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Decenas de expertas y organizaciones firman un manifiesto contra la propuesta socialista para cambiar la ley del 'solo sí es sí'

Cartel en una manifestación feminista.

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La reforma de la ley del 'solo sí es sí' está a punto de materializarse en el Congreso. Lo hará esta semana si el grupo socialista consigue los apoyos necesarios para sacar adelante su texto durante el pleno del próximo jueves. Después de semanas de negociaciones y con el cambio de la ley a punto de consumarse, decenas de organizaciones, de expertas y feministas han lanzado y firmado un manifiesto en el que piden que la norma conserve “la centralidad del consentimiento” y subrayan que la proposición de ley socialista no servirá para atajar las reducciones de condena, “pero sí evita centrar el debate en la praxis judicial que ha originado la mayor parte de las decisiones de rebaja de penas en los últimos meses”.

El manifiesto destaca que la ley del solo sí es sí supone un cambio de paradigma, “colocando el consentimiento como único elemento definitorio de la violencia sexual, incluida la violación”. Desde una perspectiva jurídica, prosiguen, reformular el concepto de consentimiento supone un cambio en la manera en la que se comprenden y definen las violencias sexuales, “pues ahora la falta de consentimiento es el único requisito para considerar que se ha violado la libertad sexual”. “Supone comprender mejor las respuestas psicológicas de las víctimas ante las violencias sexuales y la complejidad de las reacciones que hacen que no se pueda exteriorizar nada, ni un sí ni un no”, explican.

Las firmantes señalan que la nueva ley debería haber tenido suficiente tiempo para poder desplegar sus efectos. “La utilización y manipulación de las víctimas de violencias sexuales ha posibilitado apelar a los miedos y terrores sexuales más estructurales construyendo un debate en torno a una alarma social que se configura como una estrategia reaccionaria implacable”, subraya el manifiesto, que insiste en que la propuesta socialista no evitará las reducciones de condenas que dieron lugar a la alarma.

“La gran mayoría de las rebajas que se han producido desde la entrada en vigor de la ley se han dado en resoluciones que no reconocían el elemento de la violencia y la intimidación, y la revisión de penas ha venido derivada del viejo automatismo de la imposición de las penas mínimas en delitos sexuales en las conformidades y de la falta de motivación suficiente de la pena en las sentencias. Frente a este análisis, la PL se revela ineficaz porque, sobre todo en los delitos del artículo 178, eleva la pena en la parte alta de la horquilla (manteniendo el mismo mínimo), cuando concurren violencia, intimidación o anulación de la voluntad, si bien el grueso de las revisiones se ha producido en casos en los que no se acreditaron ni la violencia ni la intimidación, y la pena impuesta era la más baja de la horquilla”, argumentan.

Las firmantes sostienen que la reforma propuesta por el PSOE tendría un fuerte impacto en la configuración del consentimiento “porque la reforma introduce elementos adicionales en la definición de las agresiones sexuales, incluida la violación, que reducen el papel que juega el consentimiento en la definición de estas violencias”. “Por ello, el argumento de que no afecta a la definición de 'consentimiento positivo' del artículo 178.1 del Código Penal no es correcto”, defienden. El manifiesto pide a los grupos en el Congreso y el Senado que apoyen solo las enmiendas que garanticen la centralidad del consentimiento.

Entre las firmantes se encuentran varias asambleas feministas y organizaciones como Novembre Feminista, Las Tejedoras, Feministas por el Clima o la Comisión de Ecofeminismo de Ecologistas en Acción. También juristas y abogadas como Patricia Laurenzo, Carla Vall, Juan Terradillos, Juan Carlos Carbonell, Manuel Cancio, o María Luisa Maqueda, y expertas en violencia sexual, activistas y teóricas feministas como Nerea Barjola, Yayo Herrero, Ruth Mestre, o Begoña San José. De momento, el manifiesto acumula la firma de 34 colectivos y 350 personas.

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