Una mujer trans no podrá votar el 17M con su identidad por “errores” con su tarjeta censal: “Se vulnera mi derecho”
María Cortés comenzó una nueva vida en el año 2024 cuando renovó el DNI con un nombre y sexo que la reconocían ante el mundo como mujer. Después de presentar la solicitud en el Registro Civil, también acudió a distintas instancias, como la sucursal del banco o la DGT para el carnet de conducir, con tal de que no hubiera confusiones. Todo había quedado resuelto cuando, de repente, le llegó la tarjeta censal en la que no constaba su perfil actual y seguía arrastrando su anterior identidad. Un fallo en el sistema administrativo del Ayuntamiento de Dos Hermanas le impedirá el próximo 17 de mayo ejercer con su nueva identidad su derecho al voto para las elecciones andaluzas.
“Primero, me enfadé, y luego, me frustré”, relata la vecina de 50 años del municipio sevillano. Con la carta en sus manos, interpuso una instancia general el 27 de abril en la sede electrónica del Consistorio para que quedara constancia del agravio sufrido. “Mis datos estaban actualizados en la sede electrónica del Ayuntamiento después de haberlo solicitado, donde ya aparecía como María, y fui presencialmente a las oficinas para arreglar un trámite al año de sacarme el nuevo DNI: ninguna de las tres personas que me atendieron comentaron que hubiera diferencias con su base de datos”, subraya. Es más, el 12 de junio de 2025 inició los trámites para modificar sus datos en el padrón municipal, tal y como ha podido comprobar este medio.
“Se ha vulnerado mi derecho a ejercer el voto”, afirma, resignada. Lo único que no ha cambiado es el número de DNI, el cual podría mostrar en la mesa electoral cuando fuera a votar el domingo 17 de mayo, como le han indicado. Pese a la recomendación, Cortés ha decidido no acudir a la cita electoral a causa de la afrenta que supone para sí misma, su pasado más reciente y todo lo luchado en estos dos años. “No voy a pasar por nada de eso, no quiero señalarme al quedarme parada delante de una urna con un procedimiento especial, es más, quería entrar y salir, pasar desapercibida”, declara. A ello, añade que “la persona responsable de la mesa podría hacer notar la irregularidad, que hay una inconsistencia, al ver que mi nombre ni mi sexo coinciden”. En tal caso, se debería apelar a la buena fe de los responsables que recogieran y comproboran su documentación. Una cuestión que descarta.
Al respecto, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, en manos de Francisco Rodríguez (PSOE), indica a este medio que “es responsabilidad de cada persona que sus datos estén correctos en el padrón municipal”, alegando que contemplan una población de 150.000 habitantes, aunque los documentos, como el DNI, el certificado de nacimiento y el formulario ya estuvieran en el Registro Electrónico. Además, insisten en que el censo electoral “no depende” de la corporación y que la ciudadana debería haber tramitado “en tiempo y forma” las alegaciones pertinentes. Igualmente, las fuentes consultadas aseveran que “no tendría ningún problema a la hora de votar”, ya que se realizaría el mismo domingo un procedimiento extraordinario para garantizar su derecho al voto.
“Yo tengo claro a quién votar”
El censo electoral vigente se cerró el 1 de enero para los comicios andaluces, según establece la ley. En este caso, la Oficina del Censo Electoral es la que se encarga de actualizar mensualmente la información de los votantes a partir de los datos remitidos por los ayuntamientos a través de las delegaciones provinciales. En ese envío masivo deben aparecer las altas, bajas y modificaciones de los residentes en sus respectivos términos municipales, que engloba tanto el nombre y apellidos, la residencia, como el domicilio, el sexo, el lugar y fecha de nacimiento, el grado de escolaridad y el número de DNI. Por tanto, la responsabilidad última es de las administraciones locales.
Una vez expuestas las listas electorales se abría el periodo de reclamación, pero, en este caso, Cortés alega que confiaba en que el Ayuntamiento hubiera registrado su nueva identidad. Por tanto, el plazo se cerró y la carta con la tarjeta censal errónea llegó mucho más tarde, a mediados de abril, días antes de que pusiera la primera instancia ante lo que había ocurrido. Una vez terminados los plazos, no pudo rectificar ni una coma. A raíz de lo ocurrido, apela a la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en la que se establece que se actuará con simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, aparte de garantizar la interoperatibilidad entre las administraciones.
Este no es el primer tropiezo burocrático de Cortés con la corporación de Dos Hermanas, ya que, asegura, en anteriores ocasiones ha sufrido perjuicios por no haber tenido su dirección postal actualizada aún notificándola y, también, ha registrado instancias por vía electrónica que nunca obtuvieron respuesta. “No me extrañaría que esto no llegara a nada”, lamenta. Ducha en estos laberintos digitales, ha decidido que el mismo domingo mandará otra queja a través del Registro General para que la instancia superior esté al tanto de lo sucedido y, así, haya una respuesta por escrito. Aun así, no es el último recurso y estudiará llevar la omisión del derecho al voto por la vía judicial.
“Yo tengo claro a quién votar”, comenta, “este año, precisamente, recibí en mi casa la notificación para mi primera mamografía y, con todo lo que ha habido, agradezco muchísimo que llegue”. Aprecia las buenas prácticas de la administración cuando suceden, pero critica y se mantiene vigilante ante sus fallos. Estupefacta, habla de los trámites tan poco intuitivos que envuelven a la ciudadanía en el día a día, como puede ser el uso de Cl@ve, el certificado digital o tantas cuestiones que no se utilizan por desconocimiento o hartazgo.
“Tengo la percepción de que hay descontento con el sistema administrativo, por lo que hay que meter el dedo en el ojo”, aunque al mismo tiempo le pide a sus allegados que pregunten, llamen, y hagan lo posible para recibir las explicaciones una y mil veces con tal de preservar sus derechos digitales. “En España tenemos un esquema de interoperatividad que no se cumple en muchos casos”, refiriéndose a la conexión entre las bases estatales, autonómicas y locales, “no te tienes que sacar el certificado de empadronamiento para viajar, por ejemplo, pero luego pasan estas cosas”.
Adecuación entre documento y candidatura electoral
Cortés pone el foco en el daño que provoca este tipo de acciones al colectivo LGTBI y cómo ella, mujer trans, ha transitado hasta ser reconocida por la administración. Quedan tareas pendientes en la democracia española, como la adecuación de la documentación para las personas trans migrantes por el Ministerio del Interior o la inclusión de las personas no binarias en las listas electorales. Acerca de este caso, la Junta Electoral Central (JEC) publicó una instrucción en noviembre del año pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que manifestaba: “Las candidaturas electorales deben incluir junto al nombre y apellido de los candidatos y candidatas la referencia, que coincidirá con la expresada en el DNI, a si se trata de un hombre o una mujer, sin que quepa sustituirla por ninguna otra mención relativa a la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género”.
Afecta de lleno a las personas cuya identidad o expresión de género no se identifica ni como hombre ni como mujer, pero también establece el criterio para el caso de Cortés: la coincidencia entre los datos, nombre y apellido y sexo de su DNI con la candidatura electoral. De presentarse el 17 de mayo, tendría que cruzar los dedos y, de nuevo, apelar a la buena fe, una cuestión fortuita para la que no se arriesgará.