El informe 301: el arma de la industria cultural de Estados Unidos
La situación de la propiedad intelectual en España es una de las prioridades del Gobierno de Estados Unidos desde hace más de una década. Su último éxito está siendo la influencia directa sobre el borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, filtrado el viernes por Ibercrea (PDF), el lobby español que agrupa a las principales entidades de gestión.
Según revelaron 35 cables de Wikileaks en 2010, la embajada estadounidense en Madrid tenía una hoja de ruta para presionar a los diferentes gobiernos de turno para aprobar legislaciones a favor de sus intereses comerciales culturales. Una estrategia que continúa ya que a finales de enero el presidente de la Motion Picture Association of America (MPAA) se reunió en privado con el presidente Mariano Rajoy para pedirle un nuevo cambio legislativo.
Uno de los mecanismos de presión con los que cuenta Estados Unidos es el denominado informe especial 301. Lo publica la Oficina de Comercio estadounidense cada año a finales de abril y recoge las recomendaciones y valoraciones de grupos de presión privados sobre la protección de la propiedad intelectual en diferentes países del mundo.
La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA) es el principal contribuidor de este informe. Es una coalición privada formada por diferentes lobbies sectoriales como la Motion Picture Association of America (MPAA), Recording Industry Association of America (RIAA), Business Software Alliance (BSA) o la Association of American Publishers (AAP), entre otros.
Las recomendaciones de la IIPA al informe 301 se envían en febrero y se suelen calcar directamente en la publicación final. Por este motivo, se considera a la IIPA con el principal responsable del mismo.
Muchas de las valoraciones dedicadas a España en 2013 (PDF) también están presentes en el recién filtrado borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en nuestro país. Entre ellas, la obligación a los prestadores de acceso a Internet (ISP) de identificar a los infractores a petición de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y el poder bloquear los pagos y las campañas publicitarias a las páginas web supuestamente infractoras.
Uno de las recomendaciones más insistentes que realiza la IIPA a España tiene que ver con la circular de la Fiscalía General del Estado 1/2006 (PDF) sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. En ella la Fiscalía aclara la postura de los fiscales respecto al intercambio de archivos en redes P2P y en la descarga directa, según la legislación de propiedad intelectual. Es decir, la Fiscalía no modifica la legislación existente, simplemente deja clara la interpretación que realizan de la norma. Respecto al P2P, la circular dice que el intercambio de archivos entre pares no supone un delito penal. Sin embargo, el informe 301 reclama desde 2007 que esta interpretación se corrija ya que considera que despenaliza lo que ellos califican como infracción.
En sus sugerencias de 2013, la IIPA vuelve a situar a España en la lista negra de países bajo vigilancia, junto con otros como Brasil, Italia, Canadá o Suiza. Meter o sacar a nuestro país de esta lista se utiliza como un premio o castigo a sus políticas en materia de propiedad intelectual. Por ejemplo, en 2012 España salió de ella por haber aprobado la polémica ley Sinde-Wert, que otorgó a un comité administrativo la potestad para clausurar páginas web por infracciones de propiedad intelectual. Una decisión que hasta entonces había estado en mano de los jueces. El informe 301 también tiene en cuenta los diferentes estudios sobre la piratería publicados por los lobbies de las industrias culturales en España.
Para entender esta presión hay que mirar los números. Las industrias culturales de Estados Unidos generan un gran negocio en España gracias a su amplia cuota de mercado. Por ejemplo, según datos del ministerio de Cultura, en 2011 - último año disponible- la cuota de mercado de los largometrajes de EEUU estrenados en España fue del 69,2% frente al 15,59% del cine español. Desde 2001, esta cuota nunca ha bajado del 62%.
