LEY DE CAPITALIDAD
Sevilla logra que Gobierno y Junta den el primer paso para la ley de capitalidad que le permitirá contar con más financiación

Isabel Rodríguez, escoltada por Antonio Muñoz (izquierda) y Antonio Sanz antes de la reunión.

Antonio Morente

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Singularidad. Ésta ha sido la palabra más repetida en la reunión a tres bandas que este jueves han mantenido Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla para abordar precisamente eso, las “singularidades” de la capital hispalense y cómo afrontarlas, lo que en la práctica viene a suponer el primer paso hacia la ansiada ley de capitalidad que reclama desde hace un año el regidor sevillano, Antonio Muñoz. El encuentro ha servido para bautizar como Mesa Institucional de Sevilla un foro en el que se van a sentar regularmente las tres administraciones, el tercero de estas características que se pone en marcha en España tras los de Madrid y Barcelona.

En esta reunión trilateral han estado también la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, en lo que el gobierno local sevillano interpreta que, en la práctica, supone el pistoletazo de salida para esa ley de capitalidad que debería traducirse en una mejor financiación para recibir más ingresos. ¿Y cuáles son esas singularidades que justificarían esta decisión? Pues las enumeró el propio alcalde hispalense: ser la capital de Andalucía, ser la tercera área metropolitana de España después de Madrid y Barcelona y ser la capital administrativa de la comunidad, tres cuestiones a las que se une la circunstancia de tener cinco de los diez barrios más pobres de España, unas zonas con necesidades de transformación social “que requieren del consenso de las tres administraciones para cambiar su realidad”.

Sevilla entiende que estas circunstancias le acarrean una serie de gastos extraordinarios para mantener el nivel de servicios públicos, al atender a un exceso de población que no reside en la ciudad y ser la sede de los edificios gubernamentales de la Junta y del Gobierno central. Por ello reclama más recursos, pero a eso hay que darle un ropaje legal que sería esta ley de capitalidad. Así que lo primero va a ser encargar (probablemente a la Universidad de Sevilla) un informe de viabilidad jurídica para “analizar las consecuencias de reconocer esta singularidad” y su encaje en el Estatuto de Autonomía andaluz. En este contexto se abordaría el impacto económico de esta situación, cómo podría compensarse y si eso conllevaría por ejemplo tener que asumir nuevas competencias.

Desde el punto de vista político, el hecho de sentar a la misma mesa a los ejecutivos central y autonómico para hablar de esta ley de capitalidad ya supone apuntarse el primer tanto, especialmente cuando la Junta de Andalucía se había mostrado históricamente reticente a ello, primero con el PSOE y ahora con el PP. Todo cambió en la reunión que en octubre mantuvieron en la casa consistorial Muñoz y el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que fue el primero en empezar a hablar de las famosas “singularidades”.

Dos vías para un mismo fin

Muñoz tiene claro que Sevilla debe contar con este tratamiento especial, “ya sea una ley, un marco jurídico o lo que sea”, a imagen y semejanza de lo que ocurre con Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palma de Mallorca, Mérida o Logroño en sus respectivas comunidades autónomas. Ahora, y tras el aval unánime del pleno sevillano, se va a estudiar qué fórmula sería la más adecuada, si una ley autonómica o una disposición específica en los Presupuestos Generales del Estado, que es la otra puerta que se mantiene abierta.

Los gobiernos andaluces de turno siempre han huido de concederle a Sevilla una ley de capitalidad, básicamente por la sensación de agravio que pueda generar en otras ciudades, muy especialmente en Málaga. De hecho, el alcalde malagueño, Francisco de la Torre (PP), siempre se ha mostrado en contra de esta posibilidad, que considera que “no tiene ni pies ni cabeza” ya que ser la capital andaluza supone “una ventaja brutal” para Sevilla. De ahí que la Junta, en manos del PP, vaya con pies de plomo especialmente con unas elecciones a las puertas y se agarre al concepto de las singularidades. “Esto significa atender unas peculiaridades y no es una iniciativa excluyente”, ha subrayado el consejero de Presidencia, porque otras ciudades tendrán sus propias singularidades y también habrá que afrontarlas. Y lo de que Sevilla es la capital de Andalucía no es una invención sacada de la manga, sino que “lo dice el Estatuto”.

En la flamante Mesa Institucional de Sevilla no sólo se habló de la capitalidad, sino que también se acordó priorizar las actuaciones en los cinco barrios más pobres, que está por ver si se abordarán como un plan integral o con otra fórmula. También se coordinarán desde este foro las actuaciones en infraestructuras y movilidad necesarias para paliar el “déficit histórico” (en palabras de Muñoz) que sufre la capital, y evitar así situaciones rocambolescas como que Gobierno y Junta se han tirado todo un año pasándose la pelota para firmar el convenio de financiación de la segunda línea de Metro de Sevilla. Por cierto, que en el orden del día de la reunión estaba la cuestión de la tasa turística, pero al final no se abordó precisamente para centrar el tiro en estas tres cuestiones que no son precisamente menores: capitalidad, barrios de actuación preferente y movilidad. La próxima reunión será en febrero o marzo, y a la misma acudirá el Ministerio de Política Territorial con un reglamento de funcionamiento interno bajo el brazo.

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