Libertad con cargos para el exasesor del delegado del Gobierno en Andalucía imputado por una operación urbanística

Los cinco detenidos por la trama urbanística de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa), relacionada con la venta de una parcela en Higuerón Norte, en Pino Montano, han quedado este miércoles en libertad con cargos. Entre los arrestados en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llevada a cabo este martes, se encuentra Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y exconcejal socialista, y un exempleado de Emvisesa, todos ellos por su supuesta vinculación con la trama.

Pineda, que junto a las otras cuatro personas había pasado este miércoles a disposición judicial, ha quedado libre sin medidas cautelares tras acogerse a su derecho a no declarar. Así lo ha afirmado su abogado, Alberto Castejón, en declaraciones a los medios. “Lo único que nos sorprende muchísimo es que se haya procedido a la detención habiendo estado personado desde hace más de seis meses en unas diligencias previas en las cuales la UCO no ha aportado en el día de hoy absolutamente nada nuevo que no conociésemos hace ya más de cinco meses”, ha añadido el letrado.

El abogado ha asegurado que, de todas maneras, estudiarán “muy bien lo último que han aportado, que no es novedoso ni sorprendente, simplemente es redundando en la investigación inicial que habían hecho” y que, posteriormente, analizarán toda esa documentación y “procederemos a la declaración de nuestro clientes en el sede judicial”.

Se trata de un caso que vio la luz tras una denuncia por el proceso de enajenación de una parcela mediante subasta pública, comprada por 1,7 millones de euros y vendida al poco tiempo por casi 3,9 millones, lo que supuso un beneficio de 2,2 millones en sólo cinco meses. De la investigación se ocupa el Juzgado de Instruccion número 10 de Sevilla.

El informe en cuestión está centrado en unos terrenos de Pino Montano cuya venta quedó “numerosos años desierta” durante la época del exalcalde Juan Espadas (PSOE), que empezó en el año 2017, como consecuencia de que “era un precio alto porque, desgraciadamente, había tres inquilinos en esa parcela, y así lo reconoce la UCO”, tal como ha señalado el actual delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP).

Un “lastre” la presencia de inquilinos

El edil recordaba que cuando vieron el “lastre” de esa parcela se hizo una tasación que “bajaba” porque había unos inquilinos en la misma “y la venta estaba sujeta a aquellos”. “Nos dan una tasación de 1,7 millones y estos inquilinos que la compran, la venden cinco meses después por casi cuatro millones de euros, que es lo sospechoso”, añadía el concejal de Urbanismo preguntado sobre este asunto.

El Ayuntamiento hispalense abría el pasado mes de noviembre una investigación interna y suspendía de empleo a un trabajador de Emvisesa tras tener acceso a un informe de la UCO al respecto después de constatar que formaba parte, presuntamente, del proceso “desierto y continuado” de la parcela, de esa venta posterior. Además, “recibió más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de esta empresa municipal”.

El Consistorio, a través de la empresa pública de la vivienda, se personó en este caso el pasado 20 de octubre una vez que se levantó el secreto de las actuaciones. El grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, desde el primer momento en el que trascendió este caso en los medios, mantiene que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, “este se ajusta en todo momento a la legalidad”.