Inmigración, igualdad, mundo rural... En los campos de su lucha contra Vox para hacerse con votos ultraconservadores, el Partido Popular ha visto un filón en desproteger al lobo. Y no suelta la presa. El PP ha encontrado la manera de colar al Canis lupus en la titulada Declaración de la Región de Murcia rubricada este fin de semana por Alberto Núñez Feijóo y sus barones autonómicos.
Los populares han escrito en esa especie de declaración de intenciones que “limitar” lo que llaman “las políticas de protección” de los ganaderos a base de salvaguardar al lobo “es un error en el que se empecinan quienes desconocen la realidad del medio rural”, lo que abunda en el repetido discurso del PP sobre que “la especie en peligro es el ganadero, no el lobo”.
La idea, convertida en argumento diseminado insistentemente por todo tipo de dirigentes del partido, es que el lobo –una especie que ha sido exterminada de casi el 70% de su territorio natural– pone en grave riesgo la actividad económica de la ganadería en España.
Este discurso puede rastrearse por casi cualquier estamento del PP. Este mismo año, la portavoz del grupo en el Senado, Alicia García, afirmó: “Los ganaderos están en peligro de extinción si el Gobierno sigue poniéndose del lado del lobo”. Ya antes, el responsable de agricultura en el Congreso, Pedro Gallardo, afirmaba en una sesión de control parlamentario que “el que está en peligro de extinción es el ganadero, no el lobo”.
Es el mismo mantra que ya había expuesto en 2023 el que entonces era vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local el partido, Pedro Rollán, ahora presidente del Senado, quien repetía en diversas ocasiones: “Quienes están en riesgo de extinción son los ganaderos y no las manadas de lobo”. Lo cierto es que el último censo oficial de la especie ha revelado que la población lobuna está un tercio por debajo del umbral de seguridad para subsistir.
El discurso ha sido machacado desde casi cualquier esquina del Partido Popular, incluso en lugares donde no hay lobos. El portavoz popular en la Diputación de Córdoba, Félix Romero, llegó a decir en 2021: “El lobo supone una amenaza real para el ganado y afecta al Norte de nuestra provincia y creemos que está suficientemente protegido y recuperado, sin embargo, los ganaderos, que son los que crean desarrollo económico y fijación de la población al territorio, están cada vez más desprotegidos”.
Romero declaraba todo esto a pesar de que la Junta de Andalucía sabía desde 2020 que la especie se había extinguido en la comunidad autónoma al dejar por escrito que “el esfuerzo de muestreo realizado desde 2016 (...), no ha detectado ninguna evidencia de presencia de lobo”, según la ficha técnica del Plan de Actuaciones para la conservación del lobo. Ni un ejemplar desde 2014. Ni un “grupo reproductor”, es decir, una manda, desde 2003.
Así que, desde que se incorporara el Canis lupus al listado de protección en toda la Península, esta idea de que la “verdadera especie en peligro es el ganadero” ha sido agitada constantemente por el PP –hasta llevarla a su reunión de hace dos días en la capital murciana– mientras que el grupo ultraderechista Vox pedía no solo “la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial en todo el territorio”, sino que fuera “especie cinegética” –que pudiera cazarse– en toda España.
La normativa europea, también
De hecho, la Declaración de Murcia de este fin de semana también recoge que “debe cumplirse la directiva europea igualando el estatus del lobo al norte y sur del Duero”, a pesar de que ya se están cubriendo los trámites legales para materializar en España esa desprotección a nivel continental. La rebaja de estatus de la especie en la UE surgió de las mismas presiones del sector ganadero sostenidas por los grupos políticos más a la derecha que hallaron el apoyo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La realidad es que desprotección parcial de los lobos en España se introdujo en la ley contra el desperdicio alimentario aprobada este 2025 con un par de enmiendas del PP que apoyaron Vox, PNV y Junts. La primera permitía volver a cazar lobos al norte del río Duero. Los Gobiernos de Asturias y Cantabria se apresuraron a autorizar la muerte de casi cien de ejemplares.
La segunda preveía una actualización automática del tratamiento legal de la especie una vez que se cambiara la directiva europea que, hasta entonces, blindaba con más fuerza las manadas al sur del río Duero. Con la aprobación esa medida en la Unión Europea en junio pasado, se activaba la disposición legal prevista e la norma anti desperdicio de alimentos.