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Javier Padilla

Madrileño de origen pero afincado en Sevilla. Licenciado en Medicina. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en Economía de la Salud. Co-autor del blog Médico Crítico.

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¿Pueden los impuestos volvernos más sanos? El caso de las bebidas azucaradas

Implantar impuestos que graven el consumo de sustancias nocivas para la salud no es algo nuevo, y lleva siendo utilizado por todos los países en relación al tabaco y el alcohol desde hace tiempo. Las políticas fiscales ambiciosas sobre el tabaco suponen una de las medidas más importantes para la reducción de su consumo, al igual que ocurre con las bebidas alcohólicas; en el caso de las bebidas azucaradas la fuerza de las recomendaciones es más débil porque, entre otras cosas, las experiencias al respecto llevan menor tiempo en funcionamiento.

Según se ha conocido recientemente, el Gobierno pretende incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año un impuesto sobre bebidas azucaradas. Dado que existen experiencias previas y que su efectividad requiere análisis más profundos que la simple aceptación de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre la implantación de este tipo de impuestos, es preciso plantear algunos aspectos antes de asumir estas medidas como netamente positivas.

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Medicamentos que no podremos pagar: una llamada a la acción

En nuestro país se consumen muchos medicamentos, en parte como consecuencia de un sistema sanitario muy dirigido hacia la prescripción, con poco tiempo de consulta y con unas instituciones públicas que se han sentido cómodas dejando que la industria farmacéutica les marcara la agenda política. Un sistema en el que siempre se ha despreciado la evaluación de medicamentos como forma de dar valor al dinero público gastado en medicamentos y que ha puesto un velo opaco para que las decisiones en materia de financiación de medicamentos y fijación de sus precios siempre hayan sido algo no accesible a la población general.

Los nuevos medicamentos para la hepatitis C hicieron que parte de la población española comenzara a darse cuenta de un problema que llevaban tiempo sufriendo en otras regiones del mundo (gran parte de África, sudeste asiático y América Latina principalmente): el actual sistema de investigación, desarrollo y comercialización de fármacos no sirve para cubrir las necesidades de la población, y cuando parece que podría hacerlo se imponen unos precios a los medicamentos que hacen que los sistemas públicos de salud no puedan costearlos.

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¿Restringir la sanidad pública al que no se cuida?

Uno de los proveedores sanitarios del sistema sanitario del Reino Unido anunciaba hace unos días sus planes de restringir (o retrasar) el acceso a ciertas cirugías a personas obesas y fumadoras . Tras un revuelo mediático, la misma unidad anunció su intención de “revisar” esta política , por lo que probablemente revocará dichos planes. No han sido pocos los intentos de instaurar políticas similares, de modo más estricto o con condiciones más o menos comunes. El caso de los nuevos tratamientos contra la Hepatitis C y las percepciones de quién “merece” recibir estos tratamientos de forma preferente fue un claro caso de políticas similares hace un par de años en España . La frecuencia e intensidad de estos ataques a la universalidad y justicia del sistema sanitario se va intensificando con el tiempo. En este artículo queremos revisar dos argumentos que, en nuestra opinión, deberían tenerse en cuenta antes de formular políticas que ataquen directamente a estos pilares de cualquier servicio público.

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El adelanto de la vacuna de la varicela: primero como tragedia…

El debate sobre qué lugar ocupará la vacuna frente al virus de la varicela parece que ya ha llegado a su fin. El Consejo Interterritorial de Sanidad ha decidido adelantar su administración a los 12-15 meses de edad para toda la población infantil, y no como hasta ahora, que se administraba según calendario vacunal a los 12 años en aquellos niños que no hubieran pasado la varicela. Esta decisión, teóricamente, se pondrá en práctica en todas las Comunidades Autónomas, continuando por la senda de unificar en la práctica el calendario vacunal a nivel estatal.

Con esto se cierra –de momento- un debate que ha evidenciado muchas de las carencias de los sistemas de toma de decisiones en salud en nuestro país, tanto en el inicio de la polémica, cuando la vacuna fue retirada de su venta libre en farmacias, como en el momento actual con su adelanto en el calendario vacunal.

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Temporalidad y salud: ¿la falta de estabilidad laboral afecta a la salud?

Probablemente, una de las cosas tan complicadas de medir como la salud de una población sean sus condiciones de trabajo. En parte es por ello que generalmente, cuando se ha tratado de estudiar el efecto de la temporalidad laboral sobre la salud se ha englobado ésta dentro del heterogéneo grupo de la precariedad laboral, siendo éste un cajón de sastre poco apropiado, al juntarse con situaciones laborales que aúnan diferentes grados de pérdida de derechos laborales y desprotección del trabajador.

Existe bastante evidencia científica que apoya la relación entre tener un empleo precario (con la heterogeneidad de condiciones contractuales que esto supone) y un peor estado de salud objetiva y percibida ( Benach 2000; Ferrie 2001); además, se han identificado algunos factores que se postulan como favorecedores de esta relación, como podrían ser un Estado en el que las prestaciones sociales fueran débiles y la implicación del Estado en la regulación laboral fuera laxa ( Virtanen 2003; Laszlo 2010) –en un contexto de crisis económica, este último aspecto podría relacionarse con lo comentado por Stuckler y Basu en el libro “¿Por qué la austeridad mata?”, reseñado en Agenda Pública-.

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Expropiar patentes en nombre de la salud pública: ¿una buena idea para España?

De las propuestas lanzadas al aire por los diferentes partidos políticos para lograr que la mayoría de los pacientes afectados por hepatitis C tengan acceso a los nuevos medicamentos que han salido al mercado, una es la que ha centrado las atenciones y los titulares: la “expropiación” de la patente o, como realmente se ha de denominar, la concesión de una licencia obligatoria para que se pueda fabricar un genérico del medicamento Sovaldi® (sofosbuvir).

Pero, ¿qué quiere decir la periodística expresión de “expropiar una patente”? Esto hace referencia a la figura legal de la licencia obligatoria, recogida en los Acuerdos de Doha de la Organización Mundial del Comercio (año 2001) y que permite que en un país se fabrique un medicamento genérico a pesar de éste se encuentre protegido bajo la patente. Esta licencia obligatoria se puede emitir sin previa negociación con la empresa farmacéutica en cuestión (declarando la situación de emergencia sanitaria) o tras una negociación que sea infructuosa.

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Del derecho a la patente a los derechos de los pacientes: el dilema

Los nuevos medicamentos contra la hepatitis C han revelado una verdad que, aunque conocida desde hace tiempo, nos resistíamos a admitir: tenemos un serio problema con las reglas del juego en lo relativo a la investigación, fabricación y comercialización de medicamentos, si lo que queremos es garantizar el acceso de la población a los mejores tratamientos disponibles.

Ese problema lo podemos llamar de muchas maneras (problemas en la distribución, debilidad de los sistemas sanitarios en los países empobrecidos y debilitamiento de los mismos en los países de renta media-alta/alta), pero siempre hay un concepto que sobrevuela a los demás: las patentes.

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El número de camas de nuestra sanidad: la importancia de elegir lo que medimos

El número de camas por habitante, el número de médicos o enfermeros, el número de aparatos de resonancia magnética o, incluso, el número de hospitales son datos que suelen dar para unas cuantas noticias al año. Los titulares más recientes son los que dicen que España es el cuarto país con menor número de camas hospitalarias por habitante (gráfica 1), solo por delante de Irlanda, Reino Unido y Suecia, y han salido a la luz a partir de la publicación del informe “ Los sistemas sanitarios de la UE. Características e indicadores de salud en el S.XXI

Gráfico 1. Número de camas por 1.000 habitantes

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Europa occidental y África subsahariana: dos formas de perder años de vida

La gente no enferma ni muere igual en las diferentes regiones del mundo, eso es algo que todo el mundo parece tener claro. Sin embargo, hacerse consciente de esas diferencias de forma visual puede ayudarnos a entender por qué las vivencias en torno a ciertos tipos de enfermedades (el ébola, por ejemplo) son distintas y lo paradójico (o mejor dicho, lo vicioso del círculo causa-consecuencia-respuesta) de que el lugar donde algunas enfermedades son más frecuentes sea el sitio donde menores infraestructuras haya para darles respuesta.

En este artículo podemos ver dos gráficos donde se representa la carga de enfermedad (simbolizada por el número de “años ajustados por discapacidad” –una forma de medir los resultados en salud-) en el año 2010 para ambos sexos y todas las edades en dos regiones del mundo: África subsahariana (figura 1) y Europa occidental (figura 2).

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Ébola, o las dos caras del derecho a la salud

El brote de ébola que está teniendo lugar desde diciembre de 2013 en algunos países de África occidental ha hecho su aparición en la primera escena mediática y política (no sabemos muy bien en qué orden) a partir de la repatriación de dos estadounidenses y un español afectados por la enfermedad; hasta entonces el brote no era más que una de esas cosas que ocurren en algún lugar de África.

La repatriación de estos ciudadanos de países de renta media-alta/alta ha puesto de manifiesto que el omnipresente derecho a la salud tiene dos caras, de modo que la situación atravesada por los países de renta baja solo es considerada como un problema de importancia global cuando su imposibilidad de desarrollar y disfrutar el derecho a la salud puede tener repercusiones negativas en las vidas de los países que controlan las instituciones de gobernanza global en salud.

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