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Los informáticos del Gobierno vasco no localizaron los contratos que Sánchez Robles aseguró haber guardado

Alfredo De Miguel (a la derecha) entra en el Palacio de Justicia.

Iker Rioja Andueza

Durante la fase de investigación del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi, el exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles (PNV), no sólo entregó en 2012 unas copias de los informes que aparentemente habían realizado las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga para desmontar la acusación de que su oficina había contratado 'a dedo' a estas sociedades vinculadas al ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, por unos trabajos que, en la mayoría de casos, no constan que realizaran. Aseguró también que los servicios informáticos del Gobierno (EJIE) dispondrían de una copia de seguridad de sus discos duros con lo que quedaría probado que no existía ninguna irregularidad en esas contrataciones bajo sospecha y que le exponen a 18 años de prisión. Pero ese 'backup' nunca apareció.

El juicio del 'caso De Miguel' aborda desde esta semana y hasta finales de abril las presuntas irregularidades en el área de Juventud, adscrita al Departamento de Cultura del Gobierno vasco. De la oficina de Sánchez Robles salieron 309.366,14 euros en contratos menores a las empresas controladas por De Miguel, también señalado por el cobro de comisiones tras la adjudicación de contratos. De ellos, 210.419,20 se corresponden con trabajos que no consta que se realizaran, como certificó en tres ocasiones el propio Ejecutivo autonómico -que sí entregó copias de los trabajos obrantes en sus archivos-.

En la investigación, Sánchez Robles declaró que creía que el Gobierno (entonces del PSE-EE) no había aportado al juzgado toda la documentación en su poder y decidió hacer entrega de unas copias de los trabajos dudosos que, según aseguró, se había llevado a casa al abandonar el cargo. Manifestó también que quedaría constancia de la veracidad de esos documentos en las copias de seguridad almacenadas por EJIE.

Por ello, su abogado, Javier Beramendi, solicitó al juez instructor, Roberto Ramos, que pidiera esos 'backup' a EJIE. El magistrado aceptó la petición de la defensa y envió a la Ertzaintza a la sociedad informática autonómica. Las copias de seguridad de los equipos de Sánchez Robles se solicitaron el 25 de mayo de 2012. Era viernes. No hizo falta buscar mucho. El martes 29, el director de EJIE, Iñaki Gurpegui, explicó que no existía ninguna copia de seguridad del usuario solicitado porque la “política” de 'backup' no incluye los equipos que son “exclusivamente responsabilidad del usuario”.

Sea como fuere, Sánchez Robles ha insistido en que los contratos con Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga -las dos últimas sin trabajadores- se llevaron a cabo de manera adecuada. Por ello, como ha adelantado eldiarionorte.es, de cara al juicio ha presentado las carátulas “selladas en el Departamento de Cultura” de los informes acreditativos de todos ellos. Se da la circunstancia de que las copias entregadas en 2012 por él mismo no estaban selladas. En algunos casos, como el informe sobre el programa “Juventud Vasca Cooperante”, la suya es la tercera versión distinta del mismo trabajo. 

La aparición de estos papeles tantos años después de que se conocieran estas presuntas irregularidades ha causado una gran sorpresa entre las acusaciones en este juicio, la Fiscalía y el propio Gobierno vasco. Fuentes del Ejecutivo, representado en el procedimiento a través del letrado Javier Otaola y que hasta ahora se ha mantenido en un discreto segundo plano en este procedimiento, han manifestado a este periódico sus sospechas de que esas pruebas puedan haber sido “fabricadas”. Idéntica conclusión han alcanzado otras partes personadas en la causa.

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