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Belén Molina

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El interventor de La Laguna se ratifica en la ilegalidad de los decretos de Clavijo en el caso Grúas

El interventor general del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Gerardo Armas Davara, se ha ratificado este lunes ante la jueza Celia Blanco en que la concesión de un préstamo por parte del Consistorio a Autogrúas Poli S.L. era ilegal, al igual que lo fue la prórroga del contrato a esa empresa por sus deudas a la Seguridad Social y las administraciones tributarias estatal y canaria.

Armas Davara - que en realidad es viceinterventor del Ayuntamiento de La Laguna con funciones de interventor - declaró como testigo durante cerca de cuatro horas en el Juzgado de Instrucción en el que se investiga el llamado caso Grúas por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Ello debido a un préstamo de 120.000 euros y a la prórroga de la concesión del servicio municipal de retirada de vehículos a una empresa gestionada por personas que podrían ser afines al actual presidente del Gobierno de Canarias y exalcalde de  La Laguna, Fernando Clavijo.

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El caso Grúas se reanuda este lunes con la declaración del interventor general

La investigación judicial del llamado  caso Grúas se reanuda este lunes con la declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de La Laguna del responsable de la Intervención General de Ayuntamiento de ese municipio tinerfeño, Gerardo Armas Davara, que en 2014 y 2015 se opuso a los decretos del exalcalde y actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batle, que permitieron a Autogrúas Poli, SL, mantener el servicio municipal de grúas pese a incumplir las condiciones del contrato.

Para la acusación particular, los concejales de la oposición Santiago Pérez, María José Roca Sánchez, Idaira Afonso Martín, Rubéns Ascanio Gómez y Juan Luis Herrera Pérez (de Por Tenerife-Nueva Canarias y Unidos Se Puede), Armas es un testigo clave que apuntalará lo que consideran sobrados indicios de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación que habrían cometido tanto Clavijo como su sucesor José Alberto Díaz (CC), en la etapa en que este era concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad de San Cristóbal de La Laguna.

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Dos funcionarios confirman que Clavijo y su sucesor en La Laguna hicieron la vista gorda en el caso Grúas

Autogrúas Poli, la empresa concesionaria del servicio municipal de grúas en San Cristóbal de La Laguna que en 2011 pasó a manos de siete trabajadores afines a Fernando Clavijo, debería haberse quedado sin esa concesión si desde el área de Seguridad Ciudadana se hubiese hecho caso al primer informe que elaboraron en abril de 2014 los dos funcionarios a los que se les encargó la gestión de la empresa cuando fue intervenido el servicio, a comienzos de ese año.

Esos dos funcionarios, Antonio Vera y Alejandro Cordero, declararon este lunes como testigos ante la jueza de instrucción del Juzgado Nº 2 de La Laguna, Celia Blanco, quien lleva a cabo la investigación judicial del llamado caso Grúas, un asunto que podría suponer la investigación a Clavijo y al actual alcalde de La Laguna, el también nacionalista José Alberto Díaz Domínguez, por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y/o malversación de caudales públicos.

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El caso Grúas y cómo enreda a Clavijo

En 2003, Fernando Clavijo Batle se inició en la gestión pública como concejal de Seguridad Ciudadana en San Cristóbal de La Laguna. Se había afiliado en 1992 a la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), el pilar tinerfeño de Coalición Canaria, cuando solo tenía 21 años, y su primera experiencia política fue ejerciendo como secretario de las juventudes nacionalistas laguneras entre 1997 y 2001. De 2001 a 2003 ascendió en el escalafón y pasó a secretario de esas juventudes a escala insular.  

Clavijo, que estudió Ciencias Económicas y Empresariales, tuvo hasta 2009 (cuando se convirtió en alcalde) una gestoría de fincas llamada Administración Ecológica, S.L, con sede en la avenida de Lucas Vega, número 13, en La Laguna, muy cerca de la Iglesia de La Concepción. Esta dirección postal podría ser crucial en la investigación judicial por el llamado caso Grúas, ya que, de confirmarse determinados extremos, conduciría al actual presidente del Gobierno de Canarias hacia la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

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Los juzgados para cláusulas suelo, en el aire a partir del 1 de enero

Los juzgados especializados en demandas por cláusula suelo y otras condiciones financieras en las hipotecas tienen los días contados, hasta el 31 de diciembre, si el Poder Judicial, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas no acuerdan antes su prórroga, lo que se debatirá este lunes entre representantes de los gobiernos regionales y el Ministerio de Justicia.

Solo en los juzgados provinciales canarios, el de Primera Instancia 1 bis de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) y los de Primera Instancia 6 de Las Palmas de Gran Canaria y Primera Instancia 1 de Arrecife (Las Palmas) se han ingresado más de 6.000 asuntos en cinco meses, desde que se implantaron el 1 de junio hasta el 31 de octubre. Cerca de 60.000 en toda España, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fecha de 23 de septiembre pasado.

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Pedro Martín, candidato a liderar el PSOE tinerfeño, queda libre de ser investigado en el caso 'enchufe'

El Juzgado de Instrucción número 4 de Arona comenzó este lunes la toma de declaraciones por un posible delito de prevaricación cometido en el Ayuntamiento de Guía de Isora, del que es alcalde el socialista Pedro Martín Domínguez, también candidato a la secretaría insular del PSOE tinerfeño, con elecciones en primarias el 12 de noviembre. Martín habría reconocido en una grabación la contratación ilegal de un trabajador municipal, Ángel Manuel Brito Évora.

Las diligencias previas se han abierto a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, después de que en el juicio por el despido de Brito Évora, celebrado en enero pasado, se admitiera como prueba válida una grabación en la que Pedro Martín Domínguez afirmaba hasta en tres ocasiones que a aquel empleado se le había colocado “directamente, a dedo”, en el Ayuntamiento. El alcalde reprochaba al trabajador, responsable del Auditorio de Guía de Isora, que le hubiera denunciado en varias ocasiones para reclamar un reconocimiento de categoría profesional y el pago de horas extras.

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Mamotreto 'versus' Generalitat en la apertura del año judicial en Tenerife

El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, hizo un alegato este viernes sobre la defensa de la legalidad y del cumplimiento de las resoluciones judiciales en la apertura del año judicial en la provincia tinerfeña, y lo realizó hilando las consecuencias del incumplimiento de sentencias firmes con lo acontecido en Cataluña el pasado 1 de octubre, después de que el Tribunal Constitucional dictara la suspensión del  referéndum. También evocó a Cataluña la fiscal jefe provincial, Carmen Almendral.

El magistrado puso un ejemplo cercano a los tinerfeños para dar cuenta de ese incumplimiento de las resoluciones judiciales: el caso mamotreto. La demolición del ilegal edificio de aparcamientos en la entrada de la playa de Las Teresitas fue fallada en 2014 en una primera sentencia que luego ratificó la Audiencia Provincial, pero no se acató hasta tres años más tarde.

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Caso Siliuto, el último rescoldo judicial del 'zerolismo'

La Casa Siliuto se construyó en el año 1900. Fue diseñada para residencia familiar por el arquitecto catalán Federico Solé y su promotor fue Manuel Lázaro. De ahí que también se la conozca como Casa Lázaro. Está situada en el barrio más tradicional de Santa Cruz de Tenerife, El Toscal, que en el siglo pasado fue el centro de la ciudad, cerca del puerto y en la actualidad es Bien de Interés Cultural.

Con más de un siglo a sus espaldas, esta casona de tres plantas y algo más de 300 metros cuadrados estuvo en su momento rodeada de jardines. Tiene, o tenía, un amplio patio que fue centro de reunión de intelectuales a mediados del siglo XX y mucha historia entre sus paredes: fue la residencia familiar de los Siliuto, inmigrantes italianos que llegaron a Tenerife en 1924. Allí nació en 1936 el primogénito de seis hijos, Francisco Siliuto, cuyos hijos Francisco Alonso y Carmen Alonso Siliuto hicieron un negocio redondo al vender en 2002 el inmueble al Ayuntamiento de la capital tinerfeña por casi el doble de lo tasado por los arquitectos municipales.

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Los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia, otra vez en el banquillo por prevaricación y malversación

El juicio por la compraventa de un edificio en el corazón de Santa Cruz de Tenerife por un precio casi el doble de lo tasado por los técnicos del Ayuntamiento ha sentado de nuevo en el banquillo este lunes a los exconcejales de Urbanismo Manuel Parejo y Norberto Plasencia (entonces de CC y ahora en prisión por la sentencia firme del caso mamotreto), acusados de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. También, una vez más, se ha sentado en el banquillo el exsecretario general de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes, para quien la Fiscalía pide siete años de prisión y la acusación popular, diez, por prevaricación.

Sin embargo, la vista oral ha sido aplazada una semana, hasta el 11 de julio, para dar tiempo a la acusación popular, que ejerce Izquierda Unida y representada por el abogado José Pérez Ventura, a depositar una fianza de 2.000 euros para poder ejercer la acción popular que en la fase de instrucción no le fue reclamada.

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El exsenador de Coalición Canaria Miguel Zerolo evita de momento el ingreso en prisión pero se le retira el pasaporte

El exsenador de Coalición Canaria (CC) Miguel Zerolo, condenado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a siete años de prisión por malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso Las Teresitas, ha quedado en libertad provisional y deberá personarse en el juzgado más cercano a su residencia entre los diez primeros días de cada mes. No podrá salir de territorio nacional hasta que el Tribunal Supremo confirme o no la sentencia de la Audiencia Provincial.

El tribunal no se ha pronunciado aún sobre la garantía de indemnización al Ayuntamiento en lo que se llaman las “medidas reales”, que no son otras que las referentes a la responsabilidad civil, lo que se espera en un próximo auto judicial. Esa responsabilidad civil es de cerca de 62 millones de euros, que se deben devolver a las arcas públicas del Ayuntamiento.

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