El Gobierno pide mejorar la coordinación entre instituciones contra la violencia de género: “Detectamos falta de formación”

La violencia de género es una de las grandes preocupaciones del Gobierno. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se refería así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en el Palacio de la Moncloa que ha tenido lugar este martes en La Moncloa. El encuentro fue convocado por el presidente del Gobierno tras los recientes asesinatos de niños que han convertido a estos meses de 2024 en el comienzo de año más trágico desde que se tienen registros de crímenes machistas: diez mujeres asesinadas por violencia machista y siete niños asesinados por violencia vicaria en menos de cuatro meses.

Presidida por Pedro Sánchez y con la presencia de “unos 50 ponentes”, entre los que se contaban seis ministros del Gobierno, la reunión tenía como objetivo “reforzar las medidas y la coordinación”. En la agenda, analizar “la situación actual” de las violencias machistas, desplegar “retos a corto, medio y largo plazo” y “estudiar nuevas medidas”. Se trató, según Redondo, de una “reunión histórica”. Además de la titular de Igualdad, estaban presentes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz o el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. También Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El presidente del Gobierno ha abogado por la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género como “una prioridad absoluta en el corto plazo”. Sobre el tema de la violencia vicaria, subrayó que es preciso profundizar en el análisis de los casos de asesinatos de niños y niñas, reforzar la coordinación entre órganos judiciales y entre administraciones, y seguir trabajando en la formación en perspectiva de género y perspectiva de infancia para judicatura, fiscalía, cuerpos forenses, equipos de valoración, servicios sociales y protección de menores.  

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a dos acuerdos relacionados, con casi 20 millones para programas y servicios de asistencia social a las víctimas, para atención especializada a menores víctimas y mejorar la coordinación de instituciones. Este presupuesto incluye una dotación para el apoyo a las víctimas de agresiones sexuales y programas de prevención de abusos a menores. El reparto de las cuantías se concretará en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad, prevista para el próximo 29 de abril.

En segundo lugar, se han confirmado los 140 millones de euros para la lucha contra las violencias machistas, destinados a desarrollar las medidas incorporadas en el Pacto de Estado consensuado en 2017. “Una subcomisión en el Congreso revisará las medidas del pacto e incorporará otras nuevas” con estos nuevos recursos, en un plan 2023-2027 impulsado “por todos los grupos parlamentarios, menos Vox”, ha destacado la ministra.

En cuanto al análisis que se ha hecho en el Pleno del Observatorio, la ministra ha mencionado uno en particular: “Estamos detectando falta de formación”, ha señalado, para agregar también que las “unidades especializadas en muchas ocasiones no están suficientemente dotadas”. “Por ejemplo, las unidades de evaluación forense no están creadas en todos los juzgados”, ha explicado Redondo, que esta misma semana se reunirá con las unidades de violencia de género de las distintas delegaciones del Gobierno.

Otro de los objetivos a los que ha apuntado la responsable de Igualdad es el de la concienciación social. “Estamos ante un problema de muy difícil solución, pero tenemos que dar pasos para caminar en este sentido”. Para ello, ha explicado, se realizarán campañas de comunicación con el objetivo de “combatir el discurso negacionista que está llegando a los más jóvenes”.

El observatorio, creado en el marco de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, es un organismo en el que participan todos los agentes involucrados a diferentes niveles, desde representantes de las comunidades autónomas, la Fiscalía o el Consejo General del Poder Judicial a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Entre sus funciones están la de asesorar, evaluar y hacer propuestas en materia de violencia de género. Dos décadas después de la aprobación de esa ley, España se ha convertido en un referente internacional en su política de lucha contra la violencia machista.