Las rebajas de Ayuso nos salen muy caras

Hace unos días el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció que Metro iba a reducir su frecuencia un 10%. Los motivos aducidos para perpetrar esta rebaja fueron primero el coste eléctrico. Sin embargo, tras la oleada de críticas recibidas en muy pocas horas, rectificaron para justificar el recorte por la reducción de afluencia.

Más allá de los evidentes problemas que tiene nuestro Metro -falta de trenes, de personal y de mantenimiento- y que son los que realmente obligan a poner sobre la mesa una realidad preocupante, se habla poco del coste que una medida de estas características tiene sobre nuestra economía.

¿Cuánto nos va a costar a los madrileños y madrileñas la reducción de un 10% en la frecuencia de trenes de Metro?

Un día cualquiera, Metro de Madrid transporta a casi dos millones de personas que esperan a lo largo del día en nuestra región una media de 11 minutos. Los madrileños esperamos en los andenes de metro unas 366.000 horas cada día laborable.

Una reducción del 10% de los trenes implica necesariamente un incremento del 10% del tiempo, por lo que siguiendo este razonamiento, cada día de trabajo, las horas de espera aumentarán en 36.000 horas al día y la pregunta es: ¿cuánto cuesta nuestro tiempo? ¿Es posible ponerle precio o pertenece a eso que Michael Sandel califica como lo que no se puede comprar?

Una primera aproximación sería considerar el coste por hora de un trabajador, que a ocho euros por hora, arrojaría 53 millones de euros al año en horas no productivas. Millones asumidos en su totalidad no por las empresas o el Gobierno, sino por los ciudadanos. Sin embargo, no todo el coste es asimilable a su equivalente laboral, dado que el intangible supone mucho más. Y lo sufren los que tienen que levantarse antes, el estudiante que no llega a su hora a clase o el trabajador que pierde su trabajo porque el Metro no funciona o que no puede llevar a sus hijos al colegio porque ha de salir antes de casa.

Pero aún hay más. De acuerdo con los datos proporcionados por el estudio llevado a cabo por Anna Matas de la Universidad Autónoma de Barcelona “Economic and distributional effects of different fare schemes: Evidence from the Metropolitan Region of Barcelona”, la elasticidad ante este tiempo de espera adicional en el transporte público provocaría que el 4,8 % de los usuarios se pasen al transporte privado, por lo que con esta decisión, la Comunidad de Madrid expulsaría de metro a 96.000 personas todos los días.

La última Encuesta Domiciliaria de Movilidad (2018) llevada a cabo por la Comunidad de Madrid estableció la distancia media recorrida en transporte público en 8,7 km por usuario, por lo que multiplicando los usuarios por los kilómetros, la ciudadanía asume un gasto adicional de 40 millones en combustible y aparcamiento, por no hablar de la merma en ingresos del consorcio de 5,7 millones por viajes no realizados y por supuesto sin contar con la pérdida de utilidad que experimentan los usuarios por los costes de cambio de modo, de congestión adicional, de contaminación o de salud asociados.

Metro de Madrid se va a ahorrar en 2022 en el peor escenario contemplado unos 14 millones de euros con este recorte, que, sin embargo y de forma directa, nos van a costar a todos los contribuyentes más de 98 millones. De forma indirecta muchos millones más.

El político simplón es el que cree que quitando un 10% de los trenes ahorra un dinero, pero no repercute sobre el bolsillo de nadie. El que sepa algo de economía y gestión podrá pensar que ese ahorro podría generar algún coste en la ciudadanía y darle igual porque lo que le importa es ese ahorro público. Quien se preocupe por el bienestar de la sociedad, los servicios públicos y el medio ambiente entenderá que el transporte público es el paradigma de la mutualización de costes y que desarrollarlo al máximo es dejar que el dinero siga en el bolsillo de la ciudadanía y no en los gases del tubo de escape o el tiempo perdido de casa al trabajo.

Cargarse los servicios públicos nos sale muy caro a todos, sobre todo cuando quien gobierna no tiene ni idea de economía.