Primer año de la ley de eutanasia: un acto “de valentía y generosidad” y a la vez un derecho “en pañales”, según las familias

Laura Galaup

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“Estábamos viendo las noticias. Acababan de aprobar la ley de eutanasia y, en un momento de lucidez, mi madre me miró y nos pidió que incluyésemos [ese derecho] en sus últimas voluntades”, apunta una de las hijas de Ainhoa (nombre ficticio). Unos meses después, y con un deterioro cognitivo muy avanzado provocado por el alzhéimer, esta mujer ejerció su derecho a morir dignamente.

Sanitarios que practican la eutanasia: “No es acabar con la vida de alguien, sino con su sufrimiento”

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Ella es una de las 180 personas que se han amparado en la normativa que cumple esta semana su primer año en vigor. Había hablado de este tema durante años con sus hijas, mucho antes de que el Congreso diese luz verde a la ley de eutanasia. Ainhoa había sido cuidadora de su madre, también enferma de alzhéimer, y temía un final de vida como el que le había tocado acompañar.

Al abordar en qué momento querría ejercer su derecho a la eutanasia, con la ley ya en vigor, Ainhoa fue descriptiva. “En el momento en el que ya, de continuo, no reconozca a mis seres queridos ni a mí misma ni sepa dónde estoy y pueda estar generando sufrimiento a mis hijas, ahí quiero que se aplique”. Así dejó esta mujer vasca su deseo por escrito.

El Congreso dio luz verde a la ley en marzo, pero no entró en vigor hasta junio. Ese 25 de junio de 2021 se ha convertido en un día histórico para muchos activistas que llevan años defendiendo el derecho a morir dignamente. Uno de ellos es Ángel Hernández. Su caso acaparó portadas y titulares y colocó de nuevo la eutanasia en la agenda mediática.

Hace tres años Hernández ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal. Con la entrada en vigor de la ley, la Fiscalía retiró la acusación por cooperación al suicidio y la causa abierta contra él se archivó. En diciembre de 2018 Hernández y su pareja comenzaron a abordar esta situación, ante “el dolor y el sufrimiento” que la enfermedad neurodegenerativa estaba causando a María José.

Su mujer llegó a pedir ayuda a los profesionales de cuidados paliativos que iban a su casa. “Le dijeron que no. En cuanto se fueron, María José me comentó: 'Yo no puedo esperar más, lo estoy pasando fatal”. Ante la negativa de estos profesionales y la falta de legislación, Hernández localizó pentobarbital sódico. Se trata de una sustancia que en cinco minutos produce un coma y en 30 una parada cardíaca. La utilizan los médicos en países donde la eutanasia está legislada, como Suiza o Bélgica.

Tres años después, Hernández reconoce los riesgos que tomaron y a los que la aplicación de la ley de eutanasia pone fin. Por ejemplo, describe el hecho de no saber a ciencia cierta qué estaba suministrando a su mujer. Cuando obtuvieron el producto asumieron “la posibilidad” de que la sustancia adquirida “fuese algo raro”.

El solicitante tiene que pasar unos filtros

Con la normativa ya en vigor, Hernández espera que la ley se mantenga y que el Tribunal Constitucional no la tumbe, tras el recurso presentado por el PP. “Todavía está en pañales. Le queda un recorrido. Lo importante es que la ley se mantenga”, añade. La norma aprobada determina que para ejercer el derecho a la eutanasia antes hay que pasar por varios filtros. En primer lugar, la solicitud tiene que ser evaluada por el médico responsable del solicitante. Posteriormente, también se consultará a un segundo doctor y, a partir de ahí, el caso pasa a la Comisión de Garantía y Evaluación; este órgano tiene la capacidad de aprobar el requerimiento. 

Cuando el deterioro cognitivo de Ainhoa a causa del alzhéimer se acercó a la descripción que ella había realizado meses antes, su familia acudió al médico de cabecera que durante años había atendido a esta mujer. “Nos dijo que sí, que creía que ya era el momento que ella había pedido”, recuerda su hija. En la misma línea se posicionó la facultativa del segundo filtro, que fue una neuróloga. Y finalmente obtuvo la aprobación del comité.

En el balance realizado del primer año de vigencia de la ley realizado por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) destaca la desigualdad territorial. Catalunya, Navarra y Euskadi son las comunidades “donde mejor funciona la eutanasia” en nuestro país. “En el otro extremo destacan Madrid y Andalucía”, indica esta plataforma en un comunicado.

Estas dos autonomías están a la cola porque “fueron las últimas en crear” la Comisión de Garantía y Evaluación, “un organismo imprescindible para tramitar eutanasias, privando durante meses a su ciudadanía de este derecho”.

A la cola, Madrid y Andalucía

Además, en alusión a las dos comunidades gobernadas por el PP, desde DMD señalan que se “necesita un esfuerzo” para “desarrollar el modelo de referentes para apoyar a los profesionales, formar a más sanitarios e impulsar los protocolos en Atención Primaria, hospitalaria, residencias y sanidad privada que están dando buenos resultados en otras autonomías”.

La valoración final que hace la familia de Ainhoa sobre el funcionamiento de la eutanasia en el País Vasco es positiva, aunque sí que remarcan un par de correcciones que les gustaría que se tuviesen en cuenta. Según apuntan, les hubiese gustado tener más contacto con la Comisión durante las jornadas en las que estuvieron deliberando. “Hubo unos días que se nos hicieron muy largos”, recuerda esta familiar, que recomienda que exista en esos momentos “un poco más de continuidad en la relación con los familiares”.

“Desconcierto” al inicio

Como fue uno de los primeros casos en esta autonomía, apuntan que únicamente encontraron “desconcierto” en la aplicación de los “plazos” y los “protocolos”. Poco más de un mes pasó desde que la familia de Ainhoa solicitó el derecho a morir dignamente hasta que se ejecutó, recuerda su hija.

Ella y su hermana acompañaron en el hospital a su madre. “Nos atendió todo el equipo de la comisión. Los profesionales fueron una gozada, había un montón de gente pendiente de nosotras”, explica. Su madre afrontó ese proceso “tranquila” y ellas contaron con tiempo para despedirse de Ainhoa.

La familia de esta mujer ha solicitado que no se publique su nombre porque “el tema de la muerte es un tabú”. “Me da pena que yo no pueda decir cómo se llama mi madre, quién es y qué ha hecho, porque la sociedad no está preparada”, destaca otra de sus hijas, que cuenta que en algunos entornos no se ha sentido “libre” para relatar cómo ha fallecido su madre.

“Con lo mal que lo estaba pasando, no quería que hubiese gente juzgándome a mí o a ella en ese momento. Lo que necesitaba era ayuda y no gente que remara en sentido contrario”, remata su hija. Por eso, aunque sea desde el anonimato, pone en valor la decisión de Ainhoa: “Que ella haya elegido esto es un acto de valentía y generosidad para la familia. La hemos visto sufrir tanto que es tremendo”.

“Estábamos viendo las noticias. Acababan de aprobar la ley de eutanasia y, en un momento de lucidez, mi madre me miró y nos pidió que incluyésemos [ese derecho] en sus últimas voluntades”, apunta una de las hijas de Ainhoa (nombre ficticio). Unos meses después, y con un deterioro cognitivo muy avanzado provocado por el alzhéimer, esta mujer ejerció su derecho a morir dignamente.

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Ella es una de las 180 personas que se han amparado en la normativa que cumple esta semana su primer año en vigor. Había hablado de este tema durante años con sus hijas, mucho antes de que el Congreso diese luz verde a la ley de eutanasia. Ainhoa había sido cuidadora de su madre, también enferma de alzhéimer, y temía un final de vida como el que le había tocado acompañar.

Al abordar en qué momento querría ejercer su derecho a la eutanasia, con la ley ya en vigor, Ainhoa fue descriptiva. “En el momento en el que ya, de continuo, no reconozca a mis seres queridos ni a mí misma ni sepa dónde estoy y pueda estar generando sufrimiento a mis hijas, ahí quiero que se aplique”. Así dejó esta mujer vasca su deseo por escrito.

El Congreso dio luz verde a la ley en marzo, pero no entró en vigor hasta junio. Ese 25 de junio de 2021 se ha convertido en un día histórico para muchos activistas que llevan años defendiendo el derecho a morir dignamente. Uno de ellos es Ángel Hernández. Su caso acaparó portadas y titulares y colocó de nuevo la eutanasia en la agenda mediática.

Hace tres años Hernández ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal. Con la entrada en vigor de la ley, la Fiscalía retiró la acusación por cooperación al suicidio y la causa abierta contra él se archivó. En diciembre de 2018 Hernández y su pareja comenzaron a abordar esta situación, ante “el dolor y el sufrimiento” que la enfermedad neurodegenerativa estaba causando a María José.

Su mujer llegó a pedir ayuda a los profesionales de cuidados paliativos que iban a su casa. “Le dijeron que no. En cuanto se fueron, María José me comentó: 'Yo no puedo esperar más, lo estoy pasando fatal”. Ante la negativa de estos profesionales y la falta de legislación, Hernández localizó pentobarbital sódico. Se trata de una sustancia que en cinco minutos produce un coma y en 30 una parada cardíaca. La utilizan los médicos en países donde la eutanasia está legislada, como Suiza o Bélgica.

Tres años después, Hernández reconoce los riesgos que tomaron y a los que la aplicación de la ley de eutanasia pone fin. Por ejemplo, describe el hecho de no saber a ciencia cierta qué estaba suministrando a su mujer. Cuando obtuvieron el producto asumieron “la posibilidad” de que la sustancia adquirida “fuese algo raro”.

El solicitante tiene que pasar unos filtros

Con la normativa ya en vigor, Hernández espera que la ley se mantenga y que el Tribunal Constitucional no la tumbe, tras el recurso presentado por el PP. “Todavía está en pañales. Le queda un recorrido. Lo importante es que la ley se mantenga”, añade. La norma aprobada determina que para ejercer el derecho a la eutanasia antes hay que pasar por varios filtros. En primer lugar, la solicitud tiene que ser evaluada por el médico responsable del solicitante. Posteriormente, también se consultará a un segundo doctor y, a partir de ahí, el caso pasa a la Comisión de Garantía y Evaluación; este órgano tiene la capacidad de aprobar el requerimiento. 

Cuando el deterioro cognitivo de Ainhoa a causa del alzhéimer se acercó a la descripción que ella había realizado meses antes, su familia acudió al médico de cabecera que durante años había atendido a esta mujer. “Nos dijo que sí, que creía que ya era el momento que ella había pedido”, recuerda su hija. En la misma línea se posicionó la facultativa del segundo filtro, que fue una neuróloga. Y finalmente obtuvo la aprobación del comité.

En el balance realizado del primer año de vigencia de la ley realizado por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) destaca la desigualdad territorial. Catalunya, Navarra y Euskadi son las comunidades “donde mejor funciona la eutanasia” en nuestro país. “En el otro extremo destacan Madrid y Andalucía”, indica esta plataforma en un comunicado.

Estas dos autonomías están a la cola porque “fueron las últimas en crear” la Comisión de Garantía y Evaluación, “un organismo imprescindible para tramitar eutanasias, privando durante meses a su ciudadanía de este derecho”.

A la cola, Madrid y Andalucía

Además, en alusión a las dos comunidades gobernadas por el PP, desde DMD señalan que se “necesita un esfuerzo” para “desarrollar el modelo de referentes para apoyar a los profesionales, formar a más sanitarios e impulsar los protocolos en Atención Primaria, hospitalaria, residencias y sanidad privada que están dando buenos resultados en otras autonomías”.

La valoración final que hace la familia de Ainhoa sobre el funcionamiento de la eutanasia en el País Vasco es positiva, aunque sí que remarcan un par de correcciones que les gustaría que se tuviesen en cuenta. Según apuntan, les hubiese gustado tener más contacto con la Comisión durante las jornadas en las que estuvieron deliberando. “Hubo unos días que se nos hicieron muy largos”, recuerda esta familiar, que recomienda que exista en esos momentos “un poco más de continuidad en la relación con los familiares”.

“Desconcierto” al inicio

Como fue uno de los primeros casos en esta autonomía, apuntan que únicamente encontraron “desconcierto” en la aplicación de los “plazos” y los “protocolos”. Poco más de un mes pasó desde que la familia de Ainhoa solicitó el derecho a morir dignamente hasta que se ejecutó, recuerda su hija.

Ella y su hermana acompañaron en el hospital a su madre. “Nos atendió todo el equipo de la comisión. Los profesionales fueron una gozada, había un montón de gente pendiente de nosotras”, explica. Su madre afrontó ese proceso “tranquila” y ellas contaron con tiempo para despedirse de Ainhoa.

La familia de esta mujer ha solicitado que no se publique su nombre porque “el tema de la muerte es un tabú”. “Me da pena que yo no pueda decir cómo se llama mi madre, quién es y qué ha hecho, porque la sociedad no está preparada”, destaca otra de sus hijas, que cuenta que en algunos entornos no se ha sentido “libre” para relatar cómo ha fallecido su madre.

“Con lo mal que lo estaba pasando, no quería que hubiese gente juzgándome a mí o a ella en ese momento. Lo que necesitaba era ayuda y no gente que remara en sentido contrario”, remata su hija. Por eso, aunque sea desde el anonimato, pone en valor la decisión de Ainhoa: “Que ella haya elegido esto es un acto de valentía y generosidad para la familia. La hemos visto sufrir tanto que es tremendo”.

“Estábamos viendo las noticias. Acababan de aprobar la ley de eutanasia y, en un momento de lucidez, mi madre me miró y nos pidió que incluyésemos [ese derecho] en sus últimas voluntades”, apunta una de las hijas de Ainhoa (nombre ficticio). Unos meses después, y con un deterioro cognitivo muy avanzado provocado por el alzhéimer, esta mujer ejerció su derecho a morir dignamente.

Sanitarios que practican la eutanasia: “No es acabar con la vida de alguien, sino con su sufrimiento”

Saber más

Ella es una de las 180 personas que se han amparado en la normativa que cumple esta semana su primer año en vigor. Había hablado de este tema durante años con sus hijas, mucho antes de que el Congreso diese luz verde a la ley de eutanasia. Ainhoa había sido cuidadora de su madre, también enferma de alzhéimer, y temía un final de vida como el que le había tocado acompañar.