cárcel.

Pero a última hora el acuerdo se torció. De Miguel nunca quiso admitir las coacciones para cobrar comisiones, un delito que implica la existencia de cierta violencia. Las conversaciones se rompieron y tocaba retomar la estrategia de negarlo todo a pesar de haber puesto todas las cartas sobre la mesa. El acuerdo, lógicamente, suponía la incriminación de otros acusados. Susaeta comunicó una tarde a la letrada de Josu Arruti, Arantxa Isasmendi, los términos y cifras del pacto en torno a Zambrana, una negociación en la que De Miguel no hizo partícipe a Arruti.

En Zambrana la mecánica fue la siguiente. La alcaldesa del PNV, María Justina Angulo, planteó un polígono industrial y llamó al partido para pedir ayuda. El interlocutor fue De Miguel, quien situó a su amigo Arruti como intermediario para captar inversores. Tras un intento fallido, Arruti cerró un acuerdo con los catalanes Construcciones Riera, dirigidos por Francesc Fernández Joval. Su abogado, Ferran Marsol, también estaba dispuesto a pactar que abonaron comisiones. En su caso, la rebaja de la petición de penas iba a ser total por un problema de prescripciones. No tenía nada que perder.

Es éste el escenario con el que se encontró Arruti, que además ha tenido tres familiares sentados en el banquillo de los acusados. Y empezó a negociar. Con el asistente de Izaguirre como interlocutor, el fiscal Manuel Pedreira, uno de los grandes protagonistas del juicio, las partes adquirieron confianza y cerraron un acuerdo que sobrevivió al 'no' de De Miguel. Por vez primera, el político ya no dirigía la estrategia del conjunto de los acusados. Preparada con mimo durante horas, la confesión de Arruti estaba lista. Sus mensajes iban a sorprender al tribunal, pero no a De Miguel, porque iba a dar las cifras exactas que el político había estado dispuesto a asumir.

...pero se sintió traicionado con su confesión

Hubo presiones. Intermediarios contactaron con Arruti y con su letrada para intentar frenar la incriminación. También ha habido insultos después de la declaración. Entre medias, la hermana de De Miguel rompió también a última hora un acuerdo que le hubiera supuesto la absolución. La contable de Kataia Consulting comparte abogados con la familia Arruti y no con Txitxo y las negociaciones se mantuvieron hasta el último minuto. De hecho, por el orden en que se previeron las comparecencias, ella iba a ser la primera en reconocer determinadas irregularidades. Todo un golpe de efecto de la Fiscalía. Pero nunca llegó esa declaración. Y todo a pesar de que Susaeta nunca ha sido contundente en la exculpación de Aintzane de Miguel, al menos no con la misma intensidad con la que ha tratado de separar a Ainhoa Bilbao de los hechos.

Arruti, al final, sí confesó. Fue a principios de noviembre. Y fue claro. Dijo que en Zambrana había comisiones, que se canalizaron con supuestos trabajos de asesoramiento de Kataia Consulting y que la empresa se creó 'ad hoc' cuando las mordidas ya estaban pactadas. Los responsables de Riera confirmaron los hechos y admitieron que pagaron por la influencia política de Txitxo. Muy serio, el político nunca más se volvió a juntar con ellos en los pasillos de los juzgados.

Arruti se convirtió desde ese momento en una suerte de nuevo Alberdi. De repente, Arruti debía dinero a De Miguel. De repente, en los corrillos del pasillo se identificaba a Arruti con todos los males. En sus conclusiones, el abogado Susaeta manifestó lo siguiente: “Las declaraciones heteroinculpatorias son sospechosas y han de ser valoradas por el tribunal con la debida cautela por la obviedad de que los coacusados no están sometidos a decir verdad. Les está permitido mentir. La sospecha se puede acrecentar cuando la declaración no tiene lugar en una etapa inicial. En nuestro caso esto se ha producido 8 años después de incoarse el proceso”.

Sin embargo, tanto De Miguel como Tellería y Ochandiano quisieron usar su derecho a la última palabra en el juicio para pedir disculpas mientras insistían en su inocencia, una contradicción que no pasó inadvertida para muchos de los presentes. ¿Perdón a quién? ¿Por qué?

Los imputados 27, 28, 29 y 30

En realidad, Alberdi nunca ha quedado olvidada. Ha sido la imputada número 27. Se ha juzgado su currículum, su trabajo, sus problemas psiquiátricos, su situación económica y, sobre todo, su credibilidad. Su condición de mujer joven también ha estado latente. El imputado número 28 ha sido el juez del 'caso De Miguel', Roberto Ramos. Los 29 y 30 han sido los agentes de la Ertzaintza 15008 y 15431, de la unidad de delitos económicos y al frente de las principales investigaciones bajo el control de Ramos. Sin que ningún portavoz de la Policía haya salido en su defensa, las críticas han sido constantes. En 2011, De Miguel llegó a decir que pensó que los policías querían atentar contra su vida. “Que se diga que o nosotros o el señor juez hayamos manipulado esto... ¡Yo por ahí no paso! ¡Me están acusando!”, se revolvió un día uno de los policías.

Se da la circunstancia de que sí hubo una incidencia con la Ertzaintza en el origen de la investigación. Ertzainas de los servicios de información próximos a los acusados y al PNV accedieron de manera irregular al atestado policial inicial cuando la causa estaba aún bajo secreto de sumario. Según el fiscal Izaguirre, el éxito de la investigación se debió en gran medida a que los ertzainas 15008 y 15431 trabajaron directamente para Ramos y no para sus responsables orgánicos. Aseguró que cuando estos casos se acercan a los “aledaños” del poder político quedan en agua de borrajas.

La defensa de Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud acusado de haber facilitado contratos 'a dedo' a empresas de la órbita de su amigo de De Miguel añadió otra acusación: el Gobierno de Patxi López ocultó documentación de manera deliberada para incriminarle. Sin embargo, el actual Ejecutivo, del PNV, se ha declarado “vinculado” por esa posición y ha mantenido la acusación contra Sánchez Robles. Uno de los asuntos más debatidos ha sido que la defensa del exresponsable de Juventud presentó los documentos aparentemente ocultados con sellos gubernamentales. Tanto la Fiscalía como los letrados del Gobierno han considerado o bien falsas o bien “fabricadas” esas pruebas.

Sin embargo, el blanco de la mayoría de críticas ha sido Izaguirre. Del juicio sale con el anuncio de una querella contra su persona por “humillar” a los acusados. En su alegato final, comparó esta trama con la mafia de Sicilia. “Si no tienes padrino en este país parece que no tienes un contrato. Y que no se te ocurra denunciarlo, que no recibes otro. ¿Estamos en un país donde hay que ser mafioso para contratar con la Administración? ¿Solamente con padrino se puede contratar con la Administración?”, lanzó.

En manos de Elena Cabero

Finalizado el juicio, tras los cambios fruto de las negociaciones y de hechos que no se han conseguido demostrar -el 'pelotazo' urbanístico de Frúniz, por ejemplo- se han rebajado sustancialmente las peticiones de condena para todos los acusados. Ni Arruti ni el resto de arrepentidos pisarán la cárcel. Es más, la familia Arruti ha devuelto ya 130.000 euros más intereses por sus delitos fiscales. Lo hicieron antes de que acabara el juicio. De Miguel se expone a casi 30 años de cárcel (12 de cumplimiento efectivo) y a 1,2 millones en responsabilidades económicas; Tellería y Ochandiano, por su parte, a más de 13. Sin embargo, el delito individual más alto que aprecia el ministerio público recae en Sánchez Robles.

Nadie es capaz de pronosticar cuándo llegará la sentencia, aunque requerirá meses de trabajo no sólo por lo complejo del caso sino por la inmensa batería de cuestiones procesales que hay que dirimir. El tribunal lo han compuesto los magistrados Raúl Aztiria, Elena Cabero y Jaime Tapia. Éste último ha dirigido las sesiones y ha tenido un papel activo en las comparecencias, si bien la redactora del fallo será Cabero, una jurista muy considerada en Vitoria por su seriedad. Apenas ha formulado un par de preguntas en un año, aunque ha seguido con atención todas y cada una de las sesiones. En sus manos está la verdad judicial. No pocos letrados y acusados han estado muy atentos a sus reacciones en los momentos clave para poder interpretar el sentido de la esperada sentencia.

El ex 'número dos' del PNV de Álava Alfredo de Miguel, conocido por todos como Txitxo, pidió 100.000 euros de comisión a la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi en una reunión que mantuvo con ella en su despacho oficial de la Diputación, según la denuncia que dio origen al 'caso De Miguel'. En la denuncia salió un nombre: Kataia Consulting. La empresa principal de la trama está a nombre de las mujeres de tres dirigentes nacionalistas alaveses, la del propio De Miguel y las de Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Durante todo 2018, en la Audiencia Provincial de Álava, se ha celebrado el juicio por esta trama de corrupción en torno a De Miguel. Éste es un resumen por boca de sus protagonistas:

Ainhoa Alberdi, denunciante del 'caso De Miguel'

“Básicamente se me dice que tengo que pasar por caja. ¿Que si es una expresión literal? Puede haber cosas de las que no me acuerde, pero eso es literal. Entiendo claramente que me están pidiendo dinero. [...] Me llama soberanamente la atención. Me sorprende esa alegría. De ahí mi temor de que si esto era tan fácil de hacer yo no sería la única a la que se lo habían hecho [...]. Me metí en esto por convencimiento de Justicia y quizás debería haber reflexionado más las consecuencias [...]. Me dan un consejo: que durante muchos años mejor no hagamos el trabajo de presentación de concursos”.

Jesús Villegas, abogado de Aitor Tellería

“Si la denuncia no tiene origen en la venganza, se le parece bastante. Hay mucha imaginación y mucha especulación [...]. El ministerio fiscal presenta a Alberdi como una víctima y el nivel que ha puesto está muy bajito. La señora Alberdi es en este caso una testigo profesional. Profesional del derecho, que sabe lo que quiere decir, cómo y cuándo [...]. Su actuación es una actuación teatral y, visto el resultado, realmente ha sido muy eficaz”.

Julián Sánchez Alegría, presidente de los parques tecnológicos de Euskadi

“Le dije que no se preocupase, que me iba a ocupar personalmente [de que cobrara íntegramente su contrato], y que si era verdad [la comisión] fuera a la Justicia a poner una denuncia”.

Alfonso Arriola, gerente del parque tecnológico de Miñano

“Me llama por teléfono Julián y me comenta que tiene un tema que le parece preocupante, muy delicado, y que prefería en privado. Dos o tres días más tarde sube al parque y fuimos a dar un paseo por fuera. Las instalaciones son muy agradables para pasear. Me comenta de sopetón que Alberdi ha ido a hablar con él y que le ha comentado que Alfredo de Miguel le está pidiendo una comisión. Yo me quedo de piedra, anonadado. 'Julián, me pilla absolutamente de sorpresa. No quepo en mi asombro'. Tiene que ser un malentendido entre los dos. No se me ocurre pensar que un diputado foral va a pedir dinero”.

Miren Lourdes Bilbao, técnica de Miñano

“Para mí Txitxo no es nadie. Le conocí en este pasillo el primer día de esta vista”.

Mikel Zuloaga, abogado de Jon Iñaki Echaburu

“Es posible que cuando alguien reclama el dinero se venga arriba y pretenda reclamar una comisión de tema absolutamente privado. [Es posible] Que le hayan intentado cobrar una comisión por eso y que esa comisión por la intermediación en un contrato privado esté 'dentro de lo normal'”.

Josu Arruti, principal arrepentido

“El señor Alfredo de Miguel me dice, ¿qué te parecería que al margen de tus honorarios con Riera les pidieras una comisión para ti y para mí? Igual me vence a mí también la avaricia. Comentamos cuál podía ser la cantidad adecuada y no ser redonda ayuda en ese sentido. Me van a disculpar, pero no creo que haya una tabla de comisiones ilegales”.

Francesc Fernández Joval, gerente de Construcciones Riera

“Josu Arruti planteó este tema. Esto al final... resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, … El primer día te esperan para lo que quieren cobrar [...]. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Yo aún no sabía el nombre. Lo supe después. Lo pensé… Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si te puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave, el estar sentado aquí hay que superarlo mentalmente. En fin, lo pensamos y dijimos ¡nos tiramos a la piscina! Vamos a pagar comisión y pagamos comisión”.

Nicolás Guerrero, sucesor de Fernández Joval en Construcciones Riera

“Hay una serie de engaños sucesivos. A las personas que habíamos depositado la confianza [en Construcciones Riera y Fernández Joval] nos han robado. Nos han robado directamente [...]. Cuando tuvimos conocimiento de esta investigación tuvimos la conciencia de que este proyecto estaba manchado, estaba sucio”.

Josu Izaguirre, fiscal

“Se nos ha intentado reflejar a De Miguel como un concejal de pueblo, pero tenía gran influencia política y social. Hace cosas que sólo hay que hacer en callejones oscuros. De Miguel se dedicaba a ser padrino. Si no tienes padrino en este país parece que no tienes un contrato. Y que no se te ocurra denunciarlo, que no recibes otro. ¿Estamos en un país donde hay que ser mafioso para contratar con la Administración? ¿Solamente con padrino se puede contratar con la Administración? [...]. El señor De Miguel consigue que le hagan gratis unas obras en su domicilio y algunos hablan de que no ha habido lucro. Igual lo ha destinado a refugio de personas desamparadas…”.

Alfredo de Miguel, principal acusados

“El baño se hizo nuevo y la cocina también. El alicatado... habíamos pedido una raya vertical para limpiar mejor etc. etc. Pero a la mujer no le parecía bien y quería volverlo a hacer, que era una liada. Nos hacían una propuesta de descuento si lo dejábamos como estaba. Mi mujer estaba más por la labor de cambiarlo, pero así somos los hombres... [...]. Yo llevo más los temas económicos y ella lleva más los temas de la casa. Cuando no hay problemas con las cuentas, no preguntaba. [...] ¿Comisiones? Ni a Ainhoa [Alberdi] ni a nadie. Ninguna comisión. Ni para este [contrato] ni para ningún otro. Ni extorsiones ni cosas raras [...]. Tan sencillo como esto, guste o no guste [...]. Se me ha investigado de arriba abajo y queda constancia de que no ha habido enriquecimiento ilícito [...]. Ha habido cosas que hecho mal y me arrepiento sinceramente. Si pudiera volver atrás no las haría bajo ningún concepto, pero jamás creo que he cometido un delito y menos aquellos por los que se nos ha acusado”. 

Prudencio Hierro, constructor amigo de De Miguel

“Siempre ayuda hacer un favor a un diputado foral”.

Sergio Fernández Oleaga, empresario amigo de De Miguel

“¿Padrino? Yo lo digo en el sentido de que, si alguien le pregunta a Alfredo y tiene que recomendar, de nosotros va a hablar bien seguro. Tiene un buen concepto y va a hablar bien de ti”.

Ainhoa Bilbao, esposa de De Miguel

“Mi marido se ocupaba de las cuentas y yo de temas domésticos, el colegio, las extraescolares, el supermercado, ...”.

Joseba Garmendia, inspector de Hacienda

“Hay dudas razonables de la actividad empresarial. No tienen estructura económica, no presentan declaraciones fiscales, no atienden a los requerimientos, no consta que hayan tenido gastos, no consta que tengan personal ni subcontratado, no disponen de bienes muebles e inmuebles… Los servicios que supuestamente han prestado bien no se aportan o no consta que se hayan llevado a cabo. La conclusión lógica es que estas empresas han podido ser utilizadas por otras personas para canalizar fondos de origen diverso. Podemos entender que han sido utilizadas como empresas pantallas”.

Manuel Pedreira, fiscal

“Reconozcamos errores. A nada que analicemos las conclusiones quedan patentes ausencias. Se echan de menos la reclamación o la imputación de participación a título lucrativo de Pilar Lasa [la suegra de Alfredo de Miguel] dentro de la asociación ilícita como beneficiaria de parte de los caudales de Kataia Consulting pero no era el momento en las conclusiones de traer nuevos partícipes, no podíamos solicitar nuevas responsabilidades”.

Víctor Benedito, experto económico contratado por De Miguel

“El señor De Miguel no tiene un incremento patrimonial. Era un ciudadano con un utilitario normal y corriente. Saab no es una marca mala, pero no es Porsche [...]. ¿Kataia Consulting? No existe nada, ni ingresos ni gastos opacos. ¿El perfil de una empresa instrumentada o pantalla? No es el caso. No se utiliza para unos fines delictivos. Lo primero ha sido cumplimentar siempre todas las obligaciones [contables y fiscales]”.

Iratxe Gaztelu-Urrutia, esposa de Koldo Ochandiano

“[Sobre 30.000 euros en efectivo que pagó a De Miguel] ¿Por qué no se hizo transferencia? Entiendo que no me lo dijera entonces... pero era por los papeles de Mikel 'Antza'. Me explicaron que había que sacar esa cantidad. El señor De Miguel estaba señalado en determinados papeles de ETA y le habían recomendado [ese tipo de movimientos]. Mi marido tenía trato con la chica de Ipar Kutxa y habló para que tuviera preparado un montante para que yo lo recogiera. Recogí los 30.000 en los alrededores de mi domicilio y se los di a De Miguel”.

Koldo Ochandiano, exdirigente del PNV alavés

“El 4% no coincide con nada… ¡Que traigan una calculadora! [...].  Retribuíamos a las mujeres con unas cantidades mensuales [en Kataia Consulting] ¿Cobraban las tres? Sí, lo verían en la cuenta”.

Aitor Tellería, exidirigente del PNV alavés

“¿Comisiones? No, nunca. Tenemos una contabilidad clara [en Kataia Consulting]. Ni está en mi mano ni aun habiendo estado en mi mano lo hubiese hecho [...]. He cometido aciertos y errores. El único que he cometido fuerte es el que me ha traído aquí [...]. Quiero pedir disculpas”.

Araceli Bajo, esposa de Tellería

“Podía poner la mano en el fuego por mi marido. Si yo me hubiera enterado, primero de todo no sería mi marido. No se lo hubiera permitido. Después de 30 años le conozco perfectamente y Aitor no es una persona de coaccionar. Ese tipo de cosas no van con él. [...] Cuando firmamos lo de Kataia Consulting creo que nos equivocamos. Si consideran que hemos traspasado la línea, pedimos perdón”.

Carlos Chacón, abogado de Ochandiano

“La Ertzaintza hace ingeniería creativa [...]. Lo que el fiscal llama 'el cuerpo del delito', el cuaderno [de Ochandiano con notas de comisiones y dinero negro] está manipulado, enriquecido, escondido y aparecido a los siete meses”.

Gonzalo Susaeta, abogado de Alfredo de Miguel

“Las declaraciones heteroinculpatorias [de Arruti y Fernández Joval] son sospechosas y han de ser valoradas por el tribunal con la debida cautela por la obviedad de que los coacusados no están sometidos a decir verdad. Les está permitido mentir. La sospecha se puede acrecentar cuando la declaración no tiene lugar en una etapa inicial. En nuestro caso esto se ha producido 8 años después de incoarse el proceso [...] ¿Y cómo sabemos que [las pruebas del juicio] son las mismas que estaban en el domicilio de De Miguel?”.

Eneko Goenaga, compañero de de Gonzalo Susaeta

“Habría desaparecido en el ordenador la contabilidad de 2008 y 2009 de Kataia Consulting”.

Francisco Javier Villarrubia, abogado de Sergio Fernández Oleaga

“La investigación... Decir que es de Pepe gotera y Otilio es poco. Este procedimiento está lleno de coincidencias nefastas, joder. No hay nada. Es como cuando yo de niño toreaba sin toro en casa”.

Agentes de la Ertzaintza 15008 y 15431:

“Que se diga que o nosotros o el señor juez [Roberto Ramos, que investigó el caso] hayamos manipulado esto... ¡Yo por ahí no paso! ¡Me están acusando!”

Javier Otaola, abogado del Gobierno vasco

“Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga eran aparentemente competidores cuando en realidad eran un pequeño cártel en el ámbito de su actuación [...]. Las fotocopias de Xabier Sánchez Robles [pruebas aparentemente falsificadas] son más una prueba de cargo que de descargo. Oscurece un poco la buena fe del acusado”.

Josu Izaguirre, fiscal

“Se sabe lo que se aporta. Son fotocopias y no originales. Justo lo necesario para evitar acabar sentado de nuevo en el banquillo”.

Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco

“Estos documentos… [Antes del juicio] Hay que proponer los testigos y me dirijo a algunos funcionarios del Gobierno. Concretamente uno de esos funcionarios... No lo voy a revelar porque la petición es no venir a declarar, pero sí me facilitó esta información. El funcionario me traslada que tanto familiarmente como personalmente no quiere venir pero que me facilita una información de utilidad. Yo me dirijo donde mis abogados y les digo que me han facilitado esta información. Yo la aporto, la traigo y ustedes valorarán la validez que pueda tener”.

Javier Beramendi, abogado de Sánchez Robles

“El argumento estrella [del fiscal en este bloque del 'caso De Miguel'] es la falsedad de las carátulas y que prueba de la falsedad es que para eludir responsabilidades se presentaban fotocopias. ¡Sin pudor! Son afirmaciones llenas de insinuaciones insidiosas. Son inaceptables. Y luego está el miembro del coro, el letrado del Gobierno vasco, que se sumó a aplaudirlas, jalearlas y mostrar más pasión que el ministerio fiscal”.

Oro Ochoa de Eribe, funcionaria de Juventud

“No era el estilo de Xabier dar explicaciones [...]. Si me hubieran dejado hacerlo a mí, no se lo habría dado siempre a los mismos”.

Jaime Tapia, presidente del tribunal

“¡No les estamos haciendo ninguna pregunta y se les podrían hacer muchas! La persona que no tiene nada que ocultar en principio puede contestar a una persona y a otra. Cuando vienen aquí y sólo contestan a las personas que les asisten... Estoy haciendo pedagogía para que los acusados lo sepan [...]. Vamos a ver... aquí hay un guion. Con todo el respeto, pero se trata de convencer al tribunal [y no a sus defensas]”.

Ibon Gaínza, abogado de Aintzane de Miguel, hermana de Alfredo

“En román paladino: los derechos de todo acusado son huir como un conejo, mentir como un bellaco y destruir pruebas [...]. Uno elige a los amigos pero no a los hermanos”. 

Gurutz Larrañaga, exviceconsejero de Cultura y superior de Sánchez Robles

“Contestaré a todos. Lo hago, primero, porque no tengo nada que ocultar y, segundo, por mi deber de cargo público. Lo considero un deber. [...] Las firmas que aparecen en toda la documentación son firmas que dan inicio [a los contratos con Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga]. No firmo el pago, sólo la autorización. Mi firma ya no aparece en todo el proceso de ejecución. La responsabilidad de seguimiento, de ejecución de los contratos, era de las distintas direcciones”.

Miguel Alonso Belza, abogado de Larrañaga

“¿A sabiendas? No hay nada [de Larrañaga]. Ninguna llamada, ningún 'email', ninguna nota, ninguna reunión, … No hay ningún viaje ni estancia en ningún sitio. ¡No hay ningún viaje! [Juventud] No era la Dirección que más contratos tenía y en las otras no ha habido ningún problema”.

Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco

“Ningun tipo de relación lúdica con el matrimonio [De Miguel-Bilbao]. Ni he ido a comer ni a cenar ni a nada [...]. ¿El viaje a Argentina? Coincidimos en el aeropuerto de Bilbao y en Madrid.  Y también a la vuelta. Pero [mi mujer y yo] no tuvimos en la ruta ningún contacto ni con Alfredo de Miguel ni con su mujer”.

Josu Montés, fundador de Ortzi Muga

“[Los principales acusados] Éramos de la misma generación. Somos una generación muy activa los que entramos en EGI [las juventudes del PNV] poco después de la escisión [de la que surge EA, en 1986]. Fue un impulso tremendo para los jóvenes. Coincidíamos en cientos de actos”.

Iñaki San Juan, administrador de Errexal y Ortzi Muga

“Para mi alegría, en este 2018 hemos empezado a trabajar otra vez en Juventud”

Ainhoa Mentxaka, abogada de Iñaki San Juan

“En esos tres años [de Sánchez Robles] San Juan facturó el 1,68% del total y un 6,75% de los contratos de servicios exteriores. Si esto era una trama para conseguir contratos... No voy a decir que las cantidades sean pequeñas, pero en relación con el presupuesto total eran cantidades nimias. Son cantidades absolutamente nimias”.

Ramón Tomàs i Riba, exparlamentario de CiU y empresario catalán

“Los servicios secretos, y así me ha pasado, informan en algunos países de la inconveniencia de tener relaciones conmigo a los presidentes de las empresas [por la acusación en el juicio, ahora retirada]”.

María Justina Angulo, exalcaldesa de Zambrana con el PNV

“Soy la primera que en el caso de Zambrana quisiera saber quiénes han sido las personas que se han beneficiado. Y si se han beneficiado que lo paguen. Tengo una mochila cargada que no me la he cargado yo. Yo jamás hubiera firmado el decreto de haber sabido que no cumplía la legalidad vigente. Anímicamente estoy a nivel de suelo”.

Vicente Armentia, exconcejal de Urbanismo de Zambrana

“¿Yo concejal de Urbanismo? Creo recordar que sí, pero no tuve que hacer grandes cosas o ninguna”.

María Jesús Alonso, secretaria de Zambrana

“Dos cheques aparecieron en mi mesa. Salí y pregunté. '¿Y esto?' La alcaldesa me dijo que tampoco sabía”.

Jaime Tapia, presidente del tribunal

“Ustedes siguen siendo inocentes. Nosotros tenemos que decidir ahora. Es una labor muy importante. El que tiene la llave de la cárcel es el tribunal”.

El 'caso De Miguel' lo inició el 2 de diciembre de 2009 la denuncia de la abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi, que acusó a dos exdirigentes del PNV alavés, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, de presionarla para que pagara una comisión de 100.000 euros por un contrato en el parque tecnológico de Miñano que se abonaría a través de la sociedad Kataia Consulting, a nombre de las esposas de ambos y de la de un tercer miembro del Araba Buru Batzar, Koldo Ochandiano. Desde el origen, el cuestionamiento de la figura de Alberdi ha sido una constante, hasta el punto de acusarla en algunos momentos de actuar como una mujer despechada o de tener problemas psicológicos. Y el juicio, ya visto para sentencia, ha acabado de la misma forma, tildándola abiertamente de ser una “testigo profesional” que se ha inventado una historia de corrupción irreal.

El abogado de Aitor Tellería y de su mujer, Araceli Bajo, ha sido el último de todos los defensores en intervenir ante la Audiencia Provincial de Álava. Jesús Villegas ha señalado que si la actuación de Alberdi “no tiene origen en la venganza, se le parece bastante”. “Hay mucha imaginación y mucha especulación [...]. El ministerio fiscal presenta a Alberdi como una víctima y el nivel que ha puesto está muy bajito. La señora Alberdi es en este caso una testigo profesional. Profesional del derecho, que sabe lo que quiere decir, cómo y cuándo [...]. Su actuación es una actuación teatral y, visto el resultado, realmente ha sido muy eficaz”, ha señalado el abogado citando que en las grabaciones aportadas por la propia Alberdi para soportar su denuncia se le escucha decirle a su socia, Beatriz Vicinay, que se están “riendo” de quienes luego serían los acusados.

Precisamente las grabaciones han sido uno de los caballos de batalla del juicio. Las 24 pistas de audio de una Olympus recogen frases que indican que las comisiones son algo “dentro de lo normal” o al propio Tellería diciendo “De un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda. Es así, porque si no lo tenemos jodido”. Estas últimas palabras son de una reunión que tuvieron De Miguel y Tellería con Alberdi y Vicinay en las oficinas de éstas en Bilbao. Según la empresaria y según su socia, allí se les volvió a pedir la mordida de 100.000 euros. La defensa de Tellería lo niega y asegura que lo que se negociaba era una deuda mercantil ordinaria entre el antiguo socio de ella, Jon Iñaki Echaburu, y Kataia Consulting, de alrededor de 30.000 euros. Se da la circunstancia de que Tellería declaró que no reconocía su voz en las grabaciones. Es decir, por un lado niega haber participado en esa reunión y por otro indica que en ella no se trató de comisiones.

La denunciante explicó también cómo De Miguel y Tellería se reunieron con su padre, Juan Antonio Alberdi, militante del PNV, para reclamarle las cantidades. Según Villegas, “la declaración de Alberdi no coincide ni con la de su padre”. A su juicio, en el proceso ha quedado claro que Alberdi padre contradijo a su hija, si bien él declaró que cuando le plantearon la cifra -“20 millones de pesetas”, más cercanos a los 100.000 que a los 30.000- él casi se desmaya.

Sobre todo el proceso ha sobrevolado el papel de Kataia Consulting, empresa pantalla para camuflar comisiones según la Fiscalía. En palabras de la defensa de Tellería, el negocio compartido con De Miguel y Ochandiano -los tres han coincidido en exculpar a sus mujeres, que eran las administradoras nominales- era una manera de hacer frente a una situación de paro.

Kataia Consulting se creó en junio de 2005 y, según la vida laboral de Tellería aportada por el propio Villegas al juicio, en aquella época el dirigente peneuvista estaba dado de alta en la empresa Oihanberri, creada por el Gobierno vasco y las diputaciones en 1989. Estuvo cobrando el paro entre octubre de 2005 y septiembre de 2006. Según Tellería, en aquellos meses estuvo trabajando para Kataia Consulting “con las botas de goma puestas” haciendo trabajos relacionados con la recalificación para un polígono industrial en Zambrana. La confesión de Josu Arruti, en cambio, puso de manifiesto que los 161.000 euros abonados por esa supuesta asistencia técnica escondían en realidad una comisión ilegal abonada por los promotores de Construcciones Riera. Tellería nunca estuvo dado de alta en Kataia Consulting pero sí, por ejemplo, la suegra de Alfredo de Miguel, que percibió más de 30.000 euros sin que conste que hiciera trabajos.

Siguiendo con la vida laboral aportada por la defensa de Tellería, se da la circunstancia de que en días consecutivos de abril de 2007 fue dado de alta tanto por una sociedad instrumental del PNV que dirigía De Miguel, Landaburu Etxea, como por la filial en Zambrana de Riera, Riera Urbanizer. Durante tres meses compatibilizó ambos sueldos hasta que en julio saltó a una sociedad pública llamada CEIA, un semillero de empresas en el parque tecnológico de Miñano.

De CEIA, según ha explicado Villegas, salió en marzo de 2010, tras su detención en esta investigación de corrupción. “Fue un despido improcedente por motivos políticos porque quien toma la decisión son políticos”, ha indicado Villegas señalando al PSE-EE, entonces en el Gobierno vasco. Se da la circunstancia de que una de las líneas de defensa fundamentales tanto de los cargos de Miñano implicados como del propio De Miguel, quien hasta 2007 era gerente de otra sociedad pública, Aiara Haraneko Industrialdea, era precisamente alegar con rotundidad que esas entidades eran mercantiles “corrientes y molientes”, empresas privadas al fin y al cabo. No es un matiz menor, ya que los delitos de prevaricación o cohecho sólo se aplican a cargos públicos.

No era una infanta, era una “analfabeta”

Villegas se ha referido también al papel de Araceli Bajo, esposa de Tellería y cosocia de Kataia Consulting junto a las parejas de De Miguel y Ochandiano, Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu-Urrutia. Ha repetido en varias ocasiones que es injusto que esté acusada por “siete segundos”, el tiempo que dedicó a firmar la creación de la sociedad y otros trámites. Del resto se encargaban los hombres y, si constasen firmas de ellas, podrían haber sido falsificadas, ha deslizado Villegas.

Las tres mujeres imitaron en sus declaraciones a la infanta Cristina, que en el 'caso Urdangarín' insistió en que no conocía los negocios del vitoriano. Villegas ha calificado “con todos los respetos” a Bajo de “analfabeta” -al tiempo que ha señalado que lleva 30 años trabajando en una empresa- y ha añadido que a su lado “la infanta era una catedrática y sabía más de lo que decía”. “Su desconocimiento era absoluto y nunca tuvo el mal gusto de decirle a su marido que le hablase de Kataia Consulting después de la jornada de trabajo”, ha zanjado.

Respecto a la acusación de blanqueo de capitales, para Villegas es un absurdo porque habría que probar primero el origen ilícito de los fondos de Kataia Consulting, extremo del que “no hay ninguna prueba”. En el caso de De Miguel, por ejemplo, consta un “préstamo” de la empresa para comprar un Saab valorado en 33.000 euros. Tellería y bajo adquirieron en esas fechas una Fiat Dobló. Según el abogado, la furgoneta se empleó para los trabajos de Zambrana, aunque se trata de un modelo “panorámico y familiar”, según la investigación de la Ertzaintza, y no de la gama de vehículos industriales de la marca italiana. Un perito contratado por De Miguel, Víctor Benedito, dio otra explicación al 'leasing' de este vehículo: que era para transportar libros de cuentas.

El juicio del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción conocido en el País Vasco y que se inició allá por el 8 de enero, ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Álava a las 13.02 horas del 19 de diciembre de 2018, algo más de nueve años después de que una empresaria y abogada urbanista, Ainhoa Alberdi, denunciara ante la Fiscalía que el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, la había presionado para que le abonara una comisión de 100.000 euros. Han sido casi 70 sesiones, más de 100 comparecencias y muchas jornadas que, en algunos casos, se han extendido hasta altas horas de la noche.

A punto estuvo el político al que todos conocen como Txitxo de confesar a cambio de ver rebajada la petición de condenas, pero optó por seguir negándolo todo hasta el final, incluso aunque su amigo Josu Arruti le incriminara y confirmara la existencia de mordidas. Ahora se expone a una pena máxima de casi 30 años de cárcel (12 de cumplimiento efectivo) y 1,2 millones de sanción económica y, en su derecho a la última palabra antes de dar por finiquitado el macroproceso, De Miguel ha obviado a Alberdi y a Arruti y ha insistido en esa línea: “Se me ha investigado de arriba abajo y queda constancia de que no ha habido enriquecimiento ilícito”. Sin embargo, hay pruebas de dinero destinado a viajes, joyas y hasta para un coche, de la marca Saab.

Sin embargo, en un mensaje preparado y coordinado con los otros dos exdirigentes del PNV alavés encausados, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, y con sus tres esposas -socias nominales de la empresa central de la trama, Kataia Consulting-, ha pedido también “perdón”. “Sin duda alguna ha habido cosas que he hecho mal y me arrepiento”, ha manifestado extendiendo las disculpas especialmente a su hijo y a su hija, a los que ha citado por sus nombres. Ha cerrado su intervención con un “Eguberri on!” para todos los presentes.

Tellería se marcha del juicio “plenamente convencido” de su inocencia. Pero ha añadido otro mensaje enigmático: “He cometido aciertos y errores. El único que he cometido fuerte es el que me ha traído aquí [...]. Quiero pedir disculpas”. También Ochandiano ha realizado una intervención similar: “Desde el convencimiento de mi inocencia, si por motivo de mi actitud alguna persona se ha podido sentir molestada, de corazón mi más sinceras disculpas”. ¿A quién pedían perdón? ¿Por qué?

Las tres mujeres no han sido mucho más extensas, aunque la de Tellería, Araceli Bajo, sí ha ido un poco más allá. “Cuando firmamos lo de Kataia Consulting creo que nos equivocamos. Si consideran que hemos traspasado la línea, pedimos perdón”, ha manifestado. “Puede que en algún momento nuestra forma de ser o algún acto nuestro haya podido hacer que alguien se sintiera perjudicado [...]. Quiero pedir perdón si ha ocurrido”, ha apostillado Iratxe Gaztelu-Urrutia, pareja de Ochandiano.

Otros acusados como Alfonso Arriola o Iñaki San Juan han optado por no hacer uso del derecho a hacer algún comentario final antes de acabar el juicio. Uno de los grandes protagonistas, Josu Arruti, que en noviembre confesó la existencia de comisiones en torno a la operación urbanística de Zambrana, sí ha hablado pero muy brevemente para destacar el trabajo “brillante” de su abogada, Arantxa Isasmendi, pieza fundamental junto al asistente de Josu Izaguirre, el fiscal Manuel Pedreira, en las negociaciones que desembocaron en las confesiones. La familia Arruti, incluso antes de acabado el juicio, ya devolvió unos 130.000 euros más intereses como muestra de arrepentimiento y asunción de responsabilidades.

El catalán Ramón Tomàs, a quien la Fiscalía finalmente ha retirado los cargos en torno a negocios relacionados con Zambrana, ha pedido expresamente al tribunal que la sentencia sea “aclaratoria” porque, según ha explicado, ha perdido contratos internacionales debido a su imputación. “Los servicios secretos, y así me ha pasado, informan en algunos países de la inconveniencia de tener relaciones conmigo a los presidentes de las empresas”, ha revelado.

La “pesadilla” de Gurutz Larrañaga

La intervención más extensa ha sido la del que fuera viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, acusado de prevaricación por haber autorizado las contrataciones 'a dedo' que su subordinado, el director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, realizó con empresas de la órbita de De Miguel, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, y que en gran medida hasta sumar 146.000 euros no consta que se realizaran. Larrañaga, arropado este miércoles en el juicio por su familia, ha hablado en castellano con pasajes en euskara y en latín y ha descrito la “pesadilla” de verse “asociado al problema de la corrupción” -una palabra paradójicamente muy poco empleada en el juicio- por irregularidades con unas personas y empresas que no conocía. Desde el principio del juicio, su defensa marcó claramente distancias con la de Sánchez Robles.

“En 22 años no he recibido advertencia alguna de ilegalidad. He trabajado con honradez y transparencia [...]. Desde el principio he colaborado con la investigación. Hemos respondido a todos sin reserva y no es ningún mérito, es una obligación y deber de todo servidor público”, ha explicado. Ha criticado, igualmente, las “mofas” y “comentarios” del fiscal Izaguirre en sus conclusiones. “No es de recibo que dijera que era 'el abuelillo' o 'el vago'”, se ha quejado. Ya jubilado, ha ironizado que ser “aitite” es una “suerte”, “un empeño muy noble y satisfactorio”.

Tras estas breves comparecencias, el presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha dado por cerrada la sesión para siempre: “Ustedes siguen siendo inocentes. Nosotros tenemos que decidir ahora. Es una labor muy importante. El que tiene la llave de la cárcel es el tribunal”, ha dicho Tapia en nombre también de los magistrados Elena Cabero y Raúl Aztiria. “Les deseo lo mejor en la vida”, les ha dicho a los 26 acusados antes de declarar el 'caso De Miguel' visto para sentencia.

La abogada de la que fuera alcaldesa de Zambrana por el PNV, María Justina Angulo, ha insistido en su informe de conclusiones en esta fase final del 'caso De Miguel' -está previsto que este miércoles quede visto para sentencia después de unas 70 sesiones iniciadas en enero- en que, cuando aprobó un decreto en 2004 para promover un polígono industrial en aquella pequeña localidad de Álava, desconocía los “intereses privados” tanto del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, como de quien éste eligió como intermediario, Josu Arruti. Según la Fiscalía, que acusa a Angulo de prevaricación, la regidora facilitó la pista de aterrizaje para que De Miguel y Arruti, como se ha conocido en el juicio, cobraran comisiones ilegales de los promotores del proyecto, los catalanes de Construcciones Riera. No obstante, tras la rebaja general de peticiones de penas, el ministerio público ya no pide cárcel para ella.

La defensora María José Tapia ha indicado que Angulo “llamó a la centralita” del PNV de Álava y que “la centralita” -no ha indicado quién- le derivó a De Miguel para le ayudara en “cómo hacer un polígono”. La regidora “sólo conocía de vista” a quien todos llaman Txitxo y contactar con él no fue premeditado. “De Miguel lo único que hace es decirle que conoce a una persona que podía ayudarles, el señor Josu Arruti”, ha indicado Tapia, que ha apostillado que el Ayuntamiento “no contrato sin más” a la empresa de Arruti (Sidepur) ya que fue el pleno municipal, con toda la información y sin oposición, quien dio el visto bueno.

La prevaricación, ha incidido la letrada, exige la constatación de que la irregularidad se produjo “a sabiendas” y, según ha indicado, Angulo se sometió a todos los “controles de legalidad” del municipio, es decir, a los informes de la secretaria municipal. Es “otro debate”, ha concedido Tapia, si ese control era efectivo o, en sus palabras, “pueril”. Ha explicado que la alcaldesa no tenía formación jurídica suficiente -“ha sido ama de casa desde 1992”- para tener un criterio diferenciado y que se dejó guiar por el “principio de confianza” hacia su funcionaria.

Ha rechazado también que fuera Arruti el que dictara los términos del decreto de contratación -“sólo unos puntos”- y que en aquella época tuviera conocimiento que De Miguel y el propio Arruti pensaban lucrarse con la operación. “Ha resultado obvio que el señor Arruti tenía un interés más allá. Pero, en todo caso, nunca informó a Angulo ni a la Corporación de sus acuerdos y relaciones con Riera [...]. Actuó de mala fe y lo ha reconocido”, ha indicado la defensora recordando que Arruti confesó que fue él quien medió para que Riera pagara una mordida doble de 161.000 euros, una para Sidepur y la otra para una empresa controlada por De Miguel y los también dirigentes alaveses del PNV Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, Kataia Consulting, creada precisamente para camuflar este pago, según la declaración del arrepentido.

La Fiscalía señala también que Angulo continuó colaborando con ambos cuando, ya en 2005, anuló las relaciones que mantenía Zambrana con un primer promotor, Capirresgo, que tenía firmado un contrato con Sidepur muy inferior al que Arruti tenía apalabrado con Riera (300.000 euros frente a un máximo de 3 millones). Para la defensa de la alcaldesa, ni siquiera hay una “resolución administrativa” que pueda ser considerada ilegal y alega que se trata de una excusa para retrasar hasta finales de 2005 la comisión del delito y salvar la prescripción, ya que aunque el 'caso De Miguel' se inició en 2010 la imputación formal de Angulo no llegó hasta 2014.

Para Angulo, la prueba del nueve de que no formaba parte del plan de Arruti y De Miguel es que siendo ella alcaldesa nunca se llegó a autorizar la recalificación de suelo necesaria para la instalación del polígono. Angulo cedió la Alcaldía en 2007 y el nuevo regidor investido fue el independiente Aitor Abecia. También ese año De Miguel pasó a ser diputado de Urbanismo de Álava y siguió impulsando un proyecto por el que había cobrado dos años antes. Según explicaron tanto Arruti como los gestores de Riera, “había más comisiones” pactadas para la segunda fase del plan de Zambrana, la de urbanización.

El abogado defensor de uno de los principales acusados del 'caso De Miguel', Xabier Sánchez Robles, que se enfrenta a ocho años y un día de cárcel por la presunta adjudicación irregular de contratos que recibieron 'a dedo' empresas de la órbita del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, ha realizado un duro alegato de conclusiones en esta fase final del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Álava. Javier Beramendi, veterano penalista y presente en muchos de los casos más importantes de Euskadi, ha insistido en que el Gobierno vasco, primero del PSE-EE y ahora en manos del propio PNV, ha ocultado información de manera deliberada para incriminar al que fuera director de Juventud entre 2003 y 2009.

Beramendi no ha escatimado en adjetivos contra el letrado del Ejecutivo, Javier Otaola, al que acusado de ser “corista” del fiscal, Josu Izaguirre, y su tesis de que buena parte de los contratos -hasta sumar 146.000 euros- ni siquiera se llegaron a ejecutar. Antes, había asegurado que cuando se originó el caso, en 2010, los entonces responsables de Juventud, del PSE-EE, certificaron que no existía documentación acreditativa de esos trabajos sin buscarla adecuadamente. Según el abogado de Sánchez Robles, Otaola teledirigió los interrogatorios a los dos testigos que hicieron esas certificaciones para que sostuvieran la acusación.

“Se nos dice que [Sánchez Robles] propició que se abonaran prestaciones sin efectuarse el objeto del contrato. No es verdad. El 'no consta' de 2010 del Gobierno vasco, lo digo con todo cariño, no se lo cree ni el fiscal. ¿'No consta' es sinónimo de 'no se ha hecho' o de 'no se ha buscado'? ¿O de 'miré por encima'? Estoy convencido en que ustedes coincidirán conmigo: el 'no consta' se diluye como un azucarillo en un vasco de agua”, ha dicho al tribunal Beramendi, que ha indicado que los trabajos a esas empresas, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, se encontrarían almacenados en un archivo distinto al de Juventud. Se da la circunstancia de que el exresponsable de Juventud sólo se negó a contestar a las preguntas de Otaola durante su declaración, que duró varias horas y en la que atendió también a la Fiscalía.

Defensa cerrada de las pruebas consideradas falsas

Adjunto a su escrito de defensa, Sánchez Robles aportó antes del juicio las carátulas de esos trabajos de los que existen sospechas. Además, venían con un sello aparentemente oficial del Departamento de Cultura, del que colgaba Juventud. Sería la prueba exculpatoria definitiva y como tales las ha empleado el letrado del exdirector de Juventud, que las ha mencionado en reiteradas ocasiones. Sin embargo, como publicó este periódico, pesan sospechas de que esos documentos son o bien falsos o bien incluso “fabricados”, extremo que tanto la Fiscalía como el Gobierno vasco ratificaron en sus informes de conclusiones.

De hecho, los otros acusados por estas contrataciones, como el viceconsejero Gurutz Larrañaga, superior de Sánchez Robles y firmante de las adjudicaciones, o los administradores de Errexal y Ortzi Muga, Iñaki San Juan y Josu Montés, han pasado de puntillas durante todo el juicio del elemento fundamental que les exoneraría a todos ellos de la cárcel. En el caso de De Miguel, su letrado, Gonzalo Susaeta, los mencionó en su escrito de defensa previo al juicio pero no ya en su alegato final de conclusiones.

Esos documentos no tenían número de entrada en el registro de la Administración y presentan diferencias tipográficas con otros sellos oficiales obrantes en el sumario. También hay un documentado fechado en un día inexistente, el 29 de febrero de 2007. Beramendi, por el contrario, ha defendido su veracidad plena. El problema de la fecha es un “error” y de las diferencias en los “rabillos” de las letras o números no se puede hacer 'casus belli'. El abogado ha indicado que ha hallado hasta “cinco tipos de sellos distintos del Departamento de Cultura” entre la documentación del caso.

Durante el juicio, la Fiscalía encargó un informe al Gobierno vasco sobre los registros de Juventud en aquella época y no consta que los documentos de Sánchez Robles se entregaran. El tribunal, en todo caso, consideró extemporánea esta aportación. Beramendi lo ha explicado indicando que cuando se entregan a la Administración varios documentos sólo se marca uno y que, en estos casos, serían las facturas las que quedarían registradas.

Izaguirre destacó que el material entregado eran “fotocopias” y que no era un detalle menor, ya que si hubiesen sido originales se podría estar hablando de otro delito. “El argumento estrella [del fiscal en este bloque del 'caso De Miguel'] es la falsedad de las carátulas y que prueba de la falsedad es que para eludir responsabilidades se presentaban fotocopias. ¡Sin pudor! Son afirmaciones llenas de insinuaciones insidiosas. Son inaceptables. Y luego está el miembro del coro, el letrado del Gobierno vasco, que se sumó a aplaudirlas, jalearlas y mostrar más pasión que el ministerio fiscal”, ha manifestado Beramendi.

Sánchez Robles, en algunos casos, también aportó documentos con los informes completos. Sobre algunos de ellos pesan sospechas de que se trate de material plagiado. Beramendi ha recordado que durante la investigación solicitó a la sociedad informática del Gobierno vasco (Ejie) la copia de seguridad del ordenador de Sánchez Robles, que probaría la existencia de esos informes. Ejie no disponía de ese material pero Beramendi entiende que también es “increíble” esa respuesta. “¿Creemos de verdad que Ejie no hace copias? ¿Para qué esta?”, se ha quejado.

El precedente de Margüello

Se da la circunstancia de que, hace solamente unos meses, Beramendi y Otaola compartieron otro juicio, el del 'caso Margüello', cuyo génesis coincidió en el tiempo con el 'caso De Miguel'. El letrado, de nuevo, defendía a un alto cargo, en aquella ocasión de Sanidad, José Ramón Elorriaga, acusado de beneficiar con contratos irregulares a empresas de su amigo, el doctor José Carlos Margüello. En sus conclusiones, Beramendi también atacó al Gobierno vasco ya que, a su entender, el PSE-EE utilizó el 'caso Margüello' como venganza política contra el PNV. Otaola, en aquella ocasión, retiró la acusación del Gobierno al entender que no estaba acreditado el quebranto económico de los contratos a las mercantiles investigadas. La sentencia confirmó la prevaricación del cliente de Beramendi y, además, criticó duramente su gestión.

Entonces como ahora, Beramendi ha destacado que no es tal la acusación de amistad y trato de favor de Sánchez Robles con el resto de acusados. Ha insistido, a pesar de los correos electrónicos del sumario, que De Miguel, conocido por todos como Txitxo, él y sus respectivas esposas, Ainhoa Bilbao y Josune Gorospe, no hicieron juntos un viaje a Argentina (“Xabier me dijo que prepararía las fotos para pasároslas. No sé si lo ha hecho ya, le preguntaré luego. Y el vídeo, como diría Txitxo, es 'lo puto peor'. No sé si se podrá hacer algo con eso. Le diré a Xabier que lo intente, más que nada para por eso de vernos en movimiento”). También ha indicado que no hay evidencias de comidas o cenas del exdirector de Juventud con De Miguel o con San Juan o Montés, de nuevo a pesar de los 'emails'.

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Finalmente, Beramendi ha puesto en solfa la declaración de la funcionaria jefe de Juventud, Oro Ochoa de Eribe, muy crítica con la gestión de Sánchez Robles y al que llegó a acusar de presionarla desde que estalló el caso. “Casi me salta al cuello”, ha ironizado el defensor del exdirector de Juventud, que ha reiterado que eran los técnicos los que proponían las empresas y no los políticos. “A los técnicos les compete comprobar que los trabajos se han realizado y deben hacer un informe para verificar que todo está correcto. La parte técnica es la que le da el visto bueno al trabajo. Oro se puso a la defensiva, con una exhibición de amnesia. ¿Qué razones tenía la señora Ochoa de Eribe para actuar así?”, se ha preguntado.

La mejor defensa es, en ocasiones, un buen ataque y así lo ha interpretado Iñaki San Juan, exedil del PNV en Leioa acusado dentro del 'caso De Miguel' de haberse beneficiado de una veintena de contratos 'a dedo' de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco cuando estaba en manos del peneuvista Xabier Sánchez Robles y que, según la Fiscalía y el propio Ejecutivo, en un porcentaje importante hasta sumar 146.000 euros se habrían cobrado incluso sin que conste que fuesen ejecutados. Su letrada, Ainhoa Mentxaka, ha denunciado que el sucesor de Sánchez Robles, de nombre Ignacio Rodríguez (PSE-EE) y que fue quien colaboró con la investigación para determinar qué contratos escondían anomalías, cometió irregularidades aún mayores. 

Según los datos aportados en el juicio del 'caso De Miguel' por la propia Mentxaka, Rodríguez pidió una excedencia en la entidad Suspergintza para acceder al Gobierno. Durante su etapa al frente de Juventud (2009-2012), “Suspergintza facturó más de 600.000 euros al Departamento de Cultura [el que depende el área de Juventud] y 6 millones del Gobierno vasco en su conjunto”, ha explicado la abogada.

“La empresa Suspergintza recibió subvenciones en convocatoria pública antes, durante y después de mi etapa en el Gobierno. Esto no tiene nada que ver con los contratos de Sánchez Robles, que eran directos. No son casos equiparables. Tratan de desviar la atención”, asegura Rodríguez en declaraciones a este periódico preguntado por las afirmaciones de la defensa de San Juan.

Mentxaka, en la línea de los expuesto en su declaración por Sánchez Robles, entiende que la totalidad de los trabajos contratados por Juventud a las empresas implicadas en este caso y que guardaban relación con De Miguel, Errexal, Ortzi Muga y Kataia Consulting, están perfectamente ejecutados y entiende que el Gobierno no aportó toda la información al juez instructor, Roberto Ramos, cuando se investigaron esos expedientes. Según la defensa de San Juan, administrador de Errexal y de Ortzi Muga, el equipo de Rodríguez emitió un informe “en cuatro días” en el que se fundamenta toda la acusación. Ha indicado que, de cara al juicio, el tribunal de la Audiencia Provincial de Álava solicitó más documentación y “aparecieron dos expedientes”. “Si se llegan a pedir todos...”, ha dejado caer.

Durante el juicio, en aplicación del principio 'in dubio pro reo', se ha acotado a 146.000 euros el dinero defraudado, según el criterio compartido por la Fiscalía y el por el letrado del Gobierno, Javier Otaola. En sus conclusiones, Otaola agradeció expresamente el trabajo de Rodríguez y de su equipo para esclarecer los hechos y aseguró que el actual Ejecutivo liderado por el PNV está “vinculado” por los informes elaborados por los socialistas en la etapa anterior. Sánchez Robles, por su parte, sólo se negó a contestar a las preguntas de Otaola en su declaración precisamente porque entendía que deliberadamente se habían ocultado los trabajos de Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga.

Sin “clamorosidad”: San Juan facturó el 6,75%

Mentxaka ha aprovechado también sus conclusiones para exponer numéricamente que no hubo “clamorosidad” en la facturación total de las empresas de San Juan (sin incluir Kataia Consulting) en relación al presupuesto total de Juventud y en relación también a la partida de servicios de consultoría externa. Según sus cifras, “en esos tres años [facturó] el 1,68% del total y un 6,75% de los contratos de servicios exteriores”.

Y ha añadido: “Si esto era una trama para conseguir contratos... No voy a decir que las cantidades sean pequeñas, pero en relación con el presupuesto total eran cantidades nimias. Son cantidades absolutamente nimias”. De hecho, ha querido dejar constancia de que en Juventud “no siempre” se le daba el contrato a San Juan porque “con la misma amabilidad que te adjudicaban, no te adjudicaban”.

Además, ha incidido que se ha querido ocultar en el sumario el dato de que en 2009, ya sin Sánchez Robles en el Gobierno, la facturación total de Errexal creció. Eso sí, en la Administración autonómica el casillero de contratos se quedó en cero. Sólo ahora, en 2018, la empresa -rebautizada como Perexila- ha vuelto a contratar con Juventud, según explicó en el juicio el propio San Juan.

Late en el trasfondo del juicio la amistad que unía a De Miguel, San Juan y Sánchez Robles. Hay pruebas de que el político apenas necesitaba 16 minutos y 38 segundos para lograr una adjudicación de Juventud. Si Sánchez Robles minimizó su relación con De Miguel, con quien llegó a viajar a Argentina, San Juan ha hecho lo propio con el exdirector de Juventud. Según Mentxaka, el contacto era con los funcionarios mientras que “el trato con el señor Sánchez Robles fue inexistente al principio y luego cordial”, pero sin cercanía.

Para justificarlo, ha leído una batería de correos electrónicos en los que De Miguel y San Juan preparaban encuentros o comidas. “Cuatro intentos en un año y en ninguna de las invitaciones está Sánchez Robles”, ha remarcado la letrada. No ha citado, en cambio, otro mensaje que envía San Juan a un grupo de amigos, incluidos De Miguel y Sánchez Robles pero también otros imputados en la causa como Josu Arruti o Josu Montés, en el que organizan un almuerzo en un 'txoko' de Bilbao.

Hace casi dos semanas que el abogado de Alfredo de Miguel, Gonzalo Susaeta, cerró emocionado su alegato de conclusiones en el juicio del 'caso De Miguel', que se inició en enero en la Audiencia Provincial de Álava y que apura sus última sesiones esta semana. Fueron tres días en los que desgranó sus reflexiones y argumentaciones y en los que no tuvo límite de tiempo. Pero algo, aparentemente, se le quedó en el tintero. Este lunes era el turno para la exposición de la defensa de Josu Montés, pero como su letrado, Eneko Goenaga, comparte bufete con el de De Miguel (ambos son de Cuatrecasas), ha aprovechado para hacer una suerte de 'ampliación' de las quejas ya realizadas por Susaeta a lo largo de tres días contra el juez instructor, Roberto Ramos, y contra los agentes de la Ertzaintza adscritos a él y que apenas afectan a su cliente.

El elemento nuevo es que, según ha expuesto Goenaga, cuando la Ertzaintza incorporó a la causa el ordenador de la hermana de De Miguel, de nombre Aintzane y que era contable de las principales sociedades mercantiles investigadas, se hizo tras guardarlo en una bolsa de evidencias sin firma ni sello, cerrada con cinta adhesiva. ¿Qué consecuencias tuvo aquello? Según Goenaga, “habría desaparecido en el ordenador la contabilidad de 2008 y 2009” de Kataia Consulting, principal empresa del caso que fue creada en 2005 para camuflar el pago de comisiones, en un primer término de la operación de Zambrana, según al confesión de Josu Arruti.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía puso de manifiesto que en el sumario sólo constaban los datos de esta mercantil entre 2005 y 2007 en contraposición a un informe económico encargado por la defensa de De Miguel a un perito externo, Víctor Benedito, que analizó también las cuentas del resto de ejercicios. El fiscal, Josu Izaguirre, acusó a Benedito de haber trabajado con datos facilitados por la parte interesada y no con los datos objetivos del sumario y la tesis de Goenaga es la respuesta de la defensa del que fuera 'número dos' del PNV de Álava a estas afirmaciones.

No ha mencionado Goenaga que consta en acta que Aintzane de Miguel entregó “voluntariamente” tanto ese portátil como documentación en papel sobre Kataia Consulting. Su abogado, Ibon Gaínza, ya ha presentado un incidente de nulidad porque cuando lo hizo, en 2010, ella era testigo y tenía la obligación de colaborar. Luego, en 2011, resultó imputada en la causa y, según Gaínza, tiene todo el derecho, como la Constitución prevé para cualquier acusado, a “huir como un conejo”, “mentir como un bellaco” y “destruir pruebas”.

“¿Cuál ha sido el tratamiento de esta evidencia tan importante?”, se ha preguntado Goenaga en voz alta, que ha hecho suyas las reflexiones de su colega Susaeta y ha dicho también que todas las pruebas informáticas aprehendidas a los principales acusados, como los ordenadores de De Miguel, “estuvieron descontroladas durante siete meses, ajenas al procedimiento y al secretario judicial”. “Resulta increíble que un procedimiento de esta entidad haya tenido una irregularidad de tal magnitud”, ha zanjado Goenaga en relación al trabajo del juez Ramos y de los policías a su cargo.

“Montés no se ha quedado un solo euro”

Josu Montés, militante del PNV y amigo de De Miguel, está en la causa como fundador de la mercantil Ortzi Muga, que nunca tuvo empleados y que fue beneficiaria como Kataia Consulting y Errexal de contratos 'a dedo' salidos de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, cuyo titular era Xabier Sánchez Robles. La investigación ha situado Ortzi Muga en la órbita de De Miguel. De hecho, su hermana era la contable. Goenaga se ha apoyado precisamente en las declaraciones en el juicio de los ertzainas expertos en delitos económicos que justo antes había criticado para recalcar que Montés no tenía ya relación con la empresa cuando, en 2007, empezaron las contrataciones con Juventud, que en buena medida ni siquiera se ejecutaron a pesar de haberse cobrado en su totalidad hasta sumar unos 45.000 euros sólo en este caso.

También ha repetido que los informes policiales dejan claro que Montés no obtuvo ningún beneficio personal. “Montés no se ha quedado con ni un solo euro de dinero público porque ni un solo euro de Ortzi Muga ha llegado a Montés”, ha enfatizado su defensor. 

Ortzi Muga fue creada en abril de 2006 y su primer ingreso fueron 6.000 euros de Construcciones Loizate, la empresa de Jon Iñaki Echaburu, quien está acusado de abonar comisiones ilegales al entorno de De Miguel. El concepto de ese pago fueron unas “traducciones” y en la investigación se valoró que fuera en realidad una mordida más, aunque finalmente Goenaga ha remarcado que no es objeto de acusación en el juicio. En el otoño de ese año Montés cedió la administración a Iñaki San Juan, socio minoritario, responsable de Errexal y también amigo de De Miguel.

Se da la circunstancia de que consta en el sumario un 'email' que guardaba De Miguel en el cual Montés le reclamaba unas cantidades por esos meses al frente de la mercantil. Para la Fiscalía, es la prueba del control real que ejercía quien todos llamaban Txitxo sobre esta empresa, como también sobre Errexal. Según Montés, era simplemente un intento de que un “amigo común” de San Juan y él intentase mediar porque San Juan, al quedarse con la empresa, no le abonó ninguna compensación.

Sin embargo, la realidad de los hechos es que San Juan no sólo no tenía un conflicto con Montés en aquella época, sino que le contrató para Errexal, donde lideró un proyecto subcontratado por la Fundación Naturgintza, la denominada 'Ruta del vino y del pescado'. Meses después, Asier Arrese, de Naturgintza, fichó a Montés para la fundación. Se dan dos coincidencias: por un lado, De Miguel -siendo diputado de Álava- contrató a Ortzi Muga 'a dedo' para “Asesoramiento para la puesta en valor de la ruta del vino y del pescado” (11.000 euros en dos facturas) y que en la actualidad Arrese es el jefe de Txitxo en la sociedad pública Hazi.

“Más allá de la amistad con De Miguel y San Juan y el conocimiento de otras personas [imputadas en la causa] no hay indicios, pruebas, 'emails' de los que se derive que Montés se haya asociado con alguien para cometer un delito. Todavía con el Código Penal vigente ni tener amistad ni una ideología política común puede ser considerado delictivo”, ha ironizado Goenaga sobre las acusaciones de asociación ilícita que pesan sobre Montés y otros acusados, que según la Fiscalía conformaron una trama para el cobro de comisiones ilegales y la obtención de financiación irregular.

Apenas un par de sillas vacías en el banquillo de los acusados del juicio del 'caso De Miguel' separaban este miércoles al exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, del exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, ambos del PNV. Pero desde que en enero arrancó este macroproceso de corrupción, una de cuyas derivadas son contratos 'a dedo' salidos desde Juventud -pero firmados por Larrañaga- a empresas de la órbita del que fuera 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, a la pareja le ha separado un abismo. Y esa distancia se mantiene ahora al final del juicio. En su informe de conclusiones, el letrado del exviceconsejero, Miguel Alonso Belza, ha deslizado algunos detalles que evidencian, aun sin haberlo dicho directamente, que quien tenía la cercanía con las mercantiles Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga y quien proponía las contrataciones ahora bajo sospecha era exclusivamente Sánchez Robles.

“¿A sabiendas? No hay nada. Ninguna llamada, ningún 'email', ninguna nota, ninguna reunión, … No hay ningún viaje ni estancia en ningún sitio. ¡No hay ningún viaje!”, ha recalcado Alonso, que ha añadido que Larrañaga tenía a su cargo otros directores y no ha ocurrido lo mismo: “No era la Dirección que más contratos tenía y en las otras no ha habido ningún problema”. Sánchez Robles, muy serio, no ha dejado de tomar notas durante toda la intervención del defensor de quien fuera su superior, con quien ha mantenido una interlocución muy fría, casi inexistente, durante todo el procedimiento.

Como publicó este periódico, Sánchez Robles tenía una relación de amistad tanto con De Miguel como con los administradores de Errexal y Ortzi Muga, Iñaki San Juan, exedil en Leioa, y Josu Montes, también militante del PNV. Constan pruebas en el sumario de comidas e incluso de un viaje a Argentina de De Miguel y su esposa, Ainhoa Bilbao, y de Sánchez Robles y la suya, Miren Josune Gorospe, ahora parlamentaria vasca. También hay 'emails' que muestran como De Miguel, en apenas 16 minutos y 38 segundos, conseguía fondos de Juventud. El que fuera director de Juventud, sin embargo, negó esa cercanía y el trato de favor a las firmas relacionadas con De Miguel, que en total obtuvieron 23 contratos de los cuales se sospecha, además, que varios de ellos ni siquiera se llegaron a ejecutar hasta sumar 146.000 euros tras haber dado por buenos algunos otros que eran dudosos tras el juicio.

Si así ha ocurrido este recálculo ha sido fundamentalmente por una caja de pruebas aportada por la defensa de San Juan. Y es que Sánchez Robles aportó unos documentos sellados que justificarían aparentemente todas las contrataciones pero tanto la Fiscalía como el Gobierno vasco sostiene que esas pruebas o bien son falsas o bien incluso “fabricadas”.

La Fiscalía ha reducido sustancialmente la petición de condena para el firmante de los contratos como superior de Sánchez Robles, el viceconsejero Larrañaga. Según su abogado, de verse expuesto a una pena de cárcel “casi como si fuera un asesinato” se enfrenta ahora a un delito de prevaricación, no penada con prisión y sí con inhabilitación, de la que espera librarse igualmente. El Gobierno vasco, por su parte, hace responsable único al director de Juventud. El abogado Alonso ha agradecido que al Ejecutivo no le haya “temblado el pulso” de excluir a Larrañaga de sus conclusiones mientras señala con igual firmeza a Sánchez Robles por malversación.

El letrado, en su breve alocución ante una Audiencia Provincial de Álava casi vacía -apenas siete defensores y casi ni periodistas-, ha indicado también que ha pretendido seguir durante todo el macroproceso una línea “diferenciada” a la del resto de acusados y ha asegurado que no cuestiona las “garantías” del sumario después de durísimas intervenciones de otros acusados contra el juez instructor, Roberto Ramos, los agentes de la Ertzaintza que le auxiliaron y el fiscal-jefe, Josu Izaguirre. Alonso, en todo caso, sí ha criticado los “excesos verbales” de Izaguirre y algunas alusiones personales a su cliente.

El delito de prevaricación exige dolo, que la resolución sea irregular a sabiendas. “No es la mera ilegalidad, sino la arbitrariedad lo que se sanciona”, ha enfatizado Alonso, que ha citado una única sentencia como referencia, la del 'caso Margüello', en la que fue exonerado el viceconsejero de Salud, Rafael Cerdán, porque era su subordinado, el delegado en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, el responsable directo de los contratos irregulares con empresas de quien era su amigo, el doctor José Carlos Margüello. Se da la circunstancia de que Elorriaga y Sánchez Robles comparten abogado, Javier Beramendi, quien expondrá sus conclusiones en el 'caso De Miguel' la próxima semana aunque este miércoles no ha estado presente en el juicio.

La defensa de Larrañaga, como las de otros imputados, ha descrito también una “durísima situación personal” derivada de su imputación en esta macrocausa allá por 2010, pocos meses después de que estallara el caso. Alonso se ha preguntado si “va a tener la misma repercusión [en los medios de comunicación] la retirada de prácticamente toda la acusación [y una hipotética absolución]” en relación con “haber aparecido en los medios constantemente entrando en esta casa de la justicia”. “Seguramente no y eso queda. Esto no es Nurva York y aquí todos nos conocemos”, ha añadido el letrado.

Los presupuestos vascos de 2006 incorporan en su apartado de “entes, sociedades y fundaciones públicas” las cuentas del parque tecnológico de Miñano, que es “una empresa pública adscrita al Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de la comunidad autónoma de Euskadi”. Fue en aquel año cuando se contrató de manera directa, sin concurso, a la empresa Urbanorma Consulting, tras la “recomendación” de quien no tenía ningún cargo en Miñano, Alfredo de Miguel, entonces 'número dos' del PNV de Álava y que está acusado de corrupción por, entre otras operaciones, haber intentado presuntamente cobrarse una comisión de 100.000 euros por esas gestiones.

Según la Fiscalía, aquella adjudicación gestionada por Alfonso Arriola como gerente y por Julián Sánchez Alegría como presidente, ambos del PNV, constituyó una ilegalidad flagrante. Para los abogados de ambos, en cambio, el parque tecnológico, a pesar de que su capital sea 100% público, no puede tener la consideración de entidad pública y, por lo tanto, no le serían aplicables en 2006 las normativas de contratación, basadas en los principios de publicidad y transparencia.

Así lo expuso el letrado de Arriola el lunes en el juicio del 'caso De Miguel', que se halla inmerso en su última fase, la de conclusiones. Y así lo ha repetido este martes el defensor de Sánchez Alegría, Adolfo Saiz Coca, que ha definido a Miñano como “una sociedad mercantil corriente y moliente” que está “excluida” de las directrices generales de la contratación pública. Ha admitido Saiz Coca que esta interpretación puede chocar en 2018, pero ha añadido que en 2006 la legislación era “más laxa”. Ha llegado a decir que la Administración ha utilizado este tipo de entes instrumentales como “huida del derecho administrativo”, para no “encorsetarse” con las exigencias propias de la normativa de contratos públicos.

Siguiendo esta teoría, las defensas también sostienen que los cargos directivos de estas empresas tampoco son autoridad pública o funcionario a los efectos del Código Penal. El propio De Miguel, antes de ser diputado de Urbanismo de Álava en 2007, era gerente de una Industrialdea -dependiente de Industria, como los parques tecnológicas- y se agarra a que era un “laboral” para intentar evitar condenas por delitos sólo aplicables a cargos públicos, como el cohecho o la prevaricación.

“No ha habido nada irregular en el contrato de Urbanorma Consulting”, ha querido zanjar Saiz Coca, que ha indicado que en las sociedades dependientes de Industria eran habituales estas adjudicaciones en la época y que el propio Tribunal de Cuentas admitía que se pudiera “mitigar” el derecho administrativo en ellas. “El acervo probatorio avala no sólo que no existía dolo, sino que se aplicaba correctamente la legislación”, ha apostillado el abogado de Sánchez Alegría.

El expresidente del parque tecnológico -lo fue de toda la red vasca- también está acusado de coacciones. Según el relato de la Fiscalía, la administradora de Urbanorma Consulting y denunciante del 'caso De Miguel', Ainhoa Alberdi, se reunió con él en primera instancia tras ser extorsionada por De Miguel. Y Sánchez Alegría, siempre según la acusación, alertó al político: “Actúa como actúan las mafias: proteger a los suyos y dejar a los pies de los caballos a los ciudadanos”. Saiz Coca ha repetido que es “falso” y que su cliente, que admitió que Alberdi le trasladó la situación que vivía y que incluso le dio la cifra de 100.000 euros, “ni le amenazó ni le pidió dinero, todo lo contrario, trató de aportar tranquilidad” para que pudiera cobrar todos los honorarios pendientes de pago por el trabajo en el parque tecnológico.

“Hay que considerar que el señor Sánchez Alegría ha estado ocho años sufriendo la pena de banquillo, que le ha acarreado notables perjuicios, como la pérdida de su puesto de trabajo como consejero delegado de una importante empresa. No sólo la señora Alberdi salió perjudicada”, ha señalado el abogado, que en ningún momento ha criticado al presunto responsable de los hechos, De Miguel. Sí ha lamentado que la Fiscalía mantenga contra él otra acusación en el 'caso Epsilon', el fallido proyecto para crear una escudería vasca de Fórmula 1 con sede en Miñano y que se tragó sumas millonarias de dinero público.

No se “manipuló” el expediente de Stoa

En el juicio también se analiza un segundo contrato en Miñano, continuidad del de Urbanorma Consulting, y que recayó en la empresa Stoa, de la órbita de De Miguel. La Fiscalía, apoyada en un informe de la Ertzaintza, entiende que aquella contratación tenía que ir “sí o sí” a la compañía de Sergio Fernández Oleaga y que ello motivó una serie de anomalías como la admisión de una oferta de 343.000 euros aunque el desglose real del presupuesto de Stoa rondara los 500.000 o que se “manipularan” los puntos de una empresa que anunció un recurso, Lugarfive. Para ello, la acusación se apoya en un cruce de correos por el cual esta empresa ve reducidos de 20 a 10 los puntos en el apartado de solvencia. A cambio, alude a que Fernández Oleaga abonó una comisión de unos 3.000 euros a quien consideraba su “padrino”.

Por estos hechos, además de Arriola y Sánchez Alegría, está procesada Miren Bilbao, directora técnica del parque tecnológico. Su abogado, Jesús Urraza, ha reivindicado su inocencia y honorabilidad y ha asegurado que es absurdo pensar que hubo manipulación porque incluso con los 20 puntos Lugarfive nunca superaría a Stoa en puntos. Las defensas de Bilbao y Arriola coinciden en que aquellos 'emails' eran una simulación, “borradores”, y que nunca actuaron sobre el expediente original, que desde un principio recogía que la empresa recurrente tuvo 10 puntos. La falsedad documental tiene que darse sobre originales que sean destinados al “tráfico jurídico” y, según Urraza, la Fiscalía no ha probado que sea el caso.

Además, “Bilbao es una señora que no tiene ningún motivo para participar en ninguna irregularidad”. Ha destacado Urraza, cabeza de un equipo jurídico más amplio, que la acusado no conocía a De Miguel hasta el juicio. Ha justificado también que su defendida no contestase a las preguntas del fiscal Josu Izaguirre en el juicio porque, a su modo de ver, su “estilo” es inapropiado y “pregunta 25 veces hasta conseguir que se diga lo que se quiere”.