Cómo expertos de la gran petrolera saudí se colaron como autores de los informes climáticos más importantes del mundo
En su primer día como autora experta en los informes climáticos más importantes del mundo, la profesora Julia Steinberger no conocía a nadie, así que se sentó a la mesa de un desconocido para desayunar. “Hola, soy Julia. Soy de la Universidad de Lausana” dijo. El hombre que tenía enfrente respondió: “Soy Mustafa Babiker. Trabajo en Saudi Aramco”.
Aramco, la empresa petrolera estatal de Arabia Saudí, es responsable de más emisiones de carbono —las que están agravando la crisis climática— que cualquier otra empresa de la historia, y el reino lleva mucho tiempo siendo uno de los principales obstáculos para la acción climática.
“¿No era eso un conflicto de intereses?”, preguntó Steinberger. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, del que ambos formaban parte en aquel momento, elabora los informes que sirven de base para las negociaciones climáticas de la ONU y orientan las políticas climáticas nacionales en todo el mundo. “No”, recuerda Steinberger que dijo Babiker: había declarado esa relación en el formulario de conflictos de intereses del IPCC. “No me pareció una respuesta muy satisfactoria, pero se mostró amable y disfrutamos de un desayuno muy agradable”.
El Dr. Babiker lleva 20 años trabajando para Aramco. Su nombramiento como autor principal coordinador del próximo Séptimo Informe de Evaluación del IPCC desató la polémica en la comunidad científica climática el año pasado. Pero una investigación de The Guardian, llevada a cabo en colaboración con un equipo de periodistas internacionales, ha revelado ahora que Babiker dista mucho de ser un caso aislado.
El IPCC es la organización con mayor prestigio del mundo en materia de ciencia climática, y sus informes cuentan con la aprobación de 195 países
La investigación ha revelado que al menos una docena de autores principales del IPCC son empleados o están vinculados a Saudi Aramco, a instituciones saudíes y a otros intereses del sector del petróleo y el gas. Uno de los vicepresidentes del IPCC, que forma parte del grupo directivo del organismo, también representa al reino en las negociaciones mundiales sobre el clima en calidad de funcionario del Gobierno.
El IPCC es la organización con mayor prestigio del mundo en materia de ciencia climática, y sus informes cuentan con la aprobación de 195 países. Estos informes son elaborados por cientos de autores principales de todo el mundo, con conocimientos especializados que abarcan desde la física atmosférica hasta los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos.
The Guardian ha analizado los 223 autores principales del Grupo de Trabajo III, la sección del IPCC que evalúa cómo se pueden reducir o eliminar las emisiones de la atmósfera. Su labor consiste en evaluar las políticas y tecnologías de reducción de emisiones, por lo que guarda una relación directa con los intereses económicos de países y empresas. Los Grupos de Trabajo I y II se ocupan de la ciencia del cambio climático y sus repercusiones.
La investigación ha localizado 20 casos que planteaban serias preocupaciones por conflictos de intereses. Más de la mitad de ellos involucran a autores vinculados a instituciones saudíes, una concentración que plantea cuestiones más amplias sobre la influencia del reino en la elaboración de los informes.
La política de conflictos de intereses del IPCC ha sido calificada de “inadecuada para su propósito” por los expertos que han revisado la investigación de The Guardian.
“Es la primera vez que contamos con tantos autores vinculados a Arabia Saudí”
Otro empleado de Aramco seleccionado como autor principal del IPCC es el Dr. Diego Armando Moya Pinta, que trabaja como investigador en energía y sostenibilidad en la empresa desde 2022. El IPCC solo indica como afiliación el Imperial College de Londres, donde es investigador sénior honorario.
Como uno de los 14 autores principales del capítulo sobre sistemas energéticos, Moya Pinta evaluará las opciones para reducir las emisiones en todo el sector energético, un ámbito con implicaciones directas para el negocio de Aramco. “No creo que haya ninguna duda de que un caso como este entraría dentro de la política de conflicto de intereses del IPCC”, afirmó el profesor Kevin Elliott, académico de la Universidad Estatal de Míchigan especializado en ética de la investigación.
Sin embargo, en marzo de 2026, el comité de conflictos de intereses del IPCC informó de que no había detectado ningún conflicto de intereses entre los autores seleccionados para el Séptimo Informe de Evaluación, la próxima edición de su publicación más importante e influyente.
Además de los dos empleados de Aramco, el GFrupo de Trabajo III incluye a cinco autores del Centro de Estudios e Investigaciones Petroleras del Rey Abdullah (KAPSARC), un centro de estudios financiado por el Gobierno saudí y presidido por el ministro de Energía del país
La discrepancia entre la conclusión del comité y la presencia de autores procedentes de la mayor empresa petrolera del mundo “plantea dudas sobre si la política de conflicto de intereses del IPCC es adecuada para su propósito o si se está aplicando correctamente”, afirma Rachel Kennerley, activista sénior del Centro de Derecho Ambiental Internacional.
Además de los dos empleados de Aramco, el Grupo de Trabajo III incluye a cinco autores del Centro de Estudios e Investigaciones Petroleras del Rey Abdullah (KAPSARC), un centro de estudios financiado por el Gobierno saudí y presidido por el ministro de Energía del país, cuya misión declarada es “impulsar el sector energético de Arabia Saudí”.
Aunque poco conocida fuera de los círculos especializados en política energética, KAPSARC cuenta con el mismo número de autores en el grupo de trabajo III que el Imperial College de Londres y el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados de Viena, lo que convierte a estas tres instituciones en las más representadas del grupo.
Otro de los autores principales en materia de sistemas energéticos, el profesor Zain Yamani, de la Universidad Rey Fahd de Petróleo y Minerales, llevó a cabo una investigación conjunta con la División de Investigación en Nuevas Energías de Aramco durante el último año, al tiempo que desempeñaba su cargo en el IPCC. El artículo resultante, escrito en colaboración con dos científicos de Aramco, se publicó en julio. Otro autor principal del IPCC, el Dr. Syed Masiur Rahman, trabaja en la misma universidad, que destaca su proximidad a Saudi Aramco como una fuente de «innumerables oportunidades de colaboración e innovación» entre ambas organizaciones.
Un autor principal del capítulo sobre tecnologías de eliminación de dióxido de carbono, el profesor Hussein Hoteit, de la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología, estaba ultimando una investigación basada en un proyecto de demostración para el almacenamiento subterráneo de carbono en el momento de su nombramiento en el IPCC. Saudi Aramco concibió el proyecto y proporcionó un importante apoyo financiero.
“Es la primera vez que contamos con tantos autores vinculados a Arabia Saudí en el IPCC, sobre todo en el Grupo de Trabajo III”, afirma la Dra. Kari De Pryck, politóloga de la Universidad de Ginebra y experta en la gobernanza de la organización.
De Pryck considera que la creciente presencia de autores vinculados a Arabia Saudí se inscribe en el contexto de un cambio más amplio en la diplomacia climática del reino. Su oposición de larga data a la reducción del consumo de combustibles fósiles en las negociaciones climáticas de la ONU se complementa cada vez más con la promoción de soluciones tecnológicas para el clima. “En lo que respecta al IPCC, la estrategia saudí se centra ahora en defender tecnologías como la captura de carbono, que limitarían el impacto en su economía basada en los combustibles fósiles”, afirma De Pryck.
Además, existe un solapamiento entre el Gobierno del reino y la dirección científica del IPCC. La Dra. Malak Al-Nory, una de las siete vicepresidentas del Grupo de Trabajo III, es asesora principal del Ministerio de Energía de Arabia Saudí. Las vicepresidentas ayudan a supervisar el proceso de evaluación y orientan su labor científica y técnica. Asimismo, evalúan las declaraciones de conflictos de intereses de los autores y pueden remitir los casos al comité .
El IPCC no excluye que científicos empleados por gobiernos trabajen en sus informes. Sin embargo, algo inusual es que Al-Nory haya seguido representando a Arabia Saudí en las negociaciones climáticas de la ONU mientras ocupaba el cargo de vicepresidenta. Formó parte de la delegación del reino en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Bonn celebrada en junio de 2026, lo que ha acentuado las preocupaciones sobre la compatibilidad de sus dos funciones.
“Las normas sobre conflictos de intereses no constituyen una acusación de que alguien haya actuado indebidamente”, indica Tzeporah Berman, presidenta del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. “Su finalidad es proteger la integridad de una institución garantizando que se divulguen y gestionen adecuadamente aquellos intereses profesionales, financieros o gubernamentales que razonablemente podrían percibirse como factores que influyen en su labor”.
“Si el sistema de gestión de conflictos de intereses del IPCC es capaz de examinar el caso de un vicepresidente del IPCC que trabaja para el Ministerio de Energía de Arabia Saudí, el de empleados de Aramco que actúan como autores principales y esta concentración de autores procedentes de instituciones vinculadas al Estado saudí, y no encuentra nada que deba gestionarse...”
Una “brecha” entre la política y la realidad
Hasta 2011, el IPCC carecía de una política institucional sobre conflictos de intereses. Esto cambió tras una dura crisis de credibilidad en 2010, cuando los errores en sus principales informes y las acusaciones de conflictos financieros que salpicaban a su entonces presidente dieron lugar a una revisión independiente de los procedimientos de la organización.
La política resultante establece que su objetivo es “proteger la legitimidad, la integridad, la confianza y la credibilidad del IPCC”. Añade: “Es esencial que la labor del IPCC no se vea comprometida por ningún conflicto de intereses de quienes la llevan a cabo”.
Kennerley señala que existe una discrepancia entre los criterios escritos del IPCC y su funcionamiento en la práctica. Afirma que los representantes nacionales habían planteado dudas sobre la falta de directrices relativas a la aplicación de la política, y añadió que otro problema importante era la transparencia. Las declaraciones de conflicto de intereses de los autores no se hacen públicas, y el comité de conflictos de intereses no ofrece detalles sobre sus deliberaciones.
Un portavoz del IPCC asegura que no se ha remitido a ningún autor a su comité de conflictos de intereses, ya que todos los posibles conflictos de intereses notificados pudieron resolverse por parte de los vicepresidentes de los grupos de trabajo. “La fortaleza del IPCC radica en su compromiso con la diversidad de sus equipos de liderazgo y de autores, en los múltiples procesos de revisión por parte de expertos y gobiernos, y en el carácter inclusivo de sus evaluaciones”, señala el portavoz. “Estas garantías respaldan en su conjunto la objetividad, la integridad, la autoridad y la credibilidad de los informes del IPCC”.
Ningún autor individual, institución, sector o país determina por sí solo las conclusiones de un informe del IPCC
El mismo portavoz señala que los detalles de la revisión de las declaraciones de conflicto de intereses eran confidenciales debido a la legislación sobre protección de datos. “El público puede juzgar si los intereses relevantes se han evaluado y gestionado adecuadamente a través de los propios informes de evaluación, que se someten a revisiones rigurosas en varias fases y que están documentadas [públicamente]”.
En cuanto al elevado número de expertos vinculados a Arabia Saudí, el portavoz explica: “Ningún autor individual, institución, sector o país determina por sí solo las conclusiones de un informe del IPCC. Las conclusiones se elaboran de forma colectiva por amplios equipos de autores, diversos desde el punto de vista internacional y científico”. Afirmó que los autores del IPCC son expertos destacados en sus campos y que se seleccionan deliberadamente de entre una amplia variedad de ámbitos, incluidos el sector público y el privado.
Hoteit, de la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología, explica: “No existe ningún conflicto de intereses. Mi investigación y mis contribuciones relacionadas con el trabajo del IPCC fueron financiadas y respaldadas íntegramente por mi empresa, tal y como se reconoce en el artículo citado”. El artículo, de autoría colectiva, también señala: “Agradecemos a Saudi Aramco por haber concebido y llevado a cabo este proyecto piloto, así como por haber proporcionado un importante apoyo financiero”.
Aramco se ha negado a hacer comentarios para la investigación de The Guardian, y ninguna de las demás personas o instituciones mencionadas ha respondido a las solicitudes de comentarios.
11 de los 20 casos de posibles conflictos de intereses graves identificados por la investigación estaban relacionados con Arabia Saudí, mientras que el resto se repartía entre otros países y estaba vinculado a cuestiones como la colaboración con la industria, el patrocinio de la investigación de instituciones académicas por parte de empresas de combustibles fósiles, las campañas medioambientales y las finanzas sostenibles.
Por su parte, el Dr. Jeroen Oomen, investigador en gobernanza climática de la Universidad de Utrecht, explica: “El mandato del IPCC como árbitro de la ciencia climática siempre se ha basado en su independencia y neutralidad. Los conflictos [denunciados en esta investigación] corren el riesgo de dañar esa reputación”.
El Dr. Adam Standring, investigador de la Escuela de Economía y Gestión de Lisboa, recuerda que el IPCC se creó para tender un puente entre la ciencia y la política, y que “se sitúa a caballo entre esos dos mundos”. Ese papel híbrido fue fundamental para su éxito, afirma, pero también una fuente de problemas.
La ya mencionada Berman señala que “en un momento en el que los intereses de los combustibles fósiles y algunos gobiernos luchan por retrasar la transición para abandonar los combustibles fósiles, el IPCC debería defender con firmeza su independencia. Eso implica requisitos de transparencia estrictos, normas significativas sobre conflictos de intereses y salvaguardias capaces de abordar tanto los conflictos reales como las percepciones razonables de conflicto”.
El IPCC asegura que, en la actualidad, no hay ningún proceso en marcha para modificar su política sobre conflictos de intereses.
Esta investigación la ha realizado The Guardian con el apoyo de Journalismfund Europe y también se ha publicado en L’Humanité en Francia, Lucy sui mondi en Italia, Visão en Portugal y Nano (3Sat) en Alemania, Austria y Suiza.