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Belén Molina

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Un fondo 'buitre' pierde una demanda en Tenerife por no informar a una consumidora de que compró su deuda

Reclamaba 3.593,60 euros más intereses de una deuda derivada de una tarjeta Barclayscard, pero la entidad financiera Estrella Receivables Limited ha perdido la demanda de esa reclamación de cantidad, y ha sido condenada al pago de las costas procesales, por no haber acreditado al deudor que había comprado esa deuda. Es una sentencia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Icod de los Vinos, fechada en Tenerife el 14 de noviembre de 2016, a la que ha tenido acceso Tenerife Ahora. Estrella Receivables Ltd, un “fondo buitre” creado en Dublín en 2014, cuya principal actividad es adquirir deudas a bajo precio, no solo demandó a una vecina de Icod por la cantidad que se le había otorgado en el crédito de la tarjeta, sino que añadió los intereses y las costas procesales, calculados en otro 30% de esa cantidad. Sin embargo, la demanda fue desestimada no por el posible carácter abusivo de los intereses, sino porque, aunque la compra de la deuda era válida y para efectuarla no se necesita el consentimiento de la persona deudora, esa compra jamás fue notificada ni por la financiera que la vendió (Barclays) ni por la financiera que la compró. En su sentencia, la juez Victoria Rodríguez Polegre razona que “sí es imprescindible la notificación para que el deudor no pueda liberarse sino mediante el pago al cesionario, por lo que hasta que no se haga dicha notificación el deudor podrá librarse del pago del crédito cedido mediante el pago al cedente". “En nuestro caso no consta notificación alguna a la demandada (…) ni en tal sentido su efectiva recepción, por lo que esta puede oponer el pago efectuado. Por lo señalado, no acreditándose la cesión del crédito y su recepción por la demandada, debe desestimarse la pretensión objeto del pleito”.

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Un juez pide a Anticorrupción que investigue la posible prevaricación del alcalde de Guía de Isora

El juez del Juzgado de lo Social Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, Sergio Calle Pérez, ha declarado nulo el despido de un auxiliar técnico en el Ayuntamiento de Guía de Isora por no quedar demostradas las causas objetivas argumentadas para la toma de esa decisión, al tiempo que admitió como prueba una grabación mantenida entre ese trabajador y el alcalde de Guía de Isora, el socialista Pedro Martín, en la que el político afirma en tres ocasiones que lo contrató a dedo.

En la sentencia 1044/2015, a la que ha tenido acceso Tenerife Ahora, el magistrado da como hecho probado que el 14 de diciembre de 2012, al finalizar la inauguración del Auditorio de Tejina de Isora, Pedro Martín y el auxiliar técnico luego despedido, Ángel Brito Évora, mantuvieron una conversación que fue grabada y en la que el regidor le echa en cara que hubiese presentado una demanda de reconocimiento laboral.

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El exalcalde de Arona, cuatro veces en el banquillo por prevaricación

José Alberto González Reverón se ha sentado cuatro veces en el banquillo de los acusados en poco más de cinco años. Y en todas las ocasiones ha sido por prevaricación . Los posibles delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, que los podían haber llevado a prisión, nunca se han plasmado en fallos judiciales.

Pese a que las instrucciones judiciales lo han señalado como un generoso conseguidor de favores, en las tres sentencias que cosecha solo se le ha condenado por dictar resoluciones sin tener en cuenta la legalidad.

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González Reverón, exalcalde de Arona, condenado a 17 años de inhabilitación

El exalcalde Arona José Alberto González Reverón, de CC, ha sido condenado por tercera vez por prevaricación, es decir, por dictar resoluciones a sabiendas de que eran injustas o no ajustadas a la ley. La sentencia del conocido como caso Arona 1 se ha saldado con 17 años de inhabilitación para cualquier ejercicio de cargo público para el que fue regidor del municipio del sur de Tenerife durante casi 10 años, aunque, también por tercera vez, Reverón se ha salvado de una condena de prisión.

El tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que le juzgó, junto a otras 12 personas (entre políticos, extécnicos municipales y arquitectos), ha tardado nueve meses en dictar sentencia, dado el “complejo entramado” de actuaciones fraudulentas, en las que se mezclaban cohechos y posibles tráficos de influencias.

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Los contratos "a dedo" de un alcalde socialista

Pedro Martín Domínguez, alcalde socialista desde hace 21 años de uno de los municipios más turísticos de Canarias, Guía de Isora (en el sur de Tenerife), además de uno de los pesos pesados de José Miguel Rodríguez Fraga (actual presidente de la comisión gestora de los socialistas en Canarias), se enfrenta a una causa judicial que puede traerle algún quebradero de cabeza debido al despido de un trabajador del Auditorio Municipal. El afectado, en una demanda presentada ante los juzgados de lo Social, afirma que perdió su empleo tras recibir las amenazas del regidor local y pese a que éste admite en una conversación grabada que lo contrató a dedo.

Martín Domínguez, uno de los cinco que desde el 1 de diciembre pasado (dos días después de que Rodríguez Fraga fuera nombrado presidente de la gestora del PSOE regional) forma parte de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, junto al mismo Fraga, alcalde de Adeje, y los de Arona, San Bartolomé de Tirajana y Mogán (estos dos en Gran Canaria), es el punto central de la demanda que ha presentado el extrabajador municipal Andrés Brito Évora contra el Ayuntamiento isorano por lo que considera un despido nulo.

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Tasación oculta: otra perla escondida de Las Teresitas destapada en el juicio

Hubo sorpresas durante las treinta y dos semanas que duró la vista oral por el supuesto fraude en la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, por la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó 52,2 millones de euros, lo que sería tres veces el valor de los terrenos. Alguna lo fue incluso para los abogados de los trece acusados y tres mercantiles, y hasta para las mismas acusaciones pública y particular.

Una de esas sorpresas la dio un perito de la Sociedad de Tasación S.A. (Sotasa) el 17 de octubre pasado, cuando informaba al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sobre el por qué de las conclusiones de una tasación encargada por la Gerencia de Urbanismo para valorar las 11 parcelas del frente de la playa que se pretendían comprar a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, dueños de la mercantil Inversiones Las Teresitas.

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Lo que no sabíamos del caso Las Teresitas

Treinta y dos sesiones de vista oral, algunas en jornadas de mañana y tarde, han dejado más preguntas que respuestas en el juicio por el caso Las Teresitas. Al cabo de diez años de investigaciones judiciales y tres meses de sesiones en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, siguen sin estar claros algunos hechos. Entre ellos, por qué no se incluyeron en el expediente de compraventa de la playa capitalina por parte del Ayuntamiento los informes que explicaban por qué el precio de los terrenos debía ser tres veces menos al que se pagó, o por qué fue excluido el delito de cohecho, pese a que la Policía Judicial no encontró justificantes a los 16 millones de euros que salieron de cuentas de los empresarios favorecidos, con destino desconocido.

El caso quedó visto para sentencia el pasado martes, 13 de diciembre. Solo falta la sentencia, que no se espera hasta mediados de 2017, para poder escribir que el juicio por el supuesto fraude en la compra de Las Teresitas ha concluido. Un juicio mediático de “condenas paralelas”, según los abogados de los acusados, y de realidades virtuales, según la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez-Frigola, para quien este caso ha supuesto uno de sus pilares como primera teniente de la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife.

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Los abogados de Legalaria creen que se ha corregido “una aberración jurídica”

Para Legalaria (legalaria@legalaria.com), la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea “ha puesto cordura y ha añadido coherencia a lo que a todas luces era una aberración jurídica”, y ello porque “no es posible que si nuestro ordenamiento  legal regula que una cláusula abusiva conlleva su nulidad y se da por no puesta, como señala el artículo 1.303 del Código Civil, no puede ser que tenga efecto alguno”, explica la abogada Ágora Rosales Merenciano, letrada fundadora de la iniciativa canaria en defensa de los derechos de los consumidores. En Legalaria se han estudiado 6.000 contratos hipotecarios en los tres años de su existencia, la mayoría de ellos con cláusula suelo. En la actualidad, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife debe pronunciarse sobre un centenar de demandas que Merenciano ha presentado y ganado en primera instancia.

“Los juzgados canarios nos dan la razón y optan por la devolución íntegra de cantidades, desde el momento en que empieza a ser aplicada la cláusula suelo, que suele ser en la mayoría de los casos, a partir de enero de 2009, cuando  el Euribor comenzó a quedar por debajo del límite a la variabilidad del interés variable, fijado por los bancos en cada contrato hipotecario.

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Los abogados de Plasencia y González niegan el dolo a Santa Cruz por la venta del frente de la playa

La de este lunes ha sido la penúltima sesión de la vista oral por el caso Las Teresitas, que ha tenido como protagonistas a los abogados de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, dueños de Inversiones Las Teresitas, la empresa que vendió las once parcelas del frente de la playa capitalina al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por 52,2 millones de euros (8.750 millones de pesetas) en 2001, casi el triple de los 19,2 millones en que una exarquitecta municipal y otros tasadores externos valoraron los terrenos.

Tanto Jordi Pina Massachs, defensor de Plasencia, como Jesús María Silva, defensor de Ignacio González, ambos del mismo bufete catalán de abogados, Molins and Silva, sostuvieron que no ha habido ni una sola prueba, y menos que haya quedado demostrada, del delito de malversación que les acusa la Fiscalía Anticorrupción, ni del delito de prevaricación que también sostiene la acusación popular, representada por el letrado Pérez Ventura.

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“Antonio Plasencia e Ignacio González han sido los inductores de la malversación al Ayuntamiento”

“El afán especulativo de Antonio Plasencia e Ignacio González los llevó a ser  colaboradores necesarios, inductores de la malversación al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Sin ellos, no estaríamos hablando del caso Las Teresitas”. De esta forma definió la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez-Frigola la esencia de la “trama” que llevó a pagar de las arcas municipales tres veces más por once parcelas del frente de la playa de Santa Cruz de Tenerife, de las que, además, tres eran públicas.

La fiscal empleó más de diez horas en exponer su informe de conclusiones definitivas, desde la mañana y tarde del miércoles hasta el mediodía de este jueves. Y entre esas conclusiones destacó que “el enriquecimiento escandaloso” de los empresarios acusados, dueños de Inversiones Las Teresitas, no se limitó a los 8.750 millones de pesetas que el Ayuntamiento de Miguel Zerolo pagó por la playa (52,2 millones de euros), sino que la venta de los terrenos de la trasera de esta a la firma Desurcic “supuso un negocio de 92 millones de euros (más de 15.000 millones de pesetas), y esas ganancias no las conoce la gente”.

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