Aragón pierde ayudas de la UE para las renovables por recortar un millón de euros en políticas energéticas
En octubre de 2016, el Gobierno de Aragón (PSOE-CHA), con el apoyo de todo el centro-derecha del Parlamento autonómico –PP, PAR y Cs-, la abstención de CHA y el rechazo de Podemos, aprobó un proyecto de ley que habilitaba un suplemento de crédito de 23,7 millones de euros para la educación concertada.
Este dinero se obtendría del recorte en la inversión en otros sectores, por ejemplo, 980.758 euros saldrían de las partidas destinadas a financiar actuaciones de uso eficiente de la energía de empresas -666.240 euros- y de corporaciones locales -314.518-.
Esa decisión ha tenido efectos secundarios, añadidos al recorte en sí. La realidad muestra que ese, casi, millón de euros es, en realidad, el doble, ya que esas iniciativas iban a ser cofinanciados por fondos Feder de la UE, que no llegarán al no existir la aportación autonómica.
Por otra parte, la ejecución de esta partida, dotada inicialmente con 2.226.000 euros, fue escasa a lo largo del ejercicio. A finales de septiembre, un mes después de que el Departamento de Hacienda ordenara el cierre del presupuesto, únicamente se habían movilizado 11.130 euros a su cargo, apenas el 0,5 % de lo consignado.
El diputado de Podemos Nacho Escartín ha presentado una interpelación a la consejera de Economía, Marta Gastón, para que explique en el Pleno la política general de su departamento en materia de energía, ya que, según la iniciativa, la legislación le habilita para “poner en marcha acciones de política energética hacia un modelo más sostenible y menos dependiente en el que se prime el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables”.
La luz se encarece un 70 % en ocho años
La interpelación llega en mitad de un invierno en el que el desmesurado precio que ha alcanzado la electricidad está provocando un intenso debate social sobre las políticas energéticas.
“Miles de aragoneses, sobre todo en el ámbito rural, están sufriendo un invierno con temperaturas muy frías y unos precios de la energía elevadísimos que se han incrementado más del 70 % desde el inicio de la crisis en 2008”, señala el parlamentario, que llama la atención sobre “la consiguiente dificultad para la ciudadanía aragonesa de poder disponer o permitirse condiciones de habitabilidad mínimas”.
