El cambio climático, el fin del carbón o los residuos plásticos, los temas con los que lidiará la nueva ministra de Medio Ambiente

“Yo creo que ya va siendo hora. Llevamos arrastrando este tema desde 2015”, se queja el diputado de Equo, Juantxo López de Uralde. Se refiere a la ley de cambio climático que el coportavoz de la formación verde sitúa como prioridad número uno en la agenda medioambiental que debe afrontar el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

En el tiempo que queda de legislatura, el freno al calentamiento de la Tierra, la generación eléctrica, los residuos o la diversidad biológica aguardan un impulso por parte de la nueva titular del Ministerio de Medio Ambiente: Teresa Ribera.

1. Ley de cambio climático

La ley que ataje mitigue y adapte España a los efectos del cambio climático todavía no tiene borrador a pesar de haber sido expuesta repetidas veces como prueba del compromiso del antiguo Ejecutivo de Mariano Rajoy con este problema global. La presentó Rajoy en la Cumbre del Clima de París en 2015. Y repitió un año después en Marrakech. El proyecto asomó una tercera vez en la conferencia convocada de urgencia por el presidente francés Emmanuel Macron en diciembre de 2017.

Se trata de materia delicada porque afecta a la generación eléctrica, al transporte, a la industria... Uralde explica que debe ser una herramienta “con objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con acciones concretas y métodos de evaluación”. Sobre el retraso de la ley, el portavoz del PSOE en la comisión de cambio climático, Ricardo García Mira, ha criticado que desde el Ministerio de Energía “solo han puesto trabas al desarrollo de las renovables”.

El Comité Asesor para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE fue coordinado por la misma Teresa Ribera. Allí, llegaron a esta conclusión: “Las fuerzas del mercado por sí mismas no van a conducir a la descarbonización de la economía. No atenderán objetivos sociales y de equidad importantes para cualquier sociedad moderna y solidaria sometida a cambios tan significativos. Ha de ser impulsada desde las políticas públicas”.

El responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, cuenta que si tiene que escoger prioridades para esta ley “haría falta más ambición en el límite de emisiones de sectores difusos”. Estos son, por ejemplo, el transporte, los hogares, la agricultura y la ganadería…“no podemos seguir con nuestro nivel de emisiones”, apunta. También señala “un calendario de cierre de plantas eléctricas sucias” y un “régimen de incompatibilidades en las negociaciones políticas ambientales”, como hizo la OMS con las tabacaleras, que no pueden estar en los foros donde se decide sobre tabaquismo y salud pública.

La ley que imaginó Ribera en este comité para ser adoptada por el PSOE prevé: “El objetivo de mitigación de las emisiones brutas totales de, al menos, el 20% para 2030 y el 90% para el año 2050, ambas con respecto a 1990”.

2. Freno a la oleada de plásticos

Casi al final sobrevenido de su mandato, la ministra de Medio Ambiente del PP, Isabel García Tejerina, culminó el decreto sobre reducción de bolsas de plástico de un solo uso. Llegaba con mucho retraso respecto a la directiva europea que obligaba a esta normativa. El plástico, los plásticos, contaminan a ritmo sostenido el mar, pero el origen del material está en el interior. De tal manera que la Comisión Europea anunció la semana pasada su intención de prohibir los objetos de plástico desechables más comunes y que suponen la mayoría de la basura que acaba en los océanos: cubiertos, platos, bastoncillos... En el Mediterráneo, los cálculos se sitúan en 250.000 millones de microplásticos. Entre 1.000 y 3.000 toneladas flotantes en la superficie.

Alodia Pérez Múñoz, responsable de Residuos de Amigos de la Tierra, subraya que “no hace falta esperar a que salga la nueva directiva sobre objetos de un solo uso, que parece que España siempre va tarde y llegando justo para evitar una sanción. El Gobierno puede recoger el guante y hacer cambios legislativos o una nueva ley para que el plástico de usar y tirar desaparezca”.

Desde su punto de vista, se pueden afrontar dos asuntos: “Una tarifa o tasa al plástico de un solo uso que se ponga en el mercado que ahora es muy muy barato y por eso se usa tanto”. Y por otro: el reciclaje. “El objetivo de la Comisión Europea se va a situar en recoger el 90% de los millones de botellas de plástico que entran en circulación cada año. Y el sistema de contenedor se ha revelado incapaz de conseguir esos niveles”. La Comisión Europa ha señalado como alternativa la fórmula de depósito con reembolso económico para quienes devuelvan los cascos de plástico. “Un gobierno valiente podría apostar por legislar en ese sentido y hacer que los productores tuvieran que adherirse a este método”, remata.

3. El agua en tiempos de escasez

El Gobierno anterior tenía hilvanado un Pacto Nacional del Agua que había pasado al PSOE para tratar de sacarlo adelante. El plan incluía una nueva batería de construcciones, trasvases y tecnología de regadíos. Al mismo tiempo, en el Congreso se ha estado desarrollando una comisión sobre el uso del agua analizada bajo el prisma del cambio climático.

El diputado de Podemos Pedro Arrojo cuenta que “una estrategia de grandes presas y trasvases no tiene sentido en un escenario de reducción de recursos como el que vamos a tener”. Tras las comparecencias parlamentarias, existe consenso en que, a lo largo del siglo, los caudales medios de España bajarán un 24%. “Las sequías no están siendo ya localizadas. Si hay escasez en el Segura, tampoco habrá agua en la cabecera del Tajo así que no habrá agua que embalsar o trasvasar: levantar una expectativa de grandes obras, embalses y trasvases es inútil y caro”.

En la comisión se ha trabajado sobre la recuperación ecológica de los acuíferos “sobreexplotados por pozos ilegales, lo que es un suicidio para épocas de sequía”, estima Arrojo. También sobre la gestión de la demanda para revisar las tarifas y cánones de manera que reflejen el coste real. Además, actualmente, se prevé un incremento de más de 600.000 hectáreas de regadío (el sector que más agua consume en España). Un último eje es la adecuación de las nuevas tecnologías como desaladoras en las zonas sensibles del arco mediterráneo. El diputado de Podemos espera que el nuevo Gobierno sea receptivo con las conclusiones de la comisión ya que “solo la expectativa de grandes obras y transferencias de agua de cuenca a cuenca va a crear gran presión social y política”.

4. El reto de las plantas nucleares y el carbón

El Ministerio de Energía tenía sobre la mesa la renovación de licencias de las centrales nucleares españolas. Se trataba de prolongar su vida más allá de lo previsto por su diseño en lo que se denomina “largo plazo”. “Nadie podría llevarle la contraria al Gobierno si decide negar ese permiso”, explica la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón. Si el plan fuera mantenerlas generando sí es necesario un informe del Consejo de Seguridad Nuclear “que todavía tiene mayoría del PP”. Con todo, Montón analiza “al PSOE y Podemos no parecía que les molestara ponerse a tratar este asunto”.

El exministro Álvaro Nadal era contrario a acelerar el fin del carbón en España. En plena cumbre del clima en Marrakech (en diciembre de 2016) ya aseguró que no preveía regular el abandono de esta fuente de energía. Lo hará “el precio del carbón y la entrada de renovables”, dijo. Luego lo refrendó saliendo al cruce del intento de algunas compañías como Iberdrola de cerrar plantas térmicas. Nadal preparó un decreto que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia consideró inapropiado por lo que lo convirtió en proyecto de ley. Así España ha seguido enganchada a este combustible fósil que mucho estados tienen ya previsto olvidar con planes específicos. No menos de veinte se han unido a la Alianza para el abandono del carbón.

El eurodiputado de Equo Florent Marcellesi ve ahora “una oportunidad de oro para poner en práctica las conclusiones del Consejo de Transición Energética del PSOE liderado por Teresa Ribera que aboga por terminan con la quema de carbón en 2025. Sánchez tiene una gran oportunidad de volver a poner a España en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático”.

5. La fiscalidad verde

Si hay una parcela donde el Gobierno de España tiene cancha para crecer es en la fiscalidad verde: impuestos que protegen al gravar las actividades más dañinas contra el medio. La recaudación por estos conceptos en España cayó en 2016, según la última actualización de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurstat), en contra de la tendencia Europea que creció. Los impuestos sumaron 20.640 millones de euros, un 1% que el ejercicio previo.

La Comisión Europea ha reprochado a España su política fiscal verde y ha repetido que “la fiscalidad relacionada con el medio ambiente es una de las pocas que, en general, no perjudica al crecimiento económico”. También ha afeado que mantenga subsidios y ayudas a los combustibles fósiles como en el caso del diésel.

6. Frenar la contrarreforma de la ley de biodiversidad

El Partido Popular había conseguido reunir votos para reformar la ley de biodiversidad y sortear así la sentencia del Tribunal Supremo que había anulado parte del catálogo de especies exóticas invasoras redactado por el Gobierno popular. Una reforma encaminada, sobre todo, a permitir el aprovechamiento de especies dañinas como trofeos de caza y pesca deportivas.

Las especies exóticas invasoras son aquellas que llegan a los ecosistemas desde fuera de manera accidental o intencionadamente y que se adaptan tan bien que lo colonizan (expulsando a las variedades autóctonas). Un problema cuyo control (en muchas ocasiones infructuoso) se lleva 12.500 millones de euros al año, según la Unión Europea y que la ONU ha calificado como uno de los mayores riesgos para la biodiversidad.

El PP tuvo que dar varias vueltas parlamentarias hasta conseguir que arrancara el trámite en el Congreso. “Con esta iniciativa tratan de proteger los intereses de ciertos sectores, en especial de la pesca, aunque el coste de su iniciativa se lleve por delante el interés común de la protección ambiental y del ecosistema”, comenta López de Uralde que concluye: “Vamos a intentar que se dé marcha atrás. A ver si el PSOE nos ayuda, aunque está difícil porque el PNV y el PDCat votaron a favor”.