Los jóvenes investigadores denuncian que un artículo incluido 'in extremis' en su estatuto sirve para no revisar sus sueldos

Un artículo extra introducido a última hora en la recién estrenada nueva regulación de los jóvenes investigadores españoles tiene en pie de guerra a miles de predoctorales afectados. La clausula ha servido a algunas administraciones para no actualizar sus ingresos como estaba pactado, según indica el sindicato CCOO y confirman varios investigadores con los que ha hablado eldiario.es.

La aprobación el mes pasado, seis años tarde y tras dos de negociaciones, del nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) parecía el final de un larga batalla entre los jóvenes investigadores españoles y la administración pública. No lo fue.

Los predoctorales (estudiantes que están investigando para realizar su doctorado) que consiguen un contrato formativo habían logrado que el Gobierno mejorara sus condiciones laborales estableciendo unas condiciones mínimas para los contratos que firman estos jóvenes, estabilizando algo su posición con un acuerdo que supuso cesiones por ambas partes y que parecía más o menos satisfactorio.

Pero llegó la hora de aplicar el nuevo estatuto, vigente desde el 16 de marzo, y con ella han venido las sorpresas. Las universidades y los Organismos Públicos de Investigación (OPI) que contratan a la inmensa mayoría de estos jóvenes talentos no están aplicando la subida salarial que contempla el estatuto, según cuentan los interesados. Estos investigadores predoctorales realizan una labor fundamental en la I+D+i española.

CCOO y los estudiantes explican que la clave está en el artículo 7.3 del EPIF. El Gobierno, cuentan, incluyó este artículo en el Real Decreto sin negociarlo con nadie y después de que las partes ya habían acordado el estatuto. Este añadido, de redacción confusa (“la aplicación de la cantidad anual se podrá también computar al periodo del contrato predoctoral de cuatro años”) se supone que permite a universidades y OPIs aplicar la subida salarial en algún momento de los cuatro años de duración que tienen los contratos con los jóvenes investigadores y no necesariamente año a año.

O al menos eso interpretan desde CC OO, porque el artículo en cuestión es confuso, explican, y el Gobierno no lo ha aclarado. En cualquier caso, señalan las fuentes, el propio Real Decreto también establece que las cifras de referencia que establece para calcular los salarios de los estudiantes son unos mínimos de los que no se puede bajar. Con esta certeza, amenazan con denuncias en los tribunales y huelga si es preciso.

“Por normativa, se tiene que actualizar el salario automáticamente”, explica Pablo Villegas, de la sección sindical de CC OO en la Universidad de Granada (UGR), uno de los centros donde los predoctorales se están empezando a mover. “Pero llegó la nómina de marzo, y nada. Llegó la de abril, y nada. La universidad debe hacer frente a la subida. Alegan que no tienen fondos porque los pagos se realizan de partidas que no tuvieron en cuenta el incremento salarial, pero esto no puede repercutir en los predoctorales, la gente que menos cobra en las universidades. Es como si una empresa dice que no tiene dinero para pagar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”, afirma.

El Ministerio de Ciencia y Universidad no ha contestado a la petición de información de este diario. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), inmersa en pleno cambio de presidente, no entra en la cuestión hasta que haya nuevo responsable.

“No podrá ser inferior”

El EPIF decreta que el salario de los investigadores predoctorales “no podrá ser inferior” los dos primeros años el 56% del salario de los 28.799 euros anuales establecidos para un profesor titular (16.127 euros), el 60% el tercer año (17.279 euros) y el 75% (21.599 euros) el cuarto, si se realiza (los estudiantes tienen tres años para realizar su doctorado ampliables a un cuarto que casi todos cogen).

Estas cantidades suponen de facto una subida salarial para la inmensa mayoría de los predoctorales. Los estudiantes que tienen contratos con el Gobierno central (los exclusivos FPU y FPI) se beneficiarán menos, porque estos contratos estaban mejor dotados y ya perciben estas cantidades los primeros años: la subida aplica a quién esté en el tercero y cuarto año de contrato. Los contratos de una comunidad autónoma o universidad varían, pero en su mayoría están por debajo de las nuevas cantidades que establece el EPIF durante los cuatro años y en todos los casos lo están en los dos últimos, según datos de CCOO.

Como el EPIF no establece ningún periodo para su aplicación, debía entrar en vigor automáticamente el día posterior a su publicación en el BOE. Esto es, el 16 de marzo pasado. Según distintas cuentas, unos cinco o seis mil predoctorales iban a percibir el incremento salarial desde marzo. Fuentes de CC OO presentes en las negociaciones del EPIF explican que cuando el Gobierno se dio cuenta de lo que esto implicaba, incluyó el mencionado artículo 7.3 en el articulado del texto sin negociarlo. Las universidades, sin fondos para afrontar la subida salarial, se han aferrado a él.

“Nos encontramos con que las universidades no quieren aplicar la subida”, corrobora Pablo Giménez, presidente de la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios. “Pero la subida tiene carácter vinculante, es una ley y solo queda aplicarla”, valora. “Hay centros que ya lo han aplicado o al menos han negociado con sus trabajadores y explicado cómo la van a aplicar”, cierra. La FJI también acudirá a la Justicia si no se resuelve el asunto, anuncia.