Un mal acuerdo es mejor a que no haya acuerdo. Es la nueva línea de actuación de la Unión Europea que se debate entre los compromisos climáticos de la anterior legislatura, un contexto geopolítico contrario a los avances en la lucha contra el cambio climático y el empuje de los lobbys y determinados sectores empresariales que aprovechan estas aguas revueltas para revertir los avances de la agenda verde. Tras más de 20 horas de reunión, los 27 países de la UE han conseguido cerrar un acuerdo en el que se establece como “objetivo vinculante” la reducción de emisiones del 90% para 2040 y un recorte de emisiones de entre el 66,25% y el 72,5% hasta 2035, que presentarán en la COP 30 de Brasil, aunque hay letra pequeña con “flexibilidades”, retrasos y cláusulas de revisión.
“Tenemos que alcanzar un acuerdo”. Fue el objetivo claro que deslizó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a su llegada el martes a la cumbre ante la posibilidad de que la UE aparezca sin una propuesta concreta en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belém (Brasil), que empieza esta semana. 20 horas de reuniones después, la ministra ha expresado su satisfacción por el acuerdo: “No es un acuerdo perfecto, pero conseguimos el objetivo vinculante del 90% de reducción de emisiones en el año 2040, que está alineado con la ciencia y que se ha conseguido en la ley”, ha declarado Aagesen, aunque la norma todavía tiene que pasar por el Parlamento Europeo, donde puede sufrir más enmiendas que debiliten aún más la propuesta..
A pesar de que el acuerdo final no ha tenido unanimidad, cuatro países votaron en contra (Hungría, Eslovaquia, Polonia y República Checa) mientras que Bulgaria y Bélgica se han abstenido, Aagesen ha destacado que además de España, “12 países entre los que destacan Suecia, Países Bajos, Alemania o Finlandia, hemos trabajado juntos para que hoy llegásemos a este acuerdo”.
La reunión se ha alargado tantas horas porque países como Italia o Rumanía se negaban a respaldar el acuerdo salvo que se incrementara del 3% al 5% los créditos internacionales de compra de carbono a partir de 2036. Es decir, un país europeo podrá contaminar hasta un 5% más a cambio de comprar derechos de emisión de un tercer país. Además, dentro de las flexibilidades los países europeos podrán añadir otro 5% más en créditos internacionales en caso de que haya situaciones de emergencia o problemas económicos. Así, según el Consejo, “se permite a los estados miembros abordar las deficiencias en un sector sin comprometer el progreso general”. Algunos ministros menos alineados con la agenda verde vendieron el acuerdo señalando que realmente el objetivo de 2040 era de un 80% de reducciones de emisiones.
El comisario europeo para el Clima, Wopke Hoekstra, ha admitido que el acuerdo tiene como “objetivo vinculante un 90% de reducción para 2040, con un objetivo nacional del 85% y hasta un 5% de créditos internacionales de carbono”.
Sin embargo, la ministra española para la Transición Ecológica ha restado importancia al impacto de los créditos internacionales. “Nuestra visión en este caso es que el objetivo vinculante queda claramente definido. Se pueden utilizar los créditos internacionales hasta un 5%. Cada uno a nivel doméstico puede utilizarlos o no”, apunta.
Además, también se ha acordado que el objetivo del 90% podrá ser revisado cada dos años si se prueba que está causando daños económicos a los países, además de tener en cuenta la evolución de los precios de la energía y su impacto en la industria y los hogares. .“Es cierto que tenemos cláusulas de revisión en función de la madurez de las tecnologías, de las barreras, de las oportunidades, de las circunstancias en el contexto europeo o en pro de la competitividad. Pero, insisto, también puede ser sujeto de cláusula de revisión para tener más ambición”, ha comentado la ministra Aagesen.
También se retrasa un año el ETS2, un sistema de comercio de emisiones para hogares y transporte por carretera. En este caso, la posición de países como Hungría, Eslovaquia, Polonia o Bulgaria ha obligado a que se retrase su puesta en marcha hasta 2028.