Quién es quién en el Tribunal de Cuentas que decide sobre la causa a los líderes del procés

El Tribunal de Cuentas comunicó este miércoles a los 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Catalunya acusados de desviar fondos para promocionar el independentismo en el extranjero que tienen 15 días de plazo para depositar los 5,4 millones de euros que les exige en concepto de fianza para garantizar que pueden hacer frente a una eventual condena. Este trámite pone fin a la fase de instrucción y da paso al procedimiento jurisdiccional, que se puede demorar meses e incluso años, y en el que se determinará si existe responsabilidad contable.

La función de enjuiciamiento corresponde a los consejeros del Tribunal de Cuentas. Según la ley, los 12 consejeros del órgano fiscalizador son elegidos por el Congreso y el Senado –seis cada uno– por mayoría de tres quintos entre censores jurados de cuentas, magistrados, abogados o economistas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional. 

En la práctica, sin embargo, se trata de una institución muy influenciada por los dos grandes partidos, PP y PSOE, que hasta ahora siempre se han puesto de acuerdo para repartirse los puestos cuando expira cada mandato, con una duración de nueve años. El último proceso de renovación tuvo lugar en julio de 2012, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. En este momento, el PP tiene siete consejeros y el PSOE, cuatro, uno de ellos consensuado con IU. Cuatro de ellos decidirán sobre la causa a los líderes del procés.

Margarita Mariscal de Gante. Un nombre clave a partir de ahora será el de esta exministra del PP, a quien por turno ha correspondido resolver en primera instancia si hubo o no desvío de fondos al procés a través de las delegaciones catalanas en el exterior y el Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat). Jueza de carrera desde 1980, fue elegida consejera del Tribunal de Cuentas en julio de 2012 por el Senado a propuesta del PP. Antes había sido ministra de Justicia durante la primera legislatura de José María Aznar (1996-2000) y diputada del PP por Albacete en la segunda (2000-2004), cuando ocupó la vicepresidencia primera de la Mesa del Congreso. 

En el Tribunal de Cuentas fue una de las consejeras que, en julio de 2019, votó a favor de librar a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de la condena a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a un fondo buitre a un precio por debajo de mercado. El voto de Mariscal de Gante y otro consejero elegido a propuesta del PP permitió a Botella librarse de esa condena. Tres años antes, en 2016, también propició con su voto la absolución de los dirigentes del PP Javier Maroto y Alfonso Alonso por el alquiler de un local de manera irregular cuando eran alcaldes de Vitoria. Ambos habían sido condenados en primera instancia al pago de 393.862 euros. También fue la autora de la sentencia que en 2018 condenó a Artur Mas y otros ex altos cargos a pagar 4,9 millones de euros por gastos derivados de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

José Manuel Suárez Robledano. Es desde julio de 2018 el presidente de la Sección de Enjuiciamiento y uno de los tres consejeros que se encargarán de revisar la sentencia de Mariscal de Gante sobre los independentistas en caso de que haya recurso. Suárez Robledano es juez de carrera y doctor en Derecho y fue elegido consejero del Tribunal de Cuentas en junio de 2012 por el Congreso a propuesta del PP. Antes había desarrollado toda su carrera en la judicatura, con destinos en juzgados de primera instancia de Ponferrada, Alcázar de San Juan, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid; y, posteriormente, en la Audiencia Provincial de Madrid y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fue portavoz de la conservadora en mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). 

En julio de 2018, al ser nombrado presidente de la Sección de Enjuiciamiento pasó también a ser miembro de la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas, la de más poder del organismo porque distribuye los asuntos entre las secciones. Desde entonces está controlada al 100% por los conservadores, en una configuración que fue impuesta por los siete consejeros propuestos por el PP, que con su holgada mayoría dejaron sin margen a los cuatro socialistas. Suárez Robledano fue el otro consejero que, junto a Mariscal de Gante, votó a favor de librar de sus condenas tanto a Ana Botella como a Maroto y Alonso. 

María Antonia Lozano Álvarez. Jueza de lo Contencioso-Administrativo en la Audiencia Nacional, fue elegida consejera del Tribunal de Cuentas en julio de 2012 por el Congreso a propuesta de PSOE e IU. Según publicó El País, fue el entonces coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien propuso su nombre a Alfredo Pérez Rubalcaba, que era en ese momento secretario general del PSOE, y éste lo incluyó en su propuesta para el Tribunal de Cuentas. Lozano Álvarez, que antes de acceder a la función pública ejerció como abogada laboralista en los setenta, fue la autora de la sentencia que condenó en primera instancia a Botella y a siete altos cargos de su gobierno por la venta de viviendas públicas a fondos buitre. 

Felipe García Ortiz. Licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Técnico Superior de la Administración de la Seguridad Social y del Cuerpo de Intervención y Contabilidad, lleva dos décadas como consejero del Tribunal de Cuentas, donde llegó en 2001 de la mano del PSOE. Fue elegido de nuevo en 2012. Antes había ocupado varios cargos en los Gobiernos de Felipe González, en los que fue asesor de Joaquín Almunia cuando éste era ministro de Trabajo en los primeros ochenta. También fue director general de Servicios del Ministerio de Agricultura entre 1986 y 1991 y fue nombrado Secretario General del Instituto Geológico y Minero de España en 1992. García Ortiz formuló un voto concurrente —la forma de expresar discrepancia con la argumentación aunque se comparta la resolución— al informe de fiscalización del que deriva la causa contra los 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Catalunya.