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Belén Molina

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Los contratos "a dedo" de un alcalde socialista

Pedro Martín Domínguez, alcalde socialista desde hace 21 años de uno de los municipios más turísticos de Canarias, Guía de Isora (en el sur de Tenerife), además de uno de los pesos pesados de José Miguel Rodríguez Fraga (actual presidente de la comisión gestora de los socialistas en Canarias), se enfrenta a una causa judicial que puede traerle algún quebradero de cabeza debido al despido de un trabajador del Auditorio Municipal. El afectado, en una demanda presentada ante los juzgados de lo Social, afirma que perdió su empleo tras recibir las amenazas del regidor local y pese a que éste admite en una conversación grabada que lo contrató a dedo.

Martín Domínguez, uno de los cinco que desde el 1 de diciembre pasado (dos días después de que Rodríguez Fraga fuera nombrado presidente de la gestora del PSOE regional) forma parte de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, junto al mismo Fraga, alcalde de Adeje, y los de Arona, San Bartolomé de Tirajana y Mogán (estos dos en Gran Canaria), es el punto central de la demanda que ha presentado el extrabajador municipal Andrés Brito Évora contra el Ayuntamiento isorano por lo que considera un despido nulo.

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Tasación oculta: otra perla escondida de Las Teresitas destapada en el juicio

Hubo sorpresas durante las treinta y dos semanas que duró la vista oral por el supuesto fraude en la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, por la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó 52,2 millones de euros, lo que sería tres veces el valor de los terrenos. Alguna lo fue incluso para los abogados de los trece acusados y tres mercantiles, y hasta para las mismas acusaciones pública y particular.

Una de esas sorpresas la dio un perito de la Sociedad de Tasación S.A. (Sotasa) el 17 de octubre pasado, cuando informaba al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sobre el por qué de las conclusiones de una tasación encargada por la Gerencia de Urbanismo para valorar las 11 parcelas del frente de la playa que se pretendían comprar a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, dueños de la mercantil Inversiones Las Teresitas.

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Lo que no sabíamos del caso Las Teresitas

Treinta y dos sesiones de vista oral, algunas en jornadas de mañana y tarde, han dejado más preguntas que respuestas en el juicio por el caso Las Teresitas. Al cabo de diez años de investigaciones judiciales y tres meses de sesiones en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, siguen sin estar claros algunos hechos. Entre ellos, por qué no se incluyeron en el expediente de compraventa de la playa capitalina por parte del Ayuntamiento los informes que explicaban por qué el precio de los terrenos debía ser tres veces menos al que se pagó, o por qué fue excluido el delito de cohecho, pese a que la Policía Judicial no encontró justificantes a los 16 millones de euros que salieron de cuentas de los empresarios favorecidos, con destino desconocido.

El caso quedó visto para sentencia el pasado martes, 13 de diciembre. Solo falta la sentencia, que no se espera hasta mediados de 2017, para poder escribir que el juicio por el supuesto fraude en la compra de Las Teresitas ha concluido. Un juicio mediático de “condenas paralelas”, según los abogados de los acusados, y de realidades virtuales, según la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez-Frigola, para quien este caso ha supuesto uno de sus pilares como primera teniente de la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife.

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Los abogados de Legalaria creen que se ha corregido “una aberración jurídica”

Para Legalaria (legalaria@legalaria.com), la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea “ha puesto cordura y ha añadido coherencia a lo que a todas luces era una aberración jurídica”, y ello porque “no es posible que si nuestro ordenamiento  legal regula que una cláusula abusiva conlleva su nulidad y se da por no puesta, como señala el artículo 1.303 del Código Civil, no puede ser que tenga efecto alguno”, explica la abogada Ágora Rosales Merenciano, letrada fundadora de la iniciativa canaria en defensa de los derechos de los consumidores. En Legalaria se han estudiado 6.000 contratos hipotecarios en los tres años de su existencia, la mayoría de ellos con cláusula suelo. En la actualidad, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife debe pronunciarse sobre un centenar de demandas que Merenciano ha presentado y ganado en primera instancia.

“Los juzgados canarios nos dan la razón y optan por la devolución íntegra de cantidades, desde el momento en que empieza a ser aplicada la cláusula suelo, que suele ser en la mayoría de los casos, a partir de enero de 2009, cuando  el Euribor comenzó a quedar por debajo del límite a la variabilidad del interés variable, fijado por los bancos en cada contrato hipotecario.

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Los abogados de Plasencia y González niegan el dolo a Santa Cruz por la venta del frente de la playa

La de este lunes ha sido la penúltima sesión de la vista oral por el caso Las Teresitas, que ha tenido como protagonistas a los abogados de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, dueños de Inversiones Las Teresitas, la empresa que vendió las once parcelas del frente de la playa capitalina al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por 52,2 millones de euros (8.750 millones de pesetas) en 2001, casi el triple de los 19,2 millones en que una exarquitecta municipal y otros tasadores externos valoraron los terrenos.

Tanto Jordi Pina Massachs, defensor de Plasencia, como Jesús María Silva, defensor de Ignacio González, ambos del mismo bufete catalán de abogados, Molins and Silva, sostuvieron que no ha habido ni una sola prueba, y menos que haya quedado demostrada, del delito de malversación que les acusa la Fiscalía Anticorrupción, ni del delito de prevaricación que también sostiene la acusación popular, representada por el letrado Pérez Ventura.

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“Antonio Plasencia e Ignacio González han sido los inductores de la malversación al Ayuntamiento”

“El afán especulativo de Antonio Plasencia e Ignacio González los llevó a ser  colaboradores necesarios, inductores de la malversación al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Sin ellos, no estaríamos hablando del caso Las Teresitas”. De esta forma definió la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez-Frigola la esencia de la “trama” que llevó a pagar de las arcas municipales tres veces más por once parcelas del frente de la playa de Santa Cruz de Tenerife, de las que, además, tres eran públicas.

La fiscal empleó más de diez horas en exponer su informe de conclusiones definitivas, desde la mañana y tarde del miércoles hasta el mediodía de este jueves. Y entre esas conclusiones destacó que “el enriquecimiento escandaloso” de los empresarios acusados, dueños de Inversiones Las Teresitas, no se limitó a los 8.750 millones de pesetas que el Ayuntamiento de Miguel Zerolo pagó por la playa (52,2 millones de euros), sino que la venta de los terrenos de la trasera de esta a la firma Desurcic “supuso un negocio de 92 millones de euros (más de 15.000 millones de pesetas), y esas ganancias no las conoce la gente”.

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La fiscal desarma la “película” del caso Las Teresitas y los principales alegatos de las defensas

Dos realidades, dos Teresitas, o mejor dicho, una realidad y otra, “virtual, como una película de Matrix”. Así ejemplificó y resumió la fiscal jefe anticorrupción de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez-Frigola, lo que durante tres meses se ha expuesto ante el tribunal que juzga la compra del frente de la playa de Las Teresitas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González por casi el triple de su valor.

Por ese supuesto beneficio a unos empresarios en detrimento del interés general, están acusados por malversación y prevaricación el exalcalde y exsenador Miguel Zerolo, para quien se piden ocho años de cárcel, lo mismo que para quien habría sido su mano derecha en esta operación, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo. Los abogados de ambos pidieron la absolución o, en todo caso, que se tengan en cuenta las dilaciones indebidas, dado que la investigación judicial arrancó hace más de nueve años.

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El exgerente de Urbanismo: "El precio de la compra y la forma de pago ya estaban pactados"

Nueva sesión del juicio por el caso Las Teresitas y, con la de este jueves, ya van 26. Acabado el martes el interrogatorio a los “políticos” (Miguel Zerolo, Manuel Parejo y los exportavoces del PP y del PSOE, García Gómez y Emilio Fresco), este jueves comenzaron a declarar los funcionarios que participaron en la compra del frente de la playa de Las Teresitas por parte del Ayuntamiento. Y los dos primeros, José Tomás Martín (exgerente de Urbanismo) y Víctor Reyes (exsecretario de la Gerencia de Urbanismo) han coincidido al señalar a Manuel Parejo como el principal responsable de cómo se llevo a cabo esa operación, que luego supusiera la imputación de los delitos de prevaricación y malversación.

Se esperaba con expectación la declaración de Víctor Reyes, muy nombrado durante toda la vista oral, desde que arrancó el 9 de septiembre, pero ha sido Martín quien dio la sorpresa al aportar dos borradores que dejan claro que el precio para comprar la playa, 8.750 millones de pesetas (52,2 millones de euros), y su forma de pago ya estaban pactados cuando se encargaron las tasaciones externas para negociarlo, según lo que declararon ante el tribunal Miguel Zerolo y  Manuel Parejo los pasados 7 y 8 de noviembre.

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“¿Por qué no se incluyó en el expediente de compra el informe de Pía Oramas?”

Manuel Parejo, exconcejal de Urbanismo en Santa Cruz de Tenerife entre 1999 y 2001, no supo explicar este martes al presidente del tribunal que juzga el caso Las Teresitas por qué no se incluyeron en el expediente para la compra-venta de la playa los informes más beneficiosos al Ayuntamiento y solo constaban los más beneficiosos a los empresarios vendedores.

El magistrado Astor Landete le preguntó a Parejo hasta en cuatro ocasiones por qué no se habían incluido en el expediente que fue entregado a todos los concejales días antes del Pleno en el que se aprobó la operación de compra por 8.700 millones de pesetas (52,2 millones de euros) el informe que elaboró la exarquitecto municipal Pía Oramas, que valoraba los terrenos en poco más de 19 millones de euros, así como el anexo B de la tasación que realizó la Sociedad de Tasación S.A., que rebajó ese precio en casi un millón de euros al tener en cuenta los mismos condicionantes que remarcó la técnico: deslindes, afectación por parte de Costas, zonas no urbanizables, no aprobación de un Convenio de Urbanización...

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El exportavoz del PP desmiente a Zerolo: "Hubo varias reuniones con los empresarios"

“Hubo varias reuniones con los empresarios que eran públicas, antes del pleno de enero de 2001, y después”. De esta forma, José Emilio García Gómez, que era portavoz del PP cuando en junio de 2001 se aprobó en pleno extraordinario la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, desmintió al exalcalde Miguel Zerolo, que el lunes aseguró que solo hubo una reunión con los dueños de los terrenos, y fue para fijar el precio.

García Gómez se llevaba bien con Miguel Zerolo, quien afirmó que confiaba en él “por sus conocimientos en Urbanismo”. Sin embargo, este martes, en la sesión vigésimo quinta del juicio por el caso Las Teresitas, García Gómez desdijo al exalcalde al afirmar que fueron varias las reuniones, y todas ellas en la Alcaldía.

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