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El Congreso aprueba la ley de libertad sexual que consagra el 'solo sí es sí'

Marta Borraz

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El grito feminista llenó las calles tras la violación cometida por los cinco miembros de 'la manada' en los Sanfermines de 2016 e inspiró la ley a la que este jueves ha dado luz verde el Congreso. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí', recogió el guante del “no es abuso, es violación” que clamaron las mujeres ante las viscitudes judiciales del caso. Y hoy, más de dos años después del inicio del trámite y tras una accidentada fase final que a punto estuvo de frustrarlo por los disensos sobre prostitución, el texto ha sido respaldado por amplia mayoría, con los únicos votos en contra de PP y Vox y la abstención de la CUP.

Agresiones grupales o bajo sumisión química: el nuevo relato del terror sexual para las mujeres

Saber más

Aunque aún no es la aprobación definitiva y deberá ahora pasar por el Senado, no se esperan cambios relevantes ni altibajos que de nuevo hagan peligrar uno de los proyectos clave del Gobierno, que ha cosechado 201 votos a favor, 140 en contra y tres abstenciones. La ley convierte todo acto sexual sin consentimiento en agresión sexual y diseña un marco integral de medidas para las víctimas al estilo del que ya existe para las de violencia de género desde 2004. En España se denuncia una agresión sexual cada cuatro horas, pero se calcula que debajo de la punta del iceberg se producen al menos 400.000 incidentes al año.

La norma se ha hecho esperar. Han pasado seis años desde que se produjera la violación en Pamplona que abrió un debate sin precedentes en nuestro país sobre la regulación de los delitos sexuales y más de dos años desde que Irene Montero llevara por primera vez al Consejo de Ministros la versión inicial de la ley. Ni siquiera había estallado entonces la pandemia de coronavirus. Por el camino, la negociación entre los ministerios y el retraso de los órganos consultivos en emitir sus informes alargaron el trámite, que también se prolongó con el debate de las más de 400 enmiendas presentadas por los grupos.

Un cambio de paradigma

“Hoy es un día muy importante para las mujeres en nuestro país. El 'solo sí es sí' y el 'hermana yo si te creo' se convierte por fin en ley. Vamos a cambiar la violencia por la libertad y el miedo por el deseo. España es desde hoy un país más libre y seguro para todas las mujeres”, ha manifestado la ministra de Igualdad antes de recordar el momento en el que las violencias sexuales “salieron de la oscuridad y la soledad” a través de movimientos como el #MeToo o el #Cuéntalo. Montero ha puesto el foco en que se trata de “un paso decisivo para cambiar la cultura sexual del país” y pasar “de la cultura de la violación” a la “del consentimiento”.

El caso de 'la manada' funcionó como un catalizador para que miles de mujeres rompieran el silencio sobre la violencia sexual sufrida y ayudó a denunciar su revictimización y poner el foco en la justicia y el Código Penal, que la ley reforma. El objetivo es inaugurar un cambio de paradigma en línea con lo que exige el Convenio de Estambul: los abusos sexuales dejarán de existir; todo acto sin consentimiento será considerado agresión sexual (con un tipo atenuado atendiendo a la menor gravedad del hecho y también varios agravantes). Esto implica que ya no hará falta acreditar violencia e intimidación, que es la condición que se exige ahora para las agresiones sexuales, y que es frecuente que los tribunales interpreten de modo estricto.

La norma pretende inaugurar un antes y un después en el tratamiento que hace España de la violencia sexual. Incorpora una definición del consentimiento e intenta consagrar el 'solo sí es sí' para juzgarlos: el silencio no es un sí, si no hay una expresión clara de la voluntad de mantener relaciones sexuales, no hay consentimiento y la ausencia de voluntad o movimiento, no equivale a que sí lo haya.

El debate de la prostitución

La ley ha cosechado algunas objeciones por parte de los socios del Gobierno y varios partidos han lamentado que algunas de sus demandas hayan quedado fuera. Bel Pozueta, de Bildu, ha criticado “el punitivismo que la recorre” y Joseba Agirretxea, diputado del PNV, “su tono centralizador”, pero en general, el debate en el pleno ha estado marcado por las buenas palabras hacia la ley, que “vendrá a aportar la protección” que mujeres como Nagore Laffage o la víctima de 'la manada' “no tuvieron”, ha recordado Pozueta. Por su parte, Pilar Valluguera, de ERC, la ha definido como “paradigmática” y de “extraordinaria importancia”.

Aunque los dos artículos relativos a la prostitución se quedaron finalmente fuera, el tema ha ocupado buena parte del debate. La CUP se ha abstenido al considerar que la inclusión de la enmienda que declara ilícita la publicidad sobre prostitución ha supuesto la ruptura del acuerdo de dejar fuera de la norma esta cuestión, mientras que partidos como el PNV, ERC, Bildu o Ciudadanos, que ya en un inicio lo reclamaron, han celebrado que el debate, que divide a los partidos, se dé en otro marco distinto.

El que ha ocupado buena parte de su tiempo en tribuna para lamentar la retirada de estos artículos de la ley es el PSOE, que ha presentado una proposición de ley con los aspectos sobre proxenetismo y tercería locativa que tanto debate generaron. “Es una ley que se queda corta porque no damos respuesta a todas las formas de violencia sexual. Una ley que garantiza la libertad sexual no debería dejar fuera a las víctimas de prostitución”, ha asegurado la diputada Laura Berja antes de recibir una larga ovación del grupo socialista, que se ha comprometido con la abolición de la prostitución.

También ha criticado que “no haya ni una sola referencia a la prostitución” en la norma la diputada del Partido Popular Marta González. Sin embargo, las críticas no se han quedado ahí. Los populares, que presentaron una enmienda a la totalidad del texto y han votado en contra, consideran que es una ley “tendenciosa” y no comparten una de las cuestiones centrales de la misma: la eliminación de los abusos sexuales. Vox, por su parte, ha desplegado su habitual discurso negacionista de la violencia machista: “El alma de la ley es el odio al hombre”, ha llegado a decir su portavoz Carla Toscano.

Las medidas de la ley

El objetivo de la norma es que la violencia sexual, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, sea considerada un problema social y estructural, como ya ocurrió con la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 y, de la misma manera, pase a formar parte central de las políticas públicas. Para ello, despliega un abanico de medidas en todos los ámbitos, entre ellas, la especialización continua de todos los operadores jurídicos o la creación de una red de centros de atención integral 24 horas para los que el Gobierno ya ha habilitado créditos a las comunidades.

Contempla, además, políticas públicas de prevención y sensibilización, educación sexual en las aulas y protocolos para prevenir y detectar estas violencias. Hay algunas medidas que se han incluido en esta última fase de la negociación entre los partidos, entre ellas, la declaración de la publicidad sobre prostitución como ilícita, la reforma de la ley de 2004 para garantizar “la financiación estable” del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la obligación de que los partidos políticos y organizaciones sociales cuenten con protocolos frente a las violencias sexuales.

El grito feminista llenó las calles tras la violación cometida por los cinco miembros de 'la manada' en los Sanfermines de 2016 e inspiró la ley a la que este jueves ha dado luz verde el Congreso. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí', recogió el guante del “no es abuso, es violación” que clamaron las mujeres ante las viscitudes judiciales del caso. Y hoy, más de dos años después del inicio del trámite y tras una accidentada fase final que a punto estuvo de frustrarlo por los disensos sobre prostitución, el texto ha sido respaldado por amplia mayoría, con los únicos votos en contra de PP y Vox y la abstención de la CUP.

Agresiones grupales o bajo sumisión química: el nuevo relato del terror sexual para las mujeres

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Aunque aún no es la aprobación definitiva y deberá ahora pasar por el Senado, no se esperan cambios relevantes ni altibajos que de nuevo hagan peligrar uno de los proyectos clave del Gobierno, que ha cosechado 201 votos a favor, 140 en contra y tres abstenciones. La ley convierte todo acto sexual sin consentimiento en agresión sexual y diseña un marco integral de medidas para las víctimas al estilo del que ya existe para las de violencia de género desde 2004. En España se denuncia una agresión sexual cada cuatro horas, pero se calcula que debajo de la punta del iceberg se producen al menos 400.000 incidentes al año.

La norma se ha hecho esperar. Han pasado seis años desde que se produjera la violación en Pamplona que abrió un debate sin precedentes en nuestro país sobre la regulación de los delitos sexuales y más de dos años desde que Irene Montero llevara por primera vez al Consejo de Ministros la versión inicial de la ley. Ni siquiera había estallado entonces la pandemia de coronavirus. Por el camino, la negociación entre los ministerios y el retraso de los órganos consultivos en emitir sus informes alargaron el trámite, que también se prolongó con el debate de las más de 400 enmiendas presentadas por los grupos.

Un cambio de paradigma

“Hoy es un día muy importante para las mujeres en nuestro país. El 'solo sí es sí' y el 'hermana yo si te creo' se convierte por fin en ley. Vamos a cambiar la violencia por la libertad y el miedo por el deseo. España es desde hoy un país más libre y seguro para todas las mujeres”, ha manifestado la ministra de Igualdad antes de recordar el momento en el que las violencias sexuales “salieron de la oscuridad y la soledad” a través de movimientos como el #MeToo o el #Cuéntalo. Montero ha puesto el foco en que se trata de “un paso decisivo para cambiar la cultura sexual del país” y pasar “de la cultura de la violación” a la “del consentimiento”.

El caso de 'la manada' funcionó como un catalizador para que miles de mujeres rompieran el silencio sobre la violencia sexual sufrida y ayudó a denunciar su revictimización y poner el foco en la justicia y el Código Penal, que la ley reforma. El objetivo es inaugurar un cambio de paradigma en línea con lo que exige el Convenio de Estambul: los abusos sexuales dejarán de existir; todo acto sin consentimiento será considerado agresión sexual (con un tipo atenuado atendiendo a la menor gravedad del hecho y también varios agravantes). Esto implica que ya no hará falta acreditar violencia e intimidación, que es la condición que se exige ahora para las agresiones sexuales, y que es frecuente que los tribunales interpreten de modo estricto.

La norma pretende inaugurar un antes y un después en el tratamiento que hace España de la violencia sexual. Incorpora una definición del consentimiento e intenta consagrar el 'solo sí es sí' para juzgarlos: el silencio no es un sí, si no hay una expresión clara de la voluntad de mantener relaciones sexuales, no hay consentimiento y la ausencia de voluntad o movimiento, no equivale a que sí lo haya.

El debate de la prostitución

La ley ha cosechado algunas objeciones por parte de los socios del Gobierno y varios partidos han lamentado que algunas de sus demandas hayan quedado fuera. Bel Pozueta, de Bildu, ha criticado “el punitivismo que la recorre” y Joseba Agirretxea, diputado del PNV, “su tono centralizador”, pero en general, el debate en el pleno ha estado marcado por las buenas palabras hacia la ley, que “vendrá a aportar la protección” que mujeres como Nagore Laffage o la víctima de 'la manada' “no tuvieron”, ha recordado Pozueta. Por su parte, Pilar Valluguera, de ERC, la ha definido como “paradigmática” y de “extraordinaria importancia”.

Aunque los dos artículos relativos a la prostitución se quedaron finalmente fuera, el tema ha ocupado buena parte del debate. La CUP se ha abstenido al considerar que la inclusión de la enmienda que declara ilícita la publicidad sobre prostitución ha supuesto la ruptura del acuerdo de dejar fuera de la norma esta cuestión, mientras que partidos como el PNV, ERC, Bildu o Ciudadanos, que ya en un inicio lo reclamaron, han celebrado que el debate, que divide a los partidos, se dé en otro marco distinto.

El que ha ocupado buena parte de su tiempo en tribuna para lamentar la retirada de estos artículos de la ley es el PSOE, que ha presentado una proposición de ley con los aspectos sobre proxenetismo y tercería locativa que tanto debate generaron. “Es una ley que se queda corta porque no damos respuesta a todas las formas de violencia sexual. Una ley que garantiza la libertad sexual no debería dejar fuera a las víctimas de prostitución”, ha asegurado la diputada Laura Berja antes de recibir una larga ovación del grupo socialista, que se ha comprometido con la abolición de la prostitución.

También ha criticado que “no haya ni una sola referencia a la prostitución” en la norma la diputada del Partido Popular Marta González. Sin embargo, las críticas no se han quedado ahí. Los populares, que presentaron una enmienda a la totalidad del texto y han votado en contra, consideran que es una ley “tendenciosa” y no comparten una de las cuestiones centrales de la misma: la eliminación de los abusos sexuales. Vox, por su parte, ha desplegado su habitual discurso negacionista de la violencia machista: “El alma de la ley es el odio al hombre”, ha llegado a decir su portavoz Carla Toscano.

Las medidas de la ley

El objetivo de la norma es que la violencia sexual, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, sea considerada un problema social y estructural, como ya ocurrió con la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 y, de la misma manera, pase a formar parte central de las políticas públicas. Para ello, despliega un abanico de medidas en todos los ámbitos, entre ellas, la especialización continua de todos los operadores jurídicos o la creación de una red de centros de atención integral 24 horas para los que el Gobierno ya ha habilitado créditos a las comunidades.

Contempla, además, políticas públicas de prevención y sensibilización, educación sexual en las aulas y protocolos para prevenir y detectar estas violencias. Hay algunas medidas que se han incluido en esta última fase de la negociación entre los partidos, entre ellas, la declaración de la publicidad sobre prostitución como ilícita, la reforma de la ley de 2004 para garantizar “la financiación estable” del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la obligación de que los partidos políticos y organizaciones sociales cuenten con protocolos frente a las violencias sexuales.

El grito feminista llenó las calles tras la violación cometida por los cinco miembros de 'la manada' en los Sanfermines de 2016 e inspiró la ley a la que este jueves ha dado luz verde el Congreso. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí', recogió el guante del “no es abuso, es violación” que clamaron las mujeres ante las viscitudes judiciales del caso. Y hoy, más de dos años después del inicio del trámite y tras una accidentada fase final que a punto estuvo de frustrarlo por los disensos sobre prostitución, el texto ha sido respaldado por amplia mayoría, con los únicos votos en contra de PP y Vox y la abstención de la CUP.

Agresiones grupales o bajo sumisión química: el nuevo relato del terror sexual para las mujeres

Saber más

Aunque aún no es la aprobación definitiva y deberá ahora pasar por el Senado, no se esperan cambios relevantes ni altibajos que de nuevo hagan peligrar uno de los proyectos clave del Gobierno, que ha cosechado 201 votos a favor, 140 en contra y tres abstenciones. La ley convierte todo acto sexual sin consentimiento en agresión sexual y diseña un marco integral de medidas para las víctimas al estilo del que ya existe para las de violencia de género desde 2004. En España se denuncia una agresión sexual cada cuatro horas, pero se calcula que debajo de la punta del iceberg se producen al menos 400.000 incidentes al año.