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La JIFE recuerda a Sudamérica que el uso no médico del cannabis va contra los tratados

Baja el cultivo de coca en Sudamérica pero crece el consumo de cocaína

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La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) recordó hoy a cinco países suramericanos -Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay- que el uso del cannabis con fines no terapéuticos infringe lo establecido por los tratados internacionales de drogas.

La JIFE, un órgano independiente dentro de las Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de los tratados sobre drogas, expuso este mensaje en su informe anual sobre el año 2015 que difundió hoy en Viena.

"Varios países, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, debaten y promulgan nuevas leyes, decisiones y resoluciones sobre el uso del cannabis, desde la regulación del cultivo de plantas de cannabis y la importación de medicamentos que contienen cannabidiol hasta la regulación más elaborada del mercado del cannabis con fines no terapéuticos, como sucede en Uruguay", señala.

"La JIFE sostiene que la legislación que permite el uso del cannabis con fines no terapéuticos infringe lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de drogas", agrega el informe.

En otro apartado, este órgano de la ONU sostiene: "Los llamamientos simplistas a la legalización y regulación del uso de sustancias fiscalizadas para fines no médicos deberían considerarse inadecuados para resolver los problemas relacionados con las drogas".

El presidente de la JIFE, el alemán Werner Sipp, señala que los tratados no exigen una "guerra contra las drogas" y, por el contrario, ofrecen a los Estados flexibilidad para establecer los castigos por consumo, así como "aplicar medidas alternativas a las sanciones a los delitos de menor gravedad".

"El futuro de la política antidroga no radica en elegir entre la aplicación 'militarizada' de las leyes sobre drogas y la legalización del uso de las drogas con fines no terapéuticos", defiende el experto.

Para Sipp, la salud y el bienestar de la población deben ser "la piedra angular de la política en materia de drogas", por lo que aboga por "medidas de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación y reinserción social en lugar de la condena y el castigo".

De hecho, señala la JIFE, "la represión militarizada, las políticas que no tienen en cuenta los derechos humanos, la encarcelación excesiva, la denegación de tratamiento adecuado desde el punto de vista medico y los enfoques inhumanos o desproporcionados, no están en consonancia con los principios de los tratados".

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