El brote de peste porcina (PPA) localizado en Barcelona ha generado una especie de barra libre contra los jabalíes en España. La detección de la enfermedad ha derivado en una ofensiva de control por parte de las comunidades autónomas que parecen fiar, si no todo, la mayoría a las escopetas.
Una vez constatado el foco en la sierra Collserola, los ejecutivos de la Comunitat Valenciana, Aragón, Andalucía, Castilla y León o Galicia han sacado normativas extraordinarias encaminadas a diezmar las poblaciones. El temor es que el virus toque las explotaciones de una de las principales fábricas de cerdos del mundo que creció, precisamente, por un brote de esta enfermedad en China.
La idea principal es cazar más animales, por encima de los 400.000 que se vienen abatiendo cada año en las últimas temporadas. La premisa repetida que lo justifica es que hay una “plaga de jabalíes”. Para eso, las diferentes órdenes y decretos autonómicos –porque la caza es una competencia autonómica– les dan más ventajas a los humanos a la hora de disparar a ejemplares. Por ejemplo, Andalucía, Castilla y León o Aragón permiten utilizar visores nocturnos o térmicos para detectar jabalíes incluso de noche.
Además, se eliminan los topes en el número de ejemplares que está permitido matar e incluso, en Aragón, el Gobierno va a poder obligar a los titulares de cotos de caza a “incrementar la presión cinegética dentro de sus acotados” –matar más–. También en Aragón se va a dejar cazar en zonas donde no se podía anteriormente: allí será legal organizar batidas de jabalíes que “no requerirán supervisión”.
Otra medida será permitir la caza durante más días e incluso colocar cebos para atraer a los jabalíes: “Aporte de alimentación suplementaria”, es como suele definirse en las normativas. Esa comida hace que los jabalíes acudan a lugares donde son esperados por los cazadores.
A esto se le añaden incentivos económicos. En Galicia, la Xunta va a eximir de pagar tasas si la batida es para diezmar jabalí y bonificar las tasas a “aquellos terrenos cinegéticos ordenados que realicen capturas por encima del cupo establecido en cada plan anual”. La Generalitat valenciana ha dispuesto que abonará 40 euros por cada jabalí cazado en un plan para el que destinará 6 millones de euros.
Otra de las medidas que se han autorizado es favorecer la captura de cerdos salvajes en trampas (no selectivas, es decir, en las que pueden caer otras especies) para luego sacrificar a los jabalíes atrapados.
“Argumentos de la industria”
Estas mismas órdenes donde se permite manga ancha para la caza explican que el objetivo es salvaguardar la producción. La Junta andaluza afirma así “proteger el sector porcino andaluz, uno de los motores económicos del medio rural” y el Ejecutivo aragonés destaca que la comunidad es “una de las principales potencias productoras de porcino de la Unión Europea”.
Ante esta oleada, “nosotros rechazamos la criminalización de una especie silvestre”, contrapone la organización Ecologistas en Acción. Su portavoz Laia Serra indica que se están aplicando “argumentos condicionados por los intereses económicos de un sector productivo, como es el de la ganadería industrial, con graves impactos ambientales y sobre la salud”.
En realidad, detrás del boom de los jabalíes (que actúa así como reserva del virus de la peste porcina) se encuentra un desequilibrio ecológico que ha hecho que, al tiempo que la especie se multiplica, entre otras cosas, gracias a la cantidad de recursos a su disposición mediante la basura humana, los cultivos intensivos o la comida, la caza se ha convertido en la principal fuente de mortalidad. Los depredadores naturales, es decir, el lobo, han sido expulsados.
En este sentido, el Instituto de Recursos Cinegéticos (Irec) explica que “la caza se ha convertido en la principal herramienta para regular eficazmente las poblaciones de jabalí”. Lo que ocurre es que, mientras se aplica este modelo, el mismo Instituto ha constatado que la especie está en incremento acelerado en la mayoría de provincias españolas.
Solo desde 2005, se han matado en España más de cinco millones de jabalíes, según las estadísticas de caza del Ministerio de Agricultura. No parece ser suficiente, ya que el mismo ministerio considera que “sería necesario extraer anualmente el 66% de la población, es decir, dos tercios del total”. Extraer es matar. Según esos cálculos, cada curso habría que cazar, entonces, más de 600.000 jabalíes.
Laia Serra concluye que “las poblaciones de jabalíes se han recuperado de unos niveles anormalmente bajos de hace un siglo. Lo que sí ha aumentado es el contacto de la fauna silvestre con la población de las ciudades, por el crecimiento urbano y poblacional, a menudo con una ocupación exagerada del territorio”.