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Belén Molina

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Las verdades a medias sobre el futuro campus judicial de Santa Cruz

No se ha dicho todo y se ha ocultado información relevante por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en lo que concierne al traslado de los edificios judiciales a un nuevo campus de la Justicia en la periferia de la capital tinerfeña.

Este es el mensaje lanzado por el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, en la presentación de una plataforma a favor del edificio judicial en Cabo Llanos (la zona en la que se levanta el actual Palacio de Justicia) y en la que participan en bloque la judicatura tinerfeña, la Fiscalía provincial, los secretarios judiciales, los funcionarios de los juzgados y  los colegios de abogados y de procuradores.

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El exalcalde González Reverón, absuelto pero al límite de la prisión en la última sentencia del caso Arona

José Alberto González Reverón, exalcalde de Arona, por fin ha conocido una sentencia favorable en todo ese entramado judicial en que se convirtió el llamado caso Arona, con tres piezas separadas y una principal, que se han juzgado a lo largo de los últimos dos años.

En la tercera y última de esas piezas separadas, en la que estaba acusado por prevaricación, tráfico de influencias y coacciones, el tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife no ha encontrado indicios suficientes que justifiquen una condena penal y lo absuelve de los tres delitos, por los que la Fiscalía pedía que fuera condenado a dos años de cárcel y 15 de inhabilitación.

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Ocho años y medio de prisión por violencia de género entre dos hombres

Ocho años y medio de prisión y 19 años de alejamiento de su víctima. Es la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para el primer caso por intento de homicidio de violencia de género que se ha conocido en la provincia tinerfeña entre homosexuales. Agresor y víctima estuvieron casados.

Según la sentencia, ha quedado probado que el condenado, José Antonio, apuñaló cinco veces a su exmarido, Jonathan. Tres de las puñaladas fueron directas al vientre, por lo que quedó al aire y descolgado el paquete intestinal. Las otras dos puñaladas, por la espalda mientras la víctima intentaba ponerse a salvo y gritaba “socorro, socorro”, acreditaron el afán homicida de la agresión.

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Un fondo 'buitre' pierde una demanda en Tenerife por no informar a una consumidora de que compró su deuda

Reclamaba 3.593,60 euros más intereses de una deuda derivada de una tarjeta Barclayscard, pero la entidad financiera Estrella Receivables Limited ha perdido la demanda de esa reclamación de cantidad, y ha sido condenada al pago de las costas procesales, por no haber acreditado al deudor que había comprado esa deuda. Es una sentencia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Icod de los Vinos, fechada en Tenerife el 14 de noviembre de 2016, a la que ha tenido acceso Tenerife Ahora. Estrella Receivables Ltd, un “fondo buitre” creado en Dublín en 2014, cuya principal actividad es adquirir deudas a bajo precio, no solo demandó a una vecina de Icod por la cantidad que se le había otorgado en el crédito de la tarjeta, sino que añadió los intereses y las costas procesales, calculados en otro 30% de esa cantidad. Sin embargo, la demanda fue desestimada no por el posible carácter abusivo de los intereses, sino porque, aunque la compra de la deuda era válida y para efectuarla no se necesita el consentimiento de la persona deudora, esa compra jamás fue notificada ni por la financiera que la vendió (Barclays) ni por la financiera que la compró. En su sentencia, la juez Victoria Rodríguez Polegre razona que “sí es imprescindible la notificación para que el deudor no pueda liberarse sino mediante el pago al cesionario, por lo que hasta que no se haga dicha notificación el deudor podrá librarse del pago del crédito cedido mediante el pago al cedente". “En nuestro caso no consta notificación alguna a la demandada (…) ni en tal sentido su efectiva recepción, por lo que esta puede oponer el pago efectuado. Por lo señalado, no acreditándose la cesión del crédito y su recepción por la demandada, debe desestimarse la pretensión objeto del pleito”.

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Un juez pide a Anticorrupción que investigue la posible prevaricación del alcalde de Guía de Isora

El juez del Juzgado de lo Social Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, Sergio Calle Pérez, ha declarado nulo el despido de un auxiliar técnico en el Ayuntamiento de Guía de Isora por no quedar demostradas las causas objetivas argumentadas para la toma de esa decisión, al tiempo que admitió como prueba una grabación mantenida entre ese trabajador y el alcalde de Guía de Isora, el socialista Pedro Martín, en la que el político afirma en tres ocasiones que lo contrató a dedo.

En la sentencia 1044/2015, a la que ha tenido acceso Tenerife Ahora, el magistrado da como hecho probado que el 14 de diciembre de 2012, al finalizar la inauguración del Auditorio de Tejina de Isora, Pedro Martín y el auxiliar técnico luego despedido, Ángel Brito Évora, mantuvieron una conversación que fue grabada y en la que el regidor le echa en cara que hubiese presentado una demanda de reconocimiento laboral.

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El exalcalde de Arona, cuatro veces en el banquillo por prevaricación

José Alberto González Reverón se ha sentado cuatro veces en el banquillo de los acusados en poco más de cinco años. Y en todas las ocasiones ha sido por prevaricación . Los posibles delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, que los podían haber llevado a prisión, nunca se han plasmado en fallos judiciales.

Pese a que las instrucciones judiciales lo han señalado como un generoso conseguidor de favores, en las tres sentencias que cosecha solo se le ha condenado por dictar resoluciones sin tener en cuenta la legalidad.

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González Reverón, exalcalde de Arona, condenado a 17 años de inhabilitación

El exalcalde Arona José Alberto González Reverón, de CC, ha sido condenado por tercera vez por prevaricación, es decir, por dictar resoluciones a sabiendas de que eran injustas o no ajustadas a la ley. La sentencia del conocido como caso Arona 1 se ha saldado con 17 años de inhabilitación para cualquier ejercicio de cargo público para el que fue regidor del municipio del sur de Tenerife durante casi 10 años, aunque, también por tercera vez, Reverón se ha salvado de una condena de prisión.

El tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que le juzgó, junto a otras 12 personas (entre políticos, extécnicos municipales y arquitectos), ha tardado nueve meses en dictar sentencia, dado el “complejo entramado” de actuaciones fraudulentas, en las que se mezclaban cohechos y posibles tráficos de influencias.

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Los contratos "a dedo" de un alcalde socialista

Pedro Martín Domínguez, alcalde socialista desde hace 21 años de uno de los municipios más turísticos de Canarias, Guía de Isora (en el sur de Tenerife), además de uno de los pesos pesados de José Miguel Rodríguez Fraga (actual presidente de la comisión gestora de los socialistas en Canarias), se enfrenta a una causa judicial que puede traerle algún quebradero de cabeza debido al despido de un trabajador del Auditorio Municipal. El afectado, en una demanda presentada ante los juzgados de lo Social, afirma que perdió su empleo tras recibir las amenazas del regidor local y pese a que éste admite en una conversación grabada que lo contrató a dedo.

Martín Domínguez, uno de los cinco que desde el 1 de diciembre pasado (dos días después de que Rodríguez Fraga fuera nombrado presidente de la gestora del PSOE regional) forma parte de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, junto al mismo Fraga, alcalde de Adeje, y los de Arona, San Bartolomé de Tirajana y Mogán (estos dos en Gran Canaria), es el punto central de la demanda que ha presentado el extrabajador municipal Andrés Brito Évora contra el Ayuntamiento isorano por lo que considera un despido nulo.

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Tasación oculta: otra perla escondida de Las Teresitas destapada en el juicio

Hubo sorpresas durante las treinta y dos semanas que duró la vista oral por el supuesto fraude en la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, por la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó 52,2 millones de euros, lo que sería tres veces el valor de los terrenos. Alguna lo fue incluso para los abogados de los trece acusados y tres mercantiles, y hasta para las mismas acusaciones pública y particular.

Una de esas sorpresas la dio un perito de la Sociedad de Tasación S.A. (Sotasa) el 17 de octubre pasado, cuando informaba al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sobre el por qué de las conclusiones de una tasación encargada por la Gerencia de Urbanismo para valorar las 11 parcelas del frente de la playa que se pretendían comprar a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, dueños de la mercantil Inversiones Las Teresitas.

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Lo que no sabíamos del caso Las Teresitas

Treinta y dos sesiones de vista oral, algunas en jornadas de mañana y tarde, han dejado más preguntas que respuestas en el juicio por el caso Las Teresitas. Al cabo de diez años de investigaciones judiciales y tres meses de sesiones en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, siguen sin estar claros algunos hechos. Entre ellos, por qué no se incluyeron en el expediente de compraventa de la playa capitalina por parte del Ayuntamiento los informes que explicaban por qué el precio de los terrenos debía ser tres veces menos al que se pagó, o por qué fue excluido el delito de cohecho, pese a que la Policía Judicial no encontró justificantes a los 16 millones de euros que salieron de cuentas de los empresarios favorecidos, con destino desconocido.

El caso quedó visto para sentencia el pasado martes, 13 de diciembre. Solo falta la sentencia, que no se espera hasta mediados de 2017, para poder escribir que el juicio por el supuesto fraude en la compra de Las Teresitas ha concluido. Un juicio mediático de “condenas paralelas”, según los abogados de los acusados, y de realidades virtuales, según la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez-Frigola, para quien este caso ha supuesto uno de sus pilares como primera teniente de la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife.

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