El Tribunal de la UE confirma ilegales las ayudas públicas a Telecom y Abertis en Castilla-La Mancha

El Tribunal General de la Unión Europea dio hoy la razón a la Comisión Europea y confirmó que las ayudas públicas que España dio a Telecom y Abertis CLM para la expansión de la televisión digital terrestre en las zonas menos urbanizadas de Castilla-La Mancha son ilegales.

La corte con sede en Luxemburgo desestimó hoy los recursos presentados por el Gobierno español y por ambas compañías contra la decisión que tomó el Ejecutivo comunitario en 2014, cuando declaró ilegales e incompatibles con el mercado interior europeo estas ayudas y obligó a España a recuperar la ayuda en cuestión.

En la sentencia dictada hoy, el Tribunal da la razón a la Comisión al considerar que las ayudas supusieron una ventaja selectiva a favor de las empresas, ya que los fondos se dieron directamente a los centros de emisión sin ninguna licitación regional.

En este sentido, considera que se produjo una distorsión de la competencia tal y como afirma Bruselas.

La corte señala además que la actividad que realizaban las empresas no pueden ser calificadas como “servicios de interés económico general”, sino que se trata de una actividad de carácter económica sujeta, por tanto, a las normas de competencia de la Unión Europea.

Las ayudas, añade, tampoco son compatibles con el principio de neutralidad tecnológica y, en consecuencia, violan las normas del mercado interior.

El tribunal precisa en su sentencia que los beneficiarios de la ayuda fueron Telecom y Abertis, mientras que las entidades locales son “meras intermediarias” que gestionan los fondos.

España y las compañías tienen ahora dos meses si quieren interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la máxima instancia judicial comunitaria.

En el marco de los esfuerzos para la digitalización de la Unión, emprendidos en 2002 por la Comisión Europea, España puso en marcha un programa de financiación pública para extender el uso de la televisión digital terrestre por todo el territorio estatal.

En concreto, Castilla-La Mancha se encontraba en la llamada zona II, que comprende regiones remotas en las que solo vive el 2,5 % de la población española y en las que las empresas de radiodifusión no invertían en digitalización por el escaso interés comercial.