Todos los partidos, incluido el PP, admiten en su programa que hace falta más financiación para la Sanidad

Si hay algo común que los programas electorales de los partidos rezuman es el reconocimiento de que el dinero destinado a sanidad ha caído durante esta legislatura, una idea consagrada en el decreto 16/2012 de medidas de sostenibilidad. Para el 20D, de manera más o menos directa, todos exponen que hace falta invertir más de lo que se ha estado haciendo hasta ahora.

El programa del Partido Popular dice que ahora sí, que “la situación económica lo permite” y está dispuesto a poner la financiación necesaria: “Un modelo (...) que garantice la cobertura de las necesidades reales, equilibrado y que tenga en cuenta la edad y la dispersión de la población y garantice la igualdad de derechos sanitarios de todos los españoles”. No hay una concreción presupuestaria. En esa línea vaga se mueve Ciudadanos, que diagnostica que hay “falta de presupuesto” y que propone su aumento per cápita a niveles “equivalentes a nuestro entorno”.

Podemos, PSOE e IU-UP concretan cuánto hace falta para afianzar el sistema sanitario. Los primeros calculan unos 8.800 millones de euros para revertir la situación “a la dotación previa a 2012”. El partido de Pedro Sánchez apunta algo lejos, ya que procurarán “que la participación en el PIB alcance el 7% al final de la segunda legislatura”. IU habla de incrementar en “un 1% del PIB” la financiación sanitaria.

En ese ámbito económico-sanitario, los copagos que colgaron del decreto llamado de sostenibilidad del sistema sanitario creado por el Gobierno del Partido Popular en 2012 aparecen en los proyectos de casi todas las formaciones. Así IU-UP y el PSOE aseguran que los eliminarán. La coalición de Alberto Garzón dice que “se eliminarán los repagos establecidos por el real decreto”. Los socialistas, algo más matizados, revisarán el copago farmacéutico. Ciudadanos asegura que no incorporará más copagos, pero tampoco plantea eliminar la situación actual.

La política sanitaria general

Aunque la mayor parte de las competencias sanitarias y sus prestaciones son potestad de las comunidades autónomas, el Gobierno central establece el marco general sanitario del país. Ahí es donde pueden incidir más los proyectos de unas elecciones como las del 20D.

Sin ir más lejos, la interrupción voluntaria del embarazo es una ley estatal. Pendiente todavía el recurso ante el Tribunal Constitucional que presentó el Partido Popular a la ley hoy vigente –y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha modificado–, tanto Podemos como IU-UP como el PSOE pretenden que las menores puedan volver a abortar sin pasar por el consentimiento familiar, la cláusula que los populares colgaron a la ley de plazos. Ciudadanos se muestra ambiguo y dice que la legislación debe ser “una solución basada en un compromiso razonable entre intereses legítimos en conflicto estableciendo limitaciones temporales y de intervención”.

Parecido curso lleva la eutanasia. IU-UP pretende despenalizarla y garantizarla. Podemos matiza un poco y presenta una ley de disposición de la propia vida aunque aclara que “promoveremos un debate” sobre los “últimos momentos de la vida y la muerte digna”. Los socialistas se quedan en que la regularán “si hay consenso” y Ciudadanos incluye “la sedación terminal cuando el dolor no se pueda controlar”. El Partido Popular no está por abordar el tema.

El calendario de vacunas

En estos cuatro años, las vacunas han sido objeto de un vaivén contradictorio. El Gobierno sacó del calendario vacunal las dosis tempranas de la varicela y la vacuna del neumococo. Eso implicaba que se dejaban de financiar públicamente ambos sueros. Acto seguido,  se sucedieron las protestas de los pediatras, padres y madres, y se culminó con una multiplicación de la incidencia por ejemplo de la varicela. Así que ambos productos han ido volviendo a la financiación pública de algunas comunidades autónomas. Por fin, en julio de este 2015 se ha revertido la situación. En el momento de desaparecer se negó que fuera por motivos económicos sino por motivos científicos, que no han durado.

Además, durante 2015 se está dando una escasez de suministro de vacunas contra la tos ferina. Ha coincidido con un repunte espectacular de los casos de esta enfermedad en España. Incluso se han registrado fallecimiento de bebés por tos ferina. En medio de este, algunos sistemas sanitarios regionales han anunciado que van a ampliar las vacunas a las embarazadas para que transmitan la inmunidad a los bebés.

Con todo este baile vacunal, solo Izquierda Unida y Ciudadanos mencionan de forma explícita la unificación del sistema: un calendario para todo el país. El PP dice que “actualizaremos” el esquema de aplicación de los sueros.

Al hilo del acceso a los medicamentos, la legislatura ha dejado como paradigma los problemas que miles de enfermos de hepatitis C tuvieron para que se les administraran los nuevos medicamentos contra su enfermedad. La financiación pública de estos componentes (de altísimo precio) hizo que se retrasara mucho la generalización del uso de productos como el célebre Sovaldi.

El PP, sin embargo, sale en “defensa del modelo de farmacia español” y se limita a señalar que “agilizaremos la incorporación de los nuevos medicamentos que aporten valor sanitario”. Las otras formaciones van más allá. Podemos propone que se amplíe la lista de medicamentos sufragados por el Estado. Algo similar al PSOE, que aboga por una “selección pública de medicamentos y productos sanitarios de financiación pública”. Ciudadanos piensa que “el precio de los medicamentos será una potestad del Estado”. Un poco en esa dirección trabaja IU-UP: “Habrá una industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias pública y un sistema de farmacia estatal con el que asegurar a la población un acceso igualitario”.

Los celiacos entran en campaña

Los textos electorales están salpicados de menciones a patologías concretas. Destaca el caso de los celiacos, que están recogidos en varios programas. Podemos propone una ley de la Celiaquía para las personas con intolerancia al gluten. También el PP habla del “acceso a los productos de consumo de los celiacos”. Ciudadanos se suma: “Mejoraremos el tratamiento fiscal de los productos sin gluten y los destinados a otras intolerancias alimentarias”.

Otras patologías que han merecido algún renglón concreto son la eclerosis lateral amiotrófica (ELA) el Alzheimer, la diabetes o el Espectro Autista en el PSOE y la fibromialgia en el proyecto de Ciudadanos.

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