El adelanto electoral abre la puerta a burlar el cierre de la estación de esquí en Navacerrada
La Justicia sentenció que hay que desmantelar la estación de esquí de Navacerrada, pero la burocracia puede impedir la restauración ambiental de la montaña.
Los plazos aplicados por la Junta de Castilla y León tras el aval definitivo del Tribunal Supremo para decretar el fin de esas instalaciones pueden sobrepasar las próximas elecciones generales, lo que abre la posibilidad de que una nueva dirección de Parques Nacionales reactive el permiso para esquiar en la zona.
El Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco ha cedido tras perder en los tribunales: acaba de iniciar el trámite de caducidad de la concesión de monte público que usaba la estación de esquí de Navacerrada para mantener sus instalaciones. La fecha de inicio es el 19 de octubre de 2026, más de cinco años después de que esa autorización caducara —el 3 de abril de 2021— y siete meses después del fallo el Supremo.
La Junta inició el mes pasado el expediente “en ejecución de la sentencia (…) del Tribunal Superior de Justicia” —que recurrió y perdió ante el Supremo—, según la notificación oficial a la que ha accedido elDiario.es. Entre las cláusulas del permiso para utilizar ese monte público de forma privada, se especificaba que, al terminar la concesión, la empresa debía “dejar la zona afectada en la forma que se determine por el Centro Montes de Valsaín [propiedad de Parques Nacionales], sin que por todo ello tenga derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase”.
Parques Nacionales determinó en 2021 que la estación, antes de marcharse, debía preparar el terreno para su restauración ecológica, es decir, “desmontar y retirar los remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, retirar cables y tomas de agua ya sea en emplazamientos de cañones o en la toma del arroyo del Telégrafo”, según redactó el organismo.
Así que, ahora, Castilla y León ha pedido informes sobre lo que denomina “Plan de desmantelamiento y retirada de las instalaciones fijas y móviles de la estación de esquí alpino del Puerto de Navacerrada”. No se trata de un documento ya preparado porque el expediente aclara que ese plan “ha de materializarse una vez se resuelva la caducidad de la concesión”.
La Junta pide esos informes al Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Transición Ecológica y a la Dirección General de Patrimonio y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente del propio Gobierno castellanoleonés, para que “manifieste lo que considere oportuno”.
La cuestión es que, mientras se elaboran y reciben estos informes “preceptivos”, la ley —recuerda la notificación— ampara que se suspenda “el plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución que se adopte” durante el tiempo que pase entre que se piden esos informes y sean finalmente recibidos. Ese parón puede alagarse, dice el escrito oficial, hasta tres meses.
La prolongación de los plazos burocráticos se solapa con la convocatoria de elecciones generales. Ese calendario eventual se llevaría la resolución del expediente más allá del 29 de noviembre, cuando se vota el nuevo Parlamento. Un potencial cambio de Gobierno con Partido Popular —y Vox— colocaría en la gestión de Parques Nacionales a una formación política que se ha negado a tramitar el cierre de la estación de esquí.
Con todo, el coordinador de la organización Ecologista en Acción en Madrid, Jesús Bartolomé, analiza que “aunque sabemos que quien hace la ley hace la trampa, si se aplicaran las normas y no hubiera depuración en organismos oficiales como Parques Nacionales, el desmontaje no debería peligrar”.
La defensa a toda costa
La postura beligerante del PP la han marcado especialmente los presidentes autonómicos de Castilla y León y Madrid. El castellanoleonés Fernández Mañueco afirmó que no había “razones políticas o jurídicas para llevarlo a cabo”, aunque luego los magistrados no le dieron la razón. También ha subrayado que el cierre supondría “cercenar el futuro socioeconómico de toda la zona de Navacerrada”
Su compañera madrileña Isabel Díaz Ayuso aseguró que, según su criterio y a pesar de los datos acumulados sobre el desplome de las precipitaciones de nieve en el puerto y el aumento de las temperaturas, “no hay una razón climática evidentemente, porque si fuera así no se abriría ninguna pista en España”. Y ha abrochado su análisis añadiendo que “es una decisión unilateral, ideológica y torpe”.
Es reseñable que el diputado autonómico madrileño del PP, Diego Sanjuanbenito, dijera en su momento que “no hay informes que digan que aquí hay un problema o que indiquen que la estación de Navacerrada afecta al medio ambiente” para afirmar que Transición Ecológica actuaba de manera “completamente arbitraria”. Se da la circunstancia de que este político es hermano del codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, colindante con la estación de esquí, Pablo Sanjuanbenito, designado por el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso.
La pelea emprendida por el PP en los tribunales para impedir que el dueño del monte —Parques Nacionales— recuperara libre el terreno ha permitido que, mientras tanto, el inquilino de las laderas, la estación de esquí Puerto de Navacerrada, alargara su actividad económica durante otras cinco temporadas extra. La sexta comenzaría en poco más de un mes.