El Tribunal de Cuentas se defiende de las críticas por su politización: “Los consejeros son independientes e inamovibles”
El Tribunal de Cuentas ha hecho público un comunicado en el que se defiende las críticas por su politización que se han incrementado en los últimos días a raíz de la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Catalunya. “Ante las noticias que vienen apareciendo en algunos medios, el Tribunal de Cuentas aclara que es un órgano constitucional (artículo 136 de la Constitución Española) que goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido tan sólo al ordenamiento jurídico”, dice el primer párrafo de esta “nota aclaratoria”.
Además, el máximo órgano fiscalizador del Estado recuerda que sus 12 consejeros son elegidos por “mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado” e insiste en que éstos “son independientes e inamovibles conforme a la Constitución”. Desde 2012, el organismo mantiene una clara mayoría conservadora. En la actualidad, siete consejeros fueron elegidos a propuesta del PP y cuatro a propuesta del PSOE, una de ellas consensuada con Izquierda Unida.
El organismo encargado de auditar las cuentas de los partidos también ha estado marcado por las sospechas de enchufismo y vivió su mayor crisis reputacional en 2013 cuando se desveló que una buena parte de la plantilla está compuesta por familiares de altos cargos. A este respecto, el comunicado afirma que su personal está integrado por “profesionales altamente cualificados” que han accedido al Tribunal “por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes”.
Asimismo, el comunicado destaca que el Tribunal de Cuentas ejerce su función fiscalizadora “con arreglo a normas y procedimientos de auditoría acordes a las normas internacionales para el ejercicio de esta función”. Y recuerda que sus informes de fiscalización, cuyo destinatario principal son las Cortes Generales, son aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas y no pueden ser modificados por otras instancias, ni recurridos. Respecto a la función jurisdiccional —en virtud de la cual están siendo investigados los 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat— afirma que está guiada por el objetivo de “obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos”.
Por Elena Herrera.
