No es nada nuevo: la prostitución ha sido uno de los asuntos sobre los que más discusión, y más virulenta, ha existido en el feminismo. Ese debate tiene periódicamente su reflejo en la política de partidos, y esta semana ha derivado en un encontronazo en el Gobierno de coalición. Este martes, el Congreso votaba la toma en consideración de la proposición de ley contra el proxenetismo en todas sus formas presentada por el PSOE, que se quedaba, sin embargo, sin ningún apoyo parlamentario para sacarla adelante. El choque más llamativo ha sido el que le separa de su socio en el Ejecutivo. Mientras que el grupo socialista defiende que este tipo de medidas son un paso imprescindible hacia la abolición, Sumar rechazaba dar su apoyo a un texto que, dicen, incluye propuestas que castigan a las prostitutas y que podrían empeorar su situación.
Más allá del binomio en el que suele plantearse el debate –abolición o regulación– la realidad es que hay muchas posiciones matizadas, que comparten objetivo pero no necesariamente argumentos y medidas, o que toman propuestas de distintas corrientes de pensamiento. Aquí es donde podría encontrarse la discusión entre los socios de Gobierno. La disputa no es tanto por el objetivo de la norma, sino por los instrumentos que utiliza para abordar la prostitución. Son dos: las multas a los clientes y la penalización a quienes alquilen espacios donde se promueva o ejerza la prostitución (la llamada tercería locativa), propuestas que buscan reducir la demanda y perseguir a quienes hacen negocio.
Se trata de dos medidas que suelen aparecer como centrales en los modelos abolicionistas de la prostitución, pero que generan dudas y críticas, también entre algunas entidades y expertas que defienden la abolición, por los posibles efectos sobre las propias mujeres que la ejercen, especialmente si no van acompañadas de un abordaje integral.
Diferentes posiciones
La proposición de ley actual es prácticamente similar a la que el PSOE ya presentó en la anterior legislatura y que tampoco tenía suficientes apoyos parlamentarios. Primero, el grupo socialista intentó incorporarla a la ley del 'solo sí es sí', pero el rechazo mayoritario de los grupos hizo que más tarde la presentaran como una propuesta independiente. Entonces, el PSOE obtuvo el apoyo del PP y de parte de Unidas Podemos: los siete diputados de En Comú Podem votaron en contra porque, defendían, la propuesta se hacía “de espaldas a las propias mujeres que la ejercen”. Esa división de posiciones acerca de la prostitución que existía en el seno de Unidas Podemos se reproduce ahora en Sumar, cuyos grupos, sin embargo, han llegado a un consenso para rechazar esta propuesta después de varias semanas de trabajo interno.
Fuentes de Sumar aseguran que en este caso el consenso no ha sido complicado, puesto que el punto de partida del PSOE no gusta a ninguna de las posiciones internas y es difícil de conciliar incluso con las posiciones más abolicionistas. De hecho, Engracia Rivera, diputada de IU, con una clara posición abolicionista, ha asegurado este martes que su partido no renuncia a ninguno de sus planteamientos, pero que “jamás” podrían apoyar la propuesta tal y como está ahora puesto que es “punitivista y prohibicionista”.
Tercería locativa y multas
Son dos los puntos principales de la propuesta socialista: por un lado, incluir en el Código Penal la llamada 'tercería locativa', es decir, penalizar a las personas que cuenten con pisos o locales que alquilen y donde se facilite la prostitución; por otro, sancionar a los clientes con multas e incluso con penas de cárcel si la persona que la ejerce es menor de edad o está en situación de especial vulnerabilidad. El PSOE recoge así las medidas emblema de los proyectos abolicionistas más señalados, como el de Suecia.
En cuanto a la tercería locativa, los socialistas quieren recuperar esta figura, presente en el Código Penal de 1973 y que se derogó posteriormente, y que prevé castigar a los dueños de locales en los que se ejerza la prostitución, aunque exista consentimiento. “El que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona”, dice el texto, que busca perseguir a quienes se lucran con la prostitución.
Sumar, sin embargo, considera que muchas prostitutas ejercen y viven en los mismos espacios y cree que una medida así puede dificultar aún más el acceso de las mujeres a la vivienda o bien verse sometidas a desahucios, chantajes o miedo a denunciar posibles agresiones para evitar quedarse sin casa.
La misma división de opiniones entre partidos se produce con las multas a los clientes. La propuesta del PSOE incluye sanciones a quien “convenga la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico”. Hacerlo podrá ser motivo de multa de 12 a 24 meses. Si quien “presta el acto de naturaleza sexual” fuera menor o persona “en situación de vulnerabilidad”, la sanción se elevaría y sería de uno a tres años de prisión y multa de 24 a 48 meses. “En ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución”, dice el texto. La medida busca desincentivar la demanda, algo que muchas voces consideran indispensable para frenar la prostitución.
No obstante, Sumar sostiene que esa penalización de la demanda afectaría a la fuente de ingresos de las prostitutas y que, sin ninguna otra medida que la palie, podría agravar la precariedad y la pobreza de muchas. “No podemos darle apoyo porque cuando hablamos de mujeres que ejercen la prostitución, estamos hablando de realidades atravesadas generalmente por la desigualdad, el racismo, la transfobia, la pobreza y esa proposición de ley no aborda en absoluto soluciones a esas cuestiones estructurales”, aseguraba la diputada de Sumar Gala Pin.
Dudas
Esa disputa es la misma que existe entre organizaciones: algunas consideran que estas medidas son el camino para abolir la prostitución y rechazan que perjudiquen a las mujeres, mientras que otras alertan del efecto sobre las vidas cotidianas de las prostitutas y piden otro tipo de medidas más estructurales. Es el caso de algunas asociaciones y sindicatos de prostitutas.
La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas o la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres Por la Abolición de la Prostitución son partidarias de este tipo de medidas para acabar con la prostitución a través de la disminución de la demanda y el lucro. Consideran, también, que ayudan a sacar la prostitución de la normalización y funcionan como medida pedagógica sin perjudicar a las mujeres.
Algunas organizaciones abolicionistas, sin embargo, alertan de que pueden complicar la vida de las prostitutas. En la primera ocasión que el PSOE presentó una iniciativa similar, hace dos años, desde la Fundación Cruz Blanca, Carmen Martínez-Raposo sí defendía que las multas a los clientes “pueden ayudar a desincentivar el consumo de prostitución”, pero “hay que tener mucho cuidado” porque “si no lo acompañamos de la garantía de que estas mujeres tengan otras alternativas y que sean reales, estaremos sumiéndolas en una situación de mayor vulnerabilidad. Es algo así como: no te doy alternativas e imposibilito que puedas tener un sustento. Y esas alternativas debemos pensarlas bien. Por ejemplo, un programa de empleo, que sabemos que va a tener acceso un número limitado de mujeres porque muchas están invisibilizadas o en situación irregular”.
En 2023, con la anterior propuesta, Human Rights Watch envió una carta al Congreso de los Diputados en la que aseguraba que la proposición tendría “un impacto negativo en personas de comunidades que son más propensas a sufrir violencia y discriminación por parte de policías, como las personas migrantes, transgénero, afrodescendientes y de comunidades ya vulnerables”. “Si bien los objetivos de la Proposición de Ley son loables, hay suficiente documentación confiable de países que han implementado regulaciones semejantes que permiten afirmar, sin margen de duda, que la Proposición no conseguirá proteger a las personas que son objeto de explotación sexual y que, por el contrario, expondrá a las trabajadoras y los trabajadores sexuales a un mayor riesgo de violencia, incluida la violencia policial”, decía la organización que, advertía, por ejemplo, de un aumento de la clandestinidad y un desplazamiento de la actividad a casas de particulares, con más riesgo de violencia y menos margen de trabajo para las organizaciones.
También Amnistía Internacional se ha posicionado en contra de recuperar la tercería locativa y de aprobar sanciones a los clientes, y ha pedido un subcomisión de estudio de la prostitución “para poder contar con datos fiables” que guíen las políticas públicas y que cuente con una “consulta significativa con los colectivos de trabajadoras sexuales sobre los asuntos que les afectan”. La organización reclama el acceso “sin discriminación” a servicios de salud, vivienda, educación, seguridad social “y poner fin a las sanciones a las trabajadoras y trabajadores sexuales por el trabajo que realizan”.