El torbellino del exedil del PSOE de Sevilla detenido: un solar a subasta, dinero para un jefe municipal y plusvalía meteórica

Todo empezó con una operación contra el blanqueo de capitales por narcotráfico, para la que el juez de turno autorizó unos pinchazos telefónicos en los que un día apareció un personaje inesperado. Tras la intermediación de un conocido, una de las personas objeto de investigación en el municipio sevillano de Gines hablaba con Rafael Pineda, por entonces jefe de gabinete del actual delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández (PSOE).

La historia no tenía nada que ver con drogas, sino que le pedía su mediación para regularizar la situación de uno de sus trabajadores, una persona inmigrante, y que le echara una mano para agilizar la licencia de su restaurante. Meses después, el pasado martes, Pineda era detenido por su presunta implicación en una operación urbanística irregular, por la que se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Menos de 24 horas después era puesto en libertad con cargos, a lo que se añade el bloqueo y embargo de todas sus cuentas.

El epicentro está en una parcela de uso terciario propiedad de Emvisesa, la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, que salió a la venta en 2011, el concurso quedó desierto y años después se sacó en arrendamiento, adquiriéndola en 2017 (con el socialista Juan Espadas como alcalde) Olga P., esposa de Pineda. Fue la única que presentó una oferta en una operación en la que contó con dos socios, uno de ellos directivo de Burguer King en Andalucía.

Precisamente, en el terreno se instaló un local de esta cadena (junto a una gasolinera y luego otro restaurante), que pagaba por ello un alquiler pero que curiosamente no optó a comprar el solar cuando salió a la venta de manera definitiva en 2024, ya con José Luis Sanz (PP) como regidor. De nuevo, la única oferta fue la de Olga P., que se la quedó en propiedad.

Para ello abonó 1,7 millones de euros, pero obtuvo una plusvalía fulminante: cinco meses después, la vendía por 3,9 millones de euros –con un beneficio de 2,2 millones– y el que compraba el solar era... Burguer King. Los beneficios se repartieron entre los socios, pero la Guardia Civil ha puesto el foco en que también recibió un pago de 78.650 euros un empleado de Emvisesa, Daniel M.L., que en ese momento era jefe de Sección de Terciarios. El importe lo recibió a través de una sociedad en la que consta como administrador único, una operación que le costó el despedido al considerar el Ayuntamiento que no dio explicaciones convincentes sobre el origen de un dinero que para la UCO es una comisión pura y dura.

Ayuntamiento y Delegación del Gobierno

Rafael Pineda (Sevilla, 1973) no es ningún desconocido de la vida política sevillana. Entró en el Ayuntamiento de Sevilla en 2003 con Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) como alcalde, y lo hizo de la mano del actual vicepresidente primero del Congreso, el también socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, uno de los nombres clave entonces del gobierno local. Había ido en la lista socialista en las elecciones municipales de ese año, pero no logró acta de concejal hasta 2005, tras la renuncia de un compañero de filas. En 2007 no repitió en el que fue último mandato de Monteseirín, pero fue nombrado gerente de Lipasam, la empresa municipal de limpieza.

Fue el propio Gómez de Celis el que lo nombró su jefe de gabinete cuando, en 2018, tomó posesión como delegado del Gobierno en Andalucía. Celis duró en el puesto menos de un año para poner rumbo a Madrid, pero Pineda se mantuvo en su cargo con sus sucesores, incluido el actual, Pedro Fernández, que aterrizó en 2021. Pineda siguió ahí hasta que estalló el caso que ha llevado a su detención, que saltó a la opinión pública cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró en septiembre la sede de Emvisesa.

¿Y cómo se pasó de una investigación por narcotráfico a otra por irregularidades urbanísticas? Pues porque se separó una pieza (que lleva el Juzgado de Instrucción Nº 10 de Sevilla) después de que la UCO considerara que Pineda hacía gestiones para terceros ante distintas administraciones públicas a cambio de prestaciones. La Guardia Civil apunta a que habría recibido dinero por estas gestiones, aunque las escuchas telefónicas lo que revelaron es que habría aceptado un par de cenas en el restaurante de Gines.

Por cierto, que el alcalde de este municipio, el socialista Romualdo Garrido, no ha sido detenido pero está también imputado por prevaricación y cohecho, en teoría por presionar para acelerar la licencia de este establecimiento. El regidor, que ya ha testificado ante la Guardia Civil acogiéndose a su derecho a no declarar, se defiende insistiendo en que ni ha dado trato de favor ni ha recibido contraprestaciones de nadie.

Única que se presenta a los concursos

Pero volvamos al epicentro de esta historia, que tiene su corazón en una parcela municipal de uso terciario propiedad de Emvisesa en El Higuerón, en la zona norte de Sevilla. Tras un intento fallido de venta en 2011, en 2016 se opta por la figura del arrendamiento, adjudicándose a Olga P., esposa de Rafael Pineda. La Guardia Civil cree que el exconcejal ejerció su influencia para ello, aunque lo cierto es que no hubo ninguna oferta más ni cuando se arrendó ni cuando se puso a la venta pese a que se publicitó esta oferta pública.

Fue en 2022 (con el socialista Antonio Muñoz como alcalde, tras la renuncia de Espadas para liderar el PSOE andaluz) cuando el gobierno local decidió la enajenación mediante permuta de la parcela para así tener más suelo disponible para viviendas. Olga P., que hasta entonces pagaba 108.000 euros más IVA de renta anual según un contrato con vigencia durante 40 años, no se presentó al concurso que sacó a la venta el terreno por unos dos millones de euros. Quedó desierto.

Dos años después, ya con el PP en el gobierno municipal, se puso de nuevo a la venta por un precio sensiblemente menor (1,7 millones) y esta vez sí se presentó Olga P., que se llevó el gato al agua al ser la única oferta. A los cinco meses, revendió los suelos por 3,9 millones de euros a la misma cadena Burguer King que estaba allí en alquiler desde 2017.

¿Por qué redujo el PP el precio de salida en 2024? El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, alega que el hecho de que hubiera inquilinos devaluaba las opciones, de ahí que se fijase un precio de 1,7 millones de euros tras hacer un estudio de tasación. Para los populares, el pecado original está en el contrato de arrendamiento de 2017 con el PSOE, que ahora les habría atado las manos. El grupo municipal socialista, por su parte, insiste en que está muy tranquilo con este caso.

Piden la imputación de concejales del PP

Además de recordar que la Empresa Municipal de la Vivienda “es la principal perjudicada”, y de hecho está personada en la causa (como el propio Rafael Pineda, por cierto), De la Rosa ha anunciado una auditoría de “todas las operaciones comerciales de Emvisesa de suelo de los últimos ocho años”. De paso, señala que se despidió al jefe implicado “por el presunto cobro de la comisión”, para lo que se abrió una investigación interna en la que “no pudo justificar los hechos”. “El despido se ha hecho con todo el proceso garantista tras no dar las explicaciones oportunas”.

Si la historia es de por sí enrevesada, todavía puede dar una vuelta de tuerca más porque este empleado de Emvisesa, Daniel M.L. ha pedido la imputación del propio De la Rosa y también del primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Juan Bueno, porque forman parte de la comisión ejecutiva de Emvisesa que validó la venta del solar. Por ello, la jueza ha pedido las actas de la empresa relacionadas con el caso, que el gobierno local ya le ha remitido.

Para la defensa de Pineda, su arresto fue innecesario y considera que su cliente ha sido objeto de una investigación prospectiva tras aparecer en los pinchazos telefónicos por cuestiones que nada tenían que ver con el narcotráfico. El exconcejal, su esposa, los dos socios de ésta y el exjefe de Emvisesa fueron detenidos el martes y, tras acogerse a su derecho a no declarar, fueron puestos en libertad un día después afrontando los cargos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Lo cierto es que lo que en Sevilla ya se ha bautizado como 'caso Pineda' parece que va para largo.