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Belén Molina

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La Audiencia Provincial decidirá el 26 de mayo si Miguel Zerolo ya entra en prisión

La vista, o vistilla, para la ejecución provisional de la sentencia sobre el caso Las Teresitas ya tiene fecha, el 26 de mayo. Ese día, la acusación particular y la Fiscalía solicitarán al tribunal que ha juzgado esta causa que se lleven a cabo las medidas cautelares previstas en la ley, entre ellas el ingreso en prisión provisional del exsenador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo.

El ingreso en prisión sin fianza es la medida solicitada para Miguel Zerolo tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, representada por el abogado Pérez Ventura, ante la posibilidad de ocultación de bienes y de fuga del condenado.

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Fiscalía y acusación particular piden el ingreso en prisión de Zerolo y los demás condenados por Las Teresitas

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular han solicitado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el ingreso en prisión provisional de Miguel Zerolo y los otros cinco condenados por el caso Las Teresitas, para lo que se deberá llevar a cabo una comparecencia. Las acusaciones igualmente han solicitado que se depositen los avales suficientes para garantizar el pago de 109 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

La acusación particular (representada por el abogado Pérez Ventura) y la fiscal del caso Las Teresitas, María Farnés Martínez, han pedido en concreto que se lleven a cabo las medidas cautelares que se recogen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante posibles riesgos como el de fuga o la ocultación de bienes, algo que la acusación particular considera posible en el caso del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador de Coalición Canaria Miguel Zerolo. En la sentencia, que se hizo pública el pasado 27 de abril, a Zerolo se le considera la cabeza visible de una “trama delictiva jeraquizada”, en la que su mano derecha era Parejo, exconcejal de Urbanismo en el mismo consistorio.

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El banquero, la otra pieza esencial para lograr la compraventa de Las Teresitas

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial que ha juzgado el caso Las Teresitas señala en varias de sus páginas a una persona que fue esencial para que la operación se llevara a cabo, pero que no se sentó en el banquillo, sino que declaró como testigo. Se trata del que en 2001 era presidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez Ruano, que fue investigado por un posible cohecho.

Los magistrados llegan a advertir que Rodolfo Núñez ocultó la verdad a los concejales del Ayuntamiento y  al propio tribunal, durante el juicio, al intentar hacer creer que la tasación que aportó CajaCanarias sobre el valor de los terrenos era una tasación objetiva, cuando en realidad era un informe sesgado y manipulado.

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Miguel Zerolo, “clave” en el “plan urdido” para favorecer a Inversiones Las Teresitas

De nada ha servido invocar dilaciones indebidas, quizás porque fue el mismo Miguel Zerolo quien dilató la investigación judicial del caso Las Teresitas con su condición de aforado por ser senador por Coalición Canaria. Tampoco el intento de recusación del presidente del tribunal enjuiciador, Joaquín Astor Landete, a través de su compañero de banquillo, el también condenado Manuel Parejo, recusación que no fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La sentencia sobre el caso Las Teresitas dada a conocer este jueves considera al que fue alcalde de la capital tinerfeña desde 1995 a 2011 como clave en una operación de malversación de caudales públicos, imposible de llevar a cabo sin caer, además, en el delito de prevaricación y sin la ayuda del núcleo de la Gerencia de Urbanismo, con Parejo como su mano derecha. Ambos, Zerolo y  Parejo, eran a finales del pasado siglo dos de los  principales personajes de la vida político-empresarial de Tenerife.

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Una “trama delictiva jerarquizada”

Cuatro meses ha tardado el tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en dictar la sentencia sobre el caso Las Teresitas y lo ha hecho de forma contundente, a lo largo de 165 folios en los que llega a calificar la actuación del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador por Coalición Canaria Miguel Zerolo y del que era su mano derecha a comienzos de siglo, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, como “trama delictiva jerarquizada”.

Una “trama delictiva” en la que la cabeza era Zerolo, seguido de Manuel Parejo, y cuya base conformaron los extécnicos de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes y José Tomás Martín, todo para favorecer los intereses de los empresarios que se beneficiaron  de la compra y posterior venta del frente de la playa de la capital tinerfeña, Antonio Plasencia e Ignacio González, dueños de Inversiones Las Teresitas (ILT).

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Las verdades a medias sobre el futuro campus judicial de Santa Cruz

No se ha dicho todo y se ha ocultado información relevante por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en lo que concierne al traslado de los edificios judiciales a un nuevo campus de la Justicia en la periferia de la capital tinerfeña.

Este es el mensaje lanzado por el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, en la presentación de una plataforma a favor del edificio judicial en Cabo Llanos (la zona en la que se levanta el actual Palacio de Justicia) y en la que participan en bloque la judicatura tinerfeña, la Fiscalía provincial, los secretarios judiciales, los funcionarios de los juzgados y  los colegios de abogados y de procuradores.

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El exalcalde González Reverón, absuelto pero al límite de la prisión en la última sentencia del caso Arona

José Alberto González Reverón, exalcalde de Arona, por fin ha conocido una sentencia favorable en todo ese entramado judicial en que se convirtió el llamado caso Arona, con tres piezas separadas y una principal, que se han juzgado a lo largo de los últimos dos años.

En la tercera y última de esas piezas separadas, en la que estaba acusado por prevaricación, tráfico de influencias y coacciones, el tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife no ha encontrado indicios suficientes que justifiquen una condena penal y lo absuelve de los tres delitos, por los que la Fiscalía pedía que fuera condenado a dos años de cárcel y 15 de inhabilitación.

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Ocho años y medio de prisión por violencia de género entre dos hombres

Ocho años y medio de prisión y 19 años de alejamiento de su víctima. Es la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para el primer caso por intento de homicidio de violencia de género que se ha conocido en la provincia tinerfeña entre homosexuales. Agresor y víctima estuvieron casados.

Según la sentencia, ha quedado probado que el condenado, José Antonio, apuñaló cinco veces a su exmarido, Jonathan. Tres de las puñaladas fueron directas al vientre, por lo que quedó al aire y descolgado el paquete intestinal. Las otras dos puñaladas, por la espalda mientras la víctima intentaba ponerse a salvo y gritaba “socorro, socorro”, acreditaron el afán homicida de la agresión.

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Un fondo 'buitre' pierde una demanda en Tenerife por no informar a una consumidora de que compró su deuda

Reclamaba 3.593,60 euros más intereses de una deuda derivada de una tarjeta Barclayscard, pero la entidad financiera Estrella Receivables Limited ha perdido la demanda de esa reclamación de cantidad, y ha sido condenada al pago de las costas procesales, por no haber acreditado al deudor que había comprado esa deuda. Es una sentencia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Icod de los Vinos, fechada en Tenerife el 14 de noviembre de 2016, a la que ha tenido acceso Tenerife Ahora. Estrella Receivables Ltd, un “fondo buitre” creado en Dublín en 2014, cuya principal actividad es adquirir deudas a bajo precio, no solo demandó a una vecina de Icod por la cantidad que se le había otorgado en el crédito de la tarjeta, sino que añadió los intereses y las costas procesales, calculados en otro 30% de esa cantidad. Sin embargo, la demanda fue desestimada no por el posible carácter abusivo de los intereses, sino porque, aunque la compra de la deuda era válida y para efectuarla no se necesita el consentimiento de la persona deudora, esa compra jamás fue notificada ni por la financiera que la vendió (Barclays) ni por la financiera que la compró. En su sentencia, la juez Victoria Rodríguez Polegre razona que “sí es imprescindible la notificación para que el deudor no pueda liberarse sino mediante el pago al cesionario, por lo que hasta que no se haga dicha notificación el deudor podrá librarse del pago del crédito cedido mediante el pago al cedente". “En nuestro caso no consta notificación alguna a la demandada (…) ni en tal sentido su efectiva recepción, por lo que esta puede oponer el pago efectuado. Por lo señalado, no acreditándose la cesión del crédito y su recepción por la demandada, debe desestimarse la pretensión objeto del pleito”.

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Un juez pide a Anticorrupción que investigue la posible prevaricación del alcalde de Guía de Isora

El juez del Juzgado de lo Social Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, Sergio Calle Pérez, ha declarado nulo el despido de un auxiliar técnico en el Ayuntamiento de Guía de Isora por no quedar demostradas las causas objetivas argumentadas para la toma de esa decisión, al tiempo que admitió como prueba una grabación mantenida entre ese trabajador y el alcalde de Guía de Isora, el socialista Pedro Martín, en la que el político afirma en tres ocasiones que lo contrató a dedo.

En la sentencia 1044/2015, a la que ha tenido acceso Tenerife Ahora, el magistrado da como hecho probado que el 14 de diciembre de 2012, al finalizar la inauguración del Auditorio de Tejina de Isora, Pedro Martín y el auxiliar técnico luego despedido, Ángel Brito Évora, mantuvieron una conversación que fue grabada y en la que el regidor le echa en cara que hubiese presentado una demanda de reconocimiento laboral.

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